Decisión de Corte de Apelaciones 7 de Caracas, de 21 de Noviembre de 2006

En el segundo punto del escrito de denuncia, señala que los controles N° 13.842 y 13.901, de fechas 11 de noviembre de 2002 y 14 del mismo mes y año, fueron cancelados por el cliente con un baucher de Distribuidora de Pescado M.A. S.R.L., por la cantidad de Un Millón Seiscientos Un Mil Bolívares Un Mil bolívares (Bs. 1.601.000,oo), al ciudadano J.G.G.V., quien presuntamente forjó las firmas de los clientes para engañar y hacer caer en error a la administración, los cuales al ser revisados en la experticia grafotécnica, específicamente en el punto N° 8, se determinó que el ciudadano J.G.G.V., no fue el autor de los manuscritos que aparecen en el baucher que riela al folio 66 de la denuncia, tampoco se pudo evidenciar la data de la realización de los mismos; y menos la firma que aparece en el beneficiario, es decir, que en todo caso la firma que aparece como del ciudadano J.G.G.V., no fue realizada por su persona; Asimismo, no consta en el expediente que el representante de la empresa M.A., ciudadano M.Á.A., que afirme que ciertamente le canceló al imputado las Notas de Control N° 13.901 y 13.842, cuando en la comunicación que riela en el Anexo H2 del expediente, realizada por el ciudadano LEON SOCAS ELADIO, dirigida a la Distribuidora M.A., se encuentra en blanco.

Cabe destacar que a través de la Experticia Grafotécnica, signada con el N° 0412 de fecha 21-02-2005, se pudo determinar que sólo los manuscrito presentantes en los controles de congelador copia al carbón N° 14176, FOLIO 34, ; N° 14163, la cual cursa al folio 43, presente en el renglón , donde se lee: así como la media firma que lo acompaña, observables en la nota de control de congelador N° 13.769, folio 64 del expediente; las indicativas a; de la nota de control de congelador copia al carbón N° 19068, folio 71 del expediente y las indicativas a visualizables en el renglón SEÑOR de lanota de control en original N° 19058, folio 89 del expediente, así como las escrituras manuscritas realizadas en tinta azul observables en el reporte de cobro del 17-12- 02, la cual cursa al folio 65 del expediente, fueron realizados por el imputado J.G.G.V., los cuales son insuficientes para determinar su autoría en la comisión de los delitos que se pretende probar.-

Con la finalidad de analizar la Experticia Contable de fecha 06 de octubre de 2003, suscrita por los funcionarios ZORY ZAMBRANO CASTRO y A.G.S., adscritos a la División de Experticia Contable y Financieras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, es necesario revisar las Notas de Control emitidas por la empresa Pesquera Laguna Mar, S.R.L., durante los meses de noviembre y diciembre de 2002; Reporte de Cobro efectuados por la empresa Pesquera Laguna Mar, S.R.L., durante los meses de noviembre y diciembre de 2002; las facturas (Notas de Control) que fueron confirmadas como canceladas por los clientes de la Empresa Pesquera Laguna Mar S.R.L., mediante las comunicaciones elaboradas en fecha posterior a la emisión de las facturas y que no aparecen reflejadas en la relación de cobranzas efectuadas por el encargado de cobro para estas fechas y las notas de control (facturas) emitidas por la empresa Pesquera Laguna MAR s.r.l., durante los meses de noviembre y diciembre del año 2002 y que no fueron reconocidas por los clientes de la empresa, según comunicación efectuada por la administración de La empresa a dichos clientes, mediante las cuales manifiestan que no son poseedores de las facturas que aparecen a su nombre y que en ningún momento recibieron la mercancía que se describen en las mismas, las cuales se encuentran detalladas en cada capítulo de la experticia; Una vez analizados los recaudos detallados en la experticia, se desprende en principio lo siguiente:

a.- Del contenido del Capítulo II.2 de la experticia, señalan los peritos que observaron de las facturas emitidas por el (sic) empresa Pesquera Laguna Mar s.r.l., durante los mese de noviembre y diciembre del año 2002, el número de control, fecha de emisión, beneficiario, kilos de mercancía vendida y monto total de la venta, pero no señalan que dichas facturas o controles de venta, realizados durante los meses antes indicados, corresponden únicamente a la especie marina con el nombre de atún, cuando del documento constitutivo de la empresa así como del contenido de las facturas o notas de control, se evidencia que la Pesquera LAGUNA Mar, s.r.l., comercializa una serie de especies marina, las cuales no fueron a.p.l.p., a los fines de determinar la cantidad de kilos de cada especie vendidos todos los días, de acuerdo a la cantidad adquirida diariamente por la empresa.-

b.- En el Capítulo II.3 de la experticia, los peritos señalan que en los Reporte de Cobros efectuados por la empresa Pesquera Laguna Mar, s.r.l., durante los meses de noviembre y diciembre del año 2002 y enero del año 2003, pudieron observar de dichos reportes la fecha de cobro, número de factura, nombre del cliente y monto cobrado, así como monto final. Cobrado al final del día, pero no indican los motivos por los cuales la empresa Pesquera Laguna Mar, s.r.l., los días 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24 y (sic) de noviembre de 2002; 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31 de diciembre de 2002 y 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 10, 11, 12, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28 de enero de 2003, no presentaron a los peritos las relaciones de cobro, así como las notas de control de dichos días, cuando se puede ver del día 31 de diciembre de 2002, que la empresa Laguna Mar s.r.l., facturó de la especie atún en otros, la cantidad de seis millones novecientos ochenta y tres mil quinientos bolívares (6.983.500,oo) y no riela relación de cobro del referido día, por lo que la empresa Laguna Mar, s.r.l., pudo haber realizado durante los días antes indicados su actividad comercial de compra y venta de pescado en las especies comercializadas, a crédito o al contado, generando así las respectivas facturas y reportes de cobros, los cuales no constan en autos,.

c.- Del legajo de facturas emitidas por la empresa Pesquera Laguna Mar, s.r.l., durante los meses de noviembre y diciembre del año 2002, indicadas en el Capitulo II.4 de la experticia, los peritos señalan que las notas de control o facturas N° 19.021, 18.959, 19005, 14152, 19099, 19002, 14008, 19092, 14180, 19054. 14131, 18985, 18943, 18896, 18919, 18968, 14002 y 14176, fueron confirmadas por los clientes como canceladas por los clientes de la empresa, donde efectivamente de la revisión de los reportes de cobro, que rielan desde el Anexo D1 al D111 del expediente, no aparecen reflejadas dichas facturas como canceladas por los clientes. Ahora bien, si analizamos el contenido de las comunicaciones emitidas por la empresa Pesquera Laguna Mar s.r.l., a sus clientes sólo los clientes A.P., con las facturas 18959 y 19005, señala en la comunicación que en fecha 16-12-2002, canceló dichas facturas el día 16 de diciembre de 2002, por la cantidad en efectivo de Un millón ciento cuarenta mil bolívares (1.140.000,oo), al cobrador de nombre J.G.; y el ciudadano J.C., con la factura N° 19099 y 14134, quien señaló que en fecha 18-12-02, canceló la cantidad de Un millón de bolívares (1.000.000,oo), al cobrador de nombre J.G.G., la cual fue sometida a experticia grafotécnica, donde se determinó que el contenido de dicha comunicación fue realizada por el señor LEON SOCAS ELADIO, a excepción de la firma que la suscribe, por lo que tales afirmaciones generan dudas en cuanto a su contenido, dado que se demostró que igualmente el ciudadano J.L.P., realizó la leyenda en la comunicación dirigida a Pescadería Macuto, que riela en el Anexo E-22 del expediente, donde señala que las facturas 18896 y 18919 fueron canceladas a J.G., pero sin señalar el día en que dichos clientes efectuaron los referidos pagos, igual que las restantes facturas confirmadas como canceladas.-

d.- En cuanto al Capítulo II.5 de la experticia, donde señalan las notas de control (Facturas), que no fueron reconocidas por los clientes de la empresa Pesquera Laguna Mar s.r.l., mediante comunicaciones indicaron que no son poseedores de las facturas N° 18183, 19058, 19079, 14174, 14048, 14163, 18925, 14096, 14105, 18908, 19068, 18855, 18899, 13819 y 18568 , que aparecen a su nombre y en ningún momento recibieron la mercancía descrita en cada una de ellas, por lo que se infiere a través del resultado de las experticias grafotécnica N° 0412 de fecha 21-02-05 y 1686 de fecha 07-06-05, que el imputado J.G.G.V., n o es el autor de las notas de control que rielan en el Anexo C-1 al C-1256 ni de los Resumen de Venta del día marcados como Anexos C-1, C-49,C-56…C1160-, C1211, C1230, y restantes escrituras del anexo C264, ya que la persona que se encargaba de realizar las ventas de la especie atún y realizar el respectivo resumen de venta diarias, era el ciudadano H.J.M.M., tal como se desprende de la declaración rendida por ante este despacho, en fecha 05 de diciembre de 2005, quien afirmó que dichas ventas fueron realizadas por su persona, por lo que no se le puede atribuir dicha responsabilidad, ya que la actividad realizadas en dichos anexos no fueron ejecutadas por el imputado, además se encuentran avaladas por el ciudadano LEON SOCAS ELADIO, con la señal alusiva a en cada una de ellas.-

e.- Efectivamente la División de Experticia Contables Financieras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en fecha 01 de agosto de 2003, emitió las comunicaciones signadas con los N° 1740, 1742, 1746, 1738, 1745, y 1741 y en fecha 07 de agosto de 2003, emitió las comunicaciones signadas con los N° 1828, 1835, 1836, 1826, 1824 y 1833, dirigidas a distintos clientes de la empresa Pesquera Laguna Mar s.r.l., solicitándoles información con respecto a unas facturas detalladas en el contenido de cada comunicación, donde los clientes en la parte inferior de las comunicaciones dirigidas a su persona o a nombre de sus empresa, expusieron por escrito las diferentes razones por las cuales no tenían pago pendiente con la referida empresa, tal como consta en el Capítulo II.8 del expediente; Ahora bien, ninguna de las leyendas escritas en las comunicaciones señalan que los pagos de las facturas le fueron entregados al imputado J.G.G.V., por lo que la misma no comprometen la responsabilidad penal del imputado en los hechos investigados y menos cuando los funcionarios policiales, no dieron cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 112 del Código Orgánico Procesal Penal .-

f,.Por último, los expertos en el Capítulo II.9 de la experticia contable, tomaron en cuenta el Inventario de fecha 20-12-2002, presentado por el imputado J.G.G.V., el cual se encuentra señalado en la experticia con el Anexo J1, mediante el cual pudieron observar los expertos cantidades existentes al realizar e inventario y precios de compra de los productos, arrojando una diferencia e treinta y dos millones trescientos treinta y cuatro mil novecientos bolívares (32.334.900,oo), tomando como diferencia el inventario reflejado por la administración de la empresa Pesquera Laguna Mar, s.r.l., signado en el expediente con el Anexo J2; En principio , cabe destacar que según el resultado de la experticia grafotécnica N° 0412 de fecha 21-02-05, punto N° 4 de la misma, se evidencia que el folio indicado como Anexo J1, correspondiente al inventario presentado por el imputado, no fue realizado por el ciudadano J.G.G.V., por lo que mal podría dársele algún valor probatorio, cuando el estudio de su contenido no refleja a ciencia cierta la cantidad de mercancía que ingresó y salió de los depósitos durante los meses de noviembre y diciembre de 20023, comparado con las ventas realizadas tanto a crédito como al contado, para que finalmente nos basemos sobre la mercancía existente diariamente en el depósito, y así concluir si existe o no faltante de mercancía alguna.-

En conclusión, en la experticia contable de fecha 06-10-03, los funcionarios antes identificados, emiten un pronunciamiento totalmente contable que traspasa la esfera financiera para abarcar la parte jurídica, al señalar que el daño patrimonial que sufrió la empresa Pesquera Laguna Mar s.r.l., fue debido a que el encargado de la misma no enteraba parte de las cobranzas que había efectuado durante los meses de noviembre y diciembre de 2002, e igualmente debido al forjamiento de facturas que no fueron reconocidas por los clientes y por faltantes de mercancía detectados al realizar el inventario físico de los congeladores en la empresa luego de la renuncia del encargado de la misma, cuando en la realidad de los expertos no contaban con las experticias necesarias para determinar que el imputado o encargado de la empresa, había forjado las facturas, no había enterado los pagos a la administración y había entregado el inventario realizado por su persona, por lo que e considera que dicho informe no arroja elementos serios a la investigación que nos permitan establecer la responsabilidad penal del ciudadano J.G.G.V.E. los hechos denunciados por el ciudadano LEON SOCAS ELADIO, ya que no se le pueden atribuir al mismo>

En consecuencia se DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA seguida al ciudadano J.G.G.V., de conformidad con lo previsto en el artículo 318 numerales 1° y 4° del Código Orgánico Procesal Penal . SEGUNDO: Se desestiman las solicitudes de la empresa PESQUERA LAGUMAR (sic), S.R.L. realizadas en las personas de sus apoderados, mediante las cuales requieren al Tribunal que y que ; tal norma adjetiva penal no es aplicable al presente caso, pues no se trata de la celebración de una AUDIENCIA PRELIMINAR, de lo que se trata de la celebración de una AUDIENCIA PRELIMINAR, de lo que se trata es de la celebración de una AUDIENCIA PARA OIR A LAS PARTES con ocasión de una solicitud de sobreseimiento por parte del Ministerio Público, de conformidad con el Art. 323 de Código Orgánico Procesal Penal, en la cual LO PROCEDENTE ES DECRETAR O NO EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA. En consecuencia, se niegan las solicitudes de los apoderados de la victima, PESQUERA LAGUNA MAR, C.A. TERCERO: Se desestiman las solicitudes del defensor privado del ciudadano J.G.G.V., DR. R.A.T.B., en el sentido de que el Tribunal denuncie ante la Fiscalía en virtud de presuntos hechos punibles por FRAUDE DOCUMENTAL, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE, CALUMNIA, ILÍCITO TRIBUTARIO y DEFRAUDACIÓN A FISCO NACIONAL, por cuanto la denuncia es obligatoria en los funcionarios públicos cuando en el desempeño de su empleo se impusieren de algún hecho punible de acción pública; y lo exhorta a acudir ante las autoridades competentes para la respectivas denuncias, de considerarlos necesarios para la salvaguarda de los derechos de su representado.; es por lo que considera, quien aquí sentencia, que lo procedente y ajustado a derecho es decretar el SOBRESEIMIENTO DE L ACAUSA, conforme lo establece el artículo 318, numerales 1° y 4° del Código Orgánico Procesal Penal . Y ASÍ SE DECIDE.-

DISPOSITIVA

Por los razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Undécimo de Primera INSTANCIA EN Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, conforme lo establece los artículos 318, numerales 1° y 4°, del Código Orgánico Procesal Penal, del delito de ESTAFA y APROPIACION INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en los artículos 464 y 470 ambos del Código Penal; en agravio de PESCADERIA LAGUNA MAR S.R.L. (E.L.S.) En consecuencia, se acoge la solicitud de la Representante Fiscal…”

CAPITULO III

DE LA CONTESTACIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN

En fecha 20 de septiembre de 2006, el Ciudadano profesional del Derecho R.A.T.B., Abogado Defensor del ciudadano J.G.G.V., interpuso, escrito de contestación al Recurso de Apelación que interpusiera el ciudadano LEÓN I.A.A., en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Pesquera Laguna MAR S.R.L, en contra de la Sentencia dictada en fecha 31 de julio de 2006, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de Área Metropolitana de Caracas, en los siguientes términos:

…De la lectura del escrito de apelación presentado por la parte apelante, salta a la vista la ausencia de una fundamentación valida, coherente, ajustada a la realidad de la investigación que realizó de manera impecable el Fiscal del Ministerio Público con el auxilio de los órganos técnicos de los cuerpos policiales.

Insiste sin ningún fundamento jurídico y serio el denunciante en una narrativa de los hechos ya denunciados, que investigó el Ministerio Público en su fase preliminar y en los cuales llegó a la conclusión que la solución legal era solicitar el SOBRESEIMIENTO, luego de un minucioso estudio contable, fundamentado en experticias contables en pruebas grafo técnicas y testimoniales.

Ya e estudio y la investigación de los hechos la realizó el Ministerio Público, no es valido por ser ilegal e inconstitucional, pretender como lo pretende la parte denunciante, retrotraer el proceso a etapas ya concluidas.

Por su parte el Tribunal celebró la Audiencia Oral, en donde se cumplieron con todos los principios rectores del proceso penal, y los elementos probatorios que cursan a los autos mas la Audiencia Oral presenciada por el Juez de Control, llevó al Tribunal a la absoluta convicción de que la solicitud del Ministerio Público del Sobreseimiento está totalmente ajustada a derecho y así expresamente lo decretó, producto de una investigación que duró mas de tres años.

Pido al Tribunal que remita como PRUEBAS a la Corte de Apelaciones, la copia certificada de la solicitud de sobreseimiento realizada por el Ministerio Público, copia certificada de la decisión completa y extensa del Tribunal, en la cual decretó el sobreseimiento; copia certificada del escrito de ALEGATOS DEFENSIVOS y solicitud de providencias investigativas que esta defensa presentó ante el Fiscal 35 del Ministerio Público, en fecha 8 de marzo de 2004, que consta de 139 folios y que se encuentra solo en un anexo especial del expediente de la causa…

CAPÍTULO IV

MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

A los fines de decidir la presente incidencia recursiva, esta Sala, pasa a analizarla en los siguientes términos:

El Abogado LEÓN I.A.A., actuando en su carácter de Representante de la Sociedad Mercantil Pesquera Laguna Mar S.R.L, interpuso Recurso de Apelación en contra del auto motivado con fuerza definitiva emitido por parte del Juzgado Undécimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 31 de julio de 2006, mediante la cual Decretó el Sobreseimiento de la Causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 318 ordinales 1° y 4 del Código Orgánico Procesal Penal, en los delitos de ESTAFA y APROPIACIÓN INDEBIDA CALIFICADA, previsto y sancionado en los artículos 464 y 470 ambos del Código Penal, respectivamente; en agravio de Pescadería Laguna Mar S.R.L, por considerar que la misma carece de la debida motivación que establece el artículo 173 ejusdem, así como también indicó que el fallo hoy recurrido presenta violaciones a los artículos 26, 49 y 257 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Ahora bien, es importante señalar que una sentencia predicará un error en la motivación, cuando no suministra el material suficiente para comprender la génesis del convencimiento del mecanismo lógico como lo distingue el jurista i.G.C., (La lógica del juicio es su control en casación p.227).

Del mismo tenor, encontramos la posición que adopta el catedrático a.F.C., quien en su obra intitulada: EL Control Judicial de la Motivación de la Sentencia Penal, (1999), nos ilustra al respecto, de la siguiente manera:

No existirá motivación si no ha sido expresado en la sentencia el porqué de determinado temperamento judicial, aunque el razonamiento no exteriorizado por el juzgador-suponiendo que hubiera forma de elucidarlo-hubiera sido impecable…

(p.59) (Negrillas de la Sala).

La exhaustividad de la resolución judicial radica justamente en el deber de pronunciarse sobre todo aquello que en un proceso concreto debe ser resuelto por el órgano jurisdiccional respectivo. Sobre éste aspecto, el catedrático Español G.L.E., en su ensaño titulado: La Sentencia, publicada en el programa de Derecho Procesal Penal (3era. Edición, 2001), destaca lo siguiente:

…La exhaustividad, que es el deber de pronunciarse sobre todo aquello que en un proceso concreto debe ser resuelto por todo el órgano jurisdiccional…y su incumplimiento es motivo de casación por quebrantamiento de forma…

Además agrega: “… El segundo aspecto de la correlación consiste en que la sentencia no trasciende de los límites que le fijo la acusación y, con influencia menor, otros actos de petición y alegación de las partes y ciertos actos del propio órgano jurisdiccional…” (p. 54). (Negrillas del autor).

Asimismo, encontramos que ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en éste sentido, cuando ha destacado que el razonamiento lógico de la motivación de la sentencia, exige a los jueces la necesaria apreciación de todas las pruebas, pues de manera alguna, la soberanía de los jueces en relación de la apreciación de las pruebas, y en el estacionamiento de los hechos no es discrecional, sino jurisdiccional, tal y como se aprecia de la sentencia N° 432, de fecha 26-09-2002, con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol De León, en el exp. N° C01-0560, mediante la cual se indicó:

…La soberanía de los jueces en la apreciación de las pruebas y en el establecimiento de los hechos no es discrecional, sino jurisdiccional el razonamiento lógico de la motivación de la sentencia. Es importante resaltar, en el presente caso, (siendo que el mismo ha sido casado en una primera oportunidad por vicios de inmotivación) que si bien los jueces son soberanos en la apreciación de las pruebas y en el establecimiento de los hechos, esa soberanía es jurisdiccional y no discrecional, razón por la cual debe someterse a las disposiciones legales relativas al caso para asegurar el estudio del pro y del contra de los puntos debatidos en el proceso, y para ello es indispensable cumplir con una correcta motivación en la que no debe faltar el siguiente razonamiento lógico: 1) la sentencia debe expresar las razones de hecho y de derecho en que ha de fundarse, según el resultado que suministre el proceso y las normas legales pertinentes; 2) que las razones de hecho estén subordinadas al cumplimiento de las previsiones establecidas en la Ley Adjetiva Penal; 3) que la motivación del fallo no debe ser una enumeración material e incongruente de pruebas ni una reunión heterogénea o incongruente de hechos razones y leyes, sino un todo armónico formado por los elementos diversos que se eslabonen entre si, que converjan a un punto o conclusión para ofrecer base segura y clara a la decisión que descansa en ella, 4) y que en el proceso de decantación, se trasforme por medio de razonamientos y juicios, la diversidad de hechos, detalles o circunstancias a veces inverosímiles y contradictorias, en la unidad o conformidad de la verdad procesal…

Vistos los anteriores argumentos jurídicos, este Tribunal Ad-quem, observa de la sentencia recurrida que el Juez de Instancia realizó un señalamiento expreso y circunstanciado en su fallo, explicando cuales fueron los criterios jurídicos esencialmente argumentadores o motivadores de su resolución judicial, siendo a todas luces coherente con las circunstancias fácticas del caso en estudio y adherido a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Bien es sabido, que la exteriorización de la secuencia racional adoptada por los jueces para la determinación del hecho y la aplicación del derecho, nos permite constatar la corrección de dichas operaciones, materializadas en dos (2) inferencias, la primera inductiva (determinación del hecho) y la segunda, deductiva (subsunción jurídica). Siendo que en la fase inductiva, debe reflejar, el soporte racional de la apreciación de las pruebas y la concordancia de dicha valoración con el hecho determinado. De la segunda fase, se apreciará si la norma sustantiva que se dice aplicable, ha sido debidamente interpretada y empleada en el caso determinado, tal como no los explica el jurista a.L.M., en su libro: EL Principio In Dubio Pro Reo y su Control en Casación, p. 215 (1998).

El A-quo al momento de dictar su decisión motivó por auto separado manifestando que existen diferencias en las declaraciones realizadas por los testigos y que los mismos no aportaron ningún elemento de convencimiento que lograran establecer la autoría del ciudadano J.G.G., por otra parte en todo momento el ciudadano LEÓN SOCAS ELADIO, tuvo conocimiento del pago que realizara la Empresa Pesquera Laguna Mar, a nombre de Representante Be y Ese, así mismo la experticia grafotécnica realizada a las pruebas manuscritas tomadas al ciudadano J.G.G.V., no arrojaron como resultado que el mencionado ciudadano era el autor de los manuscritos que se encontraban en los controles Nros 13.842 y 13.901, de fecha 11 de noviembre del 2002, en tal sentido ninguna de las leyendas escritas en las comunicaciones indican que los pagos de las facturas hayan sido entregados al tantas veces mencionados J.G.G., por lo que las mismas no lo comprometen a responsabilidad penal alguna que le pueda ser atribuida al imputado. Y ASÍ SE DECIDE.

De igual manera del estudio exhaustivo realizado a todas y cada una de las actas procesales que conforman el presente expediente, se observa que la presunta violación al Debido Proceso planteada por el recurrente, no encuadra en DICHO supuesto contenido en la Carta Magna, siendo menester resaltar por esta Alzada que el Debido Proceso, no es más que un medio que asegura la solución justa de una controversia, aunada a una serie de actos de diversas características basadas bajo el concepto del debido proceso legal, constituyen garantías inherentes a la persona humana como medios obligatorios, necesarios y esenciales para que el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado se materialice, en consecuencia aplicables a cualquier clase de procedimiento, así como todos los actos que los jueces y las partes ejecutan en el desarrollo de un proceso, los cuales tienen carácter jurídico, ya que se encuentran previamente establecidos en la Ley.

El derecho al Debido Proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, asegurando igualmente otorgar a las partes el tiempo y medios adecuados para ejercer el derecho a la defensa, entendiéndose esta como la oportunidad para el encausado o presunto agraviado de que se oigan y se analicen oportunamente los alegatos y pruebas.

Por los argumentos citados arriba, este Tribunal Colegiado, discrepa de la presunta violación al Debido Proceso, efectuada por el A-quo al recurrente de autos, en virtud de que se evidencia de la presente incidencia recursiva, que el Juez del Juzgado Undécimo de primera Instancia en Funciones de Control de esta Circunscripción Judicial, actuó como garante de los principios rectores de nuestro proceso penal, en aras de dirimir las controversias presentadas en la causa penal en estudio, prueba de ello, es la celebración de la Audiencia Oral, consagrada en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, donde las partes esgrimieron sus respectivos alegatos, para el aseguramiento del derecho a la defensa, fundamentando posteriormente por separado la decisión tomada con relación al Decreto del Sobreseimiento de la Causa.

Así las cosas, esta Alzada, no considera que exista violación al Debido Proceso, pues ésta manifestación carece de total logicidad y motivación, vale resaltar nuevamente, que el Debido Proceso constituye un conjunto de garantías, que amparan al ciudadano, y entre las cuales se mencionan las de ser oído, la presunción de inocencia, el acceso a la justicia y a los recursos legalmente establecidos, la articulación de un proceso debido, la de obtener una resolución de fondo con fundamento en derecho, la de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial así como independiente; de este modo debe entenderse el derecho al debido proceso consustanciado con el Derecho a la Defensa, pues ambos derechos forman un todo, cuyo fin último, es garantizar el acceso a la justicia y la obtención de Tutela Judicial Efectiva, por lo que se evidencia de las actas que conforman el presente expediente que el Juzgador de Instancia no emitió ningún tipo de decisión que viole el Debido Proceso, siendo que no se desprende de sus señalamientos que este haya sido ignorado, vituperado, violado de algún modo, toda vez que la Recurrida, lo que hizo acertadamente, fue garantizar el debido proceso legal.

Ratificando lo arriba señalado, es menester resaltar la sentencia N° 347 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, de fecha 28/09/2004, la cual señala que:

…es conveniente advertir que en aras al principio de tutela judicial efectiva, según el cual no sólo se garantiza el derecho a obtener de los tribunales una sentencia o resolución, y el acceso al procedimiento, a la utilización de recursos y la posibilidad de remediar irregularidades procesales determinantes de indefensión, éste también debe garantizar una motivación suficiente, una decisión judicial razonada sobre todas las pretensiones deducidas que exterioricen el proceso mental conducente a su parte dispositiva

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En este mismo orden de ideas, es importante resaltar que el sobreseimiento es siempre la comprobación in limine iudicium, de la insubsistencia de las imputaciones sobre la base del resultado tangible de la instrucción; y puede ser acordado por el órgano que la realiza o por el que la controla, sea juez de instrucción, fiscal instructor, juez de garantías o juez de control, según la legislación de que se trate.

Debemos destacar que el sobreseimiento procede cuando el hecho que motivó la apertura de la averiguación resulte ser inexistente, no aparezca suficientemente probado o resulte no ser constitutivo de delito, o cuando no conste la participación de los imputados en ninguno de los supuestos de autoría.

El artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, recoge en su numeral 1 el supuesto de que el hecho imputado sea inexistente o que no pueda ser atribuido al imputado. Cuando el legislador expresa que “el hecho no se realizó”, hay que entender, a todo evento, que se trata tanto del supuesto de que se haya acreditado la falsedad del hecho imputado, como que no se haya podido probar la existencia del tal hecho. Lo mismo ocurre por lo que respecta a que el hecho “no pueda atribuírsele al imputado”, pues ello comprende tanto el caso de que el imputado haya probado su no participación, como que no se haya podido probar su participación, así como en numeral 4° a pesar de la falta de certeza, no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, y no haya bases para solicitar fundadamente el enjuiciamiento de imputado.-

En virtud de los razonamientos antes explanados, esta Sala Séptima de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, considera procedente y ajustado a derecho DECLARA SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano Profesional del Derecho LEÓN I.A.A., en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Pesquera Laguna Mar S.R.L, en contra de la decisión proferida por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 31 de julio del 2.006, en la cual se decretó el Sobreseimiento de la Causa, conforme a lo establecido en el artículo 318 numerales 1 y 4° del Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual se confirma en todos y cada una de sus partes la Decisión dictada por el Tribunal A-quo. Y ASÍ SE DECIDE.-

Regístrese esta decisión. Déjese copia autorizada de la misma. Remítase el presente cuaderno especial, anexo a oficio, al Juzgado de origen.

OBSERVACIÓN

Revisadas como han sido todas y cada una de las actas procesales que integran las presentes actuaciones, esta Sala de la Corte de Apelaciones pudo constatar que efectivamente el Juez de Instancia una vez celebrada la Audiencia Oral Para Oír a las Partes, contemplada en el artículo 323 del Texto Adjetivo Penal, en datas 17-07-2006 y 20-07-2006, ordenó fundamentar por auto separado tal y como lo dejó sentado en el pronunciamiento cuarto. Así las cosas, en fecha 31-07-2006, pasa a emitir la fundamentación antes aludida, en virtud de lo anteriormente señalado se le EXHORTA al Juez Undécimo de Primera Instancia en funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, en relación al deber en que se encuentra de hacer cumplir los lapsos procesales que establece el Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto podría incurrir en retardo procesal, violentando en consecuencia normas de carácter constitucional, y por ende de orden público.

D I S P O S I T I V A

En base a la argumentación anteriormente explanada, esta Sala Séptima de la Corte Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano Profesional del Derecho LEÓN I.A.A., en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil Pesquera Laguna Mar S.R.L, en contra de la decisión proferida por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 31 de julio del 2.006, en la cual se decretó el Sobreseimiento de la Causa, conforme a lo establecido en el artículo 318 numerales 1 y 4° del Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual se confirma en todos y cada una de sus partes la Decisión dictada por el Tribunal A-quo. Y ASÍ SE DECIDE.-

Regístrese, publíquese y remítase el presente expediente al Tribunal de la causa a fin que ejecute lo ordenado por esta Alzada.

EL JUEZ PRESIDENTE

(PONENTE)

DR. MAIKEL J.M.

EL JUEZ INTEGRANTE EL JUEZ INTEGRANTE

DR. R.H.P.D.. J.O.G.

LA SECRETARIA

ABG. MARÍA T PEÑA

En esta misma fecha se le dio cumplimiento a lo ordenado.

LA SECRETARIA

ABG. MARÍA T. PEÑA

Exp N° S-7-3038-06

MJM/RHP/JOG/MP/Yelitza.-