Decisión nº 1486 de Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario de Caracas, de 6 de Octubre de 2010
| Fecha de Resolución | 6 de Octubre de 2010 |
| Emisor | Juzgado Superior Primero de lo Contencioso Tributario |
| Ponente | Javier Sanchez Aullon |
| Procedimiento | Recurso Contencioso Tributario |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 06 de octubre de 2010
200º y 151º
ASUNTO: AF41-U-1991-000009.- SENTENCIA Nº 1486.-
ASUNTO ANTIGUO: 661.-
En horas de despacho del día 04 de abril de 1991, se recibió oficio N° HJI-320-00397 de fecha 11 de marzo de 1991, emanado de la extinta Dirección Jurídico Impositiva del entonces Ministerio de Hacienda, hoy Gerencia General de Servicios Jurídicos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), adscrito al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, mediante el cual fue remitido el recurso contencioso tributario interpuesto subsidiariamente al recurso jerárquico ejercido en fecha 31 de octubre de 1989, ante la entonces Administración de Hacienda, Región Central, hoy Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT, por la ciudadana M.N.G., actuando en su carácter de apoderada judicial de la contribuyente “JABONERA INDUSTRIAL, S.A. (JAINSA)”, contra la Resolución N° HJI-100-00222, de fecha 22 de febrero de 1990, emanada de la referida Dirección Jurídico Impositiva, mediante la cual se resolvió el recurso jerárquico ejercido por la recurrente supra mencionada, y en consecuencia se confirmó la Resolución N° HRCE-540 000282 de fecha 02 de agosto de 1989, y sus correlativas Planillas de Liquidación Nos. 10-10-1-01-65-095 por concepto de Impuesto sobre la Renta, 10-10-2-01-65-095 por concepto de Multa y 10-10-3-01-65-095 por concepto de Intereses Moratorios, todas de fecha 02 de agosto de 1989, por montos de Bs. 481.897,95 (Bs.F 481,90); Bs. 505.992,85 (Bs.F 505,99) y Bs. 106.258,50 (Bs.F 106,26) respectivamente, para un monto total de Bs. 1.094.149,30, en materia de Impuesto sobre la Renta, re-expresado actualmente en Bs.F 1.094,15 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el 01 de enero de 2008, según el Decreto con rango valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del 06 de marzo de 2007, correspondiente al Ejercicio 01/11/1985 al 31/10/1986.
Por auto de fecha 13 de mayo de 1991, se le dio entrada a dicho recurso contencioso tributario, ordenándose formar expediente bajo el Nº 661, actual Asunto Nº AF41-U-1991-000009, y librar boletas de notificación dirigidas a los ciudadanos Contralor General de la República, Procurador General de la República y al Representante Legal y/o Apoderado Judicial de la recurrente.
En fecha 13 de junio de 1991 la ciudadana M.N.G., anteriormente identificada, presentó escrito contentivo de cinco (05) folios útiles de ampliación del Recurso Contencioso Tributario interpuesto en fecha 31 de octubre de 1989; así mismo presentó copia certificada del poder que acredita su representación.
El 18 de junio de 1991, estando las partes a derecho según consta en autos a los folios sesenta y ocho (68) al setenta (70) ambos inclusive, se admitió dicho recurso, ordenándose su tramitación y sustanciación correspondiente.
El 25 de junio de 1991 se abrió la causa a pruebas.
En fecha 11 de julio de 1991, la ciudadana M.N.G., antes identificada, actuando en representación de la recurrente, presentó escrito de promoción de pruebas contentivo de un (01) folio útil. Posteriormente en fecha 30 de julio de 1991, el Tribunal admitió las pruebas promovidas.
El 01 de diciembre de 1991, se dió inicio a la relación de la causa.
El 16 de septiembre de 1992, el Tribunal fijó el quinto (5°) día de despacho siguiente, para que tuviese lugar el acto de informes.
En fecha 23 de septiembre de 1992, oportunidad fijada por el Tribunal para la presentación de informes, compareció, por una parte, la ciudadana N.A.D.A., abogada representante del fisco, quien presentó diligencia a los fines de consignar su correspondiente escrito constante de cuatro (04) folios útiles; y por la otra la ciudadana M.N.G., apoderada judicial de la recurrente, quien presentó escrito de informes constante de veintidós (22) folios útiles.
En fecha 08 de octubre de 1992 oportunidad fijada por el Tribunal para continuar con la relación de la causa, se continuó, y seguidamente dijo “VISTOS”.
Mediante auto de fecha 23 de noviembre de 1992, el Tribunal prorrogó por treinta (30) días de despacho, la oportunidad para emitir el fallo correspondiente al juicio.
No hubo más actuaciones por parte de la representación judicial del recurrente.
En fecha 16 de julio de 2010, quien suscribe la presente decisión en su carácter de Juez Provisorio de este Tribunal, debidamente designado mediante Oficio Nº CJ-09-0100 de fecha 06 de febrero de 2009, emanado de la Presidencia de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Juramentado el día 04 de marzo de 2009, por la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, se abocó al conocimiento de la presente causa; y asimismo, comparte el criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 23 de octubre de 2002 (caso: Módulos Habitacionales, C.A.) donde se indicó:
"... el avocamiento (sic) de un nuevo Juez sea ordinario, accidental o especial, al conocimiento de una causa ya iniciada, debe ser notificado a las partes, aunque no lo diga la ley expresamente, para permitirle a éstas, en presencia de alguna de las causales taxativamente establecidas, ejercer la recusación oportuna, y de proceder ésta, con la designación del nuevo juzgador, garantizar a las partes su derecho a ser oídas por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido de acuerdo a la ley, derecho éste comprendido en el concepto más amplio de derecho de defensa, a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Siendo ello así, la falta de notificación a las partes del avocamiento (sic) de un nuevo Juez al conocimiento de una causa en curso, podría constituir una violación de la garantía constitucional del derecho de defensa; no obstante, considera esta Sala que, para configurarse tal violación, es necesario que, efectivamente, el nuevo Juez se encuentre incurso en alguno de los supuestos contenidos en alguna de las causales de recusación taxativamente establecidas, porque, de no ser así, el recurso ejercido resultaría inútil y la situación procesal permanecería siendo la misma”. (Destacado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
-I-
ÚNICO
De la revisión detallada de los autos que conforman el expediente de la causa in examine, puede este Juzgador evidenciar que desde la fecha en la cual se dijo “Vistos”, la representación judicial del contribuyente “JABONERA INDUSTRIAL, S.A. (JAINSA)” no ha instado el proceso, siendo su última actuación procesal cuando en fecha 23 de septiembre de 1992, presentó escrito de informes. A partir de allí, no ha ocurrido nuevamente a dar impulso a la causa, por lo cual resulta oportuno analizar de seguidas, si se ha producido la pérdida sobrevenida del interés por parte del recurrente y, consecuencialmente, el decaimiento de la acción incoada.
En cuanto al interés procesal, el maestro i.P.C., en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídicas E.A., Buenos Aires, 1973) señala: “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”.
En virtud de lo anterior, debe este Tribunal señalar el criterio jurisprudencial expuesto por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia Nº 416 (caso: Ciudadanía Activa), publicada en fecha 28 de abril de 2009, el cual ratificó el criterio planteado por dicha Sala mediante el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.), expresando lo siguiente:
… (Omissis).
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) C.J. Moncada’).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y M.P.M. de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
(Omissis)…
(Resaltado del Tribunal).
Del criterio jurisprudencial antes transcrito se colige, que la pérdida sobrevenida del interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se diga “VISTOS” y comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.
A mayor abundamiento, cabe destacar lo puntualizado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido
. (Destacado de este Juzgado Superior).
Ahora bien, este Despacho comparte y está en sintonía con el criterio precedentemente expuesto, y evidencia que en el presente caso se está claramente en presencia de la segunda de las situaciones expuestas por la Sala Constitucional, toda vez que se dijo “VISTOS” en fecha 08 de octubre de 1992; y la última actuación de la parte recurrente se produjo el 23 de septiembre de 1992, cuando su representación judicial presentó escrito de informes.
Siendo ello así, y ante la ausencia de manifestación asidua de que se decida la presente causa, este Tribunal al considerar que resulta inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado, tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las citadas Sentencias, estima pertinente declarar extinguida la acción por pérdida sobrevenida de interés procesal. (Ver decisión de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 740, del 19 de junio de 2008). Así se declara.-
-II-
DECISIÓN
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA ACCIÓN por pérdida sobrevenida del interés procesal, del recurso contencioso tributario interpuesto subsidiariamente al recurso jerárquico, en fecha 31 de octubre de 1989, ante la entonces administración de Hacienda, Región Central, hoy Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Capital del SENIAT por el contribuyente “JABONERA INDUSTRIAL, S.A. (JAINSA)”, contra la Resolución N° HJI-100-00222, de fecha 22 de febrero de 1990, emanada de la extinta Dirección Jurídico Impositiva del entonces Ministerio de Hacienda, hoy Gerencia General de Servicios Jurídicos adscrito al Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas, mediante la cual se resolvió el recurso jerárquico ejercido por la recurrente supra mencionada, y en consecuencia se confirmó la Resolución N° HRCE-540 000282 de fecha 02 de agosto de 1989, y sus correlativas Planillas de Liquidación Nos. 10-10-1-01-65-095 por concepto de Impuesto sobre la Renta, 10-10-2-01-65-095 por concepto de Multa y 10-10-3-01-65-095 por concepto de Intereses Moratorios, todas de fecha 02 de agosto de 1989, por montos de Bs. 481.897,95 (Bs.F 481,90); Bs. 505.992,85 (Bs.F 505,99) y Bs. 106.258,50 (Bs.F 106,26) respectivamente, para un monto total de Bs. 1.094.149,30, en materia de Impuesto sobre la Renta, re-expresado actualmente en Bs.F 1.094,15 en virtud de la reconversión monetaria que entró en vigencia el 01 de enero de 2008, según el Decreto con rango valor y fuerza de Ley de Reconversión Monetaria N° 5.229, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.638 del 06 de marzo de 2007, correspondiente al Ejercicio 01/11/1985 al 31/10/19861986.
Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los seis (06) día del mes de octubre de dos mil diez (2010). Años 200° de la Independencia y 151° de la Federación.-
El Juez Provisorio,
Abg. J.S.A..- El Secretario Titular,
Abg. F.J.E.G..-
La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las nueve y cincuenta y seis minutos de la mañana (09:56 a.m.).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------El Secretario Titular,
Abg. F.J.E.G..-
ASUNTO: AF41-U-1991-000009.-
ASUNTO ANTIGUO: 661.-
JSA/marr.-
