Decisión de Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. de Caracas, de 1 de Noviembre de 2013
| Fecha de Resolución | 1 de Noviembre de 2013 |
| Emisor | Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo. |
| Ponente | Gary Coa León |
| Procedimiento | Perención |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En Su Nombre
JUZGADO SUPERIOR QUINTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL
En fecha 15 de abril de 2009 se dio por recibido en este Juzgado Superior, previa distribución, el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por el abogado J.E.M.F., Inpreabogado Nº 32.633, actuando como apoderado judicial de la Sociedad Mercantil “INDUSTRIAS JADE, C.A.”, contra los actos administrativos dictados en fechas 19 de noviembre de 2008 y 09 de marzo de 2009 por la Inspectoría del Trabajo “José Rafael Núñez Tenorio”, con Sede en Guatire, Estado Miranda.
En fecha 17 de abril de 2009 se ordenó oficiar a la Inspectoría del Trabajo “José Rafael Núñez Tenorio”, con Sede en Guatire, Estado Miranda, a fin de que remitiese a este Órgano Jurisdiccional los antecedentes administrativos del caso.
En fecha 14 de mayo de 2009 se dio por recibido en este Tribunal el oficio N° 476-09, de fecha 28 de abril de 2009 proveniente de la Inspectoría del Trabajo “José Rafael Núñez Tenorio”, con Sede en Guatire, Estado Miranda, mediante el cual remite a este Juzgado los antecedentes administrativos del caso. Por auto de fecha 18 de mayo de 2009 se ordenó abrir cuaderno separado con los mismos, de conformidad con el artículo 25 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 25 de mayo de 2009 este Juzgado admitió el recurso de nulidad interpuesto, en consecuencia ordenó citar a la Procuradora General de la República y a la Inspectora del Trabajo “José Rafael Núñez Tenorio”, con Sede en Guatire, Estado Miranda, a objeto de que tuvieran conocimiento del recurso y pudieran ejercer la defensa del acto recurrido. Igualmente ordenó notificar al Fiscal General de la República a los fines de la presentación del informe previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Por último se ordenó notificar a las Organizaciones Sindicales Sindicato Único Bolivariano de Trabajadores de la Empresa Industrias Jade, C.A. (SUNBTTRAJADE) y Sindicato Bolivariano de Trabajadores de las Industrias del Cosmético, Enseres, Fantasías, Ropa y Artículos del Hogar (SIPBTRACEFRA). Asimismo se dejó entendido que dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a que constara en autos la última de las notificaciones ordenadas se libraría y expediría el cartel al cual alude el artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. También se ordenó abrir cuaderno separado a los fines de decidir la solicitud de suspensión de efectos, una vez la parte recurrente consignase las copias a tales fines.
En fecha 15 de octubre de 2009, este Juzgado publicó decisión interlocutoria, mediante la cual declaró procedente la suspensión de efectos solicitada.
En fecha 09 de diciembre de 2009, se fijó el acto de informes de manera oral para la diez de la mañana (10:00 a.m.) del décimo (10º) día de despacho siguiente.
En fecha 04 de mayo de 2010, se ordenó la continuación del juicio, previa notificación de las partes.
En fecha 08 de febrero de 2011, se ordenó practicar la notificación del Sindicato Bolivariano de Trabajadores de las Industrias del Cosmético, Enseres, Fantasías, Ropa y Artículos del Hogar (SIPBTRACEFRA) y del abogado J.E.M.F., en su condición de apoderado judicial de la parte actora, mediante boleta de notificación publicada a las puertas del Tribunal, con la advertencia que se consideraría notificado una vez transcurrido el lapso de diez (10) días continuos contados a partir de la publicación de la boleta.
En fecha 25 de febrero de 2011, el Alguacil de este Tribunal, dejó constancia de haber publicado las boletas de notificaciones a las puertas del Tribunal en fecha 08 de febrero de 2011, y que los 10 días vencieron el 18 de febrero de 2011.
En fecha 04 de marzo de 2011, se ordenó la continuación del juicio, previa notificación de las partes.
En fecha 23 de marzo de 2011, el Alguacil de este Tribunal dejó constancia de haber realizado la notificación de la Inspectoría del Trabajo “José Rabel Núñez Tenorio”, con sede en Guatire, Estado Miranda, siendo ésta la última de las notificaciones ordenadas realizar para la continuación del juicio.
En fecha 28 de octubre de 2013, el abogado J.A.S.G., Inpreabogado Nº 80.351, actuando en su condición de Fiscal Décimo Quinto del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia en materia Contencioso Administrativo y Tributaria, consignó opinión, mediante la cual solicitó que se declarara la perención y en consecuencia extinguida la instancia en la presente causa.
I
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Corresponde a este Juzgado pronunciarse con relación a la perención de la instancia y al respecto, observa:
Ha sido pacífico y reiterado el criterio conforme al cual la perención de la instancia constituye un medio de terminación procesal que opera por la no realización, en un período mayor de un año de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, o cuando se verifica alguna de las situaciones previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que consagra las llamadas “perenciones breves” para específicos supuestos en los que la inactividad de las partes interesadas se produce en lapsos sensiblemente inferiores al de un año.
Se constituye entonces el instituto de la perención como un mecanismo de ley diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de Administración de Justicia se encuentren en la obligación de procurar la composición de causas, en las cuales no existe ningún tipo de interés de los sujetos de la litis.
Ahora bien, el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispone lo siguiente:
Artículo 41. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de las pruebas
.
Mediante sentencia Nº 2.148, de fecha 14 de septiembre de 2004 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, caso F.H.-Linares, señaló lo siguiente:
“…Omissis…
La norma que se transcribió persigue que, de oficio, el tribunal sancione procesalmente la inactividad de las partes, sanción que se verifica de pleno derecho una vez que se comprueba el supuesto de hecho que la sustenta, esto es, el transcurso del tiempo. Ahora bien, los confusos términos de la norma jurídica que se transcribió llevaron a esta Sala, mediante decisión n° 1466 de 5 de agosto de 2004, a desaplicarla por inintelegible y, en consecuencia, según la observancia supletoria que permite el artículo 19, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicar el Código de Procedimiento Civil a los casos en que opere la perención de la instancia en los juicios que se siguen ante el Tribunal Supremo de Justicia.
En concreto, es el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil la norma que debe aplicarse en estos casos, el cual establece:
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención
. (Resaltado de la misma sentencia).
En este mismo orden de ideas, la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1270 de fecha 09 de diciembre de 2010, estableció lo siguiente:
Determinada la competencia para decidir, esta Sala observa que de las actas que conforman el expediente, se verifica que desde la interposición del escrito contentivo de la acción de nulidad -28 de octubre de 2009- ha existido una total inactividad en el presente procedimiento de nulidad, previo a la admisión de la demanda, situación que evidencia ausencia de actividad procesal por más de un año.
En atención a lo expuesto, se aprecia que el actor no demostró que existe interés en que se produzca decisión sobre lo que fue solicitado, interés el cual debió mantenerse a lo largo del proceso que inició, porque constituye un requisito del derecho de acción y su ausencia acarrea el decaimiento de la misma.
En este orden de ideas, se aprecia que el interés procesal, no basta con ser demostrado con la interposición de una determinada demanda sino que el mismo debe ser continuo a lo largo del devenir del proceso, ya que su falta de demostración acarrea la consecuencia de la extinción de la acción, declaratoria la cual puede ser declarada, incluso de oficio por los órganos jurisdiccionales (Vid. Sentencia de esta Sala n° 956/2001 y 1649/2009).
Así pues, esta Sala ha establecido que la presunción de la pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: i) antes de la admisión de la demanda o ii) después de que la causa ha entrado en estado de sentencia (Vid. Sentencia de la Sala n° 2673/2001), por lo que, siendo que en el presente caso, el demandante no actuó con posterioridad a la interposición de la demanda de nulidad, demostrando una falta de interés procesal en la resolución de la misma, previo a la emisión de un pronunciamiento sobre la admisibilidad de la demanda, se aprecian que concurren las condiciones para la declaratoria de la perdida de interés en la presente causa por el no impulso de la misma.
En razón de ello, se declara la pérdida del interés procesal, y en consecuencia, el abandono del trámite. Así se decide
.
Por consiguiente y visto el criterio jurisprudencial citado en el que se estableció que en materia de perención de la instancia debe aplicarse el supuesto normativo previsto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, adminiculado con lo previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal pasa a determinar si en este caso, se ha verificado la perención de la causa.
Ahora bien, se observa que el último acto procesal en el presente proceso no le corresponde al Juez, por cuanto la última actuación que cursa en autos destinada a dar impulso al presente recurso fue la diligencia presentada por el Alguacil de este Tribunal en fecha 23 de marzo de 2011, mediante la cual dejó constancia de haber realizado la notificación de la Inspectoría del Trabajo “José Rabel Núñez Tenorio”, con sede en Guatire, Estado Miranda, siendo ésta la ultima de las notificaciones ordenadas realizar para la continuación del juicio, debiendo la parte recurrente impulsar el presente recurso de nulidad; sin que ninguna otra actuación demostrativa del interés de continuación del juicio desplegara la parte recurrente, por ende la causa perimió el día 23 de marzo de 2012, esto es, transcurrido y vencido el lapso del año que establece el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 267 del Código de Procedimiento Civil. Por tal razón este Tribunal luego de constatar que en el presente caso no se violan normas de orden público, declara consumada la perención de la instancia, y así se decide.
Ahora bien, declarada como ha sido la perención de la instancia en el presente proceso, se revoca la medida cautelar de suspensión de efectos otorgada por este Tribunal en fecha 15 de octubre de 2009.
II
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, una vez verificado que no existe violación de norma de orden público, declara:
PERIMIDA la instancia en el recurso de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de suspensión de efectos por el abogado J.E.M.F., actuando como apoderado judicial de la Sociedad Mercantil “INDUSTRIAS JADE, C.A.”, contra los actos administrativos dictados en fechas 19 de noviembre de 2008 y 09 de marzo de 2009 por la Inspectoría del Trabajo “José Rafael Núñez Tenorio”, con Sede en Guatire, Estado Miranda.
Se REVOCA la medida cautelar de suspensión de efectos otorgada por este Tribunal en fecha 15 de octubre de 2009
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en Caracas al primer (1er) días del mes de noviembre del año dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
EL JUEZ
ABG. GARY JOSEPH COA LEÓN
LA SECRETARIA,
ABG. DESSIREE MERCHAN
En esta misma fecha 01 de noviembre de 2013, siendo las nueve de la mañana (09:00 a.m.), se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA,
Exp: 09-2456/Msi.
