Decisión nº 2826 de Juzgado Tercero del Municipio Iribarren de Lara, de 29 de Abril de 2011

La parte actora nada dice en su libelo con respecto a los efectos que genera el primer párrafo de la cláusula 12 de las condiciones particulares, correspondiente a la cobertura amplia de la póliza contratada, ya que solicita el pago completo de la suma asegurada (Bs. 165.000,00), empero, olvida aclarar que existe un beneficiario preferencial (BANCO DE VENEZUELA), siendo que solo estaría obligada a satisfacer la suma asegurada en proporción a los respectivos intereses que le corresponderían a cada una de estas dos (02) personas, pero sin exceder del monto de la acreencia que le pudiera corresponder al BANCO DE VENEZUELA. Apunta la falta de cualidad de la parte actora para cobrar la totalidad de la suma asegurada contemplada en la póliza, lo que hace que una demanda indeterminada en cuanto a sus pretensiones, además de querer tener un provecho injusto en desmedro de otra que no es parte en este juicio. Lo anterior se explica porque nuestra representada, en un supuesto negado, para el momento de la ocurrencia del siniestro.

La parte actora nada dice en su libelo con respecto a los efectos que genera el segundo párrafo de la cláusula 12 de las condiciones particulares, correspondiente a la cobertura amplia y tampoco con respecto a la cláusula 15 de las condiciones generales de la póliza contratada, ya que se debe traspasar al asegurador la propiedad del vehículo asegurado. Además reitera que el demandante al no entregar la documentación solicitada en fecha y tiempo oportuno, le perjudicó los derechos de subrogación que le hubieran podido corresponder, lo que asegura es contrario a lo señalado en sus obligaciones especificadas en el numeral 8 del artículo 20 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguros.

La parte actora nada dice con respecto a los efectos de las cláusulas 4 y 5 de las condiciones particulares, correspondiente a la cobertura amplia de la póliza contratada, ya que nunca cumplió con su obligación de entregar toda la documentación que le exigió la aseguradora para la tramitación del siniestro, situación ésta que también releva a nuestra representada de indemnizar este siniestro y así expresamente pedimos al Tribunal que lo declare. Por lo tanto, el demandante también incumplió con esta obligación de entregar todos los recaudos que se le exigieron en la fecha establecida en la póliza y por los cuales estaba advertido de sus consecuencias, las cuales también constituyen otra causal de exoneración de responsabilidad de indemnizar éste siniestro por parte de nuestra representada.

Culmina señalando que existe temeridad en la acción intentada, pidiendo

En fecha 22 de febrero de 2010 el Tribunal Segundo de Municipio Iribarren del estado Lara remitió el expediente a la U.R.D.D para su distribución. En fecha 04 de marzo de 2010 se le dio entrada en este Tribunal. El día 08 de marzo de 2010 se recibió escrito de la parte accionada donde ratificó escrito de contestación de la demanda. En fecha 10 de marzo de 2010 la Juez se avocó al conocimiento de la causa. El día 22 de marzo de 2010 el Tribunal ordenó oficiar al Procurador General de la Republica a los fines de su notificación. El día 24 de marzo de 2010 se recibió escrito del apoderado de la parte demandada donde ratificó escrito de fecha 05 de marzo de 2010 y el escrito de contestación a la demanda. El día 08 de abril de 2010 se recibió escrito del apoderado de la parte actora quien consignó recibo de notificación del Procurador General y solicitó la suspensión de la causa. El día 12 de abril de 2010 el Tribunal ordenó suspender la causa por un lapso de 90 días. En fecha 28 de junio de 2010 fueron recibidas y agregadas al expediente resultas de inhibición CON LUGAR. En fecha 21 de julio de 2010 el Tribunal emitió auto saneador. El día 22 de julio de 2010 fueron agregados al expediente escritos de promoción de pruebas. El día 17 de septiembre de 2010 se abrió el lapso para admisión de las pruebas. El día 21 de septiembre de 2010, se admitieron las pruebas presentadas por la accionada a sustanciación salvo su apreciación en la definitiva. El día 04 de octubre de 2010 el alguacil del Tribunal dejó constancia de haber entregado oficio a la ciudadana D.M., Gerente de NAKAI MOTOR´S. En fecha 26 de noviembre de 2010 se recibió escrito de informes de la parte demandada. El día 29 de noviembre de 2010 se advierte a las partes que la causa se encuentra en etapa de sentencia, conforme al artículo 515 del Código de Procedimiento Civil. El día 10 de febrero de 2011, se difirió el dictamen de la sentencia para el TRIGÉSIMO (30º) día de despacho siguiente. El 18 de febrero de 2011, se agregó oficio de la Oficina Regional Centro Occidental de la Procuraduría General de la República del Municipio Iribarren del estado Lara. En fecha 11 de abril de 2011, la parte accionada solicitó se proceda a dictar sentencia.

ANÁLISIS DEL ACERVO PROBATORIO

La parte actora acompañó el libelo de demanda:

1) Copia certificada de expediente de tránsito N° 959-08. El cual, al no haber sido tachado, hace plena prueba. Y así se establece.

2) Documento original de correspondencia emanada de la empresa SEGUROS LA PREVISORA, de fecha 20 de abril de 2009 dirigida al accionante. Sobre el mismo, se entiende que al no haber sido desconocido, queda reconocido, de conformidad con el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil. Y así se estima.

3) Copia simple de contrato de seguro entre las partes aquí contendientes, N° AMBA-000127-358. Este instrumento fue aceptado por ambas partes, por lo que pese a no haber sido traído en original, aplicando criterio del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, del 25 de febrero de 2004, expediente 01-464, se admite como prueba. Y así se decide.

4) Copia simple de carta de venta emanada de NAKAI MOTOR´S C.A. Esta copia es desechada del proceso, por haber sido consignada en copia simple, de conformidad con el 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se resuelve.

5) Copia simple de Certificado de Registro de Vehículo N° 2573710, del vehículo asegurado. El cual, por tratarse de un instrumento público, no tachado, hace plena prueba en esta contienda. Y así se determina.

6) Documento original de condicionado y anexo del contrato de seguro. Este original no fue desconocido ni tachado o impugnado, por lo tiene pleno valor probatorio. Y así se señala.

Junto con la contestación, la empresa accionada trajo copia simple de Gaceta Oficial N° 374.537 publicada en fecha 03 de febrero de 2010 y N° 374.495 de fecha 01 de febrero de 2010. Dichas copias, por tratarse de leyes y no traer elemento probatorio alguno, son desechadas de esta lidia judicial. Y así se resuelve.

Llegado el lapso probatorio, sólo la parte accionada hace uso de ese derecho:

1. Dio por reproducido la fotocopia del cuadro de póliza de seguros de vehículo N° AMBA-000127-358. La cual fue valorada más arriba.

2. Original de solicitud de seguro de automóvil de fecha 26 de agosto de 2008, con sello del intermediario y sin ninguna rúbrica. Por lo que, ante la ausencia de firma ni ratificación por parte del intermediario, esta prueba es desechada del proceso. Y así se determina.

3. Copia simple de factura de compra N° 5689 con número de control 00-0001378 de fecha 31 de julio de 2008, emanada de NAKAI MOTOR´S C.A. La cual es desechada, al tratarse de copia simple, de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Y así se establece.

4. Copia simple de certificado de origen N° BC-045074. Sobre esta copia, advierte quien esto decide que se trata de un documento público no tachado, por lo que hace plena prueba en esta contienda. Y así se estima.

5. Dio por reproducido original de correspondencia de fecha 20 de abril de 2009, siendo que consigna copia con firma como recibida de fecha 03 de junio de 2009.

6. Dio por reproducido la copia certificada de las actuaciones de tránsito.

   Estas dos pruebas fueron valoradas más arriba.

7. Dio por reproducido la copia simple de carta de venta emanada de NAKAI MOTOR´S C.A. Prueba desechada más arriba.

8. Original del documento del condicionado general y particular. Y el cual, por no haber sido impugnado de manera alguna, es valorado plenamente. Y así se señala.

9. Copia simple de autorización del actor al ciudadano J.Á.R., titular de la cédula de identidad N° 17.943.937, con sello de recibido de la empresa demandada del 30 de diciembre de 2008.

10. Copia simple de cédulas de identidad del accionante y de J.Á.R., titular de la cédula de identidad N° 17.943.937.

    Estos dos instrumentos, por no versar sobre el asunto en controversia, (por cuanto que el conductor del vehículo durante el siniestro, era el ciudadano J.Á.R., no es rebatido de manera alguna) son desechados de este proceso. Y así se determina.

11. Original de correspondencia emitida por su representada de fecha 22 de mayo de 2009, con firma de recibido, donde se le requiere al actor recaudos. La cual no fue desconocida, por lo que tiene pleno valor probatorio. Y así se decide.

12. Original de acta levantada a mano, denominada “entrevista” de fecha 02 de abril de 2009, donde quien asegura estar adscrito a la Gerencia de Seguridad de Seguros La Previsora entrevista a J.Á.R., portador de la cédula de identidad N° 17.943.937. Este documento no fue ratificado en juicio por quien sería un tercero en esta causa, J.Á.R., por lo que de conformidad con el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, debe ser desechado del proceso. Y así se establece.

13. Original de declaración de siniestro de automóvil de fecha 30 de diciembre de 2009, con firma del asegurado. La cual, al no haber sido desconocida, hace plena prueba en esta discusión judicial. Y así se estima.

14. Prueba de informe al concesionario NAKAI MOTOR´S C.A. El cual pese a su admisión, no fue evacuado oportunamente, por lo que es de imposible valoración. Y así se estima.

    FALTA DE CUALIDAD E INTERÉS

    DE LA ACTORA PARA SOSTENER EL JUICIO

    Por razones de técnica procesal, este Tribunal debe dilucidar como punto previo si existe la falta de cualidad e interés de la demandante para sostener el juicio, de conformidad con el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil.

    Al respecto esta Juzgadora observa: Alega la oponente, en la oportunidad de la contestación de la demanda, que se verifica la falta de cualidad de la parte actora, por cuanto el demandante no tiene la cualidad para hacer valer en juicio, a su beneficio, los derechos y acciones que le corresponden a un tercero (Banco de Venezuela), quien asegura es el beneficiario preferencial, lo cual asevera se desprende tanto de la factura de compra como de la solicitud de seguros de fecha 26 de agosto de 2008.

    El ilustre procesalista patrio Dr. L.L., en su obra "Estudios de Derecho Procesal Civil", ha dejado un profundo trabajo en relación al concepto de cualidad. Expresa así el autor citado:

    "(…)En materia de cualidad, la regla es, que allí donde se afirma existir un interés jurídico sustancial propio que amerite la protección del órgano jurisdiccional competente, allí existe un derecho de acción a favor del titular de ese interés jurídico, quien tiene por ello mismo, para hacerlo valer en juicio; y que la persona contra quien se afirme ese interés en nombre propio tiene cualidad para integrar la relación procesal como sujeto pasivo de ella”.

    La Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 6 de febrero de 1964, tomando los conceptos emitidos por el Dr. L.L., expresó:

    "(…)7.- La legitimación es uno de los requisitos procesales que debe ser examinado por el órgano jurisdiccional en el acto de sentenciar. En la doctrina procesal moderna, la legitimación tiene un significado concreto. Así como la capacidad -llamada también legitimatio ad causam- implica la aptitud de ser parte en un proceso concreto. Tal aptitud viene determinada por la posición en que se encuentren las partes respecto de la pretensión procesal; por lo que, sólo las personas que mantengan determinada relación con la pretensión, son legitimadas en el proceso en que la misma se deduce".

    Cuando se habla de legitimación, para decirlo en términos de Carnelutti en su obra “Instituciones de Derecho Civil”, se habla de la idoneidad para ser sujeto de la relación que se desarrolla en el acto. Siguiendo a R.R.M. en su libro “Nulidades Procesales Penales y Civiles”, se puede afirmar que la naturaleza de la legitimación es material, no procesal, pues deberá deducirse de la relación jurídico-material que se invoca en el proceso concreto. Por ello esta cuestión pasaría a ser objeto de controversia y se convertiría en thema decidendi, que habrá de resolverse en la sentencia.

    En este mismo sentido, es de destacar que el actor asevera ser propietario del vehículo siniestrado y bajo cobertura del seguro, y lo prueba a través de copia simple del Certificado de Registro de Vehículo, folio 20, valorado más arriba, de fecha 05 de junio de 2009. En ese documento se observa que no existe reserva de dominio alguno, siendo que la empresa demandada no logra probar en este juicio la titularidad de derechos del Banco de Venezuela sobre el vehículo de marras. Por lo que es forzoso concluir que sobre el bien asegurado, al momento de incoar la acción, no tiene inherencia ninguna otra persona más que su propietario, el actor en esta causa. Y así se establece.

    Debiendo en consecuencia de todo lo expuesto ser desechada esta defensa. Y así se decide.

    CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

    De seguidas esta Juzgadora se pronuncia sobre las defensas de fondo. Quien esto Juzga, considera pertinente señalar que el artículo 1354 del Código Civil establece: “Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación”. Igualmente, el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil dice: “Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación”. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 397 ejusdem, únicamente son objeto de prueba los hechos controvertidos, toda vez que los hechos en estén de acuerdo las partes no serán objeto de prueba.

    En el caso bajo estudio la parte demandante afirma que la empresa aseguradora, ha incumplido en su obligación de realizar el pago de la suma asegurada, a través de contrato con una vigencia anual comprendida entre el 26 de agosto de 2008 al 26 de agosto de 2008, y que correspondía a la indemnización por pérdida total, en razón de accidente de tránsito ocurrido el 09 de diciembre de 2008. Al respecto, la demandada asegura que nunca ha incurrido en retardo en el pago de la indemnización, pues existe incumplimiento previo de las obligaciones del asegurado para la tramitación del siniestro pues el conductor del vehículo se desplazaba a una velocidad no permitida, por lo que sólo le corresponde el 75% de la cantidad asegurada, lo cual advierte está establecido en la cláusula 9 de las condiciones particulares, lo cual además afirma se le señaló en correspondencia de fecha 03 de junio de 2009. También hace referencia que el actor incumplió con la entrega oportuna de los recaudos pertinentes, pese a comunicación al respecto hecha el 22 de mayo de 2009. Puntualiza asimismo, en el supuesto negado que este Despacho decidiera a favor del actor: 1. La falta de cualidad de la actora por ser beneficiario preferencial el Banco de Venezuela. 2. Que se debe traspasar al asegurador la propiedad del bien asegurado (destacando que al respecto nada dice el actor). 3. Que éste nunca cumplió con su deber de entregar toda la documentación para la tramitación del siniestro.

    Ahora bien, en este orden de ideas, procede este Tribunal a realizar un breve análisis de lo que es el contrato de seguro, y a tal efecto cita, haciendo suyas las apreciaciones al respecto de J.M.-Orsini, en su aporte: Doctrina General del Contrato, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Centro de Investigaciones Jurídicas, Cuarta Edición, p. 8):

    El contrato es, pues, un negocio jurídico bilateral capaz de crear, reglamentar, transmitir, modificar o extinguir una relación jurídica de cualquier naturaleza entre las partes que concurren a su celebración, y no sólo es eficaz en lo que se refiere a vínculos de naturaleza personal (de contenido patrimonial o extramatrimonial) entre las partes, esto es, derechos de créditos (lo que se llama eficacia personal del contrato), sino que también puede afectar el estado de los derechos reales (la llamada eficacia real del contrato). (La institución del seguro descansa en el mecanismo de la transferencia de los riesgos a los cuales están expuestas las cosas y las personas a una entidad profesional que se ocupa de asumirlos, sobre bases científicas y técnicas; y de indemnizar los daños a aquel que teniendo interés en evitar el siniestro pague una prima por la transferencia. De esta observación resultan los elementos que componen la estructura del seguro y son el interés, el daño y el riesgo.

    Se llama interés la relación de contenido económico o susceptible de valoración económica entre un sujeto y un bien. El interés es importante en el campo del seguro, porque un contrato de esta clase sólo puede ser celebrado por quien tenga un interés asegurable.

    El daño es la lesión total o parcial del interés existente que se produce cuando se materializa el riesgo asegurado (siniestro).

    El riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de un hecho dañoso, la probabilidad se encuentra entre la posibilidad (el hecho no se puede verificar) y la certeza (la seguridad de que un hecho ocurrirá en un momento determinado).

    Asegura por su lado A.M.H., en su Curso de Derecho Mercantil, Los Contratos Mercantiles, Tomo IV, pp. 2.387, 2.388, 2.390 y 2.391 que la Ley Venezolana del Contrato de Seguro da esta definición:

    El contrato de seguro es aquél en virtud del cual una empresa de seguros, a cambio de una prima, asume las consecuencias de riesgos ajenos, que no se produzcan por acontecimientos que dependan enteramente de la voluntad del beneficiario, comprometiéndose a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al tomador, al asegurado o al beneficiario, o a pagar un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, todo subordinado a la ocurrencia de un evento denominado siniestro, cubierto por una póliza.

    De igual manera, el Artículo 5 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, contenido en el Título II, DEL CONTRATO DE SEGUROS EN GENERAL, establece:

    El contrato de seguro es aquél en virtud del cual una Sociedad Mercantil Aseguradora, a cambio de una prima, asume las consecuencias de riesgos, que no se produzcan por acontecimientos que dependan enteramente de la voluntad del beneficiario, comprometiéndose a indemnizar dentro de los límites pactados, el daño producido al tomador, al asegurado o al beneficiario, o a pagar un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, todo subordinado a la ocurrencia de un evento denominado siniestro, cubierto por una póliza.

    Las disposiciones del contrato de seguro se aplicarán a los convenios mediante los cuales una persona se obliga a prestar un servicio o a pagar una cantidad de dinero en caso de que ocurra un acontecimiento futuro e incierto y que no dependa exclusivamente de la voluntad del beneficiario a cambio de una contraprestación, siempre que no exista una ley especial que lo regule.

    Cabe aquí señalar las obligaciones de las partes, que se encuentran claramente definidas en el capítulo V del Decreto de Ley Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, en sus artículos 20 y 21:

    El tomador, el asegurado o el beneficiario, según el caso deberá:

    1. - Llenar la solicitud del seguro y declarar con sinceridad todas las circunstancias necesarias para identificar el bien o personas aseguradas y apreciar la extensión de los riesgos, en los términos indicados.

    2. - Pagar la prima en la forma y tiempo convenidos.

    3. - Emplear el cuidado de un diligente padre de familia para prevenir el siniestro.

    4. - Tomar las medidas necesarias pata salvar o recobrar las cosas aseguradas o para conservar sus restos.

    5. - Hacer saber a la empresa de seguro en el plazo establecido en este Decreto Ley después de la recepción de la noticia, el advenimiento de cualquier incidente que afecte su responsabilidad, expresando claramente las causas y circunstancias del incidente ocurrido.

    6. Declarar al tiempo de exigir el pago del siniestro los contratos de seguro que cubre el mismo siniestro.

    7. - Probar la ocurrencia del siniestro.

    8. - Realizar todas las acciones necesarias para garantizar a la empresa de seguros ejercicio de su derecho de subrogación.

       Son obligaciones de las empresas de seguros:

    1. - Informar al tomador, mediante la entrega de la póliza y demás documentos, la extensión de los riesgos asumidos y aclarar, en cualquier tiempo, cualquier duda que este le formule.

    2. - Pagar la suma asegurada o la indemnización que corresponda en caso de siniestro, en los casos establecidos en el Decreto de Ley o rechazar mediante escrito debidamente motivado, la cobertura del siniestro.

       Pronunciándose sobre la causa bajo análisis, se evidencia de autos que en fecha 09 de diciembre de 2008, ocurrió el siniestro por el cual la parte actora reclama indemnización, (por cuanto ambas partes concuerdan en estos hechos, por lo que no necesitan ninguna prueba), siendo que luego, a través de correspondencia de fecha 20 de abril de 2009, la aseguradora notificó al asegurado la no procedencia de su reclamo, basándose en la cláusula 9 de las Condiciones Particulares del Condicionado de la póliza del auto (el cual, por lo demás ambas partes traen al proceso), aduciendo que la maniobra realizada por el conductor del vehículo (velocidad de 80 Km./h no permitida por la vía por la que circulaba) contraviene lo dispuesto en el artículo 254, ordinal 1, literal b de la Ley de T.T..

       Ahora bien, con respecto a los deberes establecidos en el artículo del Decreto de Ley Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, el autor A.M.H., en su obra Curso de Derecho Mercantil, Los Contratos Mercantiles, Tomo IV, señala:

       Todas las obligaciones enunciadas en la anterior disposición pueden agruparse en cuatro categorías: pagar la prima; notificar la alteración de los riesgos; evitar el siniestro; participar el siniestro y evitar su agravación.

       De allí que se infiere que el contenido de la cláusula 9, punto central y álgido de la defensa de la accionada, se subsume en el deber de evitar el siniestro pues el tomador, el asegurado o el beneficiario no deben infringir las normas de circulación, pues así propiciaría la ocurrencia del daño asegurado.

       En el caso en concreto, observa quien esto juzga que en las actuaciones del Cuerpo de Vigilancia de T.T., traídas en copia certificada y valoradas más arriba, folios 09 al 14, contentivas del informe de accidente de tránsito levantado por la autoridad de tránsito, de planilla con la versión del conductor sobre los hechos, del acta de avalúo y del acta policial donde el funcionario de tránsito dejó constancia de las diligencias policiales que fueron practicadas en la investigación, no se reporta infracción a las normas de tránsito (vuelto del folio 11). Y así se determina.

       Al respecto, en el Reglamento de la Ley de T.T., publicado en la Gaceta Oficial N° 5.420 del día 26 de junio de 1998, se dictamina en el artículo 401:

       El Cuerpo de Vigilancia del Tránsito es el órgano competente designado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para ejercer las funciones de control y dirección de la circulación en el ámbito de su jurisdicción, sin perjuicio de otras competencias concurrentes, y tendrá las siguientes atribuciones:

       OMISIS.

       Conocer de las infracciones previstas en la Ley de T.T. y aplicar las sanciones administrativas correspondientes, de conformidad con la Ley su Reglamento.

       OMISIS.

       Así las cosas, es palmario que los funcionarios con la competencia para imponer multas y/o sanciones por la inobservancia de las leyes de tránsito, son los adscritos al Cuerpo de Vigilancia del Tránsito. Y así se decide.

       Vale, no obstante, señalar aquí el contenido del artículo 254 invocado por la demandada:

       Las velocidades a que circularán los vehículos en las vías públicas serán las que indiquen las señales del tránsito en dichas vías.

       En caso de que en las vías no estén indicadas las velocidades, el máximo de ésta será el siguiente:

    1. En carreteras:

       1. 70 kilómetros por hora durante el día.

       2. 50 kilómetros por hora durante la noche.

       OMISIS

    3. En autopistas:

       1. 90 kilómetros por hora como velocidad constante en el canal izquierdo o canal de circulación rápida.

       2. 70 kilómetros por hora como velocidad máxima en el canal derecho o canal de circulación lenta.

       3. Cuando la vía presente circunstancias anormales por causas de reparación, lluvia, neblina, pista húmeda u otras causas, se deberá disminuir la velocidad de tal manera que no se ponga en peligro la circulación.

       Y en el Reglamento en cuestión, su artículo 231 establece:

       A los efectos de Ley de T.T. y de este Reglamento en materia de circulación, se entiende por:

       (…)

    8. Autopista: Vía especialmente diseñada para altas velocidades de operación, con los sentidos de flujo aislados por medio de separador central, sin intersecciones de nivel y con el control total de accesos.

       (…)

    17. Carretera Convencional: Son las carreteras pavimentadas que no reúnen las características propias de las autopistas, vías expresas ni vías rápidas.

    18. Carreteras: Son aquellas vías destinadas al tránsito automotor de carácter extraurbano.

        Siendo que de manera cotidiana entendemos que una carretera es una vía de dominio y uso público, proyectada y construida fundamentalmente para la circulación de vehículos automóviles. Se distingue de un simple camino porque está especialmente concebida para la circulación de vehículos de transporte. Mientras una autopista es una vía de circulación de automóviles y vehículos terrestres de carga, que es rápida y segura, y admite un volumen de tráfico considerable, con una serie de características que la diferencian de una carretera normal. Y para poder ser calificada como autopista, una vía de circulación la doctrina indica que debe reunir las siguientes características:

    1. Dos bandas de circulación, una para cada sentido, separadas entre sí por una franja ancha de terreno o por vallas de protección.

    2. Al menos dos carriles de circulación en cada banda.

    3. Márgenes laterales en cada banda, para que un vehículo pueda detenerse en caso de emergencia sin obstaculizar el tráfico.

    4. Curvas poco pronunciadas para que los vehículos no tengan que aminorar la marcha al circular por ellas.

    5. Ausencia de cruces a nivel, que se resuelven mediante pasos superiores o inferiores.

    6. Entradas y salidas con carriles, separados de los principales, de desaceleración y de aceleración para que los vehículos que salen o entran en la autopista cambien su velocidad fuera de ella.

    7. Las salidas y entradas están situadas casi siempre en el lado derecho en el sentido de la marcha, ya que el carril izquierdo es el de adelantamiento y, por lo tanto, el más rápido.

    8. El acceso a los inmuebles colindantes con la autopista no se realiza directamente desde la misma a menos que se utilicen entradas y salidas como las antes descritas. En las zonas urbanas es habitual la existencia de calles paralelas situadas a cada lado denominadas "vías de servicio" o "colectoras" que permiten el acceso a los inmuebles que limitan con la autopista sin perturbar el tránsito de la misma.

       En el caso de autos, el accidente ocurre en la carretera L.Z., en el sector de Sicare. El funcionario de tránsito actuante señala en el Acta Policial levantada que esta carretera “está compuesta por cuatro canales de circulación, dos para cada sentido, separados por una doble línea de barrera, (…) y donde se proyecta una recta”. Pero no indica infracción cometida de ninguna especie ni tampoco relacionada con la velocidad a la que iba el vehículo siniestrado.

       Así, siendo de una claridad meridiana la falta de demostración de la infracción alegada (por cuanto el funcionario de tránsito actuante no lo señaló en sus actuaciones), es forzoso para quien decide desechar la defensa en análisis de la parte accionada. Y así se decide.

       En referencia a la segunda defensa de la accionada relativa a la falta de entrega de los recaudos, es preciso señalar que el tomador, el asegurado o el beneficiario tienen el deber de notificar la ocurrencia del siniestro al asegurado dentro del plazo de cinco días hábiles de haberlo conocido, salvo que en la póliza se haya fijado un plazo mayor. La notificación permite al asegurador prepararse para cumplir su obligación principal, poner en funcionamiento los mecanismos de su empresa dispuestos para atender los siniestros, verificar los hechos, obtener informes de los peritos ajustadores de siniestros, preparar la liquidación técnica del siniestro y establecer un estado provisional de los hechos, de manera que no ocurran manipulaciones contrarias al interés del asegurador. El tomador, el asegurado o el beneficiario deben suministrar al asegurador información sobre las circunstancias del siniestro y sobre sus consecuencias.

       La empresa de seguros quedará exonerada de toda responsabilidad si el obligado hubiese omitido hacer la declaración del siniestro en el plazo fijado, a menos que éste compruebe que la misma dejó de realizarse por un hecho ajeno a su voluntad.

       En este orden de ideas cabe destacar que la regulación legal de la pretensión de cumplimiento de contrato de seguro, parte del derecho común, del régimen legal del contrato, establecido en el Código Civil, así:

       Artículo 1.159.- Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes.

       Artículo 1.264.- Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas. El deudor es responsable de daños y perjuicios, en caso de contravención.

       Artículo 1.160.- Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no sólo a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se deriven de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la ley.

       Artículo 1.167.- En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello.

       De la lectura de tales normas se desprende que las obligaciones deben cumplirse en la forma en que han sido contraídas y que, tratándose del contrato bilateral, en caso de incumplimiento por una de las partes, la otra puede, a su elección, reclamar judicialmente la ejecución o cumplimiento o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello.

       Y para que se configure la pretensión de cumplimiento de contrato es necesario que: a) Que se trate de un contrato bilateral. b) Que haya incumplimiento del contrato, es decir inejecución de la obligación por la parte demandada. Para los casos de incumplimiento parcial, el Juez determinará la procedencia de la acción, ateniéndose a la voluntad de las partes. c) Que el incumplimiento se origine por culpa de la parte demandada, puesto que si el contrato se incumple por causa no imputable, no habrá lugar a intentar la acción.

       En el presente caso es necesario aplicar además, las normas especiales sobre el contrato de seguro contenido en el Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, publicado en la Gaceta Oficial No. 5.553 Extraordinario de fecha 12 de noviembre de 2001, en particular la que a continuación se transcribe:

       Artículo 39.- El tomador, el asegurado o el beneficiario debe notificar a la empresa de seguros la ocurrencia del siniestro dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles de haberlo conocido, salvo que se haya fijado en la póliza un plazo mayor.

       El tomador, el asegurado o el beneficiario debe, además, dar a la empresa de seguros toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro.

       La empresa de seguros quedará exonerada de toda responsabilidad si el obligado hubiese dejado de hacer la declaración de siniestro en el plazo fijado, a menos que compruebe que la misma dejó de realizarse por un hecho ajeno a su voluntad. (Resaltado propio).

       La norma transcrita ut supra establece que en el contrato de seguro la empresa aseguradora responderá por los siniestros asegurados en los términos establecidos en la póliza de seguros, teniendo la obligación de indemnizar al beneficiario en los términos establecidos en el contrato de seguro. Y el asegurado, tiene la obligación fundamental de pagar la prima y cumplir las demás obligaciones establecidas en el contrato. Así que forma parte también, muy importante, de la regulación legal de la relación contractual entre el demandante y la demandada las disposiciones del contrato de seguro celebrado entre ellos.

       Y se evidencia que en el condicionado de la póliza de seguro contratada (que es traída en original por ambas partes, con un mismo contenido pese a diferencia en su presentación), insertos a los folios 21 al 28 y del 107 al 114, se pactó en la Cláusula 5 de las condiciones particulares, que “al ocurrir cualquier siniestro el ASEGURADO o EL BENEFICIARIO deberá: (…) d. Proporcionar al ASEGURADOR dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha del siniestro, los recaudos pertinentes que razonablemente pueda exigir. El ASEGURADOR se reserva el derecho de solicitar recaudos adicionales por una sola vez dentro del plazo establecido en la Cláusula 10. PAGO DE INDEMNIZACIÓN de las Condiciones Generales”.

       En el caso de autos, la accionada aduce que los recaudos exigidos no fueron entregados, y para probarlo trae a los autos correspondencia de fecha 22 de mayo de 2009, con firma suscrita como recibido, donde con fundamento en la referida cláusula 5, la empresa aseguradora le participa al demandado que requiere la consignación de recaudos allí especificados, otorgándole 15 días hábiles, y advirtiéndole que “caso contrario la compañía quedará relevada de la obligación de indemnizar, de conformidad con la cláusula 4 del citado condicionado”.

       De tal manera, que siendo que la excepción non adimpleti contractus, está preceptuada en el artículo 1.168 del Código Civil, que textualmente dice: ‘En los contratos bilaterales, cada contratante puede negarse a ejecutar su obligación si el otro no ejecuta la suya, a menos que se hayan fijado fechas diferentes para la ejecución de las dos obligaciones’, y no evidenciándose en autos el cumplimiento de la obligación de entregar los recaudos exigidos el 22 de junio de 2009 a la parte accionante, considera esta Juzgadora improcedente en derecho la pretensión del actor. Y así se decide.

       DECISIÓN

       Por las razones antes expuestas este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

    1. SIN LUGAR la acción por motivo de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO interpuesta por el ciudadano J.V.Á.M., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No 5.939.733, contra COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL DE SEGUROS LA PREVISORA, inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda en fecha 01 de septiembre de 2003, anotada bajo el Nº 17, tomo 120.

    2. SE CONDENA EN COSTAS a la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber sido totalmente vencida.

       PUBLÍQUESE, incluso en la página WEB del Tribunal, REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE TANTO A LAS PARTES COMO A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

       Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO TERCERO DE MUNICIPIO DE IRIBARREN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en Barquisimeto a los 29 días del mes de octubre de 2010. Años 201º de la Independencia y 151º de la Federación

       La Juez,

       Abg. P.R.P.

       La Secretaria,

       Abg. I.G.