Decisión de Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de Apure, de 18 de Octubre de 2006
| Fecha de Resolución | 18 de Octubre de 2006 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario |
| Ponente | Margarita Garcia |
| Procedimiento | Acción De Amparo Constitucional |
En su nombre
Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur
ASUNTO: 1.195
DEMANDANTES: J.J.G., J.I. BRICEÑO, J.R. GIRON GALINDO, ROSAURA AYALA G., K.N., S.J. RIVERO, ENDERS J.M., J.M.R., J.B., B.R.Q., M.E. COLINA, LEVÍ BALZA, L.A. COHEN, GISELA ZAMBRANO, ANA BATA, NANCY VIERA, ALFREDO RUMBOS, ÁNGEL ARGUELLO, FELICIANO SEIJAS, I.O., J.T. OJEDA, ALIRIO VÉLEZ, J.G.Á., R.G., FREDY BARRAGÁN, NEYLA ARTAHONA, MANUEL TIRADO, Y.R., JESÚS SANGUINETTY, C.E. MONTILLA, CESAR DÍAZ, N.G. KLEIVAN, J.R., DANIEL CARRASQUEL, JOSÉ PEÑA, CARLOS LANDAETA, ARGENIS MIRABAL, EUDAR LÓPEZ y R.E., venezolanos, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nos. 8.144.647, 6.976.446, 9.595.112, 12.334.666, 13.063.559, 9.868.006, 11.755.304, 9.105.645, 8.145.465, 8.067.711, 13.004.108, 11.865.340, 11.290.811, 5.030.559, 9.653.478, 4.963.906, 14.520.914, 9.991.331, 11.237.796, 13.559.836, 11.710.902, 9.261.904, 10.561.270, 11.236.647, 11.151.678, 16.127.478, 11.243.787, 11.547.002, 10.564.047, 11.761.876, 15.680.400, 15.329.868, 13.805.723, 16.528.436, 16.980.436, 17.202.435, 17.609.732, 14.492.191 y 17.851.321.
ABOGADO DE LA DEMANDANTE: R.C. VILLAFAÑE AGUILAR, abogado, de este domicilio, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 70.542.
DEMANDADOS: HUMBERTO TAQUIVA, JOSÉ LAVADO, RAFAEL NADALLES, N.H., L.H., ANDYGIL RODRÍGUEZ CORREA, J.S., PEDRO OJEDA, Y.R., H.M., Y.T., M.C., EDUARDO EL KHATIB, E.N., J.A. OJEDA, M.P. y Á.B., titulares de la cédula de identidad Nos. 11.186.593, 11.242.416, 16.144.517, 13.254.521, 16.511.907, 15.999.253, 15.145.911, 17.200.830, 13.938.446, 11.244.013, 17.851.868, 14.520.274, 17.201.224, 14.694.560, 17.200.833, 16.976.330 y 16.270.600.
MOTIVO: RECURSO DE A.C..
Alegan los Recurrentes.
Que los presuntamente agraviantes, desde el 08 de noviembre de 2004, mantienen tomada y trancada con una cadena y candado todas las puertas de entrada a la sede académica del Instituto Universitario de Tecnología del Estado Apure (IUTAP), ubicada en la carretera Nacional Mantecal El Samán, sector Módulos de MANTECAL, jurisdicción de la Parroquia Mantecal del Municipio Muñoz del Estado Apure, no permitiéndoles a los accionantes, el acceso a las referidas instalaciones para realizar sus labores académicas, afectando no solamente los derechos de todos ellos, sino también al resto de la comunidad universitaria y a terceros que de forma indirecta se ven perjudicados por la acción de estos ciudadanos, por lo cual viola flagrantemente el Derecho al Trabajo y a la Educación.
En fecha 15 de noviembre de 2004, el Juzgado Segundo del Municipio Muñoz de esta Circunscripción Judicial, dio por recibido y visto el presente amparo constitucional, en el que se declaro Incompetente por la Materia, declinando la Competencia a este Juzgado Superior.
En fecha 10 de enero de 2.005, se recibió en este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo, expediente signado con el N° 281-04, proveniente del Juzgado Segundo del Municipio Muñoz, el recurso de amparo constitucional ejercido por los ciudadanos J.J.G., J.I. BRICEÑO, J.R. GIRON GALINDO y OTROS, asistidos por el Abogado R.C. VILLAFAÑE AGUILAR, portador de la cedula de identidad Nº 10.622.371, contra los ciudadanos HUMBERTO TAQUIVA, JOSÉ LAVADO, R.N. y OTROS. En el que se admitió la presente acción de A.C., ordenándose las notificaciones de Ley.
I
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.
Previamente destaca este Juzgado Superior que en razón al carácter restablecedor que distingue al amparo constitucional, precisamente sobre derechos de naturaleza fundamental, indubitablemente la conducta violatoria hacia tales derechos constitucionales debe ser igualmente actual, pues de lo contrario resultaría inútil e inoperante el uso que pueda hacerse de esta extraordinaria acción, además del interés que deben mantener las partes durante todo el proceso de que sus derechos constitucionales sean protegidos por esta vía, habida cuenta que la inactividad en el iter procedimental de quienes pretenden una restitución en el ejercicio de los derechos fundamentales, ha sido interpretada por la jurisprudencia patria como un desistimiento de la acción o un abandono del trámite, que inexorablemente trae como consecuencia la extinción de la instancia.
En este contexto, se observa que el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en relación con la institución del desistimiento o abandono del trámite, expresamente dispone:
Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de inminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres. El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será sancionado por el Juez de la causa o por el Superior, según el caso, con multa de Dos Mil Bolívares (Bs. 2.000,oo) a Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000.oo)
.
La disposición normativa antes transcrita, fue interpretada por la Sala Constitucional de nuestro M.T. de la forma que a continuación se indica:
…En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse (entre otros supuestos), como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional, una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora …omissis… Así a pesar de que el dictado de la providencia que libró la orden de notificación coloca el peso de la reanudación del procedimiento en cabeza del Tribunal, esta circunstancia no releva al actor, supuestamente urgido de la tutela constitucional, de su carga de tomar conocimiento de la causa y de actuar en el procedimiento a través del cual pretendía, ante la falta de idoneidad de las vías ordinarias de protección constitucional.
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de la admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y con ello, la extinción de la instancia. Así se declara…
Con fundamento en lo expuesto, este Juzgado Superior, observa que consta en autos que la presente causa se encuentra inactiva desde que este Juzgado Superior, admitió el presente amparo en fecha 10 de enero de 2.005, donde se libraron las notificaciones, tanto del Fiscal Superior del Ministerio Público, como de los demandados, por un lapso que superó con creces los seis (6) meses a que hizo referencia la sentencia parcialmente transcrita, sin que los accionantes hayan manifestado su interés en el impulso y continuidad del proceso, razón por la cual, este Tribunal en acatamiento a la sentencia citada ut supra, debe declarar el abandono del trámite en la presente acción de amparo constitucional, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y, en consecuencia, extinguida la instancia. Así se decide.
II
DECISIÓN.
Por todo lo anteriormente expuesto, esté Tribunal Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:
EL ABANDONO DEL TRAMITE y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en el RECURSO DE A.C., en contra los ciudadanos HUMBERTO TAQUIVA, JOSÉ LAVADO, R.N. y OTROS.
SE IMPONE UNA MULTA a la parte recurrente por la cantidad de CINCO MIL BOLÍVARES CON 00/100 (BS. 5.000,OO), conforme lo previsto en el único aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Publíquese, regístrese, cópiese y se ordena enviar el presente expediente al archivo judicial. Librese oficio al Archivo Judicial.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho de este Juzgado Superior a los dieciocho (18) día del mes de Octubre de dos mil seis (2006). Años: 196° y 147°.-
La Jueza Superior Suplente Especial,
Dra. M.G. deR..
La Secretaria Temporal,
I.F..
Exp. Nº 1.195.-
MGdR/if/doug.-
