Decisión nº 1 de Juzgado Primero de Primera Instancia Civil y Mercantil de Merida (Extensión Mérida), de 16 de Junio de 2011

A los folio 12, 13 y 14 obran en copia certificadas acta de defunción de los causantes T.J.d.M. y C.S.M.M., expedidas la primera por el Jefe Civil de la Parroquia Catedral, Municipio Irribarren, del Estado Lara, acta N° 3227 de fecha tres de enero del 2008 y la segunda por la Registro Civil Parroquia M.P.S.d.M.L.M.E.M., acta N° 57 de fecha 20 de mayo del año 2009. Visto y analizado los precitados documentos, este Tribunal les asigna el valor probatorio a que se contrae el artículo 1.359 del Código Civil, ya que dichos documentos no fueron tachados de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil. Y así se declara.

A los folios 13 al 23 obran en sus originales certificaciones de solvencias de sucesiones de los causantes Moncayo Mejias Segundo y Jáuregui de Moncayo Teresa bajo sus Nros. 0261925 y 0307107 y sus correspondientes Planillas de Declaración Sucesoral Forma 32 Nros 00023698 y 0078958, de fechas 17 de junio de 2009 y 19 de agosto de 2008. Vistos y analizados los documentos antes señalados los cuales no fueron impugnados por las partes demandadas, a los que este Tribunal valora como documentos administrativos. Sobre este particular el Juzgado observa que en reiteradas jurisprudencias se ha señalado que los documentos de los funcionarios públicos, en ejercicio de sus competencias específicas, constituyen un género de prueba instrumental, que por referirse a actos administrativos de diversa índole, su contenido tiene el valor de una presunción respecto a la veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de la ejecutividad y ejecutoriedad, que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que, por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario, toda vez, que es posible desvirtuar la procedencia del documento administrativo por cualquier otra prueba.

La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia de fecha 21 de junio de 2.000, al referirse a este tipo de documento señala que:

... El documento administrativo es una actuación que por tener la firma de un funcionario administrativo, está dotado de una presunción de legalidad (...) el documento administrativo por su carácter no negociado o convencional, no se asimila al documento público definido en el artículo 1.357 del Código Civil, pero, en razón de su autenticidad, es decir, certeza de su autoría, de su fecha y de su firma, en lo que respecta a su eficacia probatoria si se asemeja al valor probatorio de los documentos auténticos a que se contrae el artículo 1.363 del Código Civil, pues la verdad de la declaración en él contenida hace plena fe hasta prueba en contrario...

Por su parte, la Sala Político-Administrativa, de fecha 2 de diciembre de 1993, que al referirse al documento público, expresó lo siguiente, que a continuación se transcribe:

En particular define el artícu¬lo 1.357 del Código Civil el documento público, como aquél (sic) que ha sido autorizado con las formalidades legales por un Registrador, por un juez o por otro funcionario o empleado público que tenga facultad de darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. El ar¬tículo 1.384 atribuye a los traslados y las copias o testimonios de los documentos públicos o de cualquier otro documento auténtico, la misma fe de los originales si los ha expedido el funcionario competente con arreglo a las leyes’.Por otro lado, para esta Corte son Documentos, Administrativos, aquellos documentos emanados de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias específicas, los cuales constituyen un género de la prueba instrumental, que por referirse a actos administrativos de diversa índole, su contenido tiene el valor de una presunción respec¬to a su veracidad y legitimidad, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad, que le atri¬buye el artículo 8° de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario. Estos documentos están dotados de una presunción favorable a la veracidad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones, que puede ser destruida por cualquier medio legal. En consecuencia, no es posible una asimilación total entre el documento público y el documento administrativo, porque puede desvirtuarse su certeza por otra prueba pertinente e idónea, y no sólo a través de la tacha de falsedad...".

El criterio antes expresado fue ratificado por decisión de la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 6 de junio de 2002, con ponencia del Magistrado Dr. O.V., expediente número 00957.

En consecuencia, de la revisión de la mencionada declaración sucesoral se evidencia el carácter de herederos los ciudadanos O.D.O.J. y Jáuregui Reinaldo de la causante T.J.d.M., partes demandadas, del bien inmueble objeto del presente juicio, por lo que este Tribunal le asigna la eficacia probatoria y el valor jurídico que se desprende del contenido del artículo 1.363 del Código Civil, vale decir, el de plena prueba. Y así se declara.

Tercero: A los folios 24 al 26 con sus respectivos vueltos obra en copia simple documento de propiedad, donde se evidencia la propiedad, donde se evidencia la compra venta realizada por la causante T.J.d.M., sobre el inmueble objeto del presente juicio, documento al que este Tribunal le asigna el valor probatorio a que se contraen los artículos 1.357 y 1.360 del Código Civil, ya que dicho documento no fue tachado de falsedad conforme a los artículos 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil. Y así se declara.

DEL INFORME DE PARTICIÓN.

A los folios 294 al 297 obra informe presentado por el ciudadano Rhobermen O.O.P., con el carácter de partidor designado por este Tribunal:

• De conformidad a lo previsto en el artículo 1.076 del Código Civil: Primero: Herederos legítimos de los causantes y sus cuotas hereditarias: La indicación de las cuotas partes hereditarias dejadas por la causante T.J.d.M.M., de conformidad con lo previsto en el artículo 822 del Código Civil le corresponde así:

• A.C.M.J., venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 9.474.395, le corresponde el diez por ciento (10%), del cincuenta por ciento (50%), por herencia a todos los coherederos por la muerte de su madre y causante T.J.d.M.,

omissis”; mas un sesenta por ciento (60%), que le corresponde por su cuota parte hereditaria, en representación de su padre y causante C.S.M.M., quien a su vez lo obtuvo de la siguiente manera: Un cincuenta por ciento (50%), que le corresponde por herencia a todos los coherederos, para un total de sesenta por ciento (60%), por lo tanto le corresponde en total sobre los bienes hereditarios a partir la cantidad de setenta por ciento (70%).

• R.J., venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad N° V- 13.113.527, le corresponde el Diez por ciento (10%), del Cincuenta por ciento (50%), por herencia “omissis”, a todos los coherederos por la muerte de su madre y causante T.J.d.M., por lo tanto le corresponde en total sobre los bienes hereditarios a partir la cantidad de Diez por ciento (10%).

• A O.O.J., venezolano, mayor de edad, casado, titular de al cédula de identidad N° V-4.925.460, le corresponde el Diez por ciento (10%), del Cincuenta por ciento (50%), por herencia “omissis”, a todos los coherederos por la muerte de su madre y causante T.J.d.M., por lo que le corresponde en total sobre los bienes hereditarios a partir la cantidad de Diez por ciento (10%).

• A.J., venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad N° V-15.833.154, le corresponde el Diez por ciento (10%), del Cincuenta por ciento (50%), por herencia “omissis”, a todos los coherederos por la muerte de su madre y causante T.J.d.M., por lo que le corresponde en total sobre los bienes hereditarios a partir la cantidad de Diez por ciento (10%).

• Bienes de la herencia: La totalidad del valor de una apartamento integrante del conjunto residencial “el trapiche”, marcado con el N° 2C-2-4 con sus respectivo puesto de estacionamiento señalado con el N° 2C-2-4, ubicado en la ciudad de Ejido, Parroquia Montalbán, Municipio Campo E.d.E.M.; con un aproximada de ciento once (111) metros, y consta de las siguientes dependencias: hall star, comedor, dormitorio principal con closet y baño, dos (02) dormitorios auxiliares con sus closet y baño, dos (02) dormitorio auxiliares con su closet, baño auxiliar, cocina ,zona de oficios y estacionamiento. Adquirido tal y como se evidencia de documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Inmobiliario del Municipio Campo Elías, de M.e.M., en fecha 24/12/1979, bajo el N° 130, libro 1°, adicional, Protocolo 1°, Trimestre 4to, del referido año.

• Este bien según avalúo del experto tiene un valor actual de Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 355.644,00)

• En vista de que existe un solo bien a partir, el cual por su naturaleza es indivisible, por lo que prácticamente imposible hacer adjudicaciones del acervo hereditario existente.

• Señalo al tribunal y a los coherederos de la presente partición, las siguientes opciones.

• Opción 01: En virtud de que la coheredera A.C.M.J., le corresponde el setenta (70%) por ciento, sobre el bien hereditario a partir, propone que la misma adquiera la cuota parte hereditaria que le corresponde a los otros tres (03) coherederos, y que ascienden de acuerdo con el peritaje realizado sobre el bien a partir, en la cantidad de Ciento Seis Mil seiscientos Noventa y Tres Bolívares con 20/100 Céntimos (106.693,20); es decir que a cada uno de los otros tres coherederos les corresponde por su cuota parte (10%), la cantidad de Treinta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Bolívares con 40/100 Céntimos (35.564,40), en caso de que se acepte la presente propuesta, la coheredera A.C.M.J., deberá consignar tres cheques de gerencias a nombre de los coherederos, o uno a nombre del Tribunal para la cancelación del acervo hereditario correspondiente, y de esta manera dar por concluida la presente partición.

• Opción 02: En caso de que no se acepte la propuesta anterior, surgiere que el bien objeto de la presente partición sea llevado a subasta pública, tomando en consideración el avalúo que sobre el mismo ya existe en el presente expediente, y al someterlo al remate judicial, el producto de la venta del mismo sea repartido en la proporción señalada para cada coheredero.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

IV

La presente acción versa sobre la partición de un bien inmueble ubicado en el conjunto residencial “el Trapiche”, marcado con el N° 2C-2-4 con sus respectivo puesto de estacionamiento señalado con el N° 2C-2-4, ubicado en la ciudad de Ejido, Parroquia Montalbán, Municipio Campo E.d.E.M.; adquirido por compra venta que hiciera la causante T.J.d.M., en fecha diecisiete del mes de mayo del año mil novecientos ochenta y tres. Para este juzgador hace necesario, señalar lo que es la partición, y a tal efecto, el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de M.O., reseña:

"Partición: El concepto genérico conocido es el de división o reparto en dos o más partes o entre dos o más partícipes más en especial en el mundo jurídico, la distribución o repartimiento de un patrimonio singularmente la herencia o una masa social de bienes entre varias personas con iguales o diversos derechos sobre el condominio a que se pone fin."

De lo antes expuesto se infiere que la partición de bienes comunes, es el proceso de separación de éstos que tiene por finalidad otorgar a cada una de las personas, sobre los derechos de los bienes indivisos, la parte material o porción que realmente le corresponde.

Nuestro ordenamiento jurídico estableció los mecanismos que dispone el comunero para solicitar dicha partición, por que a nadie puede obligarse a permanecer en comunidad, esta establecido en el artículo 777 del Código de Procedimiento Civil que reza:

“La demanda de partición o división de bienes comunes se promoverá por los trámites del procedimiento ordinario y en ella se expresará especialmente el título que origina la comunidad, los nombres de los condóminos y la proporción en que deben dividirse los bienes. Si de los recaudos presentados, el Juez deduce la existencia de otro u otros condóminos, ordenará de oficio su citación."

De igual forma, el Código Civil Venezolano, en su artículo 760 establece:

La parte de los comuneros en la cosa común, se presume igual, mientras no se pruebe otra cosa. El concurso de los comuneros, tanto en las ventajas como en las cargas de la comunidad, será proporcional a las respectivas cuotas

. (Subrayado del Juez).

Lo anteriormente expuesto, conduce a este juzgador que la comunidad, implica la parte de cada uno de los comuneros en la cosa común por lo tanto en esa misma medida concurren tanto en las cargas como en los beneficios, sin embargo el derecho tutela ese estado de comunidad, siempre que exista el deseo de permanecer en ella, a este respecto establece el artículo 768 ejusdem:

A nadie puede obligarse a permanecer en comunidad y siempre puede cualquiera de los partícipes demandar la partición

. (Subrayado del Juez).

El ordenamiento jurídico concede al propietario la facultad de intentar las acciones para poner fin estado de comunidad, de su derecho, entre las cuales tenemos el procedimiento de partición, el cual exige como requisitos para su procedencia: a) que se realice por los trámites del procedimiento ordinario, b) que se exprese el título que origina la comunidad, c) el nombre de los condóminos y d) la proporción en que deben dividirse los bienes.

De lo anteriormente expuesto quien suscribe el presente pronunciamiento, observa que las partes en el transcurso del proceso confirman la existencia de una comunidad y la misma no ha sido liquidada, por lo que les asiste el derecho de partición. Y ASÍ SE DECLARA.

Ahora bien, el procedimiento a seguir en el juicio de partición está regulado en los artículos 777 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Es así como el artículo 778, ejusdem, establece: “En el acto de la contestación, si no hubiere oposición a la partición, ni discusión sobre el carácter o cuota de los interesados y la demanda estuviere apoyada en instrumento fehaciente que acredite la existencia de la comunidad, el Juez emplazará a las partes para el nombramiento del partidor…”.

De la norma antes trascrita se puede inferir que:

1. Si al contestar la demanda de partición no existe oposición a ésta, o discusión sobre el carácter o la cuota que pretenden los interesados, y además la acción se sustenta en un instrumento fidedigno que demuestre que realmente hay una comunidad de bienes indivisos, el Juez convocará a las partes a los fines de que designen al partidor. En consecuencia, se aprecia que, por no haber oposición a la partición, no existe la necesidad de un procedimiento ordinario que permita la creación de un juicio cognoscitivo, el cual conduzca al Sentenciador a determinar la procedencia o improcedencia de la acción propuesta, en razón de que las partes están de acuerdo en realizar la división de los bienes objeto de partición, es decir, no hay contención entre las partes que deba ser resuelta por los órganos administradores de justicia.

2. Si en el acto de contestación se realiza la oposición, esto quiere decir, que los interesados discuten, impugnan los términos de la partición, el procedimiento se sustanciará por los trámites del juicio ordinario, en cuaderno separado, sin impedir la división de aquellos bienes cuyo dominio no se discute, o se contradice, es decir, al haber discusión sobre el carácter o cuota de los interesados el procedimiento se sustanciará y decidirá por los trámites del juicio ordinario y resuelto el juicio que embarace la partición se emplazará las partes para el nombramiento del partidor.

En el presente caso, se observa que en la oportunidad de contestación de la demanda, las partes demandadas, ciudadanos R.J. y O.D.O.J. no hicieron oposición, sino que por el contrario, expresaron admitir la existencia de la comunidad de bienes hereditarios, así como las alicotas que les corresponde sobre los derechos y acciones sobre el inmueble, tal como se evidencia en las declaraciones de sucesiones que obran agregados 15 al 23 del presente expediente. De lo cual se desprende que las partes no hicieron oposición; en tal sentido, el Tribunal Supremo de justicia en la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 29 de junio de 2006, Expediente Nº 06-0098, en relación al supuesto que no se haga oposición a la partición, ni se discuta sobre el carácter o cuota de los interesados, el trámite se configura como de jurisdicción voluntaria, a tal efecto señaló:

…siendo que la demandada no presentó oposición en la contestación de la demanda, el trámite siguiente del presente procedimiento de partición, se configura como de jurisdicción voluntaria, es decir, que no tiene naturaleza contenciosa por cuanto no existe conflicto de intereses de relevancia jurídica, ni parte demandada que conforme el elemento material de la jurisdicción para la cosa juzgada…

En conclusión, cuando llegada la oportunidad procesal para hacer oposición y los interesados no la efectúan, se entiende que están de acuerdo con los términos en que se demandó la partición; es decir, al no hacerse oposición no hay controversia, no hay impugnación sobre el carácter o cuota de los interesados, por lo que ante este supuesto el legislador le dio facultades al juez para proferir un pronunciamiento que es procedente la partición y ésta debe continuar, emplazando a las partes para que nombren partidor, en el término señalado en el artículo 778 antes citado.

De igual manera, se observa de las actas procesales, que una vez hecho del nombramiento del partidor y presentado su informe las partes demandadas no hicieron objeciones al informe del mismo, tal como se evidencia de nota de secretaria de fecha 17 de mayo del 2011 (folio 300), ante esta situación es conveniente destacar lo establecido en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil el cual dispone:

Presentada la partición al Tribunal se procederá a la revisión por los interesados en el término de los diez días siguientes a su presentación. Si estos no formularen objeción alguna, la partición quedará concluida y así lo declarará el Tribunal…

. (Negritas del Juez).

Por su parte, el artículo 786, expresa:

Si los interesados oponen a la partición reparos leves y fundados a juicio del Juez, mandará este a que el partidor haga las rectificaciones convenientes y verificadas, aprobará la operación

.

Al respecto, se ha pronunciado la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia de fecha 19-07-2000, Exp. 99-839, con Ponencia del Magistrado Dr. A.R.J., donde expresó:

…omissis…Ahora bien en lo que respecta a la adjudicación de las cuotas por el partidor, a su vez, el artículo 783 del Código de Procedimiento Civil prevé con mucha mayor precisión cómo ha de realizar tal actividad el referido funcionario. De modo que, efectivamente, el partidor está llamado por ley a realizar las referidas adjudicaciones, las que sólo serán definitivas si los interesados no hicieren objeción a ellas dentro del plazo de diez días siguientes a la presentación de la partición, tal como lo prevé el artículo 785 del mismo código…omissis

.(Negritas y Subrayado del Juez).

Como corolario de las consideraciones antes expuestas y de conformidad con la facultad otorgada en los artículos 12 y 15 del Código de Procedimiento Civil y con fundamento en lo establecido en los artículos 26 y 49 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y actuando este Juez en resguardo del legítimo derecho que tiene las partes en un proceso, a la defensa, y al acceso a los órganos de administración de justicia, para hacer valer sus derechos e intereses, y en apego a la aplicación de una tutela judicial efectiva, este Tribunal verificó lo solicitado por las partes actora y en virtud de las pruebas consignadas a los autos por la parte actora, las cuales son suficientes para acreditar la existencia de dicha comunidad, aunado al hecho que la parte demandada no hizo oposición alguna a la partición, ni mucho menos objeción al informe presentado por el partidor designado por este tribunal, es por lo cual, la presente acción de partición de bienes debe prosperar con los pronunciamientos correspondientes, tal y como será expuesto en la parte dispositiva del presente fallo. Y ASÍ SE DECLARA.

DECISIÓN

Por las razones que anteceden este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Constitución y sus Leyes, declara:

CON LUGAR LA PARTICIÓN, intentada por los ciudadanos A.C.M.J. y A.J., venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las cédulas de identidad números V.9.474.395 y V-15.833.154, respectivamente; contra los ciudadanos O.D.O.J. y JAUREGUI REINALDO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V.-4.925.460 y V- 13.113.527, respectivamente. Y ASÍ SE DECIDE.

Como consecuencia de la anterior decisión, se declara la partición, sobre un inmueble ubicado en el conjunto residencial “El Trapiche” marcado con el N° 2C-2-4, correspondiente al núcleo 2C, ubicado en la ciudad de ciudad de Ejido, Parroquia Montalbán, Municipio Campo Elías, integrante del edificio 2C del conjunto residencial El Trapiche y su correspondiente puesto de estacionamiento, señalado con el N° 2C2-4, dicho apartamento esta ubicado en el segundo piso del mencionado edificio, con un área aproximada de Ciento once (111) metros, y consta de las siguientes dependencias: hall star, comedor, dormitorio principal con closet y baño, dos (02) dormitorios auxiliares con sus closet y baño auxiliar, cocina, zona de oficios y estacionamiento, adquirido tal y como se evidencia de documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Inmobiliario del Municipio Campo Elías, de M.E.M., en fecha 21/12/1979, bajo el N° 130, libro 1° adicional, protocolo 1°, trimestre 4°. Valorado en la cantidad de Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Bolívares (Bs.355.644, 00), visto el informe de partidor este Tribunal realiza las siguientes adjudicaciones:

ADJUDICACIÓN PARA LA CIUDADANA A.C.M.J.:

Le corresponde en plena y exclusiva propiedad, el setenta por ciento (70%), de los derechos y acciones del valor total del Apartamento ubicado en la Urbanización “El Trapiche” marcado con el N° 2C-2-4, correspondiente al núcleo 2C, ubicado en la ciudad de ciudad de Ejido, Parroquia Montalbán, Municipio Campo Elías, integrante del edificio 2C del conjunto residencial El Trapiche y su correspondiente puesto de estacionamiento, señalado con el N° 2C2-4, dicho apartamento esta ubicado en el segundo piso del mencionado edificio, con un área aproximada de Ciento once (111) metros, y consta de las siguientes dependencias: hall star, comedor, dormitorio principal con closet y baño, dos (02) dormitorios auxiliares con sus closet y baño auxiliar, cocina, zona de oficios y estacionamiento, adquirido tal y como se evidencia de documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Inmobiliario del Municipio Campo Elías, de M.E.M., en fecha 21/12/1979, bajo el N° 130, libro 1° adicional, protocolo 1°, trimestre 4°.

Derechos y acciones éstos que le corresponden derivado de:

1. El diez por ciento (10%), del cincuenta por ciento (50%), por herencia de todos los coherederos de la causante T.J.d.M. según la declaración Sucesoral y su correspondiente Certificación de solvencia N° 598/2008, expedido por el SENIAT.

2. El sesenta por ciento (60%), por herencia como única hija del causante Moncayo Mejias C.S., conforme se evidencia de la Declaración Sucesoral del causante Moncayo Mejias C.S., según la declaración Sucesoral y su correspondiente Certificado de Solvencia de Sucesiones N° 403/2009, expedido por el SENIAT. Valorada en Ciento Seis Mil Seiscientos Noventa y Tres Bolívares (Bs.106.693, 00).

   ADJUDICACIÓN PARA EL CIUDADANO R.J.:

   Le corresponde en plena y exclusiva propiedad, el diez por ciento (10%), de los derechos y acciones del valor total del Apartamento ubicado en la Urbanización “El Trapiche” marcado con el N° 2C-2-4, correspondiente al núcleo 2C, ubicado en la ciudad de ciudad de Ejido, Parroquia Montalbán, Municipio Campo Elías, integrante del edificio 2C del conjunto residencial El Trapiche y su correspondiente puesto de estacionamiento, señalado con el N° 2C2-4, dicho apartamento esta ubicado en el segundo piso del mencionado edificio, con un área aproximada de Ciento once (111) metros, y consta de las siguientes dependencias: hall star, comedor, dormitorio principal con closet y baño, dos (02) dormitorios auxiliares con sus closet y baño auxiliar, cocina, zona de oficios y estacionamiento, adquirido tal y como se evidencia de documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Inmobiliario del Municipio Campo Elías, de M.E.M., en fecha 21/12/1979, bajo el N° 130, libro 1° adicional, protocolo 1°, trimestre 4°.

   Derechos y acciones éstos que le corresponden derivado de:

1. El diez por ciento (10%), del cincuenta por ciento (50%), por herencia de todos los coherederos de la causante T.J.d.M. según la declaración Sucesoral y su correspondiente Certificación de solvencia N° 598/2008, expedido por el SENIAT. Valorada en Treinta y Cinco mil Quinientos Sesenta y Cuatro Bolívares (Bs. 35.564, 00).

   ADJUDICACIÓN PARA EL CIUDADANO O.O.J.:

   Le corresponde en plena y exclusiva propiedad, el diez por ciento (10%), de los derechos y acciones del valor total del Apartamento ubicado en la Urbanización “El Trapiche” marcado con el N° 2C-2-4, correspondiente al núcleo 2C, integrante al núcleo ubicado en la ciudad de ciudad de Ejido, Parroquia Montalbán, Municipio Campo Elías, integrante del edificio 2C del conjunto residencial El Trapiche y su correspondiente puesto de estacionamiento, señalado con el N° 2C2-4, dicho apartamento esta ubicado en el segundo piso del mencionado edificio, con un área aproximada de Ciento once (111) metros, y consta de las siguientes dependencias: hall star, comedor, dormitorio principal con closet y baño, dos (02) dormitorios auxiliares con sus closet y baño auxiliar, cocina, zona de oficios y estacionamiento, adquirido tal y como se evidencia de documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Inmobiliario del Municipio Campo Elías, de M.E.M., en fecha 21/12/1979, bajo el N° 130, libro 1° adicional, protocolo 1°, trimestre 4°.

   Derechos y acciones éstos que le corresponden derivado de:

1. El diez por ciento (10%), del cincuenta por ciento (50%), por herencia de todos los coherederos de la causante T.J.d.M. según la declaración Sucesoral y su correspondiente Certificación de solvencia N° 598/2008, expedido por el SENIAT. Valorada en Treinta y Cinco mil Quinientos Sesenta y Cuatro Bolívares (Bs.35.564, 00).

   ADJUDICACIÓN PARA EL CIUDADANO A.J.:

   Le corresponde en plena y exclusiva propiedad, el diez por ciento (10%), de los derechos y acciones del valor total del Apartamento ubicado en la Urbanización “El Trapiche” marcado con el N° 2C-2-4, correspondiente al núcleo 2C, integrante al núcleo ubicado en la ciudad de ciudad de Ejido, Parroquia Montalbán, Municipio Campo Elías, integrante del edificio 2C del conjunto residencial El Trapiche y su correspondiente puesto de estacionamiento, señalado con el N° 2C2-4, dicho apartamento esta ubicado en el segundo piso del mencionado edificio, con un área aproximada de Ciento once (111) metros, y consta de las siguientes dependencias: hall star, comedor, dormitorio principal con closet y baño, dos (02) dormitorios auxiliares con sus closet y baño auxiliar, cocina, zona de oficios y estacionamiento, adquirido tal y como se evidencia de documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Inmobiliario del Municipio Campo Elías, de M.E.M., en fecha 21/12/1979, bajo el N° 130, libro 1° adicional, protocolo 1°, trimestre 4°.

   Derechos y acciones éstos que le corresponden derivado de:

1. El diez por ciento (10%), del cincuenta por ciento (50%), por herencia de todos los coherederos de la causante T.J.d.M. según la declaración Sucesoral y su correspondiente Certificación de solvencia N° 598/2008, expedido por el SENIAT. Valorada en Treinta y Cinco mil Quinientos Sesenta y Cuatro Bolívares (Bs.35.564, 00). Y ASÍ SE DECIDE.

En virtud que el inmueble no puede dividirse, se decreta subasta pública de conformidad con lo establecido en el artículo 1071 del Código Civil Venezolano, a efecto de someterlo al remate judicial. A los efectos de la subasta pública debe procederse al peritaje del bien que conforma el acervo patrimonial hereditario y consecuencialmente debe procederse a nombrar perito avaluador, a los fines que avalúe el referido bien y determine el valor actual del mismo. Por cuanto consta en los autos que no hay formuladas objeciones al escrito de partición, y en consecuencia cesa la comunidad sobre el citado bien que fue objeto de la misma. A cuyo efecto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 894 del Código Civil, se ordena la venta del inmueble aquí tantas veces citado y descrito en pública subasta; sin perjuicio de lo previsto en el artículo 788 del Código de Procedimiento Civil, y una vez registrado el escrito de partición, se efectúe el reparto proporcional de la cantidad de dinero objeto de dicha venta. Y ASI SE DECIDE.

Se ordena hacer su respectiva protocolización por ante el Registro de la partición señalada, una vez quede firme la presente decisión. Y ASI SE DECIDE.

Por la naturaleza del fallo no hay condenatoria en costas. Y ASI SE DECIDE.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, REGÍSTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA.

Dada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. En Mérida, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil once. Años: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

EL JUEZ ABG. J.C. GUEVARA L.

LA SECRETARIA ABG. AMAHIL ESCALANTE NEWMAN.