Decisión de Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Transito de Nueva Esparta, de 1 de Noviembre de 2007

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL ESTADO NUEVA ESPARTA

197° y 148°

1. Identificación de las partes

   Parte actora: F.J.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.200.095, domiciliado en Paraguachí, Municipio A.d.C.d.E.N.E..

   Apoderado judicial de la parte actora: Lalker P.N., abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 44.772, de este domicilio.

   Parte demandada: D.d.V.D.V., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.935.799, domiciliada en el caserío La Tagua, Municipio A.d.C.d.E.N.E..

   Apoderados judiciales de la parte demandada: M.E.C. y P.E.G.R., abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 25.165 y 70.662, respectivamente, ambos de este domicilio.

2. Reseña de las actas del proceso.

   Mediante oficio Nº 9763-02 de fecha 05-11-2002 (f. 86) el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta remite a este juzgado superior, el expediente Nº 6566-01, constante de 86 folios útiles, contentivo del juicio que por liquidación de la comunidad concubinaria sigue el ciudadano F.J.R. contra la ciudadana D.d.V.D.V., a los fines que esta alzada conozca el recurso ordinario de apelación ejercido por el abogado Lalker P.N., en su carácter de apoderado judicial de la parte actora contra el fallo dictado por el tribunal de la causa en fecha 02-10-2002.

   Por auto de fecha 15-11-2002 (f. 87 y 88) este tribunal le da entrada al asunto, ordena formar expediente y de conformidad con el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil le advierte a las partes que el acto de informes tendrá lugar el vigésimo día de despacho siguiente a la fecha del auto.

   En fecha 07-01-2003 (f. 90 al 95) el abogado M.E.C., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, consigna escrito de informes en esta alzada.

   Mediante diligencia de fecha 07-01-2003 (f. 96) el abogado Lalker Pérez en su condición de apoderado de la parte actora, consigna escrito de informes (f. 97 al 99)

   Por auto de fecha 28-01-2003 (f. 100) este tribunal declara vencido el lapso de observaciones a los informes, y la causa entró en etapa de sentencia a partir del día 21-01-2003 (inclusive), de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.

   En fecha 21-03-2003 (f. 101) el tribunal difiere la oportunidad para dictar sentencia en la presente causa para dentro de treinta (30) días continuos siguientes a esa fecha.

   Mediante diversas diligencias que constan en el expediente, el abogado M.E.C., en su carácter de apoderado de la parte demandada solicita se dicte sentencia en la causa.

   En la oportunidad legal este tribunal no dictó el fallo correspondiente, por lo cual pasa hacerlo ahora en los términos que se exponen:

3. Trámite de instancia

   La demanda

   La acción de liquidación de la comunidad concubinaria fue intentada por el ciudadano F.J.R., asistido por el abogado en ejercicio Lalker P.N., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 44.772, aduciendo en su libelo de demanda, lo siguiente:

   Que “…tuve una relación concubinaria con la ciudadana D.d.V.D.V., por más de tres (3) años, según consta de documento justificativo de concubinato el cual anexo a la presente demanda, marcada “A”; en el tiempo que duró la relación se adquirió un inmueble (casa) ubicado en el sector La Tagua, jurisdicción Municipio A.d.C. de esta entidad federal, según se evidencia de documento debidamente registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio A.d.E.N.E., en fecha 13 de febrero de 1998, quedando registrado bajo el N° 42, folios 243 al 255, protocolo primero, tomo quinto, primer trimestre del año 1998, el cual acompaño a la presente demanda marcado con la letra “B”, el inmueble tiene un valor actual de cuarenta millones de bolívares (Bs. 40.000.000,00)…”

   Que “…desde hace aproximadamente dos (2) años me separé de la ciudadana D.d.V.D.V., posteriormente le solicité en varias oportunidades a la mencionada ciudadana, para hacer de mutuo acuerdo y de manera formal la liquidación de la comunidad concubinaria, y siempre recibí como respuesta una negativa. Como quiera que los hechos anteriores constituyen, y habiendo siendo inútiles (…) las gestiones realizadas por mí para obtener la solución del asunto, he decidido demandar formalmente como en efecto demando a la ciudadana D.d.V.D.V., (…), para que convenga en liquidar la comunidad concubinaria y en consecuencia esté obligada a liquidar o hacer la partición de la comunidad, de conformidad con los artículos 759, 767, 768 y 770 del Código Civil, o en caso contrario sea condenada por este tribunal, con lo que solicitó del ciudadano juez se sirva librar la comisión que fuere menester para practicar la citación. A los fines legales consiguientes, estimamos esta acción en la cantidad de cuarenta millones de bolívares (Bs. 40.000.000,00). A los fines de la presente acción fijo mi domicilio procesal en Paraguachí, jurisdicción del municipio A.d.C.d.E.N. Esparta…”

   Mediante distribución realizada en fecha 25-09-2001 (f. 2) le correspondió al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, el conocimiento de la presente causa.

   Consta al folio 3 del presente expediente, diligencia de fecha 02-10-2001, suscrita por el abogado F.R., parte actora, asistido por el abogado Lalker Pérez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 44.772, mediante la cual consigna los documentos fundamentales de la acción, los cuales fueron agregados a los folios 4 al 22 del presente expediente.

   En fecha 04-10-2001 (f.23) el tribunal de la causa admite la demanda y ordena la citación de la parte demandada, ciudadana D.d.V.D.V., para que dentro de los 20 días de despacho siguientes a que conste en autos su citación, comparezca ante el tribunal a dar contestación a la demanda incoada en su contra.

   Por auto de fecha 11-10-2001 (f. 24) la jueza temporal del a quo se abocó al conocimiento de la causa.

   Mediante diligencia de fecha 22-11-2001 (f. 25 y 26) el alguacil del tribunal de la causa consigna recibo de citación firmado por la parte demandada.

   En fecha 18-12-2001 (f. 27 y 28) la ciudadana D.d.V.V., confiere poder apud acta al abogado M.E.C., abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 25.165.

   Contestación a la demandada

   En fecha 07-01-2002 (f. 29 al 35) el abogado M.E.C., en su condición de apoderado judicial de la parte demandada consigna escrito de contestación a la demanda y anexos. En el escrito expresa, lo siguiente:

   Niega, rechaza y contradice “…la acción incoada por la parte actora, tanto en los hechos como el derecho, específicamente los conceptos de fundamentación motiva y fáctica, así como de los particulares del petitorio de la demanda, y con fundamento a lo establecido en el artículo 506 del del (sic) Código Civil (sic) vigente, corresponde a la actora la carga probatoria de todos y cada uno de los hechos alegados por ella…”

   Que “…la parte demandada debe ser legítima, independiente de la noción de cualidad; se puede tener cualidad activa o pasiva, sin tener capacidad procesal. No existe en autos elementos o condiciones para dar a la parte demandada legitimidad de concubina ya que no puede ser concubina una mujer casada. Es por lo que en este acto rechazo, niego, contradigo y desconozco la cualidad activa e interés de mi representada en la presente causa…”

   Que “…el problema de la cualidad entendido de esta manera, se resuelve en la demostración de la identidad entre la persona que se presenta ejerciendo concretamente un derecho o poder jurídico y la persona contra quien se ejercita y el sujeto que es su verdadero titular u obligado en concreto. (…) La cualidad es equivalente al interés personal e inmediato, porque para que una acción exista, si no está interesado en hacerla valer, no puede decirse que se tiene el derecho, que si tiene cualidad necesaria ser accionada opara (sic) intentar la acción…”

   Que “…no hay relación en el monto demandado y las supuestas bienhechurías realizadas por las partes, donde no tomó la accionante en consideración quien es la propietaria del terreno y el valor del mismo…”

   Que “…no puede prosperar la pretensión derivada de una presunta comunidad concubinaria, contenida en el texto libelar presentado por la parte actora, por cuanto no demostró los tres supuestos básicos establecidos en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil y a la vez menciono, el delatado artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que equipara los efectos del matrimonio a las uniones de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan con los requisitos de ley, como ya se dijo, al verificar si se cumplen o no los extremos de ley para declarar la presunción o no de comunidad concubinaria de conformidad con el precitado artículo 767 del Código Civil. Si estos requisitos no se cumplen, no podrá considerarse que exista comunidad concubinaria, en cambio para el matrimonio existe tal presunción, pues de derecho se considera que hay la comunidad legal, los bienes son comunes y la proporción es igual para ambos cónyuges. Es evidente que al reclamar judicialmente el reconocimiento de la comunidad de la especie a que se contrae el precitado artículo 767 del Código Civil, la reclamación debe expresar en el libelo conforme a la prueba que le impone la ley, en función de la comunidad de la prueba, cuáles son los trabajos compartidos que contribuyeron a la formación o aumento de patrimonio de la accionada, no de un modo específico o detallado, no una especificación de todos y cada uno de los trabajos realizados, por el demandante, pero sí una enumeración sucinta de la índole, o demás trabajos similares que por su importancia permitan apreciar en qué forma pudo el demandante compartir y contribuir al fomento y aumento de ese patrimonio, existiendo en ese caso, la presunción de un bien común, con las acreencias o no que sobre ella pudieran pesar, mas nunca una comunidad concubinaria…”

   Que no encuentran en el libelo “…pruebas de que la parte actora haya trabajado para y con la demandada con resultados suficientemente fructíferos como para haber contribuido a la formación o aumento del patrimonio de la demandada, con fundamento a la comunidad de la prueba…”

   Que “…en cuanto al justificativo de unión concubinaria presentado por la accionante (…) firmado unilateralmente por su persona, solicito respetuosamente sea desechado una vez que lo aprecie en su justo valor, habida cuenta que en (sic) consigno en este acto, para que sea anexado al expediente, fechada seis (6) de diciembre del año 2001, acta de matrimonio de la accionada, (…) asimismo tacho dicho instrumento en este acto…”

   Expresa que se reserva las acciones civiles y penales a que hubiere lugar como consecuencia de la acción incoada.

   En fecha 21-01-2002 (f. 35 al 37) el abogado M.E.C., en su carácter de apoderado de la parte demandada, consigna escrito mediante el cual tacha el justificativo de testigos, producido por la actora junto al libelo de demanda.

   En fecha 28-01-2002 (f.38) el abogado M.E.C., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, reservándose su ejercicio sustituye el poder apud acta que le fuere otorgado por la parte demandada al abogado P.G.R., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 70.662.

   Mediante diligencia de fecha 01-02-2002 (f.41 y 42) el abogado M.E.C., en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, solicita al tribunal de la causa observe la temeridad asumida por la parte actora y que la decisión que tome sirva para hacer efectiva la justicia, por no tener la demanda ningún asidero jurídico.

   En fecha 13-02-2002 (f. 43 al 45) el ciudadano F.J.R., parte actora, asistido de abogado, consigna escrito de promoción de pruebas en la causa. En esa misma fecha (f. 46) consigna escrito de promoción de prueba el abogado M.E.C., en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada.

   Por auto de fecha 19-02-2002 (f. 47) se abocó al conocimiento de la causa la jueza accidental del juzgado a quo.

   Mediante auto de fecha 19-02-2002 (f.48 y 49) el tribunal de la causa admite las pruebas promovidas por la parte actora, y en consecuencia ordena oficiar a la Oficina de Identificación y Extranjería (Onidex), al Juzgado del Municipio Caroní del Circuito Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, y a la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio A.d.E.N.E., a los fines que informen sobre los particulares indicados en el auto. En esa misma fecha se libraron los respectivos oficios (f. 50 al 52).

   En fecha 19-02-2002 (f.53) el juzgado de la causa admite las pruebas promovidas por la parte demandada.

   Consta al folio 54 del presente expediente, el oficio N° 7380-50 de fecha 07-03-2002 remitido por el Registrador Subalterno del Municipio Arismendi de este Estado, al tribunal de la causa.

   Mediante auto de fecha 15-04-2002 (f. 55) la jueza temporal del a quo se abocó al conocimiento de la presente causa, y aclara a las partes que de conformidad con el artículo 511 del Código de Procedimiento Civil el lapso para presentar sus informes comenzó a transcurrir a partir del día 12-04-2002, inclusive.

   En fecha 08-05-2002 (f. 50 al 59) el abogado M.E.C., en su carácter de apoderado de la parte actora, presenta informes en la causa.

   En fecha 08-05-2002 (f.60) el ciudadano F.J.R., parte actora en el presente procedimiento otorgó poder apud acta al abogado Lalker P.N., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 44.772, y presenta escrito de informes (f. 61 y 62).

   En fecha 21-05-2002 (f. 63 al 65) el abogado M.E.C., en su carácter de apoderado judicial de la demandada, consigna escrito de observaciones a los informes presentados por la parte actora.

   Por auto de fecha 22-05-2002 (f. 67) el tribunal a quo aclara a las partes que la causa entró en etapa de sentencia a partir de esa misma fecha, exclusive.

   Mediante diligencia de fecha 27-05-2002 (f. 68) el abogado M.E. en su carácter de autos, solicita a la jueza accidental, se aboque al conocimiento de la causa.

   En fecha 31-05-2002 (f. 69) la jueza accidental del tribunal de la causa se abocó al conocimiento de la causa.

   Mediante auto de fecha 23-07-2002 (f. 70) la jueza temporal del tribunal a quo se abocó al conocimiento de la causa y difiere la oportunidad para dictar sentencia por un lapso de treinta (30) días contados a partir de esa fecha inclusive.

   Consta a los folios 71 al 78 del presente expediente, sentencia de fecha 02-10-2002, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, en la cual declaró procedente la falta de cualidad pasiva alegada por el apoderado de la parte demandada, sin lugar la demanda instaurada y condena en costas a la parte actora de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

   Mediante diligencia suscrita en fecha 08-10-2002 (f. 79) el abogado M.E., en su carácter de apoderado de la parte demandada, solicita la notificación de la parte actora de la sentencia dictada en fecha 02-10-2002.

   En fecha 15-10-2002 (f.80) el juzgado de la causa ordena la notificación de la parte actora de la decisión proferida en fecha 02-10-2002. En esa misma fecha se libró boleta de notificación a la parte actora la cual corre inserta al folio 81 de este expediente.

   Mediante diligencia de fecha 24-10-2002 (f. 82) el alguacil del tribunal de la causa consigna boleta de notificación firmada por el abogado Lalker Pérez, en su condición de apoderado judicial de la parte demandante ciudadano F.J.R..

   Mediante diligencia de fecha 04-11-2002 (f. 84) el abogado Lalker P.N., en su condición de apoderado de la parte actora, apela de la sentencia dictada por el tribunal de la causa en fecha 02-10-2002.

   Por auto de fecha 05-11-2002 (f.85) el tribunal de instancia escucha en ambos efectos la apelación ejercida por la parte actora y ordena remitir el expediente en original a este juzgado superior a los fines que conozca el recurso ordinario interpuesto.

4. Actuaciones en la alzada

   Informes de la parte demandada.

   En fecha 07-01-2003 (f. 90 al 95) el apoderado judicial de la parte demandada presentó escrito de informes en los términos que siguen:

   Que “…quedó demostrado que la parte demandada en el presente juicio, no es legítima, e independiente de la noción de cualidad; aunque se puede tener cualidad activa o pasiva, sin tener capacidad procesal. No existen en autos elementos o condiciones para dar a la parte demandada legitimidad de concubina ya que no puede ser concubina una mujer casada lo que prueba de manera inequívoca la falta de cualidad activa ni pasiva así como interés de mi representada en la presente causa…”

   Que “…quedó demostrado en autos que no hay relación en el monto demandado y las supuestas bienhechurías realizadas por las partes, donde no tomó el accionante en consideración quien es la propietaria del terreno y el valor del mismo. Ya que lo antes expresado no fue atacado en ningún momento por el abogado del accionante…”

   Que “…quedó plenamente demostrado que no podía prosperar la pretensión derivada de una presunta comunidad concubinario (sic), contenida en el texto libelar presentado por la parte actora, por cuanto en ningún momento demostró los tres supuestos básicos establecidos en el artículo 767 del Código Civil y a la vez mencionó, el delatado artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que equipara los efectos matrimoniales a las uniones de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan con los requisitos de ley, como se dijo, al verificar si se cumplen o no los extremos de ley para declarar la presunción o no de comunidad concubinaria de conformidad con el precitado artículo 767 del Código Civil. Si estos requisitos no se cumplen, no podrá considerarse que existía comunidad concubinario (sic), en cambio para el matrimonio existe tal presunción, pues de derecho se considera que hay la comunidad legal, los bienes son comunes y la proporción es igual para ambos cónyuges. Es evidente que al reclamar judicialmente el reconocimiento de la comunidad de la especie a que se contrae el precitado artículo 767 del Código Civil, la reclamación debe expresar en el libelo conforme a la prueba que le impone la ley, en función de la comunidad de la prueba, cuáles son los trabajos compartidos que contribuyeron a la formación o aumento del patrimonio de la accionada, no de un modo específico o detallado, no una especificación de todos y cada uno de los trabajos realizados, por el demandante, pero sí una enumeración sucinta de la índole, o demás trabajos similares que por su importancia permitan apreciar en qué forma pudo el demandante compartir y contribuir al fomento y aumento de ese patrimonio, existiendo en ese caso, la presunción de un bien común, con las acreencias o que sobre ella pudieran pesar, mas nunca una comunidad concubinario (sic). No encontramos en el texto libelar pruebas de que la parte actora haya trabajado para y con la demandada con resultados suficientemente fructíferos como para haber contribuido a la formación o aumento del patrimonio de la demandada, con fundamento a la comunidad de la prueba. Quedando así demostrada la falta de cualidad pasiva de mi representada…”

   Que “…en cuanto al justificativo de unión concubinario (sic), presentado por la accionante, (…) firmado unilateralmente por su persona y que solicité (…) a la juez a quo fuera desechado una vez que lo aprecie en su falta de valor, habida cuenta que consigné, para que sea agregada al expediente, fechada seis (6) de diciembre del año 2001, acta de matrimonio de la accionada, (…) asimismo taché en la oportunidad legal dicho instrumento, quedando el mismo fuera del debate por no ser defendido por el abogado de la accionante…”

   Que “…en cuanto a la copia certificada (…) de la solicitud de título supletorio presentado por la accionante, presentado por (sic) ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio A.d.E.N.E. en fecha 13-02-1998, anotada bajo el N° 42, folios 243 al 255, protocolo primero, tomo V, primer trimestre de 1998, del cual se desprendió que los ciudadanos F.J. la R.H. y Wunbernerio E.P., que conocían suficiente a los ciudadanos D.d.V.D.V. y F.J.R. y que los mismos a sus solas y únicas expensas habían construido una casa de habitación de nueve metros (9 m) de ancho por trece metros de (13 m) de ancho (sic), lo que da un área de ciento diecisiete metros cuadrados (117 m2) y que dicho título a pesar de estar protocolizado, no pierde su naturaleza de extrajudicial, no constituyó un elemento de convicción en la presente causa, quedó demostrado que carece de valor probatorio. Dicho título no fue ratificado por la prueba testimonial, por lo tanto quedó fuera del debate…”

   Se reserva las acciones civiles y penales que hubiere lugar, como consecuencia de la acción incoada.

   Informes de la parte actora

   En fecha 07-01-2003 (f. 97 y 99) el abogado Lalker Pérez, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora consigna escrito de informes en esta alzada, en el cual expone:

   Que “…en la sentencia del tribunal de la causa se menciona que el título supletorio registrado por (sic) ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Arismendi de este estado, no es documento suficiente para probar y justificar el derecho de propiedad, pero en el caso que con el mencionado título la ciudadana D.D.V., a (sic) venido pretendiendo un derecho y por lo tanto, lo que es igual para uno debe ser igual para el otro, es decir sin el título supletorio aparecen como propietarios mi representado y la ciudadana antes mencionada la pretención (sic) de propiedad deben (sic) ser para los dos, o en caso contrario la falta de sufiencia probatoria y de convicción sobre la propiedad debe ser para los dos, por lo tanto si mi representado carece de derecho de propiedad sobre el inmueble, la ciudadana D.D.V. también debe carecer de dicho derecho de propiedad…”

   Que su representado “…fue engañado, en su buena fe, cuando la mencionada ciudadana le hizo creer que era de estado civil soltera, tal como se identificó en el tribunal cuando solicitó conjuntamente con mi representado el título supletorio de propiedad del inmueble y cuando posteriormente fue registrado…”

   Que hace esas observaciones “…con el fin de lograr una justa decisión, ya que es injusto que una persona con trabajo y sacrificio construya una casa, con las intenciones de formar un hogar o lograr una estabilidad social, y por el contrario consigue mas problemas y angustias, pero en vista de la situación pretende lograr un pago a su esfuerzo con el pago de la parte que le corresponde por el inmueble y lo que consigue es ver que fue vilmente engañado…”

   Solicita que se declare parcialmente con lugar la presente demanda y se ordene la liquidación del inmueble (casa) que con forma la comunidad de bienes…”

5. La sentencia apelada

   En fecha 02-10-2002 (f. 71 al 78) el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, dictó sentencia en la causa en la cual declara lo siguiente:

   (…) Luego de estudiado todo el material probatorio, este juzgado observa que el documento que riela al folio 34 se desprende que la accionada contrajo matrimonio civil con el ciudadano P.J.V.P. en fecha 04-07-1988, por lo que salvo pacto en contrario de acuerdo al artículo 148 del Código Civil todos los bienes que esta adquiera pertenecen a la comunidad de gananciales derivadas del matrimonio y no al accionante.

   Del mismo modo, no consta en autos que dicho vínculo haya sido disuelto, ni tampoco para el caso de que dicha hipótesis fuera cierta, que ésta conjuntamente con el actor haya vivido en concubinato en forma permanente y que además hayan formado la comunidad concubinaria.

   Por consiguiente, debe concluirse que de las pruebas aportadas no existen evidencias que permitan a esta sentenciadora presumir la existencia de la comunidad concubinaria entre los sujetos procesales de esta litis y por consiguiente, mal puede el actor pretender que se partan o dividan los bienes de una comunidad que no existe.

   Luego, la falta de cualidad pasiva alegada por la parte demandada resulta procedente. Y así se decide.

   (…)