Decisión nº WP01-P-2004-000390 de Juzgado Tercero de Juicio de Vargas, de 21 de Abril de 2005
| Fecha de Resolución | 21 de Abril de 2005 |
| Emisor | Juzgado Tercero de Juicio |
| Ponente | Argenis Utrera Marín |
| Procedimiento | Negativa Solicitud Fiscal |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO PENAL EN FUNCION DE JUICIO
CIRCUITO JUDICIAL PENAL
DEL ESTADO VARGAS
Macuto, 21 de Abril de 2005
194° y 145°
Visto el escrito presentado por la Fiscal Octava del Ministerio Público, Dra. E.B.L., mediante el cual solicita que este Despacho cite a los testigos y expertos, en la causa seguida contra el acusado J.C.V., para la continuación del juicio oral y público, todo de conformidad con el artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines de garantizar los procesos judiciales.
Este Tribunal antes de decidir previamente observa y considera:
En fecha 15 del presente mes y año, se aperturó el juicio oral y público seguido contra del ciudadano J.C.V., a quien la representación Fiscal acusó por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, previsto y sancionado en el articulo 407 del Código Penal, vigente para la fecha en que ocurrió el hecho..
Ahora bien, el mencionado Fiscal, en su escrito de solicitud, afirma que a los fines de garantizar los procesos judiciales, este Juzgador se sirva citar a los testigos y expertos que deban comparecer a juicio, al respecto es importante señalar lo siguiente:
En el año 1999, entró en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece como ha de seguirse todo el p.p. venezolano, pasándose de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, donde el artículo 11 establece que la acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, quien está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales.
En este mismo orden de ideas, el Dr. E.P.S., en su obra La Prueba en el P.P.A., escribe lo siguiente: “El desarrollo, la ciencia y la tecnología del comercio, la industria y de las comunicaciones, condujo a la igualdad formal de los hombres ante la ley y de ahí al principio procesal, según el cual quien alega tiene la carga de probar sus alegatos. Surge así el concepto de carga de la prueba, perfeccionado paulatinamente a través de los siglos, hasta conducir a los siguientes postulados teóricos esenciales...3°. En el p.p.a., la carga de la prueba se pone en cabeza del titular de la acción penal…Mas claro aun es este punto respecto al p.p., y sobre todo con relación al p.p.a., que como acertadamente dice Montero Aroca, es la única y verdadera forma procesal de enjuiciamiento penal. En este Tipo de proceso, regido básicamente por el interés público, funciona inexorablemente el principio in dubio pro reo, que indica claramente que toda la carga de probar está en cabeza de la parte acusadora, trátese del Ministerio Público o de un querellante privado. Por ello, aún cuando el imputado alegue en su defensa hechos que resulten no demostrados, los acusadores tienen la obligación de probar la existencia del delito, la participación del acusado en él y la falsedad de sus descargos o coartadas. Incluso, el hecho de que el imputado acepte que estuvo en la escena del crimen no significa que pueda condenársele por ese sólo hecho si el fiscal no desarrolla una actividad probatoria más allá de toda duda razonable, que destruya la presunción de inocencia. En resumen, la carga de la prueba, mas allá de las inútiles diatribas sobre su naturaleza jurídica, es un conjunto de reglas que determinan quien debe probar y que debe probar y que decisión debe adoptar el órgano jurisdiccional según las partes cumplan o no con sus respectivas cargas de conformidad con la naturaleza del proceso .En este sentido, la carga de la prueba es el presupuesto esencial de la actividad probatoria, su base o fundamento y en razón de ello, en el p.p.a. jamás podrá haber en buena lid, una sentencia condenatoria si las partes acusadoras no desarrollan eso que se ha dado en llamar la mínima actividad probatoria, es decir, la prueba de la existencia del delito y de la responsabilidad del imputado, que anule la presunción de inocencia. En el p.p.a., como lo reconoce uno de los más importantes estudiosos de la carga de la prueba, el profesor i.G.A.M., no existe distribución de la carga de la prueba entre las partes, pues las partes acusadoras y fundamentalmente el Ministerio Público, tienen la ineludible obligación de probar la existencia del delito y la participación del acusado y toda inexactitud o insuficiencia en el cumplimiento de esa obligación debe determinar una sentencia favorable al imputado...” (subrayado y negrillas del Tribunal).
Asimismo el Dr. J.I.C.N., en su obra La Prueba en el P.P., afirma lo siguiente: “...Si embargo, para sincerar el discurso es bueno responder a la pregunta siguiente: ¿Qué órganos del Estado deben ser los responsables de destruir el estado de inocencia y probar la culpabilidad del acusado?. La mayoría piensa que todos, es decir, la policía, los fiscales y también los jueces, cualquiera sea la competencia funcional que se les asigne (instrucción o juicio). Esta admisión de la regla de “todos contra uno” (el acusado) es francamente contraria “al principio de plena igualdad” de éste con el acusador. Porque admitir que el juez sea co-responsable (o principal responsable) de la “destrucción” del estado de inocencia, probando la culpabilidad, es hacerlo casi un co-fiscal, colocando al acusado-inocente en la situación graficada por el refrán popular: “Quien tiene al juez como fiscal, precisa a Dios como defensor”, lo cual no parece, por cierto, un paradigma de igualdad....Ello es así porque el principio propio de un Estado de derecho es que toda acusación debe ser probada, y “le incumbe a la parte acusadora incorporar la prueba de sus imputaciones”. Al estar la “inocencia asistida por el postulado de su presunción hasta la prueba en contrario, esa prueba en contrario debe aportarla quien niega aquella, formulando la acusación. Tampoco hay que olvidar, a la hora de a.e.c. que centrar en el ministerio público fiscal la iniciativa al respecto constituye sólo una ratificación de sus atribuciones, que son de cumplimiento obligatorio, y que sigue siendo el Estado el encargado de procurar el descubrimiento de la verdad...” (negrilla del Tribunal).
Igualmente el Dr. J.M.A., en su libro Principios del P.P., afirma lo siguiente: “...Decretada la apertura a juicio oral por el órgano jurisdiccional, la delimitación del objeto del mismo, esto es, la determinación del hecho que se imputada al acusado, queda en manos de los acusadores...”
De todo lo anteriormente transcrito, al analizar el artículo 342 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual entre otras cosas establece que el Tribunal ordenará la citación a la audiencia de todos los que deban concurrir a ella, se debe entender y es criterio de quien aquí decide, que la obligación del Tribunal es citar o notificar a las partes para que concurran al juicio oral y público, ya que la carga de probar le corresponde al titular de la acción penal, que en este caso por ser un delito de acción pública, es el Ministerio Público, ya que admitir lo contrario (que el juez cite a todos los expertos, testigos y víctimas que fueron ofrecidos por la Representación Fiscal a los fines de demostrar la responsabilidad penal del acusado en los hechos que le imputan) pondría al juez como parte y co-responsable de demostrar la culpabilidad de acusado, es decir, un co-fiscal, hiendo en contra del principio de inocencia e igualdad de las partes, y sería contrario al sistema acusatorio que rige nuestro p.p. desde el año 1999.
En tal sentido, se niega la solicitud formulada por la Fiscal Octava del Ministerio Público, Dra. E.B.L., por ser manifiestamente improcedente, debiendo la misma, como parte acusadora y responsable de la carga de la prueba, citar a todos los que deben concurrir al presente juicio para que comparezcan el día 22 de Abril de 2005.
DISPOSITIVA.
Por los argumentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos este JUZGADO UNIPERSONAL TERCERO DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud formulada por la Fiscal Octava del Ministerio Público, Dra. E.B.L., por ser manifiestamente improcedente, debiendo la misma, como parte acusadora y responsable de la carga de la prueba, citar a todos los expertos y testigos que deben concurrir al juicio seguido en contra de J.C.V., para que comparezcan el día 22 de Abril del presente año a las 11:00 de la mañana.
Publíquese, diarícese, notifíquese la presente decisión y déjese copia de la misma.
EL JUEZ,
DR. A.O. UTRERA MARIN
LA SECRETARIA
ABG. YUMAIRA REQUENA
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede
LA SECRETARIA
ABG. YUMAIRA REQUENA.
ASUNTO PRINCIPAL WP01-P-2004-000390
ASUNTO 3M-845-04
