Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 1 de Febrero de 2006

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO NÚMERO CUATRO

San Cristóbal, 01 de Febrero de 2006

195° y 146°

CAUSA: 4JU-917-04

IMPUTADO: J.C.V.M.

DELITO: RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTACION.

AGRAVIADO: A.C.G.V. Y EL ORDEN PÚBLICO.

DEFENSOR: O.E.S.M.

SOLICITUD: REVISION DE MEDIDA

Atendiendo a la solicitud de fecha treinta (30) de Enero de 2006, el defensor Abg. O.E.S.M., defensor privado, este tribunal previamente observa:

OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO

Conforme a lo previsto en los artículos 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el artículo 244 y 264 del Código Orgánico Procesal Penal, procede este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio a resolver la solicitud formulada por el Abg. O.E.S.M., quien mediante escrito constante de diez (10) folios útiles, solicita la revisión de la medida de PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, que recae sobre su defendido J.C.V.M., incurso en la presunta comisión de los delitos de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTACION, previsto y sancionado en el artículo 219 ordinal 3° y 408 ordinal 1°, en concordancia con el artículo 80 del Código Penal, en perjuicio de A.C.G.V..

RELACION DE LOS HECHOS

Consta a los folios 28 al 29 de la presente causa, que en fecha 11 de Abril de 2003, le fue ratificada al imputado la Autorización de Aprehensión Judicial, por el Tribunal Tercero de Control, en contra del ciudadano J.C.V.M..

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Analizados los argumentos esgrimidos por el abogado defensor en su escrito, y previa revisión total de la presente causa, observa quien decide, que efectivamente en el presente caso ha transcurrido un lapso de más de DOS (02) AÑOS, sin que hasta la presente fecha se haya emitido sentencia en esta causa.

Establece el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal:

Proporcionalidad. No se podría ordenar una medida de coerción personal cuando esta aparezca desproporcionada en relacion con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.

En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito ni exceder de dos años

De la disposición legal enunciada, se desprende claramente, dos máximas en materia cautelar, a saber, la primera, según la cual, la medida de coerción personal impuesta al justiciable, en ningún caso podrá sobrepasar de la pena mínima prevista por el delito imputado, ni exceder del plazo de dos años, -elemento cuantitativo- y en caso asertivo, ante tal prohibición expresa de la ley, deberá sustituirse por otra menos gravosa, y en segundo lugar, la medida de coerción aplicable, deberá ser proporcional con la gravedad del delito, sus circunstancias de comisión y la sanción probable, lo cual exige, adecuación e idoneidad de la cautela como sustentos de la proporcionalidad -elemento cualitativo-.

En este sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 17 de julio de dos mil dos, con ponencia del Magistrado JOSE M. DELGADO OCANDO, ha dejado sentado lo siguiente:

…el transcurrir del tiempo en forma tan prolongada sin la realización del juicio -mas de dos años- sobre el argumento reiterativo de que se había fijado una próxima fecha para celebrar el debate oral y público, desbordó el principio de proporcionalidad que debe regir en la imposición de medida de coerción personal contemplado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual estas deben tener un máximo de duración de dos años, por lo que al haber transcurrido ese tiempo con el mantenimiento de la detención, se constituyo una vulneración del derecho fundamental a la libertad y la garantía constitucional al debido proceso, toda vez que se traduce en el cumplimiento de una pena anticipada que es la negación del principio de presunción de inocencia, por lo que esta Sala dictamina que la presente acción de tutela constitucional, ha debido declararse con lugar, como en efecto se declara. Así se declara

.

En ese mismo orden de ideas resalta quien hoy resuelve, la sentencia de fecha 19 de diciembre de 2002, con ponencia del Magistrado, J.M.D.O., en la que se estableció entre otras situaciones lo siguiente:

..se trata de una norma precisa, que no previene cumplimiento de requisitos de otra clase, distintos a los señalados, para poner fin a las medidas de coerción personal decretadas.

Etimológicamente, por medidas de coerción personal debe entenderse no solo la privación de libertad personal, sino cualquier tipo de sujeción a que es sometida cualquier persona, por lo que incluso las medidas cautelares sustitutivas, son de esa clase.

En consecuencia, cuando la medida (cualquiera que sea) sobrepasa el termino del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, ella decae automáticamente sin que dicho Código prevea para que se decrete la libertad, la aplicación de medida sustitutiva alguna, por lo que el cese de la coerción -en principio- obra automáticamente, y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, bajo pena de convertir la detención continuada en una privación ilegitima de la libertad, y en violación del articulo 44 constitucional..

el transcurrir del tiempo en forma tan prolongada sin la realización del juicio –mas de dos años- sobre el argumento reiterativo de que se había fijado una próxima fecha para celebrar el debate oral y público, desbordó el principio de proporcionalidad que debe regir en la imposición de medida de coerción personal contemplado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual están deben tener un máximo de duración de dos años, por lo que al haber transcurrido ese tiempo con el mantenimiento de la detención, se constituyó una vulneración del derecho fundamental a la libertad y la garantía constitucional al debido proceso, toda vez que se traduce en el cumplimiento de una pena anticipada que es la negación del principio de presunción de inocencia, por lo que esta Sala dictamina que la presente acción de tutela constitucional, ha debido declararse con lugar, como en efecto se declara. Así se decide.

De igual forma es obligación de este Juzgador, soslayar lo acordado mas recientemente por nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en senda decisión de fecha 13 de mayo de 2004, con ponencia del Magistrado Jesús Cabrera Romero, Expediente N° 03-1834, en la cual no solo la sala constitucional reitera las doctrinas establecidas en sentencia de fecha 12 de septiembre de 2001 “Caso: R.A.C. y otros”, sino que además, corrobora que ante la dilación indebida del proceso por causa no atribuible al acusado o a su defensor, y habiéndose encontrado la persona en condición de privada por mas de dos años, sin que se le hubiere realizado el Juicio Oral y Público, y por ende sin sentencia definitiva, debe cesar automáticamente la Medida de Privación.

En efecto, en la aludida sentencia de fecha 13 de Mayo de 2004, la Sala Constitucional señala entre otras situaciones que: …es evidente que en el presente caso, las medidas de coerción personal impuestas a los imputados sobrepasaron el termino establecido en el tantas veces señalado artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, lo cual aunado a la circunstancia de la dilación indebida del proceso por causas no atribuibles a conducta alguna de estos o de su defensa, hace que ésta cese automáticamente…

Ahora bien, palmario es que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional, sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República; lo que implica que los criterios de la sala constitucional indicados “supra” deben ser acogidos con plenitud por este Juzgado Cuarto de Juicio, tal como lo impone el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Sin embargo antes de resolver sobre el fondo de lo peticionado debe el Tribunal, explanar si en el presente caso habiendo transcurrido dos años, sin que exista sentencia definitiva en contra o a favor del privado de libertad (existe una dilación indebida) del proceso, revisadas en forma minuciosa las actas que conforman el presente expediente, se encuentra que de los autos de diferimiento, así como de los motivos que le preceden son las siguientes: en fecha 28 de octubre de 2003, es recibida la presente causa por el Tribunal Segundo de Juicio, así mismo se fijo Sorteo Ordinario para la Selección de Escabinos el día 25-11-2003, este día se procedió al sorteo por sistema computarizado y se fijo Acto de constitución para el día 08-01-2004, este día fue seleccionado un Escabino Principal y se acordó fijar para el 26-01-2004, el Sorteo Ordinario, este día se acordó fijar para el 12-02-2004 el Acto de Constitución del Tribunal Mixto, este día se declaro desierto el Acto por lo que se acordó fijar nuevamente para el 03 de Marzo de 2004, este día quedaron seleccionados los ciudadanos en consecuencia se fijo la Constitución del Tribunal Mixto para el día 24 de Marzo de 2004, este día se declaro desierto el Acto, por lo que se fijo Sorteo nuevamente para el día 13 de abril de 2004, se acordó fijar el Acto de Constitución del Tribunal Mixto para el día 04 de mayo de 2004, este día se declaro desierto el acto y se fijo Sorteo nuevamente para el día 25 de Mayo de 2004, en esta oportunidad no hubo Audiencia en el Despacho de Juicio Número Dos, por lo que por lo que se fijo Sorteo Extraordinario para el 10 de Junio de 2004, este día se fijo Constitución del Tribunal Mixto para el día 24 de Junio de 2004, este día no se realizo por cuanto el 24-06-2004, se celebro “Fiesta Nacional” y se fijo nuevamente Sorteo para el día 12 de julio de 2004, en esta oportunidad quedo fijado el Acto de Constitución del Tribunal Mixto para el día 22 de Julio de 2004, este día se declaro desierto el Acto, y se acordó fijar nuevamente Sorteo Extraordinario para el día 04 de agosto de 2004, este día se fijo el Acto de Constitución del Tribunal Mixto para la fecha 17 de agosto de 2004, en esta oportunidad se declaro desierto el acto y se fijo Sorteo Extraordinario para el día 31 de agosto de 2004, en esta oportunidad se fijo el Acto de Constitución del Tribunal Mixto para el día 14 de septiembre de 2004, este día se declaro desierto el acto y se acordó fijar fecha para sorteo extraordinario el día 28 de septiembre de 2004, en esta oportunidad se fijo el Acto de Constitución del Tribunal Mixto para el día 12 de octubre de 2004, este día no se llevo a cabo por cuanto se celebraba “Fiesta Nacional” y se fijo sorteo para el día 27 de octubre de 2004, este día se fijo el Acto de Constitución de Tribunal Mixto para la fecha 16 de noviembre de 2004, debido al cambio de Jueces EN FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2004, el Abg. F.E.C.M., se inhibió de la presente causa por haber omitido opinión de ella, como Juez Tercero de Control, en FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2004, es recibida por el Tribunal Tercero de Juicio, EN FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2004, el Abg. L.E.M.I., se inhibe de la presente causa por haber omitido opinión en ella como Juez Tercero de Control.

FINALMENTE ES RECIBIDA POR ESTE DESPACHO EN FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2004, se fijo Sorteo Extraordinario para la Selección de Escabinos el día 19-01-2005, este día se acordó fijar la Constitución del Tribunal Mixto para la fecha 14 de febrero de 2005, este día se constituyo el Tribunal Mixto, quedando como fecha para la Celebración de Juicio Oral y Público para el día 23-05-2005, EN FECHA 18 DE ABRIL DE 2005, luego de la Revisión de las Actas de la causa se evidencio que a los folios 483 al 485, el Juzgado Tercero de Juicio de este Circuito Judicial Penal, mediante Auto Interlocutorio, asumió la Competencia y se Constituyo Unipersonalmente, para realizar el juicio Oral y Público, todo de conformidad con la SENTENCIA VINCULANTE DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DE 2003, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de ello se dejo parcialmente sin efecto la Constitución del Tribunal con Escabinos y se mantuvo con todos sus efectos la fijación de Juicio Oral y Público, basta realizar una simple comparación matemática, para dar por acreditado que los motivos que existen a juicio del Tribunal para la no realización de la Audiencia de Juicio Oral y Público, solo una se puede catalogar como imputable al imputado, en tanto que los restantes son imputables al Estado Venezolano desde un punto de vista general.

Ante estas consideraciones, al evidenciarse la existencia de la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada al imputado VILLALOBOS M.J.C., en fecha 11 de Abril de 2003 (ratificada por el Tribunal Tercero de Control), y habiendo transcurrido mas de DOS (02) AÑOS, para el día de hoy, es por lo que, en atención a la limitante cuantitativa establecida en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, debe SUSTITUIRSE la medida de Privación de Libertad por una Medida Cautelar Sustitutiva a la Libertad, que guarde estrecha adecuación e idoneidad tendiente garantizar las resultas del proceso, a fin que sea proporcional cualitativamente con los delitos imputados, las circunstancias de su comisión y la sanción probable, y así se decide.

Ahora bien, en la presente causa se le imputa al justiciable J.C.V.M. a titulo de autor, del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD y HOMICIDIO CALIFICADO EN LA EJECUCIÓN DEL DELITO DE ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTACION, previsto y sancionado en el artículo 219 ordinal 3° y 408 ordinal 1°, en concordancia con el artículo 80 del Código Penal, en perjuicio de A.C.G.V., siendo el del delito mas grave de quince (15) a veinticinco (25) años de presidio, esto en grado de frustración, . Por consiguiente, la medida cautelar sustitutiva a la libertad, deberá ser razonablemente idónea y adecuada para garantizar en forma debida las resultas potenciales que pudieren producirse en el presente proceso penal, capaz de impedir la evasión del proceso por parte del justiciable y por ende la frustración de la justicia.

Con base en los razonamientos expuestos, es por lo que este Juzgador, con estricto apego al principio de proporcionalidad en su sentido cualitativo y atendiendo los criterios racionales esgrimidos, resuelve imponer al imputado ya identificado, MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, sujeta a las obligaciones siguientes: 1.- Presentaciones ante este Tribunal o a través de la Oficina de Alguacilazgo una vez cada ocho (08) días, así como cuando sea citado o notificado para la Celebración de la Audiencia Oral y Pública. 2.- Prohibición de salir del Estado Táchira y del territorio de la República Bolivariana de Venezuela sin autorización del Tribunal. 3.- Presentaciones de dos (02) fiadores de reconocida buena conducta moral y solvencia económica, de nacionalidad venezolana, mayores de edad, domiciliados en el Estado Táchira, quienes se obligaran solidariamente y patrimonialmente en caso que el imputado incumpla con las dos condiciones anteriores, a cancelar por vía de multa el equivalente en bolívares a sesenta (60) Unidades Tributarias; debiendo dichos fiadores consignar ante el Tribunal: a) Constancia de residencia expedida por la Autoridad Civil del lugar donde residen, b) Balance personal, en el cual indique sus soportes, y constancia de ingresos superiores a sesenta (60) Unidades Tributarias, debidamente soportada y certificada por Profesional Autorizado para ello, c) constancia de cuentas bancarias con señalamiento del último movimiento de cantidades superiores a las estipuladas en esta fianza, y d) Fotocopia color de la cedula de identidad, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículos 4, 5, 6, 244 y 256 numerales 3, 4 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 258 ejusdem, y así se decide.

Por los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE JUICIO NÚMERO CUATRO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: PRIMERO: SE SUSTITUYE la medida de de coerción personal de PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, dictada por el Juzgado tercero de Control en fecha 11 de Abril de 2003, en contra del imputado J.C.V.M., venezolano, natural de Maracaibo, Estado Zulia, nacido en fecha 25-03-1983, de 22 años de edad, con cedula de identidad N° V-18.256.257, soltero, de profesión u oficio reservista, hijo de J.M.V. (v) y B.E.M. (v) residenciado en el Barrio 8 de diciembre, calle 6, casa N° 10, San Cristóbal, Estado Táchira, por una medida menos gravosa de las contempladas en los numerales 3, 4, y 8 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo previsto en el 258, 264 y 244 ejusdem. SEGUNDO: Impóngase al imputado de las siguientes condiciones: 1.- Presentaciones ante este Tribunal o a través de la Oficina de Alguacilazgo una vez cada ocho (08) días, así como cuando sea citado o notificado para la Celebración de la Audiencia Oral y Pública. 2.- Prohibición de salir del Estado Táchira y del territorio de la República Bolivariana de Venezuela sin autorización del Tribunal. 3.- Presentaciones de dos (02) fiadores de reconocida buena conducta moral y solvencia económica, de nacionalidad venezolana, mayores de edad, domiciliados en el Estado Táchira, quienes se obligaran solidariamente y patrimonialmente en caso que el imputado incumpla con las dos condiciones anteriores, a cancelar por vía de multa el equivalente en bolívares a sesenta (60) Unidades Tributarias; debiendo dichos fiadores consignar ante el Tribunal: a) Constancia de residencia expedida por la Autoridad Civil del lugar donde residen, b) Balance personal, en el cual indique sus soportes, y constancia de ingresos superiores a sesenta (60) Unidades Tributarias, debidamente soportada y certificada por Profesional Autorizado para ello c) constancia de cuentas bancarias con señalamiento del último movimiento de cantidades superiores a las estipuladas en esta fianza, y d) Fotocopia color de la cedula de identidad, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículos 4, 5, 6, 244 y 256 numerales 3, 4 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el artículo 258 ejusdem, y así se decide.

Trasládese ante este Tribunal al imputado de autos e impóngase mediante acta de las condiciones. Cumplida las obligaciones impuestas, de conformidad con la ley, líbrese la correspondiente Boleta de Libertad. Notifíquese a las partes de la presente decisión y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal.

ABG. R.H.C..

JUEZ CUARTO DE JUICIO

ABG. M.N.A.S.

SECRETARIA

CAUSA Nº 4JU-917/04