Decisión de Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 15 de Noviembre de 2007

En lo atinente a la cuestión previa del ordinal 10º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, opuesta por la demandada, relativa a la caducidad de la acción, esta Alzada observa:

La jurisprudencia ha señalado que la caducidad se debe entender como el ejercicio de un derecho o el incumplimiento de una conducta, que conduce a la extinción o pérdida del derecho o potestad jurídica, que constituye la pérdida del ejercicio del derecho a la indemnización por no haber introducido la demanda en el plazo estipulado por la ley, y siendo aceptado el concepto de caducidad como causa extintiva del derecho subjetivo o del derecho potestativo, por no acontecer un hecho impeditivo, durante el plazo prefijado por la ley o por el acuerdo contractual, se desprende que ésta puede ser legal o convencional y que por lo tanto, es válida la estipulación en la cual se establezca un lapso para el ejercicio de un derecho, so pena de su pérdida, si no es ejercida la acción dentro del plazo estipulado por las partes.

La caducidad de la acción, es una sanción jurídica procesal en virtud de la cual el transcurso del tiempo fijado por la Ley, para el ejercicio de un derecho, acarrea la inexistencia misma del derecho que se pretende hacer valer con posterioridad.

Según Messineo la diferencia entre prescripción y caducidad es que “con la prescripción, se castiga la omisión en la continuación del ejercicio del derecho durante un cierto tiempo, mientras que con la caducidad se priva del derecho a quien ha omitido ejercitarlo por primera vez o aquella sola vez que la ley exige, dentro del término establecido”.

En la caducidad, se trata de que el derecho en realidad nunca llegó a existir, por cuanto quien pudo haber sido su titular se abstuvo de obrar en el momento oportuno, y la abstención hizo imposible el nacimiento del derecho y por consiguiente su ejercicio.

Ahora bien, la caducidad puede ser de dos tipos: La caducidad legal y la caducidad convencional. La caducidad legal es la establecida por el legislador y es de estricto orden público; y la caducidad contractual es la establecida por las partes en sus relaciones contractuales, y es de orden privado. No obstante, como bien se dice en la recurrida, la única clase de caducidad que nos interesa en el caso que se analiza, que puede ser opuesta como cuestión previa, es la caducidad legal.

Así, nuestro legislador patrio en materia cambiaria, estableció en el artículo 461 del Código de Comercio, la caducidad cambiaria, la cual se encuentra limitada en cuanto a su procedencia, dado que la misma sólo es aplicable para las acciones de regreso. La preindicada disposición especial estatuye expresamente lo siguiente:

Después del vencimiento de los términos fijados para la presentación de una letra de cambio a la vista o a cierto término vista:

Para sacar el protesto por falta de aceptación o falta de pago;

Para la presentación al pago en caso de resaca sin gastos;

El portador queda desposeido de sus derechos contra los endosantes, contra el librador y contra los obligados, a excepción del aceptante.

A falta de presentación a la aceptación en el término estipulado por el librador, el portador pierde sus acciones tanto en defecto de pago como de aceptación, a menos que no se derive de los términos de la estipulación que el librador no ha entendido eximirse más que de la garantía de la aceptación…

Todos los presupuestos indicados en la norma ut supra citada, tienen como efecto la caducidad de las acciones de regreso, es decir, dicha caducidad no es absoluta ya que no opera contra el aceptante, a quien el legislador expresamente excepciona, en el tercer aparte de la norma transcrita; solamente opera contra el librador y los endosantes. Asimismo, tenemos que el legislador consideró innecesario referirse al avalista del aceptante como obligado contra quien no surte efectos la caducidad, por considerar que su posición en el nexo cambiario es idéntica a la de su avalado.

Revisadas y analizadas las presentes actuaciones, observa este sentenciador que la acción ejercida en el sub lite es de naturaleza cambiaria y fue impetrada contra el aceptante y la avalista de éste, por lo que resulta claro que no se trata de una acción de regreso, motivo por la cual la caducidad de la acción opuesta por la parte demandada, con apoyo en el ordinal 10º del artículo 346 íbidem se desecha dado que -se repite- en materia de letras de cambio el código de comercio determina un lapso de caducidad para las acciones de regreso, lo que no es el caso de autos, y en ese aspecto obró acertadamente el a quo en la decisión cuestionada. ASÍ SE DECIDE.

Resuelto lo anterior, toca ahora pronunciarse en relación a la perención breve de la instancia alegada por la representación judicial de la parte demandada, por cuanto transcurrió más de treinta días entre la fecha de admisión de la demanda (01 de diciembre del 2005), y la fecha en la cual el Alguacil del a quo dejó constancia de haberse trasladado a practicar la citación personal de la demandada, y al respecto se observa:

Analizada la decisión cuestionada ya transcrita, se desprende que el juzgado de primer grado de conocimiento determinó que en el caso que se a.n.s.c.l. perención breve de la instancia desde el 01 de diciembre de 2005, data en que se admitió la demanda, hasta el día 31 de julio de 2006, fecha en la cual el Alguacil consignó las resultas, por considerar en primer lugar que las copias para librar las compulsas fueron consignadas oportunamente por la actora, y en segundo lugar, que si bien es cierto el Alguacil no dejó constancia de haber recibido los emolumentos necesarios por parte de la actora para practicar la intimación personal de los demandados, es evidente que dicho funcionario sí los percibió, dado que se trasladó al domicilio indicado por la accionante, y que en todo caso era el Tribunal el que tenía la carga de dejar constancia de lo actuado en relación a la citación de la parte demandada, no pudiendo sancionarse por tal omisión a la parte demandante, por lo que declaró improcedente la perención a la que alude el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Trámite.

Considera oportuno este Juzgado Superior indicar que la perención de la instancia es la extinción del proceso, derivada de la inercia, de la inactividad procesal de las partes durante el plazo o término previsto en la ley, o cuando el demandante no realice una actividad específica en determinado plazo, dejando claro que, el legislador utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes, primero, como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte; y segundo, como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo, ya que la regla general en materia de perención expresa, que el sólo transcurso del tiempo sin que las partes hubieren realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil.

Para el punto específico de la perención breve, el ordinal primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.

También se extingue la instancia:

1. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

En la disposición ut supra transcrita, el término instancia es utilizado como impulso, el proceso se inicia a impulso de parte y éste perime en los supuestos de la disposición legal provocando su extinción. La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producto de la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que estos se prolonguen indefinidamente, manteniendo a las partes en intranquilidad y zozobra y en estado de incertidumbre los derechos privados. En el caso de las perenciones breves, el legislador en la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil, indicó que se buscaba eliminar la práctica común de ejecutar medidas preventivas y no impulsar luego el proceso en perjuicio del demandado. Se debe tener como base el hecho cierto de que corresponde a las partes dar impulso al juicio, y que la falta de este podría considerarse un tácito abandono de la causa, siendo menester reseñar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con los principios de seguridad jurídica y celeridad procesal.

Así las cosas, procede esta Alzada a determinar si en el sub lite se han cumplido o no los presupuestos fácticos para que se verifique la perención breve, desestimada por la recurrida.

Efectuada una revisión exhaustiva a las actas que conforman el presente expediente se observa que la acción de cobro de bolívares (vía intimación) fue admitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en fecha 01 de diciembre de 2005, evidenciándose que en el libelo se requirió que se practicase la citación del ciudadano A.P. en su propio nombre y en su condición de Director de la empresa co-accionada Inversiones Pullitzer, S.A., en las Residencias Á.G., piso 4, número 4-A, Novena Transversal de la Urbanización Los Palos Grandes, Caracas.

Luego consta al folio veinticinco (25), que el día 31 de julio de 2006 compareció el ciudadano J.F. CENTENO, Alguacil del tribunal de cognición y manifestó que los días 21 y 26 de ese mes y año se trasladó al domicilio indicado por la actora para citar personalmente a la parte demandada, lo que no logró, argumentando que luego de llamar repetidas veces a la puerta del inmueble ninguna persona respondió, resultando infructuosa la misión encomendada.

Mediante escrito de fecha 13 de abril de 2007 (f. 45 al 59), el bogado J.R.D. consignó poder que acredita su representación como apoderado judicial de la parte demandada, se dió por citado, se opuso al decreto intimatorio y solicitó se declarara la perención breve de la instancia por cuanto el Alguacil del tribunal de cognición consignó las resultas el día 31 de julio de 2006, es decir, ocho (08) meses después de admitida la demanda el día 1º de diciembre de 2005, por lo que en su opinión hubo inactividad de la parte actora por espacio de más de treinta (30) días sin impulsar la citación de los accionados.

Ahora bien, la perención de la instancia ocurre, de conformidad con lo establecido en el ordinal primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, cuando transcurrido el lapso de treinta días contados a partir de la admisión de la demanda, el actor no ha cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación de los accionados.

Con respecto a “las obligaciones que impone la ley”, han sido diversos los criterios sostenidos. Así, antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Arancel Judicial consagraba la obligación del demandante de pagar el arancel respectivo a los fines de que le fuera librada la correspondiente compulsa. Ante la manifiesta gratuidad constitucional, tanto la doctrina como la jurisprudencia patria, han establecido que dichas obligaciones deben ser estrictas y oportunamente satisfechas dentro del mencionado lapso de treinta días, mediante la consignación de los fotostatos respectivos a los efectos de la elaboración de la compulsa, el suministro de la dirección del demandado a los efectos de la práctica de la citación y el pago al Alguacil de los recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, ex artículo 12 eiusdem, dejando establecido el M.T. que el incumplimiento de estas obligaciones acarrea la perención de la instancia.

En este aspecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 06 de julio de 2004, aplicable al caso bajo examen, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, determinó con respecto a la perención de la instancia, el criterio siguiente:

…No obstante, dado el principio constitucional actual respecto a la gratuidad de la justicia y de la naturaleza que había entre las obligaciones (previstas en la ley para el logro de la citación cuando este haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributarios se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de la obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aun subsiste de transportación de los funcionarios o auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial se puede satisfacer poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciendo de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público, siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previo la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la prestación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando esta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporciono lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, la cual se aplicara para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca esta. Así se establece...

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En el sub lite se observa, que si bien es cierto la parte actora requirió en el libelo que la citación del ciudadano A.P., en su propio nombre y en su condición de Director de la co-accionada sociedad mercantil Inversiones Pullitzer, S.A. se practicase en la Residencias Á.G., piso 4, número 4-A, Novena Transversal de la Urbanización Los Palos Grandes, Caracas y que el día 07 de diciembre de 2005 la apoderada judicial de la demandante consignó los fotostatos para la elaboración de las compulsas, no es menos que no consta en estas autos diligencia de la actora o del Alguacil dejando constancia de haber consignado o entregado los emolumentos al Alguacil para el traslado o que dicho funcionario así lo haya hecho constar, evidenciándose que no fue sino hasta el día 31 de julio de 2006 en que el Alguacil del a quo dejó constancia de la imposibilidad de practicar la citación personal de los accionados, lo que denota, sin lugar a duda, que transcurrió sobradamente el lapso de treinta (30) días a contar de la admisión de la demanda, sin que la actora realizara en forma conjunta el acto de impulso procesal para lograr la citación de los demandados.

Estima este Juzgado Superior que erró el tribunal de mérito al indicar en la decisión cuestionada que en este caso no había operado la perención breve al afirmar, que a pesar de que la parte actora no dejó constancia en el expediente de haber consignado los emolumentos para el traslado del Alguacil, resultaba evidente que dicho funcionario sí los percibió y sí se trasladó al domicilio indicado por la actora, y que era el tribunal quien tenía la carga de dejar constancia de lo actuado en cuanto a la citación de la parte demandada por lo que mal podía sancionarse por tal omisión a la demandante, por cuanto si bien es cierto que de acuerdo con lo previsto en el ordinal primero del artículo 267 eiusdem y la jurisprudencia ut supra citada de nuestro m.T., la obligación de dejar constancia en autos de haber consignado los emolumentos para el traslado del Alguacil para practicar la citación de la parte demandada la tiene el Alguacil, no es menos cierto que la parte actora así lo debe requerir o dejar constancia de ello, o podría sobreentenderse si el traslado del funcionario se realizó dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda, lo que no ocurrió en el sub examine, ya que desde el día 1º de diciembre de 2005, fecha en la cual se admitió la demanda y el día 31 de julio de 2006, data en que el Alguacil dejó constancia de la imposibilidad de citar de la parte demandada, transcurrieron sobradamente más de treinta (30) días, lo que denota que la demandante no cumplió oportunamente con los requisitos concurrentes para citar a los demandados.

Es imperioso señalar, respecto a la exigencia que haya una omisión en el cumplimiento de las obligaciones, que en la fase de citación personal, la carga para el actor se agota (i) con indicar la dirección donde se ha de citar; (ii) consignar las copias del libelo para ser compulsadas; y (iii) según la Sala de Casación Civil, “el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención”.

En conclusión, por cuanto en el sub examine ha quedado demostrado que transcurrieron más de treinta días consecutivos contados a partir de la fecha de admisión de la demanda (1º de diciembre de 2005), sin que el demandante cumpliera con las obligaciones que le impone la Ley para que se practicara la citación de los demandados, entre ellas, la de consignar los emolumentos para el traslado del Alguacil, y toda vez que los hechos sucedidos en este caso guardan perfecta relación de identidad con el supuesto fáctico consagrado en el ordinal primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, debe concluirse que en el sub lite ha operado la perención breve de la instancia, lo que de suyo hace que prospere en derecho el medio recursivo utilizado por la parte demandada, y en consecuencia, deba revocarse únicamente en ese aspecto el fallo cuestionado y así se dispondrá de manera expresa, positiva y precisa en la sección in fine de esta decisión. ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.

IV

DISPOSITIVO DEL

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso ordinario de apelación ejercido en fecha 18 de julio de 2007, por el abogado J.J.N.D. actuando en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, contra la sentencia proferida en fecha 14 de junio de 2007, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual queda parcialmente revocada con la motivación aquí expuesta.

SIN LUGAR la cuestión previa opuesta por la parte demandada contenida en el ordinal 10° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la caducidad de la acción establecida en la Ley.

HA LUGAR la perención breve de la instancia solicitada por la parte demandada, y en consecuencia, extinguida la demanda por cobro de bolívares (vía intimación) impetrada por la ciudadana J.L. representada por la abogada A.M.L.P. actuando en su condición de endosataria en procuración, contra el ciudadano A.A.P. y la sociedad de comercio Inversiones Pullitzer S.A., expediente Nº 42.538 (nomenclatura del aludido juzgado), de conformidad con lo establecido en el ordinal primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.

De conformidad con lo decidido y lo previsto en el artículo 283 eiusdem, no hay condenatoria en costas.

Expídase por Secretaría copia certificada de la presente sentencia, a los fines de su archivo en el copiador de sentencias interlocutorias que lleva este Juzgado, tal y como lo dispone el artículo 248 íbidem.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Años: 197º de la Independencia 148º de la Federación. En la ciudad de Caracas, a los quince (15) días del mes de noviembre de dos mil siete (2007).

EL JUEZ,

A.M.J.

LA SECRETARIA,

Abg. M.C.F.

En esta misma fecha, siendo las tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), se publicó, registró y agregó al expediente la anterior decisión, constante de doce (12) folios útiles.

LA SECRETARIA,

Abg. M.C.F.

Expediente Nº 07-10054

AMJ/MCF.