Decisión nº 13.156-DEF(EXQ)-CIV de Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 20 de Noviembre de 2013
| Fecha de Resolución | 20 de Noviembre de 2013 |
| Emisor | Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Transito |
| Ponente | Indira Paris Bruni |
| Procedimiento | Exequatur |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL,
TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS
SOLICITANTE: J.B.G.H., venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N°. V-11.919.341.
APODERADO JUDICIAL DE LA SOLICITANTE: R.E.C., venezolano, mayor de edad, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº.3.943.
MOTIVO: EXEQUÁTUR
Exp. Nº: AP71-S-2012-000006
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DE LA PRETENSIÓN.-
Mediante escrito presentado en fecha 09.05.2012, (f.01 al 06), ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas, por el abogado R.E.C., actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana J.B.G.H., solicitó la admisión del procedimiento de Exequátur, esto para que la Sentencia dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 88, Secretaria Única de la Capital Federal de la República de Argentina, en fecha treinta y uno (31) de Marzo del año 2011, posea eficacia y fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela.
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ACTUACIONES EN ESTA INSTANCIA.-
Conoce éste Tribunal de la solicitud de exequátur interpuesta por el abogado R.E.C., actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana J.B.G.H., de la sentencia de divorcio que declaró el estado marital terminado legalmente el 31.03.2011, habida entre la ciudadana J.B.G.H. y el ciudadano R.M.T.E., emanada del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 88, Secretaria Única de la Capital Federal de la República de Argentina, en fecha 31.03.2011.
Cumplida la distribución legal, le correspondió el conocimiento de la causa a éste Juzgado Superior Primero que por auto de fecha 16.05.2012, (f.92), se le dio entrada y se instó a la representación de la parte solicitante a consignar el documento principal debidamente apostillado, esto a los fines de que el Tribunal se pronunciara sobre la admisión.
En fecha 03.10.2012,(f.101), se admitió dicha solicitud en cuanto ha lugar de Derecho, se ordenó emplazar al ciudadano R.M.T.E., notificar al Fiscal del Ministerio Público de turno de esta Circunscripción Judicial, y también se ordenó librar oficios dirigido al Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería (SAIME).
En fecha 17.10.2012, (f.104), se libró el oficio N° 0293 al Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería (SAIME), a los fines de que informara a este Tribunal los movimientos migratorios y último domicilio del ciudadano R.M.T.E..
En fecha 02.11.2012, (f.106), el Alguacil titular de éste Tribunal, ciudadano G.R., dejó constancia de haber entregado la notificación ordenada al Fiscal de Turno del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, la cual fue debidamente recibida.
En fecha 17.12.2012, (f.114) a petición de parte, se acordó librar oficio N° 0362 al Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería (SAIME), a los fines de que informara a este Tribunal los movimientos migratorios y último domicilio del ciudadano R.M.T.E., a los fines de cumplir con la notificación del mencionado ciudadano, con motivo de la solicitud de Exequátur interpuesta por la ciudadana J.B.G.H..
Mediante auto de fecha 04.03.2012, (f.124) se cita mediante cartel al ciudadano R.M.T.E., para que comparezca por ante este tribunal, dentro del lapso establecido, a darse por citado de la solicitud de exequátur intentado por la ciudadana J.B.G.H., y asimismo de contestación a la misma.
Mediante diligencia de fecha 12.06.2013, (f.137) suscrita por el abogado R.E.C., apoderado especial de J.B.G.H., solicita que se le nombre un defensor judicial al ciudadano R.M.T.E., para que lo represente en este proceso, en vista de su no comparencia.
Por auto de fecha 26.06.2013, (f.139) se designa como defensora judicial, a la abogada en ejercicio M.C.P.Q., inscrita en el impreabogado bajo el N° 10.895, con quien se entenderá la citación y demás trámites en el expediente.
En fecha 03.07.2013, (f.141) el Alguacil titular de éste Tribunal, ciudadano G.R., dejó constancia de haber entregado la notificación ordenada a la abogada en ejercicio M.C.P.Q. inscrita en el impreabogado bajo el N° 10.895, defensora judicial del ciudadano R.M.T.E., la cual fue debidamente recibida.
Mediante diligencia de fecha 18.07.2013, (f.143) suscrita por la abogada en ejercicio M.C.P.Q. titular de la cedula de identidad N° 3.007.715 e inscrita en el impreabogado bajo el N° 10.895, declaró que acepta el cargo de defensor judicial recaído en su persona en el presente juicio.
En diligencia de fecha 10.07.2013, (f.145) suscrita por el abogado R.E.C., apoderado especial de J.B.G.H., solicita que se cite a la abogada en ejercicio M.C.P.Q. titular de la cedula de identidad N° 3.007.715 e inscrita en el impreabogado bajo el N° 10.895, defensora judicial del ciudadano R.M.T.E..
Mediante diligencia de fecha 14.10.2013, (f.152) suscrita por la abogada en ejercicio M.C.P.Q. titular de la cedula de identidad N° 3.007.715 e inscrita en el impreabogado bajo el N° 10.895, defensora judicial del ciudadano R.M.T.E., manifiesta estar de acuerdo con la solicitud realizada por la ciudadana J.B.G.H., y en tal sentido solicita que se declare con fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela, la Sentencia dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 88, Secretaria Única de la Capital Federal de la República de Argentina, en fecha treinta y uno (31) de Marzo del año 2011.
Este Tribunal Superior Primero, estando dentro de la oportunidad de decidir, se hace con arreglo a las siguientes consideraciones:
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MOTIVACIONES PARA DECIDIR.-
* De la Competencia de Este Tribunal Superior.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, el 06 de febrero de 1999, las normas del Código de Procedimiento Civil, que regulaban este aspecto quedaron parcialmente derogadas. En efecto, los requisitos de fondo para la eficacia de los actos emanados de las autoridades extranjeras se encuentran previstos en el Capítulo Décimo, artículos 53 al 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado. En cuanto a la tramitación del exequátur, esto es, su aspecto adjetivo, se encuentra regulado en los artículos 852 al 856 del Código de Procedimiento Civil.
Siendo ello así, debe atenderse a lo previsto en el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil. En tal sentido, la referida norma dispone lo siguiente:
Artículo 856: “El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se hayan de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables”.
En línea con lo expuesto, ha señalado el Tribunal Supremo de Justicia en reiterada Jurisprudencia, de la Sala Político Administrativa, de fecha 14 de octubre de 1999 y 6 de agosto de 1997, que lo relevante para calificar a un asunto como no contencioso es lo que a continuación se expresa: “... no lo es la mera ausencia de contención, sino que se trate de procedimientos que por su naturaleza, pretensiones y finalidad respondan que las ‘partes’ en los mismos tengan un común interés y que la sentencia no resulte ‘condenatoria’ o ‘absolutoria’ de una de ellas…” (SPA, 06 de agosto de 1997, caso: Nací Y.M.C. vs. Horst Herrmann)”.
En razón de ésta disposición, los Juzgados Superiores serán competentes para conocer de la solicitud de exequátur cuando la misma verse sobre emancipación, adopción o cualquier otra materia de carácter no Contencioso.
Es en este último aspecto, donde se evidencia el carácter no contencioso de la disolución del matrimonio declarado por la sentencia de divorcio, dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 88, Secretaria Única de la Capital Federal de la República de Argentina, en fecha 31.03.2011 pues, se constató de dicho procedimiento que su naturaleza jurídica no es contenciosa, pues no se verificó del fallo elementos de contradicción alguno, el cual se sustentó en el hecho que el matrimonio estaba irreparablemente roto, lo que condujo a la ciudadana J.B.G.H. a solicitar el divorcio, siendo entonces el caso que nos ocupa evidentemente de carácter no contencioso, en consecuencia esté Tribunal Superior se declara competente para conocer de la presente solicitud de exequátur. ASÍ SE ESTABLECE.
** Del Análisis de la Pretensión Interpuesta
Observa ésta Superioridad que el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, derogatorio de los artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, respecto a los requisitos que deben concurrir para que las sentencias extranjeras tengan efecto en Venezuela, expresamente señala: “Las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
1) Que hayan sido solicitadas en materia Civil o Mercantil o, en general, en materia de Relaciones Jurídicas Privadas;
2) Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado en el cual han sido pronunciadas;
3) Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio;
4) Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capitulo IX de esta Ley;
5) Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa;
6) Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tanga autoridad de cosa juzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los Tribunales venezolanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes que se hubiere dictado la sentencia extranjera”.
Con vista a lo anteriormente trascrito, éste Tribunal pasa a verificar los requisitos correspondientes para la procedencia al presente proceso, previsto en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado contenido en la mencionada sentencia, al respecto se observa:
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- Que la sentencia de fecha 31.03.2011. emanada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 88, Secretaria Única de la Capital Federal de la República de Argentina, versa sobre la disolución de un vínculo matrimonial, es decir una sentencia de divorcio, la cual constituye materia de naturaleza Civil, cumpliéndose en ese sentido el primer extremo de dicho artículo.
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- La sentencia en comento tiene fuerza de Cosa Juzgada de acuerdo con la legislación de Buenos Aires, Argentina, vale decir, tiene plena firmeza, dándose de esta manera el segundo extremo del artículo 53 eiusdem.
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- Que del contenido de la sentencia no se observa que hayan estado en reclamación derechos reales referidos a bienes inmuebles situados en la República Bolivariana de Venezuela, con lo cual se cumple el tercer extremo fijado en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado.
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- Que en el presente caso no observa esta Juzgadora, que con la sentencia objeto de exequátur, se le haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción para conocer del asunto bajo análisis. La decisión dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 88, Secretaria Única de la Capital Federal de la República de Argentina lugar de residencia de la ciudadana J.B.G.H. y del ciudadano R.M.T.E., para la fecha en que fue dictada dicha sentencia, con lo que efectivamente se encuentra satisfecho el extremo del mencionado artículo 53 ibidem, pues el Tribunal que dictó la sentencia tenía jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo a la legislación de Buenos Aires, principios generales de jurisdicción consagrados en el Capítulo IX de las tantas veces mencionada Ley de Derecho Internacional Privado.
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- Constata ésta Juzgadora, que en el presente proceso se evidencia el cumplimiento del requisito, referido a la citación de las partes, ello, en primer lugar, en virtud de que fue de mutuo acuerdo la separación y en segundo lugar, porque se evidencia de la sentencia de divorcio que en todo momento los cónyuges son los que manifiestan su voluntad de separarse sin posibilidad alguna de unirse nuevamente.
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- Observa éste Tribunal que no consta ni se desprende de autos que, la sentencia debidamente apostillada, sea incompatible con sentencia de data anterior que tenga autoridad de Cosa Juzgada, ni que se encuentre pendiente en los Tribunales de la República Bolivariana de Venezuela, algún juicio o demanda referidos al mismo objeto y personas, iniciado previamente al dictamen de la sentencia extranjera cursante a los autos del expediente, traducida por interprete público.
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- Ésta Superioridad Considera que la referida sentencia, objeto de la solicitud de exequátur, no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley Venezolana, ya que el proceso se manejó por mutuo acuerdo, motivo que contempla nuestra legislación Civil para la declaratoria de divorcio en el artículo 185 del Código Civil, al haberse iniciado por solicitud de divorcio.
En este sentido, considera éste Tribunal que la sentencia extranjera de fecha 31.03.2011, reviste las formalidades externas necesarias para ser considerada auténtica en Buenos Aires (Argentina) y se encuentra debidamente apostillado por M.I., Funcionario Habilitante, con la respectiva apostilla la cual cumple con los extremos exigidos en el Convenio de La Haya de fecha 05.10.1961, que la hace válida en Venezuela.-
Constata éste Tribunal Superior Primero, que cumplidos como se encuentran en el presente caso bajo estudio, los extremos consagrados en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, debe ésta Superioridad declarar el pase en autoridad de Cosa Juzgada a la sentencia de divorcio emanada del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 88, Secretaria Única de la Capital Federal de la República de Argentina, en fecha 31.03.2011, entre los ciudadanos J.B.G.H. y R.M.T.E., para que surta sus efectos legales dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASÍ SE DECLARA.
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DISPOSITIVA.-
En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
ÚNICO: Se concede EFICACIA EN SU TOTALIDAD Y FUERZA EJECUTORIA en la República Bolivariana de Venezuela, a la sentencia de fecha 31.03.2011 emanada del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 88, Secretaria Única de la Capital Federal de la República de Argentina, mediante la cual declaró el divorcio del matrimonio celebrado entre los ciudadanos J.B.G.H. y R.M.T.E. ambos identificados en autos, por el Registro Civil de Matrimonio, en fecha 22.04.2006, anotado bajo el Nº 16 de los Libros de Registro Civil de Matrimonios del año 2006. Líbrese las participaciones respectivas en la oportunidad correspondiente.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas a los veinte (20) días del mes de Noviembre de dos mil trece (2013). Año 203º y 154º
LA JUEZ
DRA. INDIRA PARIS BRUNI
EL SECRETARIO ACC,
ABG. JHONME R. NAREA TOVAR
En la misma fecha se dictó y publicó el anterior fallo, siendo las nueve y veinte minutos de la mañana. (9:20 a.m).
EL SECRETARIO ACC,
ABG. JHONME R. NAREA TOVAR
IPB/JNT/Javier
Exequátur/Def.
Materia: Civil
Exp. Nº AP71-S-2012-000006
