Decisión nº 026-05 de Corte de Apelaciones Sala 3 de Zulia, de 7 de Octubre de 2005

Alega la apoderada del accionante en amparo que la decisión dictada en fecha 9 de agosto de 2005 por el Juzgado Cuarto de Control con sede en Cabimas violentó a su representado JENS SCHMIDT sus derechos constitucionales al debido proceso y derecho a la defensa, consagrados en los artículos 49.3 de la Constitución Nacional, artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículos 1, 10, 12, 85, 86 y 125, numerales 1, 3, 4, 5, y 167 del Código Orgánico Procesal Penal, pues desde que se inició la investigación en contra de su defendido en fecha 26-02-2002, por ante la Fiscalía Vigésimo Octavo del Ministerio Público por los delitos ambientales imputables (investigación No. F28-175-02), se le designó un intérprete para traducir del idioma inglés al castellano, y no un intérprete en el idioma danés, que es su lengua de origen, cuando lo debe hacer es el órgano jurisdiccional, tal como lo exige el artículo 167 del referido código penal adjetivo. La accionante alega además que no existe ninguna actuación por parte de la Fiscalía en la que se pueda evidenciar comunicación alguna con la Embajada o Consulado de Dinamarca en el país, a los fines de garantizar el cumplimiento de los pactos y tratados internacionales en materia de procesos penales. Por lo tanto, estando el presente proceso en fase preliminar, la jueza cuarta de control debería designar un intérprete en su idioma danés y no en inglés, tal como lo acordara la mencionada jueza.

Vistos pues, los anteriores argumentos, esta Sala Tercera en sede constitucional hace las siguientes consideraciones:

El respeto por la lengua materna u originaria de cada persona, como parte del derecho a la cultura, es el presupuesto básico para su defensa real y efectiva, que garantiza además su identidad cultural. Por esta razón, una de las garantías mínimas debidas de la que goza el inculpado en proceso es la de estar asistido por un intérprete cuando el mismo no pueda comunicarse o entender el idioma castellano, tal como lo ordena el mismo artículo 49.3 de la Constitución. En consonancia con esta norma constitucional, el ordinal 4º del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal desarrolla este derecho del imputado, de ser “…asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no comprende o no habla el idioma castellano”. Asimismo, el primer aparte del artículo 167 del referido código penal adjetivo también establece esta garantía de manera expresa: “Los que no conozcan el idioma castellano serán asistidos por uno o más intérpretes que designará el tribunal”.

A nivel internacional, el artículo 14.3.f del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos de Naciones Unidas prescribe: “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: f) a ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal...”. Con similar redacción, el artículo 8.2, literal “a” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos la reconoce como la segunda garantía judicial del debido proceso, en los siguientes términos: “Toda persona inculpada de delito tiene…a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, sino comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal”. Por tanto, el derecho individual a intérprete es un requisito imprescindible dentro del proceso que garantiza la igualdad de medios para preparar la defensa, el principio de igualdad de condiciones y el derecho a un p.j. (Véase: Amnistía Internacional. JUICIOS JUSTOS Manual de Amnistía Internacional. Madrid, Editorial EDAI, 2000: p. 121). Tal obligación se le impone al órgano jurisdiccional y no al fiscal del Ministerio Público, quien deberá velar por el cumplimiento de esta garantía.

Ante la solicitud de nulidad absoluta invocada por la defensa del accionante, en fechas 18 de mayo, 15 de julio y 4 de agosto del presente año, es menester revisar la decisión dictada por la juez a quo, mediante la cual resolvió declarar sin lugar dicha petición en fecha 9 de agosto de 2005, a la luz de los siguientes fundamentos:

...consta que el ciudadano JENS FINDERUP SCHMIDT, en la oportunidad de imputación fiscal, fue asistido por un intérprete del idioma inglés, y que así mismo, posterior a esta fecha, ha venido realizando actos en la referida causa, que implican el conocimiento que tiene de la misma y que tiene medios para comunicarse diferentes a su idioma n.D., tal como lo refiere la defensora en su escrito de fecha 14 de junio del 2005.

Ahora bien, teniendo en cuenta que ratificada como a (sic) sido la solicitud de nulidad y debiendo aun de oficio este tribunal pronunciarse sobre la misma considera quien aquí decide que el ciudadano JENS FINDERUP SCHMIDT, en la presente causa ha venido participando por si y por medio de su defensor en el desarrollo de la investigación, aun en la fase intermedia mediante la presentación de escrito a los fines de la Audiencia Preliminar, con medios que evidencian su posibilidad de comunicarse. Ante un Tribunal de Control en la ciudad de Maracaibo, designó sus defensores para que en su condición de Gerente de la Sociedad Mercantil MAERSK DRILLING VENEZUELA CA, a quien se está acusando de conformidad a lo ya señalado por Responsabilidad Penal objetiva..., y así mismo, ante las notificaciones que se le han realizado con funcionarios de la Guardia Nacional, él mismo ha asistido a las convocatorias de este Tribunal.

Es importante señalar que en la fase de investigación, el referido ciudadano estuvo asistido por un intérprete de conformidad con la Ley, por lo que no se encuentran afectadas de nulidad los actos de investigación realizados que llevaron a la presentación de la acusación fiscal; ya que si bien la vigente Constitución, en su numeral 3 del artículo 49 establece que quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete, al mismo se le garantizó su derecho a la defensa, al derecho de toda persona a ser oído en cualquier clase de proceso.

El derecho del procesado, en el sentido expresado, se ejerce mediante un intérprete y a falta de éste se nombrará una persona que entienda el idioma (o las señas con las que se comunica) a quien no hable el idioma castellano. En el presente caso estuvo asistido de intérprete en el idioma inglés de conformidad con la ley.

Es importante señal (sic) que tal como lo señala la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el nombramiento de tal intérprete corresponde hacerlo al Tribunal, ya que la autenticidad de la exactitud de la traducción, no puede ser controlada exclusivamente por el interpretado. Es necesario que el tribunal crea que lo que se esta (sic) traduciendo (o interpretando) es fielmente lo que se está expresando, y ello se logra mediante el nombramiento de una persona, que además de apta, se considera imparcial, y que por tanto va a garantizar la veracidad del dicho del exponente o interrogado.

En tal sentido JENS FINDERUP SCHMIDT, ha tenido la posibilidad de ser oído como garantía del debido proceso por lo que no se puede pensar que el proceso de (sic) tenga que paralizar o se afecte de nulidad, si en los actos posteriores, ha estado sin compañía de su intérprete pero evidentemente utilizando medios para comunicarse con su defensor. Pensar lo contrario es permitir que se burle la administración de justicia, y ante la comisión de un delito aducir que no se entiende lo que se le imputa a los fines de no ser juzgado.

La garantía del debido proceso implica no solo que el procesado pueda ser oído, sino que entienda sobre lo que se le juzga, como paso previo, por lo que el intérprete debe hacer conocer los cargos que se le imputan tal como se hizo en la presente causa y escuchar y traducir su respuesta a los mismos...

Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto por la Defensa, considera esta Juzgadora, que el ciudadano JENS FINDERUP SCHMIDT, Gerente de la sociedad Mercantil MAERSK DRILLING VENEZUELA CA, ha tenido los medios para comunicarse no solo (sic) durante la fase de investigación, sino también durante la fase intermedia, ya que el mismo ha asistido en compañía de su Defensa, lo cual no afecta de nulidad absoluta la presente causa, ni puede paralizar el proceso..., mas aún cuando el referido ciudadano ha tenido los medios para comunicarse con sus abogados y en el quehacer diario como comerciante de una Empresa Petrolera radicada en el País.

...lo procedente en derecho es declarar sin lugar la solicitud de nulidad absoluta planteada por la defensa, ya que el referido ciudadano si bien tuvo la asistencia de un intérprete que lo asistiera durante la fase de investigación, la falta de intérprete durante la fase intermedia puede ser subsanada con la designación de un intérprete del idioma inglés evitando así reposiciones inútiles, todo de conformidad con lo establecido en el Ordinal 3º del Artículo 49 del (sic) Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el Ordinal 4º del Artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE

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Así mismo, considera este Tribunal...que las relaciones comerciales petroleras, en la cual se desempeña el ciudadano JENS FINDERUP SCHMIDT,..., implican el conocimiento que debe tener del idioma inglés, considera quien aquí decide que lo procedente en derecho, es de oficio, acordar designarle un Intérprete del idioma inglés para que lo asista, habida cuenta que el mismo, ha venido presentando escritos defensivos, que evidencian el conocimiento y entendimiento que tiene con sus defensores que hablan castellano”.

Como se puede observar, la juez recurrida declara la improcedencia de la nulidad absoluta solicitada por los defensores del ciudadano JENS FINDERUP SCHMIDT, por considerar básicamente que el mismo ha dado muestras de comunicarse en el idioma inglés en algunos actos de la investigación llevada por ante el Ministerio Público, con sus defensores y en el quehacer diario, por ser un comerciante de una empresa petrolera radicada en Venezuela y que, por lo tanto, las actuaciones realizadas por ante el Ministerio Público quedaron subsanadas “...con la designación de un intérprete del idioma inglés evitando así reposiciones inútiles,...”.

Lo cierto es que de la revisión que hizo esta Alzada de las actuaciones llevadas por la Vindicta Pública, observa que en la declaración que rindiera el ciudadano JENS FINDERUP SCHMIDT –mediante entrevista-, por ante el Ministerio Público en fecha 26 de enero de 2005, estuvo asistido debidamente por sus abogados de confianza, abogados R.Q., P.G.G. y F.L.U., juramentados por ante el Juzgado Undécimo de Control de este mismo Circuito Judicial Penal (folio 600, Pieza 4, Investigación No. 24-F28-175-02). Pero además estuvo asistido por un intérprete público, ciudadana MERY D´LACOSTE DE GILLEZEAU, debidamente acreditada ante el Ministerio del Interior y Justicia (Ver folio 601), para traducirle en el idioma inglés y no al danés, conforme a la nacionalidad del accionante, por lo que la Fiscal Cuadragésima del Ministerio Público alegó en la audiencia oral constitucional celebrada por ante esta Sala Tercera que el mismo imputado había manifestado que se podía comunicar en el idioma inglés, y este hecho no fue controvertido por su defensa. Por otra parte, la representación fiscal alegó en sus conclusiones que este acto de individualización del imputado, le corresponde única y exclusivamente al Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 del Código Orgánico Procesal Penal.

Lo que debe estar claro entonces, es que el derecho a la designación a un intérprete cuando el imputado o acusado no conoce o domina el idioma del tribunal que lo juzga, forma parte esencial de una de las garantías del debido proceso, hoy reconocido en forma sistemática en el numeral 3º del artículo 49 de la Constitución Nacional en los términos siguientes: “...Quien no hable castellano, o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete”. Esta garantía procesal o judicial también se encuentra expresada en el artículo 8.1 de la Convención Americana, como se señaló ut supra. Pero por supuesto, esta garantía no puede ser interpretada en forma aislada con respecto al resto de las garantías allí establecidas, pues guarda por ejemplo, directa relación con el derecho a la defensa y la asistencia jurídica reconocidos en el numeral primero del artículo 49 constitucional, los cuales “...son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso” (Subrayado de la Sala).

Al respecto, La Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 106, de fecha 19/03/2003, señaló lo siguiente:

El debido proceso es el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia; que le aseguren la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho...

Al comentar el contenido y alcance de esta garantía, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 15 de marzo de 2000, estableció lo siguiente:

Se denomina debido proceso a aquel que reúna las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. Es a esta noción a la que alude el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas.

Pero la norma constitucional no establece una clase determinada de proceso, sino la necesidad de que cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva.

De la existencia de un proceso debido se desprende la posibilidad de que las partes puedan hacer uso de los medios o recursos previstos en el ordenamiento para la defensa de sus derechos e intereses. En consecuencia, siempre que de la inobservancia de las reglas procesales surja la imposibilidad para las partes de hacer uso de los mecanismos que garantizan el derecho a ser oído en el juicio, se producirá indefensión y la violación de la garantía de un debido proceso y el derecho de defensa de las partes…

(Oscar P.T.. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA No. 3. Año XXVII. Marzo 2000: p. 516 y 517).

De acuerdo a la doctrina, cuando estas garantías judiciales están circunscritas al ámbito procesal penal, dirigidas al acusado o inculpado, se habla de garantías judiciales “mínimas”, entre las cuales se encuentra el “...derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o habla el idioma del juzgado o tribunal” (Pedro P.C.. EL DEBIDO PROCESO. Bogotá D.C., Editorial Leyer Ltda., 2001: p. 76).

La jurisprudencia en forma reiterada ha señalado que el derecho al debido proceso –y dentro de éste el derecho a la defensa-, tiene un carácter operativo e instrumental que nos permite poner en práctica los denominados derechos de goce (p. e., Derecho a la vida, a la libertad, al trabajo); es decir, su función última es garantizar el ejercicio de otros derechos materiales mediante la tutela judicial efectiva. Por ello, su ejercicio implica la concesión para ambas partes en conflicto, de la misma oportunidad de formular pedimentos ante el órgano jurisdiccional. De manera que la violación del debido proceso podrá manifestarse de dos formas:

1) Cuando se prive o coarte a alguna de las partes la facultad procesal para efectuar un acto de petición que a ella privativamente le corresponde por su posición en el proceso;

2) Cuando esa facultad resulte afectada de forma tal que se vea reducida, teniendo por resultado la indebida restricción a las partes de participar efectivamente en plano de igualdad, en cualquier juicio en el que se ventilen cuestiones que les afecte (JURISPRUDENCIA VENEZOLANA RAMÍREZ & GARAY. Tomo CLXXIII 2001. Enero-Febrero. 90-01 a): p. 270 y 271).

Como se puede observar, en el caso de marras la designación del intérprete para el imputado JENS SCHMIDT, la hizo en forma directa el Ministerio Público, al amparo de las facultades que le confiere el artículo 130 de la ley penal adjetiva durante la fase investiga. Sin embargo, a criterio de quienes aquí deciden, esta facultad es exclusiva del órgano jurisdiccional, concretamente al juez de control, quien tiene la competencia específica de “...hacer respetar las garantías procesales,...”, conforme lo establece el primer aparte del artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal. Por su parte, el artículo 167 del referido código adjetivo penal establece en forma clara y meridiana que el idioma oficial en el proceso penal es el castellano, en sintonía con el artículo 9 constitucional, agregando en su primer aparte que “Los que no conozcan el idioma castellano serán asistidos por uno o más intérpretes que designará el tribunal” (subrayado de la Sala). Ello aunado a la potestad que emana de los jueces ordinarios o especializados de aplicar la ley en todos los procesos penales que estén bajo su competencia (artículo 7 del Código Orgánico Procesal Penal).

En este orden de ideas, esta Sala acoge íntegramente el criterio sustentado por el Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, en su voto salvado en la sentencia de fecha 02 de noviembre de 2000 (Caso Camaj Stjefan), quien señaló expresamente lo siguiente:

El nombramiento de tal intérprete corresponde hacerlo al Tribunal, ya que la autenticidad de la exactitud de la traducción, no puede ser controlada exclusivamente por el interpretado. Es necesario que el Tribunal crea que lo que se está traduciendo (o interpretado) es fielmente lo que se está expresando, y ello se logra mediante el nombramiento de una persona, que además de apta, se considere imparcial, y que por tanto va a garantizar la veracidad del dicho del exponente o interrogado.

La necesidad de credibilidad, conduce a que sea el Tribunal quien designe el intérprete, como señal de confianza en su imparcialidad y credibilidad...

Por lo tanto, los actos realizados durante la fase investigativa por parte del Ministerio Público, en cuanto al nombramiento del interprete público, no estaban ajustados a derecho, pues vulneraron garantías procesales fundamentales del ciudadano JENS SCHMIDT, hoy accionante por vía de amparo, por lo que al estar viciados de nulidad absoluta por violentar el derecho a la defensa y el debido proceso, los mismos debieron ser anulados por la juez a quo, y no lo hizo. En consecuencia, quienes aquí deciden consideran que lo procedente en derecho es declarar con lugar la Acción de A.i. por la ciudadana R.A.L.T., con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano JENS FINDERUP SCHMIDT, presidente ejecutivo de la empresa MAESRSK DRILLING DE VENEZUELA S.A, es decir, anular la declaración rendida por vía de entrevista por el ciudadano JENS FINDERUP SCHMIDT, en la fase investigativa (No. 24-F28-175-02) llevada por ante la Fiscalía Cuadragésima del Ministerio Público, con competencia Nacional, con sede en esta ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, de conformidad con lo previsto en los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, por vulnerarse el artículo 49, numerales 1º y 3º, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 1, 10, 12, 85, 86 y 125, numerales 1, 3, 4, 5, y 167 del referido código penal adjetivo, y los actos consecutivos que de éste se deriven con relación única y exclusivamente al ciudadano JENS FINDERUP SCHMIDT; así también anular la decisión No. 4C-1894-05, dictada en fecha 9 de agosto de 2005, por el Juzgado Cuarto de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, con sede en Cabimas, así como todos los actos consecutivos que de la misma dependieren, por ser violatoria de las mismas garantías antes mencionadas, conforme a lo previsto en los artículos 190, 191, 195 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal. Por tales motivos, se ordena distribuir la presente causa a otro tribunal de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, con sede en Cabimas. Esta Sala acuerda incluir la frase subrayada al dispositivo de la presente sentencia, por considerar que no constituye una modificación esencial al fondo de lo decidido en fecha 06-10-2005, y la hace más explícita en cuanto a su alcance, conforme a lo establecido en el artículo 176 del referido código penal adjetivo.

Como corolario de lo anterior, esta Sala Tercera en sede constitucional, advierte que hasta ahora, no consta en actas que el Tribunal de la causa accionado haya hecho las gestiones necesarias ante los organismos diplomáticos y consulares de la República de Dinamarca en el país, a los fines de agotar la designación de un intérprete de esa nación acreditados en Venezuela, por lo que se ordena al Tribunal que conozca de la presente causa que antes de la realización de cualquier acto jurisdiccional en la cual deba estar presente el ciudadano JENS FINDERUP SCHMIDT, a los fines de resguardar de manera efectiva el sagrado derecho a la defensa que lo ampara en todo proceso. Y así se decide.

DISPOSITIVA

Por los fundamentos expuestos, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PRIMERO: CON LUGAR la Acción de A.i. por la ciudadana R.A.L.T., abogada en ejercicio inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 77.233 con el carácter de Apoderada Judicial del ciudadano JENS FINDERUP SCHMIDT, Danés, titular de la cédula de Identidad No. E-82.251.159, domiciliado en Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia, presidente ejecutivo de la empresa MAESRSK DRILLING DE VENEZUELA S.A. SEGUNDO: la NULIDAD ABSOLUTA de la declaración rendida por vía de entrevista por el ciudadano JENS FINDERUP SCHMIDT, en la fase investigativa (No. 24-F28-175-02) llevada por ante la Fiscalía Cuadragésima del Ministerio Público, con competencia Nacional, con sede en esta ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, de conformidad con lo previsto en los artículos 190, 191 y 195 del Código Orgánico Procesal Penal, por vulnerarse el artículo 49, numerales 1º y 3º, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 1, 10, 12, 85, 86 y 125, numerales 1, 3, 4, 5, y 167 del referido código penal adjetivo, y los actos consecutivos que de éste se deriven, con relación única y exclusivamente al ciudadano JENS FINDERUP SCHMIDT, conforme lo ordena el artículo 196 del código penal adjetivo. TERCERO: La NULIDAD ABSOLUTA de la decisión No. 4C-1894-05, dictada en fecha 9 de agosto de 2005, por el Juzgado Cuarto de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, con sede en Cabimas, así como todos los actos consecutivos que del mismo dependieren, por ser violatorias de las mismas garantías antes mencionadas, conforme a lo previsto en los artículos 190, 191, 195 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: Se ACUERDA distribuir la presente causa a otro tribunal de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, con sede en Cabimas, y se ORDENA al Juez de control que conozca de este proceso, que en lo sucesivo deberá notificar a las autoridades diplomáticas de la República de Dinamarca con sede en Venezuela, a los fines de garantizar de manera efectiva el derecho al debido proceso y, por ende, el derecho a la defensa del mencionado accionante, ciudadano JENS FINDERUP SCHMIDT, cumpliendo con todos los requisitos legales en caso de nombramiento de un intérprete.

Dicho mandamiento será acatado por todas las Autoridades de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Ley Orgánica de A.s.D. y Garantías Constitucionales.

Regístrese, Publíquese.

LA JUEZA PRESIDENTE,

D.C.L.

LOS JUECES PROFESIONALES,

R.C.O.S.C.D.P.

Ponente

LA SECRETARIA

LAURA VILCHEZ RIOS

En la misma fecha se registró la anterior sentencia en el Libro respectivo bajo el Nº 026-05.

LA SECRETARIA

LAURA VILCHEZ RIOS

Causa Nº 3Aa 2839-05

RCO/rco