Decisión de Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de Apure, de 29 de Enero de 2007

República Bolivariana de Venezuela

Poder Judicial

En su nombre

Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur

ASUNTO: 2.327

DEMANDANTE: J.L.B., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 9.877.961, de este domicilio.

ABOGADO DE LA DEMANDANTE: J.H., abogado de este domicilio, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 27.483.

DEMANDADO: EL ESTADO APURE.

APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDADO: PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO APURE.

MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.

Visto que el presente juicio de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES fue admitido y sustanciado hasta la etapa de sentencia proveniente de los laborales, éste debe ser sentenciado de acuerdo con lo previsto en la ley, de modo que el presente fallo será dictado sin narrativa y siendo la oportunidad legal correspondiente, esta Juzgadora procede a hacerlo en los siguientes términos:

Síntesis de la controversia:

Alega el recurrente:

Que en fecha 08 de agosto de 1.999, comenzó aprestar sus servicios como Comisario, adscrito al Ejecutivo Regional del Estado Apure, hasta el día 27 de agosto de 2.000, por haber sido despedido. Durante el tiempo de trabajo de un (01) año y once (11) días de manera ininterrumpida, ganando diferentes sueldos, siendo el último sueldo de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 300.000,00).

Finalmente solicitó:

Que el Estado Apure sea condenado a cancelarle la cantidad de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS BOLÍVARES (Bs. 7.214.223,00) por concepto de cobro de acreencia respecto al patrono.

En fecha 04 de junio de 2.002 el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario, Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure admitió la presente demanda por Cobro de Prestaciones Sociales y ordeno librar las notificaciones respectivas.

En fecha 25 de julio de 2002, compareció el ciudadano J.L.B.E., debidamente asistido por el abogado en ejercicio I.J.H., mediante la cual concedió Poder Apud-Acta al abogado I.J.H., titular de la cédula de identidad N° 8.157.401, e inscrito en el inpreabogado bajo el N° 27.483, con la finalidad de representar al mencionado ciudadano en la presente causa de Cobro de Prestaciones Sociales, contra el Estado Apure.

En fecha 20 de marzo de 2.003, el ciudadano R.J.M.B., en su carácter de PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO APURE, introdujo escrito mediante el cual concedió poder especial APUD ACTA a la abogado I.G.M.H., para que represente al Estado Apure en el presente juicio de cobro de acreencias respecto al patrono incoado por el ciudadano J.L.B..

En fecha 27 de marzo de 2.003, la abogado I.G.M.H., introdujo escrito mediante el cual dio contestación a la presente demanda, en donde alegó en su capitulo segundo de mencionado escrito prescripción de la demanda de conformidad con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual expresa: “Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (01) año contado desde la terminación de la prestación del servicio”, y por otro lado negó, rechazó y contradijo que se le adeude al demandante la cantidad de Siete Millones Doscientos Catorce Mil Doscientos Veintitrés Bolívares (Bs. 7.214.223,00).

En fecha 31 de marzo de 2003, el ciudadano J.H., estando en la oportunidad legal de promover las pruebas en la presente causa, presentó escrito de pruebas ante el Juzgado Primero Civil, y en la fecha 02 de abril de 2003, la abogada I.M., en su carácter de apoderada judicial de la Procuraduría General del Estado Apure, presentó escrito de pruebas, las mismas fueron agregadas al expediente por auto de fecha 07 de abril de 2003.

Por auto de fecha 09 de julio de 2003, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario, Transito y Trabajo de esta Circunscripción Judicial, por cuanto venció el lapso de evacuación de pruebas en el presente juicio, se fijó el décimo quinto días de despacho para que tenga lugar el acto de informe.

En fecha 23 de septiembre de 2003, la abogada I.G.M.H., presentó escrito de informes en el presente juicio, los mismos fueron agregados por auto de fecha 06 de octubre de 2003.

Por auto de fecha 06 de octubre de 2003, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, por cuanto venció el lapso las partes presentaran los informes a los informes ese Tribunal, dijo visto y entró en etapa de dictar sentencia.

En fecha 30 de junio de 2004, el Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario, del Transito y Trabajo de esta Circunscripción Judicial, dictó sentencia en la que declaró Parcialmente Con Lugar la demanda, incoada por el ciudadano J.L.B., en contra el Estado Apure.

En fecha 15 de julio de 2004, la abogada I.M., presentó diligencia por ante el Juzgado Primero Civil, mediante el cual apela de la decisión dictada por dicho Juzgado en la que declaró Parcialmente Con Lugar la acción por Cobro de Prestaciones Sociales.

Por auto de fecha 20 de julio de 2004, el Juzgado Primero Civil, en atención de la diligencia presentada por la abogada I.M., apoderada accionada en donde apeló de la decisión de fecha 30/06/2004, ese Tribunal oyó la apelación en ambos efectos, ordenándose remitir el expediente al Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito y Trabajo de esta Circunscripción Judicial.

Por auto de fecha 05 de agosto de 2004, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, dio por recibido y visto el presente expediente, en el que declaró abierto el lapso de ocho días siguientes para que las partes soliciten la constitución del Tribunal con asociados.

En fecha 05 de diciembre de 2005, el Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, dictó sentencia interlocutoria mediante el cual declaró Primero: “La nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en fecha treinta (30) de julio de 2004”; Segundo: “Se declina la competencia por la materia y en consecuencia se ordena remitir el presente expediente al Tribunal Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur, órgano competente para el conocimiento de la presente causa”; Tercero: “No hay condenatoria en costa dada la naturaleza de esta decisión”.

En fecha 17 de julio de 2.006, se dio por recibido y visto el expediente Nº 2706-TS-0209-05, de la nomenclatura del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, contentivo de Cobro de Prestaciones Sociales. En tal sentido lo admitió y el Juez del Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del la Región Sur se avoco al conocimiento de la causa. En consecuencia se ordeno notificar a las partes para que ejercieran los recursos previstos en los artículos 14, 90 y 233 del código de Procedimiento Civil, advirtiendo que vencido el lapso se procederá a fijar la audiencia definitiva de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, donde la jueza podrá interrogarles sobre algún aspecto de la controversia y luego se dictará el dispositivo del fallo, salvo que la complejidad del asunto exija que la misma sea dictada dentro de los cinco días de despacho siguiente a la audiencia.

Por auto de fecha 16 de noviembre de 2006, este Juzgado Superior, fijo el cuarto (4to) día de despacho siguiente a las 11:00 a.m., para que tuviera lugar la audiencia definitiva de conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

En fecha 13 de diciembre de 2.006, siendo el día y hora fijado para que se llevara a cabo la audiencia definitiva, acto al que compareció la abogada I.G.M.H., por lo que expuso: “Al demandante no le corresponde los conceptos reclamados por indemnización, bono único, pago sustitutivo ni indexación y finalmente ratifico el escrito de contestación de la demanda, es todo. Seguidamente el Tribunal dejó constancia que la parte demandante no compareció al acto ni por si ni mediante apoderado judicial”. En este estado, el Tribunal estableció el lapso de cinco (05) días de despacho para la publicación de la presente sentencia de conformidad con el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

De la Contestación de la Demanda.

En fecha 27 de marzo de 2.003, la abogada I.G.M.H., actuando con el carácter de apoderado judicial del Estado Apure, en el Capitulo II de la Contestación de la demanda, alego la Prescripción, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo el cual establece “Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios”.

- I -

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Esta Juzgadora, como punto previo, considera imperativo remitirse al análisis de los alegatos y a la revisión de los recaudos consignados con la demanda, a los fines de precisar lo relativo a la caducidad de la acción como causal de inadmisibilidad presentada por la parte querellada y al respecto se observa:

De conformidad con lo previsto en el Artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, todo recurso con fundamento a esa ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres (3) meses contados a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto.

Así las cosas, queda definitivamente claro que, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo, para los recursos funcionariales mediante los cuales los administrados solicitan la verificación de la legalidad de un acto administrativo determinado, se establece un momento, una oportunidad legal para interponerlos, admitir lo contrario implicaría limitar, o incluso dejar sin efecto, el alcance de las pautas legales establecidas en tal sentido, colocando la decisión de admitir o no un recurso presuntamente caduco, por el vencimiento del plazo, a la discrecionalidad del órgano jurisdiccional a quien se someta el conocimiento del mismo, lo cual pudiera producir actuaciones arbitrarias y anárquicas, que sin duda irían en desmedro de sentencias objetivas y ajustadas a derecho.

En vista de lo anteriormente expuesto, quien aquí juzga considera que la caducidad de la acción por querella funcionarial, según prevé la disposición legal mencionada, es un plazo que no admite interrupción ni suspensión, sino que el mismo transcurre fatalmente y cuyo vencimiento implica la extinción de la acción para ejercer el derecho que se pretende hacer valer y por ende, tal acción debe ser interpuesta antes de su vencimiento.

En consecuencia, este Juzgado Superior estima que la caducidad es, por disposición legal, una condición cuya verificación debe ser procesada por el Tribunal por ante el cual se interpone el recurso, y una vez constatada la operación de la misma, debe ser declarada inadmisible la acción incoada. Todo ello, en virtud de que el Estado necesita, por razones de estabilidad y seguridad jurídica, que los actos de la administración adquieran firmeza en un momento dado, y por ello impone el recurso que puede intentarse contra ellos una doble limitación, la legitimación activa, y la caducidad, en estudio para el caso concreto.

Ahora bien, ha sido criterio reiterado de este Tribunal y así lo ha sostenido la Corte, que tratándose de Prestaciones Sociales no le es aplicable el lapso de caducidad tan breve previsto en la norma anteriormente transcrita sino que por ser una garantía de rango Constitucional por preverlo así en su artículo 92 que establece que las prestaciones sociales son un derecho social que le corresponde a todo trabajador, sin distingo alguno, al ser retirado o removido del servicio activo, cuya mora en el cobro, genera intereses. Cualquier acto o conducta que signifique una negación para cancelarlas es inconstitucional, pues es un derecho consagrado en nuestra Carta Magna.

Por tal motivo la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo en Sentencia de fecha nueve (09) de Julio del año Dos Mil Tres (2.003), ha dejado asentado el criterio de que en los casos de las querellas que tengan por objeto el pago de prestaciones sociales, deben considerarse que dicho pago constituye un derecho subjetivo irrenunciable adquirido por el trabajador o funcionario, que no es de naturaleza indemnizatoria, como los sueldos dejados de percibir, sino un derecho que le corresponde al empleado al cesar la prestación de servicio, este derecho se traduce además, en el pago de la antigüedad como recompensa por su labor, siendo de naturaleza crediticia deudas pecuniarias- de exigibilidad - inmediata, cuya mora en el pago genera intereses.

En efecto, cuando se rompe el vínculo funcionarial con la Administración, emerge la obligación para la Administración de hacer efectivo el pago de las prestaciones sociales, derecho que se engloba dentro de los derechos sociales que tiene el funcionario público como recompensa al trabajo por los servicios prestados a la Administración.

La obligación estriba en cancelar las prestaciones sociales, derecho irrenunciable, que por un lapso de caducidad no puede ni debe menoscabarse su cumplimiento por parte de la Administración, pues dicha obligación se encuentra vinculada a un derecho también sustentado en razones jurídicas, éticas, sociales y económicas.

Dicho pago se encuentra sujeto a la norma constitucional prevista en el artículo 92 de la Constitución y forma parte de un sistema integral de justicia social que no puede sufrir fisura por una interpretación rígida del artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Es así como se hace imprescindible una interpretación más flexible y en verdadera sintonía con nuestra Carta Magna, que prevé la obligación de proporcionar una ¨tutela judicial efectiva¨, la cual no sería posible con la exigencia de lapsos de caducidad que afecten derechos constitucionales de los trabajadores, funcionarios o empleados, sin distinción alguna.

Con la motivación contenida en el fallo antes citado, se puso en evidencia la desigualdad existente entre los funcionarios públicos y los trabajadores regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, respecto al acceso a la jurisdicción para el reclamo de sus prestaciones sociales, donde para los primeros, a pesar de ser un derecho que les corresponde a ambas categorías de trabajadores por igual, la Ley del Estatuto de la Función Pública establece un lapso de caducidad de tres (3) meses, mientras que para los segundos se prevé un lapso de prescripción de un (1) año. Esta situación genera no solo una diferencia injustificada en el ejercicio del derecho que tiene todo ciudadano, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, sino que además atenta contra el principio de igualdad contemplado en el artículo 21 ejusdem, según el cual se prohíbe cualquier tipo de discriminación que tenga por objeto menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona.

Es así como la Corte conforme al anterior criterio de la interpretación del artículo 92 constitucional, los funcionarios públicos no podían ver disminuido su derecho al cobro de las prestaciones sociales por aplicación estricta de los lapsos de caducidad previstos en la Ley.

Ahora bien, en materia Contenciosos Administrativa prevalece el lapso de caducidad no así los de prescripción, es así como no existe regulación en las normas contencioso administrativas referidas a la prescripción.

Así las cosas conforme lo prevé la disposición Transitoria Cuarta de la Constitución nuestro constituyente ha pretendido, en materia del derecho a prestaciones sociales de los trabajadores, lograr un trato igualitario que permita, conforme al régimen previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, que todos los trabajadores y trabajadoras puedan disfrutar del referido derecho sin ningún tipo de discriminación, tal como se desprende del contenido del Artículo 28 de la Ley del Estatuto de la Función Pública que establece que los funcionarios y funcionarias públicos gozarán de los mismos beneficios contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento, en lo atinente a la prestación de antigüedad y condiciones para su percepción.

Por tal motivo debe dispensarse a los funcionarios públicos el mismo trato que, para el reclamo de las prestaciones sociales, la legislación laboral otorga a los trabajadores regidos por la Ley del Estatuto de la Función Pública. De manera que el lapso de tres (3) meses establecido en la Ley debe ceder ante el lapso mas favorable de un (1) año consagrado en el Artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicable a los funcionarios públicos por mandato del artículo 8 ejusdem, el cual es aplicable por mandato constitucional como lo es el derecho a la no discriminación (Artículo 21) y el derecho al acceso a los órganos de justicia y a la tutela judicial efectiva (Artículo 26).

Ahora bien, desde cuando ha de computarse dicho lapso, esta situación quedo aclarada mediante Sentencia de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo de fecha quince (15) de Mayo del año Dos Mil (2.000), según el cual el lapso de Caducidad para exigir el funcionario sus prestaciones sociales comienza desde el 27 de agosto de 2000, fecha en la cual la administración lo despide de su cargo.

Conforme a las consideraciones antes hechas, y contándose el lapso de caducidad, en la presente causa, a partir del último pago que por concepto de prestaciones sociales recibió la querellante, observa esta juzgadora que la terminación de la relación funcionarial del querellante J.L.B., se produjo en fecha 27 de agosto de 2000, acudiendo al Tribunal para así solicitar el pago de sus prestaciones sociales en fecha 23 de mayo de 2002.

Siendo ello así, corresponde a esta Juzgadora determinar si la reclamación fue interpuesta en tiempo útil dentro de lo Previsto en los recursos contenciosos administrativos funcionariales y aplicando el lapso de extensión de un (01), cuando se refiere a reclamaciones de prestaciones sociales. Ahora bien, del computo del tiempo transcurrido entre la fecha de haber terminado la relación funcionarial y la fecha de prestación del presente recurso, se evidencia que efectivamente terminó el 27 de agosto de 2000, la relación funcionarial del querellante con el ente querellado y que en fecha 23 de mayo de 2002, acudió ante el Tribunal con la finalidad de reclamar el pago de sus prestaciones sociales, transcurriendo así un lapso de un (01) año, ocho (08) meses y veintiséis (26) días, permite concluir inexorablemente que se supera el lapso de un (1) año aplicable, conforme al razonamiento anteriormente expuesto, lo que pone de manifiesto una evidente caducidad de la pretensión, sin que pueda esgrimirse que la reclamación hecha directamente por el órgano competente configure interrupción del lapso en cuestión, en virtud de que como se dijo, se trata de un lapso de caducidad y no de prescripción, el cual corre fatalmente. Y así se decide.

- II -

DECISIÓN.

Por las razones antes expresadas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, con sede en San F.d.A.E.A., administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO

Se declara INADMISIBLE el Cobro de Prestaciones Sociales interpuesto por el ciudadano J.L.B., en contra EL ESTADO APURE, por haber operado la Caducidad.

SEGUNDO

No hay condenatoria en costas en razón del principio de igualdad constitucional de las partes.

Publíquese, regístrese, cópiese y notifíquese al Procurador General del Estado Apure.

Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho de este Juzgado Superior a los veintinueve (29) días del mes de enero de dos mil siete (2007). Años: 196° y 147°.-

La Jueza Superior Suplente Especial,

Dra. M.G.d.R..

La Secretaria Temporal,

I.F..

Exp. Nº 2.327.-

MGdR/if/doug.-