Decisión de Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito Los Teques de Miranda, de 3 de Abril de 2008
| Fecha de Resolución | 3 de Abril de 2008 |
| Emisor | Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito Los Teques |
| Ponente | Hector del Valle Centeno |
| Procedimiento | Divorcio (Artículo 185 - A Del Código Civil) |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA,
PODER JUDICIAL
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA
Los Teques, 03 de abril de 2008
197º y 149º
SOLICITANTES: J.R. ZAPATA Y F.D.V.G.R., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N º V-6.054.329 y V-6.955.469, respectivamente.
ABOGADO ASISTENTE: G.V., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 77.014.
EXPEDIENTE N º 17817
MOTIVO: DIVORCIO (Artículo 185-A Código Civil)
CAPITULO I
NARRATIVA
Mediante libelo presentado en fecha 19 de julio de 2007, ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, comparecieron los ciudadanos J.R. ZAPATA Y F.D.V.G.R., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N º V-6.054.329 y V-6.955.469, respectivamente, debidamente asistidos por el abogado G.V., inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 77.014, para solicitar se declare el divorcio, conforme a lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil, alegando la ruptura prolongada de la vida en común desde hace más de cinco años.
Exponen al efecto que contrajeron matrimonio civil, ante la Prefectura del Municipio Foráneo A.E.B.d.E.B., en fecha 21 de mayo de 1982, según consta de la Copia Certificada del Acta de Matrimonio anexa, que quedó inserta bajo el N° 73, del año: 1982, en el libro de Registro de Matrimonios llevados por la Oficina de Registro Civil del Municipio Foráneo A.E.B.d.E.B.. Que no adquirieron bienes de comunidad conyugal que liquidar. Que durante la unión conyugal procrearon dos (02) hijos, de nombres: MAXIMILIANO y J.J., actualmente ambos mayores de edad. Indicaron como su domicilio conyugal la siguiente dirección: la ciudad de S.T.d.T., Parroquia Cartanal, Municipio Independencia del Estado Bolivariano de Miranda.
Que desde hace aproximadamente diez (10) años, hasta la presente fecha se encuentran separado de hecho y no han reanudado su vida conyugal, razón por la cual han decidido de mutuo y amistoso acuerdo formalizar la disolución de su matrimonio por ruptura prolongada de la vida en común conforme a lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil.
Por auto dictado en fecha 06 de agosto de 2007, ese Juzgado admitió la solicitud, ordenó emplazar mediante boleta a la Fiscal del Ministerio Público, a fin de que actuara en el procedimiento como parte de buena fe.
En fecha 06 de noviembre de 2007, se libró boleta de notificación a la representación fiscal.
En fecha 12 de noviembre de 2007, el Alguacil Titular de ese Juzgado consignó boleta firmada y sellada por la representación fiscal.
En fecha 21 de noviembre de 2007, el Fiscal Nonagésima Tercero (93°) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, presentó escrito solicitando la declinatoria de la solicitud.
En fecha 13 de diciembre de 2007, el Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se declaró incompetente, en razón de territorio, declinó la competencia al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, remitió expediente junto con oficio N° 07-2321
En fecha 17 de enero de 2008, se recibió expediente procedente del sistema de distribución.
En fecha 08 de febrero de 2008, este Tribunal admitió la solicitud y ordenó emplazar mediante boleta a la Fiscal del Ministerio Público, a fin de que actuara en el procedimiento como parte de buena fe.
En fecha 26 de febrero de 2008, se libró Boleta al Fiscal 11º del Ministerio Público.
En fecha 04 de marzo de 2008, el Alguacil Accidental del Tribunal consignó Boleta de Notificación debidamente sellada y firmada por la representación fiscal.
En fecha 10 de marzo de 2008, siendo la oportunidad para que la Fiscal 11º del Ministerio Público, compareciera a ser oposición a la solicitud, mediante diligencia manifestó no tener objeción en la solicitud de divorcio.
CAPITULO II
MOTIVA
EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA:
El matrimonio es la base principal de la familia y ésta a su vez es la base de la sociedad. El estado debe proteger la sociedad y en consecuencia la familia y el matrimonio. El artículo 77 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela establece: “Se protege el matrimonio, el cual se funda en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y obligaciones de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la Ley, producirán los mismos efectos que el matrimonio”.
La disolución del vínculo conyugal fundamentada en la ruptura prolongada e ininterrumpida de la vida en común de la pareja y por un tiempo mayor de cinco (5) años es una institución relativamente nueva en nuestro Derecho de Familia, la cual fue desarrollada en la reforma parcial del Código Civil, que entró en vigencia en el año 1982, la razón fundamental que lleva al legislador patrio a incluir dicha reforma
es básicamente asumir el divorcio como una solución a una situación de ruptura irreparable e insostenible para la pareja, tratando al mismo tiempo de que dicho conflicto no afecte a los demás integrantes de la familia, particularmente a los hijos, por lo cual se prevé un proceso de jurisdicción graciosa, sin contención ni contradicción y así desde el punto de vista formal el legislador ha pretendido con ello, darle juricidad a una situación que de hecho viene existiendo sin que haya posibilidad de resarcir, como lo es precisamente, ya que aun cuando el vínculo matrimonio sigue vigente desde el punto de vista jurídico, en la realidad dicho vínculo no existe y la separación de hecho voluntaria de la pareja, por el transcurso por más de cinco (5) años, es decir la Separación Fáctica como es llamada en la Doctrina, a la cual el Estado como garante de la armonía familiar debe dar respuesta, mediante su legalización de esta situación de hecho, sin menoscabar los intereses fundamentales del Estado en preservar la institución del matrimonio y por ende la familia como medio adecuado para el desarrollo de los niños y adolescentes, como individuos sujetos de derechos y a quienes debemos la protección integral.
Con el divorcio se persigue la disolución del vínculo matrimonial, y en consecuencia afecta la estabilidad de la familia, es por esta razón que todas las normas que regulan dicha materia son de estricto orden público, no pudiendo ser relajadas, ni modificadas mediante convenio entre particulares, así como tampoco ignoradas por los órganos judiciales.
En efecto la noción de orden público de las normas que regulan la materia de familia, y en especial de las normas relativas a la disolución del vínculo matrimonial, se justifica por el hecho que más allá de los intereses particulares de los cónyuges, lo que se persigue es proteger la institución de la familia, como base fundamental de la sociedad.
Así pues establece el artículo 185-A del Código Civil, lo siguiente:
Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en el país.
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.
La citada norma establece la posibilidad de solicitar el divorcio si existe una ruptura prolongada de la vida en común, la cual quedó establecida en cinco años como mínimo, cualquiera de ellos puede solicitarla o puede ser solicitada conjuntamente, adicionalmente, si la solicitud es presentada por un extranjero, debe acreditar residencia en el País por un período no menor a diez años; luego de cumplidas las formalidades en él establecidas, debe mediar la no oposición del fiscal del Ministerio Público, con lo cual, transcurrido el lapso de tiempo de doce días de despacho, se procederá a declarar la disolución del vínculo conyugal.
Ahora bien, establecido lo anterior corresponde a este Tribunal establecer si se cumplen con todos los presupuestos procesales contenidos en la norma bajo estudio, al respecto este Tribunal observa:
Que de los autos se evidencia que los ciudadanos J.R. ZAPATA Y F.D.V.G.R., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N º V-6.054.329 y V-6.955.469, respectivamente, contrajeron matrimonio civil ante la Prefectura del Municipio Foráneo A.E.B.d.E.B., en fecha 21 de mayo de 1982, tal y como se desprende de la copia certificada del acta consignada al efecto.
Que los referidos ciudadanos, admitieron que se encuentran separados de hecho y cuerpos desde hace aproximadamente diez (10) años, configurándose de esta manera la cuestión fáctica (separación de hecho por más de cinco años)
Que notificada como quedó la Fiscal 11° del Ministerio Público, la misma manifestó no tener objeción que formular con respecto a la solicitud de divorcio.
Que del análisis de las actas procesales se evidencia que se encuentran llenos los extremos señalados en el artículo 185-A del Código Civil para la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial que une a los ciudadanos J.R. ZAPATA Y F.D.V.G.R., este Juzgador considera procedente la disolución del vínculo matrimonial, como en efecto se declara.
CAPITULO III
DISPOSITIVA
En fuerza de lo antes expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 185-A del Código Civil DECLARA CON LUGAR la solicitud de DIVORCIO presentada por los ciudadanos: J.R. ZAPATA Y F.D.V.G.R., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N º V-6.054.329 y V-6.955.469, respectivamente, y en consecuencia declara disuelto el vínculo matrimonial que los une en virtud del matrimonio por ellos celebrado el día veintiuno (21) de mayo de mil novecientos ochenta y dos (1982), según consta de la Copia Certificada del Acta de Matrimonio anexa, que quedó inserta bajo el N° 73, del año: 1982, en el libro de Registro de Matrimonios llevados por la Oficina de Registro Civil del Municipio Foráneo A.E.B.d.E.B. de Miranda.
No hubo bienes de comunidad conyugal que liquidar.
Que durante la unión conyugal procrearon dos (02) hijos, de nombres: MAXIMILIANO y J.J., actualmente ambos mayores de edad.
Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en Los Teques a los tres (03) días del mes de abril del año dos mil ocho (2008). Años 197º de la Independencia y 149º de la Federación.
EL JUEZ PROVISORIO,
DR. H.D.V. CENTENO G.
LA SECRETARIA,
ABG. D.d.S.
En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, siendo las 11:00 a.m.
LA SECRETARIA,
ABG. D.d.S.
HdVCG/Damelis
Exp. Nº 17817
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DE TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MIRANDA. Los Teques, tres (03) de abril del año dos mil ocho (2008).
197° y 149°
Definitivamente firme como se encuentra la presente decisión, se decreta SU EJECUCION, en consecuencia se ordena librar los oficios a las autoridades de Registro Civil correspondientes, adjuntándosele copias certificadas de la decisión con inclusión del presente auto. Certificación que se hace de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 1° de la Ley de Sellos.
EL JUEZ PROVISORIO,
DR. H.D.V. CENTENO G.
LA SECRETARIA,
ABG. D.d.S.
En la misma fecha no se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede, por cuanto no fueron consignados los fotostatos.
LA SECRETARIA,
ABG. D.d.S.
HdVCG/Damelis
Exp. Nº 17817
