Decisión nº 1A-s-9324-13 de Corte de Apelaciones de Miranda, de 12 de Marzo de 2013
| Fecha de Resolución | 12 de Marzo de 2013 |
| Emisor | Corte de Apelaciones |
| Ponente | Juan Luis Ibarra Verenzuela |
| Procedimiento | Sin Lugar Recurso De Revisión |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA
SALA N° 1 CORTE DE APELACIONES
SEDE LOS TEQUES
203° y 153°
Causa Nº 1A–s 9324-13.
Juez Ponente: DR. J.L.I.V.
Penado: R.J.E., portador de la cédula de identidad N° V- 19.310.167.
Defensa Pública: ABG. G.R..
Fiscal: DR. J.H., Fiscal Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado B. de Miranda, Los Teques.
Delitos: HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO AGRAVADO Y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO.
Motivo: RECURSO DE REVISIÓN.
Concierne a esta S. Nº 01 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado B. de M., Los Teques, decidir acerca del recurso de revisión presentado por el penado R.J.E., titular de la cédula de identidad Nº V-19.310.167, quien para el momento de la sentencia condenatoria se encontraba asistido por el profesional del derecho G.R., en su carácter de defensor Público Penal, contra la decisión proferida por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolivariano de M., Los Teques, dictada en fecha veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012), mediante la cual el Órgano Jurisdiccional prenombrado, condenó al mencionado ciudadano a cumplir la pena de TRECE (13) AÑOS Y OCHO (08) MESES de prisión, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO AGRAVADO Y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1, en concordancia con el artículo 80 en su segundo aparte ambos del Código Penal y encabezamiento del artículo 458 en relación con el artículo 277 ambos del Código Penal.
En fecha treinta y uno (31) del mes de enero del año dos mil trece (2013), se le dio entrada a la causa distinguida con el número 1A-s9324-13, siendo designado como ponente el Dr. J.L.I.V., quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
DECISIÓN OBJETO DEL RECURSO DE REVISIÓN
En fecha veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012), el Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado M., Sede Los Teques, dictó sentencia, en la causa seguida al ciudadano supra mencionado, en los siguientes términos:
(…) PRIMERO: SE ENCUENTRA CULPABLE a los ciudadanos J.A.C.O., TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° V-19.388.908, DE NACIONALIDAD VENEZOLANO, NACIDO EN LOS TEQUES, ESTADO MIRANDA, EN FECHA 07-02-1988, DE EDAD 23 AÑOS, DE PROFESIÓN U OFICIO OBRERO, HIJO DE YULEIDA ORTIZ(V) Y AGUSTIN CARRASCO (V), DOMICILADO: EL NACIONAL, SECTOR EL PROGRESO, CASA N° 03, EN LA VÍA PRINCIPAL,LOS TEQUES, ESTADO MIRANDA, TLF. 0412- 279.36.41, de la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO AGRAVADO Y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en los artículos 406 ordinal 1, en concordancia con el artículo 80 en su segundo aparte ambos del Código Penal y el encabezamiento del artículo 458 del Código Penal en relación con el artículo 277 ejusdem, en el CONCURSO REAL DE DELITO, previsto y sancionado en el 88 del Código Penal; y al ciudadano R.J.E., TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° V-19.310.167, DE NACIONALIDAD VENEZOLANO, NACIDO EN CARACAS, DISTRITO CAPITAL, EN FECHA 05-06-1987, DE EDAD 24 AÑOS, DE PROFESIÓN U OFICIO OBRERO, HIJO DE L.E.R.V. (V) Y PADRE DESCONOCIDO, DOMICILIADO: EL NACIONAL, PARETE ALTA, SECTOR EL PROGRESO, COLOR AZUL, AL FRENTE DE LA CANCHA, LOS TESUQES, ESTADO MIRANDA, TLF. 0414-911.12.56, de la comisión del delito (sic) de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO AGRAVADO Y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 458 del Código Penal, en concordancia con el artículo 83 ejusdem; en perjuicio del ciudadano A.E.Z.; se CONDENAN a cumplir DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN para el ciudadano J.A.C.O., titular de la cédula de identidad N° V-19.388.908; y TRECE (13) AÑOS Y OCHO (08) MESES DE PRISIÓN, para el ciudadano R.J.E., titular de la cédula de identidad N° V-19.310.167. SEGUNDO: SE IMPONE LA PENA ACCESORIA, establecida en el artículo 16 del Código Penal relativa a la INHABILITACIÓN POLÍTICA durante la pena, consiste en evitar que los condenados puedan ser elegidos para ejercer algún cargo público, por recaer esta medida sobre derechos políticos consagrados constitucionalmente, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 363 y 367 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con lo dispuesto en el artículo 376 ejusdem. Con respecto a la sujeción a la vigilancia de la autoridad por una quinta (1/5) parte del tiempo de la condena, desde que ésta termine, no se impone por cuanto en sentencia N° 940, de fecha 21-05-07, la Sala Constitucional ordeno su desaplicación por inconstitucional, la cual fue criterio vinculante para todos los jueces de la República. TERCERO: SE RATIFICA LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal a los ciudadanos C.O.J.A. y R.J.E., titulares de la cedula (sic) de identidad N° V-19.388.908 y V-19.310.167, respectivamente; plenamente identificados. De igual manera en atención al contenido del aparte 4° del artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal, así mismo conforme a la referida norma se evidencia que el acusado R.J.E., titular de la cedula (sic) de identidad N° V-19.310.167, fue privado de su libertad el día 28-04-2010 hasta el día 27-12-2010, estableciéndose que ha permaneció (sic) privado un tiempo de SIETE (07) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS. Sin embargo el día 14-04-11, fue privado nuevamente de su libertad y hasta el día 26-01-12, estableciéndose que ha permanecido privado un tiempo de NUEVE (09) MESES Y DOCE (12) DÍAS, de lo cual se desprende que tuvo un tiempo total de UN (01) AÑO, CINCO (05) MESES Y ONCE (11) DIAS, y por cuanto fue condenado a cumplir la pena de CATORCE (14) AÑOS DE PRISIÓN, se deduce que le falta por cumplir DOCE (12) AÑOS, SEIS (06) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS DE PRISIÓN, siendo la pena provisional de cumplimiento de pena el día 15 de agosto de 2024; y en relación al acusado C.O.J.A., titular de la cedula (sic) de identidad N° V-19.388.908, fue privado de su libertad el día 28-04-2010 hasta el día 26-01-2012, estableciéndose que ha permanecido privado un tiempo de UN (01) AÑO, OCHO (08) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS y por cuanto fue condenado a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, se deduce que le falta por cumplir OCHO (08) AÑOS, TRES (03) MESES Y DOS (02) DÍAS DE PRISIÓN, siendo la pena provisional de cumplimiento de pena el día 28 de abril de 2010, hasta tanto el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución respectivo establezca lo relativo al cumplimiento de la pena, por cuanto se dicto (sic) sentencia condenatoria y con la medida impuesta se garantizara las resultas del proceso. CUARTO: SE ORDENA librar oficios dirigidos al H.V.S. y al Internado Judicial de los Teques, anexo a boleta de traslado, a los fines que trasladen al acusado J.A.C.O., titular de la cedula (sic) de identidad N° V-19.388.908, para que le realizaran una evaluación médica, en virtud de su estado de salud, vista la solicitud realizada por la Defensora Publica (sic) Penal DRA. C.D.C., de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Constitución de la Republica (sic) Bolivariana de Venezuela. QUINTO SE EXONERA a los ciudadanos C.O.J.A. y R.J.E., titulares de la cedula (sic) de identidad N° V-19.388.908 y V-19.310.167, respectivamente; plenamente identificados, del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 34 del Código Penal y en los artículos 265, 267 y 272, todos del Código Orgánico Procesal Penal; a tenor de lo dispuesto en los artículos 26 y 254 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. SEXTO: SE ORDENA LA REMISIÓN por Secretaria (sic) de las actuaciones a la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito, en su oportunidad correspondiente, a los fines de su Distribución a un TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN DE ÉSTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL…
DEL RECURSO DE REVISIÓN
En data veintidós (22) de enero de dos mil trece (2013), el penado R.J.E., titular de la cédula de identidad Nº V-19.310.167, presentó escrito contentivo de Recurso de Revisión de Sentencia interpuesto contra la decisión dictada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal y Sede, en fecha veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012), y lo hace en los siguientes términos:
…Yo, R.J.E., VENEZOLANO, titular del documento de identidad Nº V-19310167, detenido el 01/05/2010, recluido en el Internado Judicial Los Teques, Estado Miranda, desde el 11/06/2011, y actualmente a la orden del Tribunal 4º EJECUCIÓN – LOS TEQUES, bajo el número de Expediente Nº 4E-230-12, acudo ante Usted, con el debido respeto, a fin de SOLICITAR LA REVISIÓN DE SENTENCIA Y NUEVOS COMPUTOS (para la obtención del beneficio negado al momento de ser sentenciado, habiendo asumido hechos ART. 376 y 414 del ANTIGUO COPP. Rebaja desde 1/3 hasta 1/2 de la pena impuesta, dependiendo de la gravedad del delito)...
(Folio 01 de la Pieza I).
CONSIDERACIONES DE ESTA SALA Nº 01 DE LA CORTE DE APELACIONES
PARA EMITIR PRONUNCIAMIENTO
El artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, establece:
…Causales de Inadmisibilidad. La corte de apelaciones sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:
Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo.
Cuando el recurso se interponga extemporáneamente por vencimiento del lapso establecido para su presentación.
Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley.
Fuera de las anteriores causas, la corte de apelaciones, deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y dictará la decisión que corresponda…
La legitimación del recurrente se encuentra acreditada en autos, por tratarse del ciudadano R.J.E., titular de la cédula de identidad Nº V-19.310.167; quien funge como penado en la presente causa, el cual para el momento de la sentencia condenatoria se encontraba asistido por la profesional del derecho G.R.S., en su carácter de defensor privado.
En éste sentido el artículo 424 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, establece:
…Legitimación. Podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley reconozca expresamente este derecho.
Por el imputado o imputada podrá recurrir el defensor o defensora, pero en ningún caso en contra de su voluntad expresa…
Por otro lado a fin de determinar si el recurso de revisión fue interpuesto tempestivamente, la Sala observa que el mismo está referido a la revisión de la sentencia, ejerciendo recurso de revisión el ciudadano R.J.E., en su condición de penado, conforme lo previsto en el artículo 462 en su encabezado del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, el cual establece lo siguiente: “…Procedencia. La revisión procederá contra la sentencia firme, en todo tiempo y únicamente a favor del imputado o imputada…”, por lo que se declara la pertinencia tempestiva del recurso de revisión interpuesto.
En cuanto a la recurribilidad e impugnabilidad, se declara que la decisión que se recurre es inimpugnable e irrecurrible por expresa disposición del Código Orgánico Procesal Penal; en virtud de las siguientes consideraciones:
Esta Alzada observa que en cuanto a la solicitud de revisión de sentencia, la misma es inadmisible conforme a lo previsto en el artículo 428 en su tercer aparte del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, el cual es del tenor siguiente:
…Causales de Inadmisibilidad. La Corte de Apelaciones sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas: (...)
Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley…
Asimismo, el artículo 462 numeral 6 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente destaca:
…La revisión procederá contra sentencia firme, en todo tiempo y únicamente a favor del imputado o imputada, en los casos siguientes:
…
6. Cuando se promulgue una ley penal que quite al hecho el carácter de punible o disminuya la pena establecida...
(Subrayado nuestro).
Por otro lado, en relación a la admisión de hechos establece el artículo 375 de nuestra ley adjetiva penal, con vigencia anticipada según Gaceta Oficial Nº 6.078, extraordinario de fecha quince (15) del mes de junio del año dos mil doce (2012), del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, señala:
…El procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de las pruebas.
El Juez o Jueza, deberá informar al acusado o acusada respecto al procedimiento por admisión de los hechos concediéndole la palabra. El acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva.
En estos casos, el Juez o Jueza podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado y motivando adecuadamente la pena impuesta.
Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo y en los casos de delitos de: homicidio intencional, violación, delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiciplidad de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, el Juez o J. sólo podrá rebajar hasta un tercio de la pena aplicable...
Una vez observado el recurso de revisión se hace necesario para esta Alzada recalcar lo señalado por el doctrinario Dr. E.L.P.S. (2005), en su obra titulada (Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal, en su cuarta edición), lo cual destaca:
(…) O. no puede ser considerada una verdadera revisión, en el sentido técnico de esta institución, la aplicación retroactiva de una nueva ley penal más favorable a casos ya juzgados y definitivamente firmes (COPP art. 470, num.6), ya que en este caso se trata simplemente de un ajuste general de sentencias, realizado directamente por el tribunal de la causa sin necesidad de un reexamen de los hechos juzgados, y por ende, sin que haya que realizar un nuevo juicio…
(pág. 552).
El doctrinario Dr. H.G.A., respecto a la distinción entre el Derecho Penal Sustantivo y el Derecho Penal Adjetivo, ha señalado en su obra titulada “Lecciones de Derecho Penal”, las siguientes consideraciones, que ilustra muy bien el caso en referencia:
…El Derecho Penal Sustantivo o material está integrado por un conjunto de normas jurídicas de origen estatal, mediante las cuales se definen los delitos y se establecen las sanciones penales aplicables a los delincuentes. Se dice que este conjunto de normas integran el Derecho Penal Sustantivo, porque el concepto antes mencionado hace mención de los criterios fundamentales del Derecho Penal, que son, por una parte, el delito y el hecho punible; y por la otra, la pena, y más ampliamente hablando, la sanción penal. Pero esas normas de Derecho Penal Sustantivo que definen los delitos y que establecen las sanciones penales, deben ser aplicadas a casos particulares y concretos que plantean la realidad. Ahora bien, esas normas que consagran el Derecho Penal Sustantivo, no pueden, o al menos no pueden ser aplicadas, a los casos particulares y concretos, de manera caprichosa y arbitraria, sino que deben ser aplicadas mediante otro conjunto de normas jurídicas, también dictadas por el estado, que regulan la forma de aplicación del derecho Penal Sustantivo o Material y que se denomina Derecho Penal Adjetivo o Derecho Procesal Penal. En otros términos: El Derecho Procesal Penal o Adjetivo establece los procedimientos que deben cumplirse para determinar la responsabilidad penal de una persona a la que se atribuye la perpetración de un delito y para, en el caso de que esa persona resulte efectivamente culpable y responsable, aplicarle la sanción penal prevista en la Ley, mediante el proceso pautado en la Ley Adjetiva Penal. Dicho en forma más amplia, el Derecho Procesal Penal regula el conjunto de investigaciones o averiguaciones que ha de realizar la Justicia Penal, a través de sus órganos competentes, para descubrir y comprobar la perpetración de los delitos y para aplicar, a través del debido procedimiento, la pena o sanción penal previamente establecida en la Ley Penal, a quien resulte responsable de haberlos perpetrados…
(Caracas – Venezuela, Sexta Edición, 1989; Pág. 8). Resaltado nuestro
En relación al tema la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha once (11) del mes de junio del año dos mil siete (2007), expediente N° 07-0141, señaló lo sucesivo:
…Al respecto ha dicho la Sala `que la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal sustantiva, requiere la existencia de una nueva ley que sea más favorable al reo´ (Exp Nº RC06-283. Sentencia del 16 de Noviembre de 2006. Ponencia Magistrada D.N.)…
Resaltado de esta Sala
Cabe señalar lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha veintisiete (27) del mes de febrero del año dos mil ocho (2008), expediente N° 07-1772, con ponencia del Magistrado Dr. J.E.C.R., que dejo sentado lo siguiente:
...La sucesión de leyes penales existe, cuando: a.- una ley nueva prevé como delito una conducta totalmente atípica en la ley anterior y le establece una pena que, asimismo, no existía; b.- una ley nueva quita el carácter de delito a una determinada conducta humana que en la ley derogada estaba tipificada como tal y c.- una ley nueva modifica el precepto legal o la sanción prevista en la ley penal anterior o las reglas generales aplicables a todos los delitos en particular. Dicha modificación puede ser en forma más beneficiosa o, por el contrario, en forma más gravosa para el reo: una ley nueva prevé como delito una conducta totalmente atípica en la ley anterior y le establece una pena que, asimismo, no existía.
En toda la problemática de la sucesión de leyes, domina el principio general de la irretroactividad de la ley, por el cual ésta no puede aplicarse a los hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigor y se complementa con el de la no ultractividad de la ley, conforme al cual tampoco puede aplicarse a hechos que ocurran después de su extinción. Ambos principios se resumen en la máxima del tempus regit actum: los hechos se regulan por la ley vigente para el momento de su realización.
En nuestro ordenamiento penal, a pesar de que el principio de la irretroactividad de la ley tiene plena vigencia, toda vez que constituye una exigencia del principio de legalidad, el cual no permite que nadie sea juzgado sino por la ley vigente para el momento de la comisión del hecho; sin embargo, tiene sus excepciones, admitiéndose la retroactividad de la ley nueva cuando ésta sea más favorable al reo. De esta forma, el propio texto constitucional en su artículo 24 señala: `Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena (…)´. Por su parte, el Código Penal en su artículo 2, reza: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo cuando favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiere ya sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena´.
Con relación al principio de la irretroactividad de la ley y las diversas posibilidades que pueden darse en materia de sucesión de leyes penales, tenemos en concreto que, en el primero de los supuestos señalados, esto es, en el de la ley penal creadora, la misma es totalmente irretroactiva y, por tanto, no se podrá aplicar a hechos y situaciones acontecidos antes de su entrada en vigencia. Ello así, por el hecho de que la nueva ley penal es más severa, menos favorable para el individuo.
En el segundo de los supuestos, el de la ley penal abolitiva, rige el principio de la retroactividad absoluta. El Estado al dejar de considerar como delito a una conducta, está diciendo que ella no es contraria a sus supremos intereses, y por tanto resulta ilógico que una persona pueda seguir siendo enjuiciada por algo que ahora los demás ciudadanos podrán hacer sin la oposición del Estado. Se da así vigencia a la idea de que el cambio de las valoraciones no sólo opera para el futuro y para los hechos nuevos, sino también para los hechos pasados, que bajo la luz de la nueva valoración se justifican, aun cuando antes se le consideraban reprochables…
(Resaltado nuestro)
Corolario de lo anterior, se observa que el recurso va dirigido a revisar la sentencia del Juzgado de Instancia por la entrada en vigencia de una ley adjetiva penal, sin embargo, destaca esta Superioridad, que son las leyes penales sustantivas las que establecen las penas y delitos (aquella referidas al conjunto de normas que establecen los derechos y obligaciones de los sujetos que están vinculados por el orden jurídico establecido por el Estado), no obstante se evidencia en el presente caso que no se trata de las antes mencionadas, ya que la ley que entró en vigencia está referida a una ley procesal penal adjetiva (aquellas normas también dictadas por el Estado que permiten el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que se fundan en la ley sustantiva), las que establecen el procedimiento “Código Orgánico Procesal Penal”, por ende se torna inadmisible por irrecurrible el referido recurso por cuanto la misma no se trata de una ley sustantiva penal sino de una ley procesal penal, tal como lo señala el artículo 426 numeral 6 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, que la revisión de sentencia sólo procede “(…)cuando se promulgue una ley penal…”, lo que conlleva forzosamente a la declaratoria de inadmisibilidad de conformidad con lo establecido en el artículo 428 en su tercer aparte ejusdem. Y ASI SE DECLARA
Por todas las anteriores consideraciones, este Órgano Jurisdiccional Superior, declara inadmisible por irrecurrible el recurso de revisión de sentencia interpuesto por el penado R.J.E., titular de la cédula de identidad Nº V-19.310.167, quien para el momento de la sentencia condenatoria se encontraba asistido por el profesional del derecho G.R., en su carácter de defensor Público Penal, contra la decisión proferida por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado M., Los Teques, dictada en fecha veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012), mediante la cual el Órgano Jurisdiccional prenombrado, condenó al mencionado ciudadano a cumplir la pena de TRECE (13) AÑOS Y OCHO (08) MESES de prisión, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO AGRAVADO Y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1, en concordancia con el artículo 80 en su segundo aparte ambos del Código Penal y encabezamiento del artículo 458 en relación con el artículo 277 ambos del Código Penal. Y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Nº 01 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda, Los Teques, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley, declara:
INADMISIBLE POR IRRECURRIBLE el Recurso interpuesto por el penado R.J.E., titular de la cédula de identidad Nº V-19.310.167, quien para el momento de la sentencia condenatoria se encontraba asistido por la profesional del derecho G.R., en su carácter de defensor Público Penal, contra la decisión proferida por el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado M., Los Teques, dictada en fecha veintiséis (26) de enero de dos mil doce (2012), mediante la cual el Órgano Jurisdiccional prenombrado, condenó al mencionado ciudadano a cumplir la pena de TRECE (13) AÑOS Y OCHO (08) MESES de prisión, por la comisión de los delitos de HOMICIDIO INTENCIONAL CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE UN ROBO AGRAVADO Y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 406 numeral 1, en concordancia con el artículo 80 en su segundo aparte ambos del Código Penal y encabezamiento del artículo 458 en relación con el artículo 277 ambos del Código Penal.
Se declara INADMISIBLE el recurso interpuesto.
R., diarícese, déjese copia de la presente decisión y remítase las actuaciones al Tribunal de origen en su oportunidad legal.
JUEZ PRESIDENTE Y PONENTE,
D.J.L.I.V.
JUEZA INTEGRANTE,
DRA. A.T.M.H.
JUEZA INTEGRANTE,
DRA. M.O. BRICEÑO
LA SECRETARIA,
ABG. G.H. APONTE
En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.
LA SECRETARIA,
ABG. GHENNY HERNÁNDEZ APONTE
JLIV/ATMH/MOB/GHA/rve.-
