Decisión nº 581-10 de Tribunal Sexto de Control de Zulia (Extensión Maracaibo), de 17 de Junio de 2010
| Fecha de Resolución | 17 de Junio de 2010 |
| Emisor | Tribunal Sexto de Control |
| Ponente | Alba Rebeca Hidalgo Huguet |
| Procedimiento | Sin Lugar Revisión De Medida |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 17 de junio de 2010
200° y 151°
Decisión No. 581-10 Causa No. 6C-23.361-10.-
Visto el escrito presentado ante este Juzgado por el Defensor Privado N.G.M., en su carácter de Defensor de los imputados J.J. LOSSADA MORILLO Y E.D.C.O., mediante el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, solicita examine la medida otorgada a su defendido en fecha 01 de mayo de 2010 y le otorgue una menos gravosa, este Juzgador pasa a decidir previo las siguientes consideraciones:
En fecha 02 de mayo de 2010, fueron presentados por la representación de la Fiscalia 24° del Ministerio Publico, ante el Juzgado Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, los imputados J.J. LOSSADA MORILLO Y E.D.C.O., por encontrarse presuntamente incursos en la comisión del delito de DISTRIBUCION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el articulo 31 de la Ley Orgánica contra el Trafico ilícito de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas.-
Revisados y a.c.f.l. elementos de convicción aportados por parte de la Representación Fiscal para la procedencia de la Medida de Privación de Libertad, en contra de los ut supra imputados, y siendo que el mismo sirvió de fundamento para el decreto de dicha Medida, por haberse practicados todas las actuaciones referentes a la aprehensión del mismo, en observancia de las disposiciones legales correspondientes, y en consecuencia no se encontraban afectados de nulidad absoluta por violación de los derechos y garantías constitucionales razón por la cual se DECRETO LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra de los imputados J.J. LOSSADA MORILLO Y E.D.C.O..-
Ahora bien, establece el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal lo siguiente, se lee textualmente:
Examen y revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente: En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación
. (Subrayado del Tribunal).
Considerando quien aquí decide, en atención a la norma legal ut supra transcrita, de una mera revisión realizada a las actas que conforman la presente causa, que no han variado las circunstancias que originaron la privación judicial preventiva de libertad, que la defensa privada del imputado de autos, solicita la revisión de la medida basando sus alegatos en la inconsistencia de las declaraciones rendidas por testigos durante la Investigación seguida en contra de su defendido, que tales argumentos no resultan de peso especifico ni representan garantía suficiente para proceder a una sustitución de la Medida acordada inicialmente.
En este sentido, la imposición de cualquier medida de coerción personal, evidentemente debe obedecer a una serie de criterios y juicios debidamente razonados y ponderados por los distintos jueces penales que se encamine a conseguir el debido equilibrio que exige, en el caso que nos ocupa, los presupuestos que motivaron la privación preventiva se mantienen y no han variado. Que si bien es cierto la presunción de inocencia y el principio de afirmación de libertad constituyen garantías constitucionales y dos de los principios rectores del actual sistema de juzgamiento para ello y con el objeto de asegurar las resultas del proceso y la finalidad del mismo existe en nuestro Código Orgánico Procesal Penal el instituto de las Medidas de Coerción Personal, que vienen a asegurar, en un proceso más garante los resultados de los diferentes juicios; y las cuales pueden consistir en una medida de Privación Judicial Preventiva de libertad o en el otorgamiento de una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, en cualquiera de las modalidades que contempla nuestra ley adjetiva, que en la revisión solicitada por la defensa privada del imputados de autos, estos supuestos no pueden ser razonablemente satisfechos con la imposición de una medida cautelar menos gravosa.
Aunado al hecho que la Fiscalia 24° del Ministerio Publico presento escrito de acusación en contra de los imputados de auto por la presunta comisión de los delitos de DISTRIBUCION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el articulo 31 de la Ley Orgánica contra el Trafico ilícito de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, y estimando este Juzgador suficientemente cubiertos los extremos exigidos en los artículos 250 y 251 ambos del Código Orgánico Procesal Penal; lo ajustado a derecho en el presente caso es NEGAR LA REVISIÓN DE MEDIDA solicitada por la defensa de los imputados J.J. LOSSADA MORILLO Y E.D.C.O..
Por las razones y fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: SIN LUGAR LA REVISIÓN DE MEDIDA, solicitada por la Defensa Privada Abogada N.G.M., en su carácter de Defensor de los imputados J.J. LOSSADA MORILLO Y E.D.C.O., por la presunta comisión del delito de DISTRIBUCION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el articulo 31 de la Ley Orgánica contra el Trafico ilícito de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto no han variado las circunstancias que originaron la privación judicial preventiva de libertad, aunado a que la Fiscalia 24° del Ministerio Publico presento escrito de acusación en contra del imputado de auto por la presunta comisión del delito de DISTRIBUCION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el articulo 31 de la Ley Orgánica contra el Trafico ilícito de Sustancia Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, así mismo por considerar que se encuentran llenos los extremos exigidos en los artículos 250 y 251 ambos del Código Orgánico Procesal Penal.
Regístrese y Notifíquese la presente Resolución.
LA JUEZA SEXTA DE CONTROL
DRA. A.R.H.H..
EL SECRETARIO,
ABOG. RICHARD ECHETO MAS Y RUBI,
En la misma fecha la presente resolución quedó registrada bajo el No. 581-10 se libraron las respectivas Boletas de Notificación remitiéndolas al Alguacilazgo bajo el N. 2.721-10
EL SECRETARIO.
ARHH/LP.
CAUSA No. 6C-23.361-10.-
