Decisión nº PJ0592014000051 de Tribunal Superior Cuarto de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Caracas, de 15 de Mayo de 2014

DE LA REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL CIUDADANO H.M.A..

Alegó el Abogado J.A.C., en su carácter de apoderado judicial del ciudadano J.J.M.U., antes de iniciar la audiencia constitucional, la falta de legitimidad del Abogado F.J.B.S., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 112.069, en virtud de que, no constaba en autos de la presente Acción de A.C., poder especial del referido profesional del derecho para actuar en sede constitucional en representación del ciudadano H.M.A., titular de la cédula de identidad N° V.-3.397.245, en tal sentido, éste Tribunal Superior Cuarto observa lo siguiente:

Consta en autos de la presente acción de A.C., inserto desde el folio número cincuenta y siete (57) hasta el folio número sesenta (60), copia simple del poder especial debidamente autenticado ante la Notaría Pública Segunda del Municipio Autónomo Chacao del Distrito Metropolitano de Caracas en fecha 14/01/2009, número 09 y tomo 03, otorgado por el ciudadano H.M.A., a los abogados M.J.S., A.T.R., M.S.P. y F.B.S., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los N° 13.856, 26.528, 100.364 y 112.069 respectivamente, en el cual expresamente otorga poder amplio y suficiente a los prenombrados profesionales del derecho para actuar en la causa signada bajo el N° AP51-V-2008-014836, facultando a los mismos “…para intentar y contestar demandas y solicitudes; seguir su curso en todas sus instancias, trámites e incidencias; darse por citados; oponer y contestar cuestiones previas; promover y hacer evacuar pruebas; ejercer toda clase de recursos ordinarios y extraordinarios; inclusive de revisión, amparo, queja y casación; oponerse a medidas preventivas y solicitarlas; tachar testigos y documentos; desistir; transigir; convenir; recusar y allanar funcionarios; sustituir este poder, total o parcialmente, en abogado o abogados de su confianza, reservándose o no su ejercicio y en fin, hacer cuanto yo mismo pudiere en la mejor defensa de mis derechos e intereses, sin más limitación que la Ley…” (Destacado de este Tribunal Superior Cuarto)

Del mandato anteriormente trascrito, podemos observar que efectivamente, el ciudadano H.M.A., si facultó expresamente al Abogado F.J.B.S., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 112.069, para: 1) Ejercer toda clase de recursos ordinarios y extraordinarios, inclusive de amparo; y 2) Ejercer la mejor defensa de sus derechos e intereses sin más limitación que la Ley; en tal sentido, y siendo que el referido poder especial no fue otorgado específicamente en la presente Acción de A.C. signada bajo el N° AP51-O-2014-007185; sino que, fue otorgado en la demanda de Fijación de Obligación de Manutención signada bajo el N° AP51-V-2008-014836, no es menos cierto que, la Acción de A.C. ejercida por el ciudadano J.J.M.U., se fundamenta contra presuntas actuaciones lesivas realizadas por el Tribunal Décimo Primero (11°) de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de éste Circuito Judicial, y por el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Ejecución de éste Circuito Judicial en los expedientes signados con los números N° AP51-V-2013-009613 y AP51-V-2008-014836; razón por la cual, éste Tribunal Superior Cuarto, en atención a la garantía de acceso a la justicia que tiene toda persona, contemplada en el artículo 26 de nuestra carta magna, considera que debe admitirse la representación del Abogado F.J.B.S. para la defensa de los derechos e intereses del ciudadano H.M.A., como tercero interesado en la presente Acción de A.C.; pues de lo contrario, se haría nugatoria la garantía del acceso a la justicia y derecho a la defensa, incumpliendo esta Jueza con las garantías de una justicia accesible y expedita, tal y como establecen los artículos 26 y 49 de nuestra carta magna.

Al efecto, esta Alzada le es dable explanar lo que la doctrina ha dicho al respecto y especial el Dr. R.C.G. en su libro “El nuevo régimen del a.c. en Venezuela” quien señala que “…En relación a la protección de los derechos y garantías constitucionales que se ventilan por el procedimiento de a.c., la interpretación debe ser aun más amplia, no solo porque el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente otorga el derecho al amparo a toda persona, sin limitaciones, sino por la misma naturaleza de éste proceso…” (p. 133). Postura afín ha sido la sustentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual mediante decisión de fecha 04/05/2000 (caso: C. A. Seguros La Occidental), estableció lo siguiente:

…Cuando el supuesto agraviante comparezca a la audiencia constitucional sin la asistencia o representación de abogado, en aras a la celeridad procesal que informe el p.d.a., el Tribunal nombrará en el mismo auto un abogado asistente, y sólo a falta de éste, se le admitirá la defensa personal, sin profesional del derecho que lo asesore…

En consecuencia, podemos concluir de los distintos razonamientos previamente explanados, que resulta justo y acorde con la naturaleza del a.c., el cual es un procedimiento destinado a proteger los derechos fundamentales de las personas, admitir la representación del Abogado F.J.B.S. respecto del ciudadano H.M.A., aunque esta facultad no haya sido otorgada específicamente dentro del expediente de amparo, pero si, como se denota de la revisión de las actas procesales que conforman la presente acción, que fuera otorgada dentro del expediente donde presuntamente se realizaron las actuaciones denunciadas como lesivas, a saber, la demanda de Fijación de Obligación de Manutención signada bajo el N° AP51-V-2008-014836; y así se declara.

DE LA NOTIFICACIÓN DE LAS CIUDADANAS M.M.D.T., O.M.D.C. Y DAGMA M.D.R..

Expresó el Abogado F.J.B.S., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 112.069, durante su deposición en la audiencia constitucional, que las ciudadanas M.M.D.T., O.M.D.C. y DAGMA M.D.R., titulares de las cédulas de identidad N° V.-6.099.151, V.-10.542.333 y V.-11.257.305, respectivamente, no se encontraban a derecho en la presente Acción de A.C. en virtud de que, su notificación no es válida por no encontrarse las referidas ciudadanas dentro del territorio nacional.

Primeramente es importante señalar, que no es un hecho controvertido ni por el accionante en amparo, ni por los Tribunales accionados, la tercería de los ciudadanos H.M.A., M.M.D.T., O.M.D.C. y DAGMA M.D.R., al efecto, han sido contestes tanto la doctrina como la jurisprudencia al señalar que, si bien, tradicionalmente el p.d.a. se desarrolla entre dos partes (parte agraviada y parte agraviante), no es menos cierto que dicha dualidad no excluye la posibilidad de que en las acciones de A.C. concurran más de dos sujetos procesales; esto se debe, en palabras del doctrinario R.C.G. en su libro “El nuevo régimen del a.c. en Venezuela”, a que “…un determinado acto, hecho u omisión puede perturbar los derechos y las garantías constitucionales de varias personas con igual o distinta intensidad, por tanto, surge la necesidad de que estos sujetos participen en el juicio para hacer valer su derecho a la defensa y, a su vez, evita la proliferación de varias acciones de amparo con motivo de una misma lesión constitucional, preservando el principio de economía procesal…”.

Ahora bien, en lo que respecta a la notificación de las ciudadanas M.M.D.T., O.M.D.C. y DAGMA M.D.R., cabe destacar que constan en autos los diversos acuses de recibo con resultas positivas de las boletas de notificación libradas por éste despacho judicial en fecha 15/04/2014 a las prenombradas ciudadanas (F. 77 al 82), todas recibidas en fecha 21/04/2014 por la ciudadana N.M.C., titular de la cédula de identidad N° V.-6.428.789, quien se identificó como empleada doméstica de la residencia de la familia Meir, al respecto, cabe mencionar lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia de fecha 01/02/2000 (caso: J.A.M.) respecto de las notificaciones en amparo:

…Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se emitió el fallo, inmediatamente a su recepción, se notificará al juez o encargado del Tribunal, así como a las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia.

Las partes del juicio donde se dictó el fallo impugnado podrán hacerse partes, en el p.d.a., antes y aún dentro de la audiencia pública, mas no después, sin necesidad de probar su interés. Los terceros coadyuvantes deberán demostrar su interés legítimo y directo para intervenir en los procesos de amparo de cualquier clase antes de la audiencia pública…

Del extracto anterior queda claro, que lo concerniente a la notificación en materia de amparo está regido por el principio de informalidad, pues la forma como puede llamarse a las partes principales, terceros y órganos institucionales que deben intervenir en el p.d.a. constitucional es mediante boleta, o comunicación telefónica, fax, telegrama, correo electrónico, o cualquier medio de comunicación interpersonal, ello en beneficio de la celeridad procesal, al punto, que la jurisprudencia ha entendido que basta con que el Alguacil deje la boleta de notificación en la sede del domicilio o residencia del presunto agraviante, pues ésta notificación es mucho más flexible o informal que la citación en el procedimiento ordinario, razón por la cual, las notificaciones realizadas a las ciudadanas tienen plena validez dentro del presente proceso; y así se declara.

DE LA COMPETENCIA

Previo al pronunciamiento respecto a la admisibilidad de la presente Acción de Amparo, es importante señalar para este Tribunal Superior Cuarto lo que la norma y la jurisprudencia ha dicho en torno a su competencia y de seguidas se indica lo siguiente:

El artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales dispone:

…Artículo 4: Igualmente, procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional.

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dejó sentado mediante sentencia número 197, de fecha 04 de abril de 2000, respecto a los amparos contra omisiones judiciales, lo siguiente:

…ante la falta de precisión del organismo que tramitará y decidirá el amparo contra omisiones judiciales, se ha aplicado de manera extensiva y analógica el artículo 4° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que prevé lo que se conoce en la práctica forense como amparo contra sentencias…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 02 de abril de 2001, con ponencia del Magistrado PEDRO RONDÓN HAAZ, dejó sentado sobre la competencia de acción de amparo contra una decisión judicial lo siguiente:

“…Ha precisado este M.T., en lo que se refiere a la determinación de las competencias de los Tribunales de la República, que el constituyente dejó dicha función al legislador y que corresponde a este título distribuir entre los distintos órganos conforme a los criterios que juzgue idóneos, las potestades del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como quiera que, a excepción de la Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga la nueva Carta Magna, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es la que determina las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

En este sentido, el artículo 4° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece lo siguiente:

Igualmente procede la acción de amparo cuando un tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva

. (Destacado de esta Alzada)

En consecuencia a lo previamente señalado, estamos en presencia de la competencia en razón del grado, la cual le atribuye el conocimiento a los Tribunales Superiores de los Amparos Constitucionales que se intenten contra las presuntas acciones u omisiones judiciales por parte de los Tribunales de Primera Instancia; por lo tanto, al observarse que en el presente caso se ha ejercido una acción de A.C. contra las presuntas violaciones del derecho a la defensa, al debido proceso, fraude procesal, abuso de poder, error inexcusable, extralimitación en el ejercicio de las funciones inherentes al cargo del Juez y desacato a una decisión Superior por parte del Tribunal Décimo Primero (11°) de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de éste Circuito Judicial, a cargo del Abogado J.A.N.M., y del Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Ejecución de éste Circuito Judicial, entonces a cargo de la Abogada DAGIELY P.R., hoy a cargo del Abogado A.J.P.M., es el motivo por el cual este Tribunal Superior Cuarto se declara competente para conocer de la presente acción de A.C., y así se establece.

II

DE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN

Establecido lo anterior, debe entonces determinarse la admisibilidad o no de la presente acción de A.C. interpuesta por el ciudadano J.J.M.U., venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-19.737.561, debidamente asistido por los Abogados J.A.C., J.A.C.C. y A.A.C.C., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los N° 23.118, 149.626 y 189.736 respectivamente, contra presuntas violaciones de derechos y garantías constitucionales por parte del Tribunal Décimo Primero (11°) de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de éste Circuito Judicial, a cargo del Abogado J.A.N.M., y del Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Ejecución de éste Circuito Judicial, entonces a cargo de la Abogada DAGIELY P.R., hoy a cargo del Abogado A.J.P.M., ante las denuncias de las presuntas violaciones de derechos y garantías constitucionales aducidas.

Justifica el recurrente la idoneidad de la acción de amparo como medio para impugnar las actuaciones lesivas previamente señaladas, en particular la decisión dictada por el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Ejecución de éste Circuito Judicial en fecha 18/10/2014 “…visto que el juzgado agraviante en la resolución judicial lesiva actuó con abuso de poder, extralimitándose en sus funciones, fuera de su competencia, lesionando mi derecho constitucional a la defensa y a la garantía de un debido proceso …”; sin embargo, nota esta Alzada que la denuncia sobre supuestas actuaciones lesivas no se circunscribe exclusivamente al precitado fallo, en virtud de que, en su escrito de A.C., el ciudadano J.J.M.U., denuncia no sólo al Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Ejecución de éste Circuito Judicial, entonces a cargo de la Abogada DAGIELY P.R., hoy a cargo del Abogado A.J.P.M., como presunto agraviante, sino que, denuncia igualmente al Tribunal Décimo Primero (11°) de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de éste Circuito Judicial, a cargo del Abogado J.A.N.M., cuando expresamente señala que “…Empeñado en ejecutar el fraude al proceso contenido en el asunto AP51-V-2013-009613, el juez J.A.N., juez del juzgado undécimo de primera instancia de mediación, por auto de fecha 8 de octubre de 2.013, desacatando flagrantemente y de forma grosera la sentencia que resolvió el Recurso de Regulación de Competencia dictada por el Tribunal Superior Primero, dictó un auto en los siguientes términos: (….) este Tribunal ordena la remisión inmediata del presente asunto a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de este Circuito Judicial a los fines que el mismo sea itinerado al Tribunal Primero de Primera Instancia de Ejecución…”, a lo cual agrega que “…Las actuaciones suscritas en concierto por los jueces J.A.N. y Dagielys Palma, jueces del juzgado undécimo de primera instancia de mediación y primero de primera instancia de ejecución, en los asuntos AP51-V-2008-014836 y AP51-V-2013-009613, que contienen las demandas de Fijación de Obligación de Manutención y Cumplimiento de Obligación de Manutención, respectivamente, consumaron un fraude al proceso que se iniciaba con la interposición de la nueva demanda de Cumplimiento de Obligación de Manutención, con la aviesa intención de impedir el trámite legal de la referida acción, en la cual hasta la fecha no ha habido pronunciamiento sobre su admisión…”. (Destacado de esta Alzada).

De los hechos anteriormente señalados, entiende esta Alzada que el accionante califica que hubo no sólo una, sino diversas actuaciones irregules que constituyeron la violación de sus garantías constitucionales, de las cuales éste Tribunal Superior Cuarto, en aras de determinar exactamente cuales de ellas atañen a la presente acción y en atención al expreso señalamiento del accionante de que tanto el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Ejecución, como Tribunal Décimo Primero (11°) de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de éste Circuito Judicial fueron infractores; determina que no sólo se trata de la sentencia dictada en fecha 18/10/2013 en el expediente AP51-V-2008-014836, por el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Ejecución de éste Circuito Judicial; mediante la cual procedió a acumular tanto física como sistemáticamente el expediente signado con el número N° AP51-V-2013-009613, al asunto N° AP51-V-2008-014836, sino que debe considerarse que el presunto gravamen se configura con anterioridad, en virtud del auto dictado en fecha 08/10/2013 por el Tribunal Décimo Primero (11°) de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de éste Circuito Judicial, mediante el cual ordenó la remisión del expediente signado bajo el N° AP51-V-2013-009613, contentivo de la demanda de Cumplimiento de Obligación de Manutención, al Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Ejecución de éste Circuito Judicial para que fuera acumulado al expediente AP51-V-2008-014836, contentivo de la demanda de Fijación de la Obligación de Manutención; ya que, tomando las palabras del ciudadano J.J.M.U., respecto de los Jueces denunciados:

…Es obvio que los jueces J.A.N. y Dagielys Palma, en sus respectivas actuaciones concertadas, actuaron con abuso de poder; se extralimitaron en sus funciones actuando fuera de su competencia entendida esta desde el punto de vista constitucional del ejercicio de la función pública.

Actuaron fuera de su competencia desde el punto de vista constitucional del ejercicio de la función pública, porque desacataron de forma grotesca la sentencia de carácter vinculante y obligatoria de cumplimiento dictada por el Tribunal Superior Primero, que resolvió el Recurso de Regulación de la Competencia.

El primero, J.A.N., se despojó de la competencia funcional que le obligaba a conocer sobre la nueva demanda de Cumplimiento de Obligación de Manutención la segunda, Dagiely Palma, arrebató la competencia que le correspondía a aquel para consumar el fraude al proceso en el asunto AP51-V-2013-009613, ambos denegando justicia…

En consecuencia, mal podría este Tribunal Superior Cuarto obviar los dichos ampliamente reiterados y recalcados por el accionante en su escrito de A.C., pues, en caso contrario ¿Qué sentido tendría que se solicitara la notificación del Tribunal Décimo Primero (11°) de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación en la presente acción?; a no ser, que, efectivamente, se considere que el auto dictado en fecha 08/10/2013 de igual modo lesionó las garantías constitucionales del accionante. Cabe la interrogante inclusive con anterioridad a la fecha previamente señalada, pues citando el escrito de A.C., expresamente se denunció que: “…durante 11 meses y hasta la fecha de hoy ha denegado justicia al mantenerme sin acceso al proceso que legítimamente he instaurado, conculcando con ello mi derecho constitucional a obtener del Estado una tutela judicial efectiva…”; razón por la cual y estando la partes a derecho, entiende este Tribunal Superior Cuarto que el lapso para interponer los recursos de ley, debe computarse a partir del nueve (09) de Octubre de dos mil trece (2013); y así se establece.

Como consecuencia de lo anterior, en fecha 06/05/2014, mediante Oficio N° 143/2014 (F. 153), esta Alzada solicitó al Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Ejecución de éste Circuito Judicial un cómputo de los días transcurridos desde el día nueve (09) de Octubre de dos mil trece (2013), fecha desde la cual el ciudadano J.J.M.U., debió ejercer los recursos de ley en virtud de las actuaciones presuntamente lesivas, hasta el día catorce (14) de Abril de dos mil catorce (2014), fecha en la cual fue interpuesta la presente acción de A.C.; siendo que, mediante Oficio N° 0318 (F. 154), el Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Ejecución de éste Circuito Judicial dio respuesta a la solicitud de este despacho judicial y remitió el cómputo requerido, de donde se evidencia que desde el 09/10/2013, fecha a partir de la cual el ciudadano J.J.M.U., debió ejercer los recursos de ley en virtud de las actuaciones presuntamente lesivas, hasta el día 14/04/2014, fecha en la cual fue interpuesta la presente acción de A.C., transcurrieron seis (06) meses y cinco (05) días.

De acuerdo de lo ut supra indicado, es importante destacar lo establecido en el ordinal 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual estipula lo siguiente:

…Artículo 6.- N o se admitirá la acción de amparo:

(…)

4) Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres.

Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o amenaza al derecho protegido.

El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación…

.

Ahora bien, haciendo una interpretación del precitado artículo podemos observar, que el consentimiento tácito opera cuando el agraviado realiza conductas, bien sea acciones u omisiones, que favorezcan la continuidad en la violación, siendo tales conductas suficientes que lleven al Juez Constitucional a concluir, que las mismas entrañan signos inequívocos de aceptación, siendo estas conductas distintas a la omisión, durante el lapso previsto de seis (06) meses del ejercicio de la acción por ante los Tribunales; así pues, y en relación al lapso de seis (06) meses, se entiende que es un lapso de caducidad, que no obstante a su consumación podrá ejercitarse salvo que se infrinja el orden público; en tal sentido, vale la pena señalar lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 14, dictada en fecha 15/02/2005, con ponencia del Magistrado Dr. J.E.C., donde se adujo lo siguiente:

“…El artículo 6 numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra un lapso de caducidad de seis meses después de la violación o de la amenaza al derecho constitucional protegido.

...omissis...

La norma antes transcrita establece como presupuesto de admisibilidad que no haya transcurrido el lapso de caducidad que afecta directamente el ejercicio de la acción. Así, una vez transcurrido dicho lapso de seis meses, se perderá el derecho de acción. Es este un requisito de admisibilidad (presupuesto procesal) que debe ser revisado por el juzgador antes de pasar a analizar el fondo de la cuestión debatida, es decir, la procedencia o no de la acción de amparo propuesta, ya que es un lapso de caducidad que afecta directamente el derecho de acción e indirectamente hace que fenezca la posibilidad para que el sujeto titular de un derecho subjetivo lo ejerza.

...omissis...

Ahora bien, en materia de amparo el legislador previó la posibilidad de la desaplicación de dicho lapso de caducidad en aquellos casos en que el juez en sede constitucional, observe violaciones constitucionales de tal magnitud que vulneren los principios que inspiran el ordenamiento jurídico, en cuyo marco se desarrollan las relaciones entre los particulares y el Estado, y en aplicación de verdadera justicia dentro de un orden social de derecho, esto es, cuando se trate de lesiones al orden público o a las buenas costumbres.

De allí, que estime la Sala necesario establecer si en el caso de autos, las supuestas infracciones constitucionales denunciadas involucran derechos constitucionales de eminente orden público o las buenas costumbres.

Al respecto, la Sala en decisión del 6 de julio de 2000 (Caso: Ruggiero Decina y F.C.d.D.) estableció:

Ahora bien, esta Sala considera necesario aclarar el sentido del concepto de ‘orden público’ a que se refiere la sentencia del 1° de febrero de 2000 (caso: J.A.M.B.), (…) es necesario tomar en cuenta que si se considerare toda violación constitucional alegada por algún accionante como de orden público, esto implicaría la no existencia de normas de procedimiento del juicio de amparo como la relativa al lapso de caducidad (numeral 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), la de desistimiento expreso de la acción de amparo (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), así como que en ningún caso se consideraría como terminado el procedimiento en caso de inasistencia del presunto agraviado en una acción de a.c. en los términos establecidos en la jurisprudencia establecida por esta Sala (sentencia del 1º/02/2000, caso: J.A.M.B.).

Así las cosas, la situación de orden público referida anteriormente es pues una situación de carácter estrictamente excepcional que permite obviar las normas de procedimiento relativas al p.d.a. constitucional. Es así, como el concepto de orden público a que se refieren las normas que rigen el p.d.a. constitucional para permitir la posibilidad de obviar las normas procedimentales de dicho proceso, es aún más limitado que el concepto de orden público que se encuentra implícito en cualquier derecho o garantía constitucional precisamente por el hecho de que estos derechos poseen un carácter constitucional.

Es pues que el concepto de orden público a los efectos de la excepción al cumplimiento de ciertas normas relacionadas con los procesos de a.c., se refiere a la amplitud en que el hecho supuestamente violatorio del derecho o norma constitucional afecta a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes. Por ello en casos donde un presunto agraviado alega que un hecho, actuación, omisión o amenaza ocasionó una supuesta violación constitucional a su persona, sólo se consideraría de orden público, a manera de la excepción de las normas procedimentales de los juicios de amparo, cuando el Tribunal compruebe que, en forma evidente, y a consecuencia del hecho denunciado por los accionantes, se podría estar infringiendo, igualmente, derechos o garantías que afecten a una parte de la colectividad diferente a los accionantes o al interés general, o que aceptado el precedente resultaría una incitación al caos social, si es que otros jueces lo siguen…

(Destacado de este Tribunal Superior Cuarto)

Se erige entonces, que el lapso de seis (06) meses establecido en el ordinal 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es un lapso fatal, que indefectiblemente produce la pérdida del derecho de ejercer la acción, salvo que exista una excepción de estricto orden público, en cuyo caso, deberá interpretarse con mayor amplitud, y únicamente procederá cuando la lesión denunciada afecte a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de los accionantes.

A todo evento, y en caso de que quedara alguna duda respecto de la procedencia de dicha excepción en esta materia especial, por considerarse que los derechos y garantías inherentes a niños, niños y adolescentes son de estricto orden público, y dada la sensibilidad que revisten las instituciones familiares (como en este caso, el derecho a la obligación de manutención), considera prudente quien suscribe citar la sentencia N° 1468, dictada la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 28/10/2013, con ponencia de la Magistrada Dra. C.Z.D.M., donde se estableció lo siguiente:

“…El Juzgado Superior de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico declaró inadmisible la acción de amparo

...omissis...

Tal inadmisión se fundamentó en la causal establecida en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto el a quo constitucional estimó que había operado el lapso de caducidad para el ejercicio de la acción de amparo.

...omissis...

Por consiguiente, al transcurrir el lapso de caducidad establecido en la ley y no estar involucrados en el presente caso infracciones de orden constitucional que afecten a una parte de la colectividad o al interés general, más allá de los intereses particulares de la accionante, ni de aquéllas de tal magnitud que vulneren los principios que inspiran el ordenamiento jurídico, (Vid. sentencia n.ro 1419 del 10 de agosto de 2001, caso: G.A.B.C.), se confirma la declaración del Juez a quo constitucional por haber operado la causal de caducidad aludida y resultar inadmisible el amparo en cuestión. Así se establece.

Como consecuencia de lo anterior, podemos concluir que inclusive en esta materia especial y de estricto orden público opera la interpretación respecto de la cual, debe entenderse que, para que pueda operar la excepción establecida por el legislador en el ordinal 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la infracción de orden constitucional debe afectar a la colectividad o al interés general, que no es el caso de marras en virtud de que, no se evidencia de los hechos narrados y ni de los recaudos remitidos, ninguna vulneración que desborde la esfera subjetiva de las partes en el proceso, por lo cual no procede la excepción de orden público; en consecuencia, esta Juzgadora declara la inadmisibilidad sobrevenida de la presente acción de A.C., por cuanto transcurrieron seis (6) meses y cinco (05) días desde que la parte accionante podía ejercer los recursos que a bien tuviere en virtud de las actuaciones denunciadas como lesivas, por lo que efectivamente, se produjo la caducidad que señala el artículo 6 numeral 4° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y así se decide.

III

Este Tribunal Superior Cuarto del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, actuando en sede constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la INADMISIBILIDAD SOBREVENIDA de la Acción de A.C. ejercida por el ciudadano J.J.M.U., venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-19.737.561, debidamente asistido por los Abogados J.A.C., J.A.C.C. y A.A.C.C., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los N° 23.118, 149.626 y 189.736 respectivamente, contra presuntas violaciones de derechos y garantías constitucionales por parte del Tribunal Décimo Primero (11°) de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de éste Circuito Judicial, a cargo del Abogado J.A.N.M., y del Tribunal Primero (1°) de Primera Instancia de Ejecución de éste Circuito Judicial, entonces a cargo de la Abogada DAGIELY P.R., hoy a cargo del Abogado A.J.P.M.; de conformidad con lo establecido en el ordinal 4° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.

Dada, firmada, sellada y publicada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Cuarto del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional actuando en sede Constitucional. En Caracas, a los quince (15) días del mes de Mayo de dos mil catorce (2014). Años: 204° de la Independencia y 155° de la Federación.

LA JUEZ,

ABG. JOOCMAR O.C..

LA SECRETARIA,

ABG. N.G.M..

En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, en l hora registrada en el Juris 2000.-

LA SECRETARIA,

ABG. N.G.M..