Decisión de Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Protección del Niño y del Adolescente de Barinas, de 23 de Marzo de 2006

La resolución del contrato de arrendamiento Arriba Señalado, declarándose resuelto el mismo y por ende, haciéndole entrega del local arrendado totalmente desocupado y en las mismas buenas condiciones de conservación y mantenimiento en que lo recibió.

En la indemnización por daños y perjuicios indemnizándome la cantidad señalada de once millones ciento catorce mil seiscientos cuarenta y nueve bolívares con doce céntimos (Bs.11.114.649,12) conforme se ha discriminado anteriormente.

En el pago de las costas procesales, estimadas en tres millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos noventa y cuatro bolívares con setenta y tres céntimos (Bs. 3.334.394,73), que corresponde al treinta por ciento de la estimación de la demanda, la cual estimo en la cantidad de once millones ciento catorce mil seiscientos cuarenta y nueve bolívares con doce céntimos (Bs.11.114.649,12).

Acompañó con el escrito de la demanda lo siguiente:

* Copia Certificada del Contrato de arrendamiento, autenticado por ante la Notaría Pública Primero de esta Circunscripción Judicial, anotado bajo el Nro. 13, Tomo 128, de fecha 10-11-1996.

* Copia Certificada de documento de compra venta del inmueble arrendado donde se evidencia que la ciudadana: I.M.A.M., vende al ciudadano: J.R.A..

* Certificación de Canon de arrendamiento elaborada por la Lic. Gladys D. Arguello.

LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La parte demandada en la oportunidad de la contestación de la demanda señaló:

Que es cierto que la ciudadana I.T.A.M., identificada en autos, dio en arrendamiento al ciudadano J.L.G.G., un local Comercial con una sala de baño ubicado en la Avenida M.J. N° 10-47, frente a la plaza del Estudiante de esta ciudad de Barinas, Estado Barinas, mediante contrato de arrendamiento escrito debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Barinas, anotado bajo el N° 13, Tomo 128 de los Libros respectivos en fecha 10 de Diciembre de 1996; es cierto que el canon de arrendamiento se fijó en la cantidad de treinta mil bolívares (Bs. 30.000,00). Es cierto que el inmueble arrendado fue dado en venta al ciudadano J.R.A., identificado en autos, según consta en anexo marcado “B” por la parte actora, es decir, por la ciudadana M.J.A., quien es la madre del ciudadano J.R.A., actuando en representación de la ciudadana I.T.A.M., madre de la ciudadana M.J.A.. Que es cierto que el lapso inicial del contrato era por dos (2) años. Que cierto que el ciudadano J.L.G.G., consigna los cánones de arrendamiento desde el mes de Julio del 2001 por ante el Juzgado Primero del Municipio Barinas de esta Circunscripción Judicial, en el expediente N° 583.

Que no es cierto que por no haber operado el desahucio y seguir el ciudadano J.L.G.G., ocupando el inmueble, el contrato de arrendamiento haya pasado a ser a tiempo indeterminado, pues que en virtud que por sentencia definitivamente firme de fecha 29-03-2001, emanada por el Juzgado Primero del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, con ocasión del juicio de Desalojo intentado por la ciudadana I.T.A.M., en contra de mi mandante, en su oportunidad declaró que se trataba de un contrato a tiempo determinado de dos años al cual se previó su duración por ese tiempo determinado, con prórrogas sucesivas, siempre y cuando una de las partes no notifique a la otra su intención de poner fin al mismo.

Que no es cierto que el ciudadano J.R.A., parte actora en el presente juicio, se haya negado a retirar los cánones de arrendamiento consignados en el Juzgado Primero del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, pues tal y como se evidencia en el expediente de consignación arrendaticia N° 583, el cual consigno en este acto marcado con la letra “B”, el ciudadano J.R.A. en varias oportunidades a retirado dichos cánones sin hacer reserva alguna, por lo que tácitamente se entiende que esta conforme con el pago.

Que no es cierto que su mandante se haya negado a revisar los cánones de arrendamiento a los fines de su adecuación, prueba de ello lo constituye la comunicación de fecha 22 de Mayo del 2001 recibida por el ciudadano J.L.G.G. de parte de la Abogado, y para ese entonces representante judicial del ciudadano J.R.A., ciudadana L. de losR., dicha comunicación corre inserta marcada “D”. En tal comunicado se le informa a su poderdante que el ciudadano J.R.A. es el nuevo propietario y nos llama a reunirnos con ellos para fijar los requisitos necesarios para la elaboración de los nuevos contratos de arrendamiento y del lugar donde deberán realizarse los pagos, así como que dichos pagos deben hacerse en la persona del ciudadano J.R.A. o en la de su apoderada Abogado L.D.L.R., quien les manifestó que el nuevo canon sería por la cantidad de quinientos mil bolívares (Bs.500.000,00), cantidad que para la fecha y aún hoy, resulta exagerado para un local de veinticinco metros cuadrados (25 mts2); que se le propuso que solicitara la regulación de alquiler ante el organismo competente, a lo cual se negó rotundamente.

Que no es cierto que cuando fue sancionada la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, ya se había vencido el plazo por el cual fue arrendado dicho inmueble en cuestión, ya que por ello, no se le aplica la prórroga legal establecida en la mencionada Ley.

En virtud de lo anteriormente expuesto, se concluye que por cuanto el anterior propietaria ciudadana I.T.A. manzano, no objetó el monto del canon de arrendamiento, éste se mantenía en la suma de treinta mil bolívares (Bs.30.000,00) mensuales para el momento en que el ciudadano J.R.A. adquiere el inmueble. De igual modo queda establecido y comprobado que la legislación aplicable al contrato aquí cuestionado es la establecida en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios

Que no es cierto que el ciudadano J.L.G.G., haya tenido una conducta contumaz e incumplido con los términos del contrato.

Que no es cierto que el ciudadano J.L.G.G., le haya causado daños y perjuicios al ciudadano J.R.A..

Negó Rechazó y contradigo y desconoció los cálculos realizados por la licenciada: Gladys Arguello, señalados en el libelo de la demanda.

Y realiza la parte de demanda unos razonamientos finales, relacionado afirmando que el contrato de arrendamiento es a tiempo determinado, que para el momento de la interposición de la demanda el contrato de arrendamiento se encontraba renovado, que no consta de autos que alguna de las partes haya notificado a la otra su voluntad de rescindir del mismo, y que el ordenamiento jurídico aplicable al presente caso es el contenido en la Ley de Arrendamiento Inmobiliario, y que él no ha ocasionado daño y perjuicio alguno, por cuanto alguno, por cuanto para el momento en que el ciudadano J.R.A. adquiere el inmueble, 07 de Marzo del 2001, se encontraba renovado el contrato y por cuanto la anterior propietaria ciudadana I.T.A.M. no había objetado el canon, el mismo se mantenía con el nuevo propietario de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios. Además agregó que si el ciudadano J.R.A. no estaba conforme con el monto cancelado por concepto de canon de arrendamiento, o quería rescindir el contrato, debía hacerlo conforme a lo establecido en el mismo, es decir, si no había acuerdo por voluntad de las partes para fijar el nuevo canon, de conformidad a lo establecido en la Cláusula Segunda de dicho contrato, la Ley prevé la Regulación de Alquiler, pero el ciudadano J.R.A. no hizo uso de ese derecho. Si por el contrario quería rescindir el contrato, solo debía notificar a su representado en la forma prevista en la Cláusula Tercera y otorgar la prórroga legal a la cual tiene derecho el ciudadano J.L.G.G..

En relación a la actividad probatoria, a luz de los dispuesto en el artículo 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido liberado de ella debe por su parte probar el pago o hecho que ha producido la extinción de la obligación, en todo caso, las partes tienen la obligación de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, pues la carga de la prueba se impone siempre según la posición que tiene los litigantes en la litis, de acuerdo con el aforismo: “incumbi probatio qui dicit non quit negat”, vale decir, que incumbe o corresponde probar a quien afirma, no a quien niega.

PRUEBAS

La parte actora acompañó con el libelo de la demanda los siguientes documentos:

1. - Copia Certificada del Contrato de arrendamiento, autenticado por ante la Notaría Pública Primero de esta Circunscripción Judicial, anotado bajo el Nro. 13, Tomo 128, de fecha 10-11-1996, el cual corre inserto a los folios 4 y 5 del presente expediente. Se le otorga valor probatorio para demostrar los hechos que contiene como documento público, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1357 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil.

2. - Copia Certificada de documento de compra venta del inmueble arrendado donde se evidencia que la ciudadana: I.M.A.M., vende al ciudadano: J.R.A., Titular de la Cédula de Identidad Nro. 9.268.635, debidamente Protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Autónomo Barinas del Estado Barinas, inserto bajo el N° 31, folios 196 al 197 vto, Protocolo Primero, Tomo Décimo. Se le otorga valor probatorio para demostrar su contenido como documento público, de acuerdo con lo establecido en los artículos 1357, 1359 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil.

3. - Certificación de Canon de arrendamiento elaborada por la Lic. Gladys D. Arguello de M., la cual se encuentra inserta en los folios del 11 al 14 ambos inclusive. Por tratarse de documentos emanados de tercero ajeno al presente juicio, al no ser ratificados en la oportunidad legal de conformidad con lo establecido en el artículo 431 del Código de Procedimiento Civil, los mismos se desechan.

Pruebas promovidas en Segunda Instancia:

La parte actora ante esta Superioridad promovió los siguientes medios probatorios:

Marcadas con la letra “A”.

Originales de facturas, del recibo de pago del telegrama remitido al demandado y del acuse de recibo emitido por Ipostel Barinas, en fecha 14 de Julio 2004, donde se le solicita retirar un equipo de aire acondicionado del inmueble alquilado.

Marcado con la letra “B”

Documentos originales de la factura, recibo telegrama del 4 de Octubre de 2004 y acuse de recibo de la misma fecha producidos por Ipostel, donde se le solicita al demandado la entrega del local de marras por los motivos allí indicados.

Marcados con la letra “C”.

Documentos obtenidos en la página WEB del Banco Central de Venezuela contentivos de los índices de los precios al Consumidor que fija la inflación en el país, correspondientes desde febrero 2006 hasta Enero 1998, se inadmiten los mismos por cuanto no se trata de instrumentos públicos de conformidad con el artículo 520 del Código de Procedimiento Civil.

En cuanto a estos medios probatorios precedentemente señalados los mismos fueron inadmitidos, según se evidencia de auto de este tribunal de fecha 15 de Marzo de 2006, por las razones que ahí se expusieron, por lo que las mismas no son objeto de valoración.

De igual modo promovió la parte actora Posiciones juradas, de conformidad con los artículos 403 y siguientes del Código de Procedimient6o Civil. Las mismas fueron admitidas en auto de fecha 15-03-2006, ordenándose su evacuación. Esta prueba no se evacuó por haber sido imposible la citación del ciudadano J.L.R.. En tal virtud quien aquí juzga no tiene elementos que valorar.

Promovió además en esta instancia Copia Certificada del expediente que cursa por ante el Juzgado Primero del Municipio Barinas, Nro. 583 cuyo consignatario es el ciudadano: J.L.G.G. y beneficiario el ciudadano: J.R.A., el cual se encuentra inserto a los folios 58 al 302 ambos inclusive.

Por tratarse de actuaciones que cursan por ante un juzgado de la República, se le otorga valor probatorio para demostrar los hechos que contiene.

Pruebas de la parte demandada:

Dentro del lapso probatorio, la parte demandada promovió las siguientes:

1) Original del Contrato de arrendamiento escrito debidamente autenticado por ante la Notaría Pública Primera de Barinas, de fecha 10-12-1996, anotado bajo el Nro. 13, Tomo 128 de los libros respectivos, folios 04 y 05 del presente expediente.

Se le otorga valor probatorio por tratarse de un documento público de conformidad con lo establecido en los artículos 1357 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil.

2) Copia certificada de sentencia dictada por el Juzgado Primero del Municipio Barinas de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, en fecha 29 de marzo del 2001, con ocasión del juicio de Desalojo intentado por la ciudadana M.J.A. en representación de la ciudadana I.T.A.M., en contra de su mandante, la cual en su oportunidad declaró que se trataba de un contrato a tiempo determinado de dos años al cual se previó su duración por ese tiempo determinado, con prorrogas sucesivas siempre que una de las partes no notifique a la otra su intención de poner fin al mismo. Folios 47 al 56.

Por tratarse de actuaciones procesales que cursan por ante un tribunal de la República, se le otorga valor probatorio para demostrar los hechos que contiene.

3) Copia Certificada del expediente de consignación arrendaticia N° 583, marcado con la letra “B” donde específicamente en los folios 118, 121, 166, 208, el ciudadano J.R.A. en varias oportunidades ha retirado dichos cánones sin hacer reserva alguna. Folios 58 al 302.

Se le otorga valor probatorio por tratarse de actuaciones que constan por ante un tribunal de la República, para demostrar los hechos que contiene.

MOTIVA

La presente acción persigue poner fin al vínculo contractual arrendaticio, que emerge del contrato de arrendamiento suscrito entre la arrendadora: I.T.A.M. y el arrendador: J.L.G.G., teniendo como objeto el contrato de arrendamiento un local comercial con un anexo, constituido por una habitación con sala de baño, ubicado en la avenida M.J., N° 10-47, frente a la Plaza El Estudiante de esta ciudad de Barinas, según consta en documento autenticado ante la Notaría Pública Primera de Barinas, en fecha 10-12-1996, bajo el N° 13, Tomo 128 de los libros de autenticaciones pertinentes. De igual modo demanda los daños y perjuicios generados con motivo del incumplimiento de la actualización del canon durante dicha relación arrendaticia.

Respaldó su demanda fundamentalmente en el artículo 1167 del Código Civil.

El inmueble arrendado, fue vendido al ciudadano: J.R.A., Titular de la Cédula de Identidad N° 9.268.635, según se evidencia en de las actas procesales que conforman el presente expediente, y cuyo documento fue valorado en el cuerpo de este fallo.

Ahora bien, para que surja la resolución, es menester que se den en forma concomitante los siguientes requisitos:

• Debe tratarse de un contrato bilateral.

• Debe haberse producido un incumplimiento de las obligaciones adquiridas.

• Debe haber cumplimiento de las obligaciones, por parte de la persona que exige la resolución.

• Debe haber intervención del órgano jurisdiccional competente.

En el derecho patrio, la resolución está prevista en el artículo 1167 del Código Civil el cual es del tenor siguiente:

En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello.

Se observa que la norma transcrita ubica en la voluntad de las partes, escoger entre ejecutar, vale decir, cumplir o resolver el contrato, siempre acudiendo a la vía jurisdiccional.

De señalada importancia, en las acciones judiciales tendentes a resolver los contratos de arrendamientos, es la naturaleza temporal de los mismos, vale decir, debe examinarse si se trata de un contrato arrendaticio a tiempo determinado o a tiempo indeterminado. Esta temporalidad es de suma importancia, en virtud a que en atención a ella el jurisdicente vislumbra el procedimiento que ha de seguirse, en caso de pretender la resolución de un contrato de arrendamiento, de tal manera que indiscutiblemente ese es el primer examen que debe hacer el juez.

En cuanto a las acciones que deben proponerse, tomando en cuenta la temporalidad antes señalada, el autor patrio: E.D.N.A., en su obra El Nuevo Derecho Inquilinario Venezolano, Pág. 188 señala:

… desde el punto de vista de las acciones a materializar, quedaría en los siguientes términos: a) Contratos a tiempo determinados. La acción judicial será la prevista en el artículo 1167 del Código Civil, relativa al cumplimiento (de ejecución) por resolución del contrato, por los tramites del procedimiento breve. b) Contratos a tiempo indeterminado. Cuando la acción se refiera a las causales previstas en el artículo 34 sobre desalojo de vivienda, ésta será la norma sustantiva a invocar, y el procedimiento será lógicamente el procedimiento breve por disposición 33 de la misma Ley, cuando la acción sea relativa a un contrato a tiempo indeterminado, cuya causal no encuadre en los supuestos del artículo 1167, como por ejemplo lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la norma sustantiva a invocar sería el artículo 1167 del Código Civil y el procedimiento sería el breve.

En este orden de ideas, tenemos que la parte actora mencionó en el escrito contentivo de la demanda, que el contrato arrendaticio celebrado por su causante era por dos (2) años, venciendo en diciembre de 1998, y que en virtud que el arrendatario: J.L.G.G. había quedado en posesión del inmueble, se produjo por tal hecho la tácita reconducción, convirtiéndose entonces dicho contrato a tiempo indeterminado.

Resulta entonces importante, resaltar que debe entenderse por contrato a tiempo determinado y contrato a tiempo indeterminado.

A este respecto, un contrato es a tiempo determinado cuando se ha establecido en él un lapso de duración, y en consecuencia las prórrogas que se haga del mismo, se consideran de igual modo a tiempo determinado.

Por otro lado el contrato de arrendamiento a tiempo indeterminado, es aquel en que no se establece un lapso de duración determinado, o que aún habiéndose determinado, posterior a su vencimiento haya operado la tácita reconducción, señalada en el artículo 1164 del Código Civil.

Ahora bien, para una mayor comprensión del caso que nos ocupa, se pasa a transcribir la cláusula tercera del contrato de arrendamiento, cuya resolución aquí se pretende:

La duración del presente contrato será de DOS (2) AÑOS, contados a partir del día en que se haga efectivo el pago del primer mes de vigencia del presente contrato, para lo cual LA ARRENDADORA se compromete expresamente a entregar el correspondiente el correspondiente recibo de cancelación al cual se le especificará la fecha respectiva. El mismo puede ser prorrogado automáticamente, por igual término, a voluntad de ambas partes a menos que una de ellas manifieste su voluntad, por escrito, de no prorrogarlo más, con dos meses de anticipación al tiempo de vencimiento del mismo o de la prorroga y de darse la tácita reconducción se regirá por las mismas condiciones establecidas en el presente contrato.

Se evidencia entonces del contenido de la cláusula ut supra transcrita, que el contrato que a través del presente procedimiento se pretende resolver, es y ha sido siempre a tiempo determinado, en primer término porque evidentemente se fijó un lapso de duración del mismo, y además porque las prorrogas sucesivas que se han producido de igual modo han sido a tiempo determinado, en virtud de emerge de las actas procesales que conforman el presente expediente, que no existen elementos probatorios algunos que demuestren la existencia de manifestación de voluntad por escrito de alguna de las partes involucradas en la relación arrendaticia, de no prorrogar el señalado contrato tal y como había quedado establecido en el mismo. En tal virtud el contrato de arrendamiento que se pretende resolver a través del presente juicio, es sin lugar a dudas a tiempo determinado. ASI SE DECIDE.

Conjuntamente con la acción de resolución de contrato, la parte actora ejerció la acción de daños y perjuicios, teniendo como base el incumplimiento culposo por parte del arrendatario de la cláusula segunda del contrato, relacionada con la revisión de los cánones de arrendamiento en atención al índice inflacionario que se produzca. La señalada cláusula es del tenor siguiente:

“El canon de arrendamiento convenido para el primer año de contrato será por la cantidad de TREINTA MIL BOLÍVARES (Bs. 30.000,oo) mensuales, los cuales pagará por mensualidades adelantadas dentro de los primeros cinco (5) años correspondientes a cada mes de arrendamiento por cumplirse. Para el segundo año de vigencia del presente contrato el canon de arrendamiento quedará sometido a voluntad de ambas partes aquí contratantes, tomando en cuenta para ello el índice inflacionario. En caso de darse prórroga el canon será fijado con dos meses antes del vencimiento del mismo. “

Ahora bien, se encuentran demostrados en autos los siguientes hechos:

.- El ciudadano: J.R.A., es el propietario del inmueble arrendado.

.- El arrendatario ciudadano: J.L.G.G., parte demandada en el presente juicio ha efectuado la consignación de los cánones de arrendamiento correspondiente a las mensualidades de junio 2001 a noviembre de 2005, por ante el Juzgado Primero del Municipio Barinas de esta Circunscripción Judicial, a favor dichas consignaciones del ciudadano. J.R.A., por la cantidad de treinta mil bolívares (Bs. 30.000,oo) mensuales.

.- El beneficiario de las señaladas consignaciones ciudadano: J.R.A., solicitó en fecha: 01-11-2002, 16-06-2003. 21-05-2004 y 10-02-2005 la entrega de estas cantidades, y además la entrega le fue acordada por el mencionado juzgado, todo lo cual se evidencia en los folios 149, 177, 226 y 268 del presente expediente.

.- El actor ciudadano: J.R.A., suscribió diligencias que cursan en autos en los folios 179, 227 y 269, donde declaró recibir los oficios librados al Gerente del Banco Industrial de Venezuela y las libretas de ahorro anexas, a los fines de que la señalada entidad bancaria le entregara las cantidades de dinero depositadas, y que comprenden los meses de junio 2001 a enero 2005, comprendiendo todos los depósitos señalados.

En cuanto al alegato invocado por la parte actora, en esta alzada relacionado con el hecho que el propietario del inmueble no ha continuado retirando los cánones de arrendamiento consignados, esta alzada debe señalar que este hecho no es de particular relevancia, para fundamentar el incumplimiento del arrendatario, en virtud de que ha quedado demostrado en autos, que este último ha hecho las consignaciones por ante el tribunal competente.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, para quien aquí sentencia es forzoso concluir, que no existe incumplimiento de la cláusula segunda del contrato suscrito parte del arrendatario, en atención a que la propia parte actora ha consentido en forma expresa y voluntaria las prorrogas sucesivas del contrato que se han producido, sumado al hecho que no se evidencia de las actas procesales que en las prorrogas el canon haya sido fijado con dos meses de anticipación al vencimiento del contrato, tomando en cuenta el índice inflacionario, tal y como fue establecido en la cláusula segunda del contrato de arrendamiento firmado por las partes, por lo que es forzoso concluir que la presente demanda de resolución de contrato intentada no puede prosperar, y resultaría inoficioso pronunciarse sobre la reclamación de daños y perjuicios ejercida en forma conjunta con la pretensión de resolución, en virtud de la manifiesta improcedencia de la misma. ASI SE DECIDE.

En mérito de las razones de hecho y de derecho antes expuestas, para quien aquí sentencia es forzoso concluir que el recurso de apelación interpuesto no debe prosperar, y la demanda intentada debe ser declarada sin lugar. ASI SE DECIDE.

D I S P O S I T I V A

Por los motivos de hecho y de derecho antes expresados, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta sentencia en los siguientes términos:

Declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada L.Q., actuando como apoderada judicial de la parte actora, ciudadano J.R.A., contra decisión dictada en fecha 13 de Febrero del año 2006, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas en el juicio de Resolución de Contrato de Arrendamiento y Daños y Perjuicios en el expediente Nº 05-7176-CE., de la nomenclatura del mismo.

Declara Sin Lugar la demanda de Resolución de Contrato de Arrendamiento y Daños y Perjuicios.

Queda Anulada la decisión apelada, por inmotivación.

Se condena en costas a la parte actora, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Por cuanto la presente decisión se dictó dentro del lapso legalmente correspondiente, no se notifica a las partes.

Publíquese, regístrese y devuélvase en su oportunidad legal.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. En Barinas, a los veintitrés (23) días del mes de Marzo del año dos mil seis. Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.

La Juez Suplente Especial,

R.E.Q.A.

La Secretaria,

Abg. A.B.S.

En esta misma fecha (23-03-2006), se registró y publicó la anterior sentencia. Conste.

La Scria,