Decisión de Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte de Carabobo, de 6 de Noviembre de 2012
| Fecha de Resolución | 6 de Noviembre de 2012 |
| Emisor | Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte |
| Ponente | José Gregorio Madriz DÃaz |
| Procedimiento | Querella Funcionarial |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE
PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO.
Valencia, 06 de noviembre de 2012
Años: 202º y 153º
Exp. Nro. 14.678
Vista la querella interpuesta por los ciudadanos J.G.M.R. y O.E.G.L., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-17.613.277 y V-13.246.412, respectivamente, asistidos por el abogado en ejercicio R.J.T., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.999.199, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 166.053, contra las Providencias Administrativas Nros. 006 RRHH-2012 y 007 RRHH-2012 de 20 de abril de 2012, dictada por el PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTÓNOMO MUNICIPAL, CUERPO DE BOMBEROS, BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL DE SAN JOAQUIN DEL ESTADO CARABOBO (IMCUBAES), mediante las cuales remueven a los querellantes del cargo de CONDUCTOR/PARAMEDICO del referido Instituto, notificadas en fecha 20 de abril de 2012; este Tribunal, siendo la oportunidad para pronunciarse sobre el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, observa:
Tomando en consideración que en la presente causa fue interpuesta por varios querellantes, en su condición de exfuncionarios del INSTITUTO AUTÓNOMO MUNICIPAL, CUERPO DE BOMBEROS, BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL DE SAN JOAQUIN DEL ESTADO CARABOBO (IMCUBAES), decidieron libremente acumular los diferentes recursos contencioso funcionariales, para que fuesen resueltos por el mismo Juzgado en un mismo proceso contencioso, resulta necesario analizar si en el caso bajo análisis se configuran los supuestos previstos en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, que regula la institución del litisconsorcio, aplicable a los procedimientos contenciosos administrativos.
En este sentido, resulta pertinente citar la doctrina vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia No. 2458 de fecha 28 de noviembre de 2001, (Caso: Aeroexpresos Ejecutivos), según la cual:
“(…) Ahora bien: no hay duda alguna que el litis consorcio, activo y pasivo, está permitido en el Código de Procedimiento Civil, pero bajo las regulaciones establecidas en el artículo 146 de dicho Código, el cual, textualmente, preceptúa:
Podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litis consortes: a) Siempre que se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa; b) Cuando tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que derive del mismo título; c) En los casos 1°, 2° y 3° del artículo 52.
Evidentemente, la norma preanotada reglamenta el derecho de acción y al debido proceso, constitucionalmente establecidos en los artículos 26, 49 y 253, primer aparte, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, normas y derechos que, por estar íntimamente conectados con la función jurisdiccional, son reguladoras de materias conformadoras del orden público.
Entonces, cabe analizar si las demandas laborales comentadas fueron debidamente acumuladas, en total conformidad con lo que dispone el citado artículo 146 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, de la lectura del escrito que contiene las demandas puede apreciarse:
-
Que cada demanda acumulada tiene un demandante diverso. Dicho de otra manera, no hay co-demandantes;
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Que cada demanda contiene una pretensión diferente. Efectivamente, cada una de las actoras persigue el pago de sumas dinerarias diferentes;
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Que cada pretensión demandada se fundamente en una causa petendi distinta, a saber: en cuatro relaciones individuales de trabajo, singularmente diferenciadas una de la otra; y
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Que hay dos demandadas comunes en cada una de las demandas acumuladas.
Es el caso que, según el invocado artículo 146, varias personas podrán demandar o ser demandadas conjuntamente como litis consortes:
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Siempre que se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa. En el caso laboral bajo examen, el estado de comunidad jurídica respecto del objeto de la causa queda excluido por el hecho mismo de que cada demandante reclama sumas de dinero diferentes en sus montos e independientes una de otra en cuanto a su origen y a su causa;
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Cuando tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que derive del mismo título. Como ya se expresó, en el caso concreto, cada demandante pretende el pago de sumas de dinero que, según el decir de ellas, provienen de relaciones individuales de trabajo que establecieron y particularizaron entre cada una de ellas y las demandadas. Por lo tanto, se trata de derechos que derivan de títulos distintos.
-
En los casos 1º, 2º y 3º del artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, cuales son:
c.1. Cuando haya identidad de personas y objeto. Al respecto, ya se observó que sólo hay, en todas las demandas acumuladas, identidad de demandados pero no de demandantes, pues cada una de ellas es diferente y, en lo que respecta al objeto, cada actora aspira a una pretensión distinta. Por tanto, no hay identidad de personas ni de objeto;
c.2. Cuando haya identidad de personas y título, aunque el objeto sea distinto. En lo que respecta a la identidad de personas ya se explicó su ausencia y en lo concerniente con la identidad de título, basta recordar, para excluirla, que cada accionante invocó como título, para fundamentar su pretensión, una relación individual de trabajo totalmente diferente de cada una de las otras que también fueron alegadas; y
c.3. Cuando haya identidad de título y de objeto, aunque las personas sean diferentes. Basta tener presente lo observado en los dos párrafos previos para concluir que no hay las identidades exigidas en el ordinal 3º del artículo 52 que se citó.
De manera que, en el proceso laboral que se examina, puede observarse y apreciarse que las demandantes que lo impulsaron actuaron, ab initio, en contravención con lo que regula el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 52, ordinales 1º, 2º y 3º eiusdem, que, como ya se analizó, son normas de orden público(..).”
Trasladando lo expuesto al caso de autos, se observa que del estudio de los elementos cursantes en autos, se evidencia que no existe conexión respecto a las personas, ya que trata de dos (02) ciudadanos distintos, asimismo los Títulos de los cuales se hace depender lo reclamado también son distintos, pues, cada uno de ellos en lo que respecta a la fecha de ingreso, son diferentes, de tal manera que las medidas administrativas o judiciales que puedan tomarse respecto de alguna de ellas, ni aprovecha ni perjudica a los restantes, en cuanto al ejercicio directo de los derechos que se derivan de tales relaciones.
De manera que en la querella funcionarial que se examina, pueden apreciarse que los demandantes que lo impulsaron actuaron, ab initio, en contravención a lo que regula el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 52, ordinal 1°, 2° y 3º, ejusdem, los cuales son normas de orden público, por tanto se declara INADMISIBLE la presente querella funcionarial de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2 del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide.
Ahora bien, este Juzgado en aras de garantizar el derecho a acceder a los órganos de la administración de justicia y a fin de obtener la tutela judicial efectiva, en los términos consagrados en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declara que los ciudadanos J.G.M.R. y O.E.G.L., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-17.613.277 y V-13.246.412, respectivamente, podrán interponer nuevamente en forma individual, su querella contra las Providencias Administrativas Nros. 006 RRHH-2012 y 007 RRHH-2012, ambas de fecha 20 de abril de 2012, dictadas por el PRESIDENTE DEL INSTITUTO AUTÓNOMO MUNICIPAL, CUERPO DE BOMBEROS, BOMBERAS Y ADMINISTRACIÓN DE EMERGENCIAS DE CARÁCTER CIVIL DE SAN JOAQUIN DEL ESTADO CARABOBO (IMCUBAES), tomando como inicio del cómputo del lapso de caducidad previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública, la fecha en que conste en autos la notificación de la última de las partes. Así se decide.
El Juez Provisorio,
Abg. J.G.M.D.
El Secretario, Acc
Abg. SADALA J.M.E.
En esta misma fecha, se libraron boletas de notificación.
El Secretario, Acc
Abg. SADALA J.M.E.
JGM/SJME/Tania.
