Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Lara (Extensión Barquisimeto), de 27 de Agosto de 2010
| Fecha de Resolución | 27 de Agosto de 2010 |
| Emisor | Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control |
| Ponente | Luis Alfonso MartÃnez |
| Procedimiento | Declara La Nulidad Absoluta |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL
CIRCUNSCRIPCION DEL ESTADO LARA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL Nº 4
Barquisimeto, 27 de Agosto de 2010
Años 200° y 151°
ASUNTO: KP01-P-2010-003361
JUEZ: Abg. L.A.M.
FISCALIA: 2° del M.P.
IMPUTADOS: G.J.R.M. y José Manuel Yánez
DEFENSA: Abg. A.R.M. e Isleny E.D.
Corresponde a este Tribunal, FUNDAMENTAR la Decisión dictada a razón de los ciudadanos, G.J.R.M. y José Manuel Yánez, C.I. Nº 15.965.917 y 16.750.910, emitida en Audiencia el 26 de Agosto del 2010
En la oportunidad de la Celebración de la Audiencia Oral, se constituyó el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control Nº 4, a los fines de llevar a cabo la Audiencia Preliminar, conforme lo establecido en el artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, una vez verificada la presencia de las partes, se procedió a aperturar la Audiencia concediendo la palabra al Fiscal 2° del Ministerio Público del Estado Lara, quien asumió la representación de las víctimas, agotadas como fueron las diligencias de Notificación personal así como lo establecido en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal y expuso oralmente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales ocurrieron los hechos; ratificó en cada una de sus partes las razones de hecho y de Derecho en la que fundamenta su formal acusación presentada en contra de los imputados; indicó los Elementos de Convicción y ofreció los Medios Probatorios Testimoniales y Documentales que constan en el referido escrito, calificando los hechos como los delitos de Secuestro; Resistencia a la Autoridad y Homicidio Frustrado previsto y sancionado en los artículos 218 y 405 en concordancia con el articulo 82 del Código Penal Vigente y Extorsión previsto y sancionado en el artículo 3 de la Ley contra el Secuestro y la Extorsión; Solicitó se Admita la Acusación en todas y cada una de sus partes, en virtud de que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, así como las Pruebas Ofrecidas tanto las Testimoniales como las Documentales, por ser Lícitas, Necesarias y Pertinentes; especificando la Vindicta Pública, la pertinencia de las mismas; Solicitó el Enjuiciamiento de los mencionados ciudadanos y se Decrete el Auto de Apertura a Juicio, reservándose el derecho de ampliar la acusación de surgir nuevos hechos que puedan modificar los delitos señalados; Solicitó se mantenga la Medida de Privación de Libertad a los imputados; Acto seguido, se les explicó a los imputados el significado de la audiencia, se les impuso del Precepto Constitucional que les exime de declarar en causa propia, de reconocer culpabilidad contra si mismos y contra sus parientes dentro del Cuarto Grado de Consanguinidad y Segundo de Afinidad, de sus cónyuges si las tuvieren o de sus concubinas, de conformidad con el numeral 5º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, les informó que su declaración no es un objeto de prueba sino un medio para su defensa, que con ella puede desvirtuar si fuere el caso la imputación que les ha hecho el Ministerio Público, se les indicó e informó que el Código Orgánico Procesal Penal prevé unas Alternativas a la Prosecución del Proceso, que consisten en el Principio de Oportunidad, Suspensión Condicional del Proceso, Acuerdos Reparatorios; asimismo respecto del Procedimiento Especial de Admisión de los Hechos, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, se les indicó la oportunidad para hacer uso de tales instituciones de Composición Procesal, se les informó sobre los hechos por los cuales el Ministerio Público los acusa; Se les preguntó si estaban dispuesto a declarar, a lo que G.J.R.M., respondió: “No Deseo Declarar; y José Manuel Yánezrespondió: “No Deseo Declarar; Acto seguido, se le concedió la palabra a la Defensa quien como Punto Previo solicitó la Nulidad Absoluta de la Acusación conforme lo señalado en los artículos 190 y 191 de la Norma Adjetiva y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela por Violación de Derechos Constitucionales al no realizar una serie de diligencias peticionadas por la defensa en el desarrollo de la investigación en fundamento a lo señalado en el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal; Igualmente en otro orden de ideas conforme el artículo 328, Numeral 4, Literal I, opuso Excepción por Falta de Requisitos Formales para intentar la acusación por parte del Ministerio Público, solicitando la declaración Con Lugar de la misma y por ende el Sobreseimiento de la Causa; promovió los Medios de Pruebas y peticionó revisión de la Medida de Privación de Libertad por una Medida Cautelar menos Gravosa; Seguidamente, se le concedió la palabra al Fiscal del Ministerio Público, quien rechazó lo expuesto por lo defensa de conformidad al artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto en efecto el Ministerio Público dio contestación a los escritos de diligencias interpuesta por la defensa, señalando que en atención a la norma indicada en el artículo 305 las llevara a cabo si las considera pertinentes y útiles, en cuanto a las excepciones rechaza lo alegado por la defensa, en virtud que el Escrito Acusatorio reúne los seis requisitos señalados por la norma en su artículo 326 ejusdem.
EXAMEN DE LA SITUACIÓN
El Tribunal con respecto a la Solicitud incoada tanto por la Defensa así como el Representante del Ministerio Público, procede a realizar las siguientes consideraciones haciendo necesario revisar lo señalado por nuestro M.T.S.d.J., en razón de Violación al Debido Proceso, en reiteradas Decisiones (Sentencias Nros. 744-181207, Caso A.d.L.S.R. y E.A.P., Ponente: Miriam Morandy Mijares; 719-161208, Caso Lerio C.R., Ponente: Miriam Morandy Mijares; 477-161106-2005398, Caso: R.V.A.C., Ponente: Dr. H.C.F.; Nro. A06-0370-568, Caso: Maggino, Ponente. Dr. E.A.A. y Nro. 479-161106-2006232, Caso: Cortez Angulo, Ponente: Dr. H.C.F., entre otras), recogidos estos criterios igualmente en la Sentencia emitida por nuestro M.T. en el Caso Micro Star, de lo cual entre otras cosas quedo asentado:
…..” (Sala Penal Sent. 186-8408-2008-A08-0046, Ponente: Dra. D.N.), todo ello con el fin de garantizar al investigado, debidamente asistido, tanto el derecho a acceder e intervenir en la investigación (salvo las excepciones previstas en el artículo 304 del Código Orgánico Procesal Penal relativo a la reserva de los actos de la investigación) como a ser oído, exento de toda clase de presión, coacción o intimidación, como componente fundamental tanto del derecho a la defensa (al posibilitar una adecuada y eficaz respuesta defensiva) como de la dignidad humana y de la presunción de inocencia, evitando con ello que la acusación se fragüe a sus espaldas.
En la fase investigativa del proceso es donde se recaban los elementos tendentes a confirmar o descartar la sospecha acerca de la comisión de un hecho punible y sus posibles culpables, a fin de que el Ministerio Público, en definitiva, logre la presentación del correspondiente acto conclusivo, que bien puede ser para promover el juicio penal (acusación), solicitar su archivo o para clausurar la persecución penal (sobreseimiento).
Por tanto, en esta fase preparatoria, el Ministerio Público debe ponderar si considera verosímil y fundada la atribución de un hecho punible a determinada persona y de ser así, debe poner en conocimiento del investigado, tanto los hechos que se le atribuyen como la necesidad de que sea asistido por un defensor debidamente juramentado, de manera oportuna, “realizando una función motivadora mediante la cual se establezcan de manera razonada todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión del delito que se imputa, las disposiciones legales aplicables al caso en cuestión y además, se le imponga de los elementos de convicción que lo relacionan con la investigación, para que de esa manera, se permita el ejercicio efectivo del derecho a la defensa y se tutelen los demás derechos y garantías fundamentales que constituyen el DEBIDO PROCESO”.(Sala Penal. Sentencia Nº 186 del 8/04/08. Ponente: Dra. D.N. Bastidas…..
…..Ahora, EN RELACIÓN A LA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA en contra de los ciudadanos E.C. Y G.A. Arraíz Manríquez, la Sala expone:
Nuestro Texto Constitucional garantiza la inviolabilidad del derecho a la libertad personal (artículos 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal), salvo que, por vía de excepción dicho derecho deba restringirse (artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal), a los fines de salvaguardar los f.d.p. (artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal).
Por tanto, la incidencia de la prisión provisional en el derecho a ser juzgado en libertad, se sitúa en la ponderación de dos deberes estatales: la obligación de perseguir eficazmente el delito (la realización de la justicia penal y la evitación de hechos delictivos) y, la obligación de asegurar el ámbito de libertad del ciudadano (la libertad de la persona cuya inocencia se presume). De ahí que el juez debe evaluar y justificar con base a criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad (acorde con las pautas del normal razonamiento lógico y especialmente con los fines que justifican la prisión provisional), la restricción del derecho a la libertad como límite del ius puniendi (artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal).
…..En el caso que nos ocupa, como quedó anotado, CONTRA LOS CIUDADANOS E.C. Y G.A. ARRAÍZ MANRÍQUEZ, FUE DICTADA UNA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD (ARTÍCULO 250 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL), LA CUAL ACUERDA LA SALA MANTENER, EN BENEFICIO DEL IUS PUNIENDI DEL ESTADO, al considerarla suficiente y necesaria para asegurar las finalidades del proceso, conforme a lo dispuesto en el único aparte del artículo 243 eiusdem.
Asimismo en similares circunstancias al caso que nos ocupa la Sala de Casación Penal ha dejado por sentado;
DECISIÓN
En razón de lo antes expuesto, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, decide:
Se Avoca al conocimiento de la presente causa.
Se Declara con Lugar, la solicitud de avocamiento propuesta, por el ciudadano abogado W.J.C.F., defensor del ciudadano J.L.Q.F.. En consecuencia, SE DECRETA LA NULIDAD DE LAS ACUSACIONES FISCALES de fecha 9 de Enero de 2006 presentadas ante el Tribunal, el 15 de Septiembre de 2006 presentadas ante el Tribunal y, el 25 de Septiembre de 2006 presentadas ante el Tribunal, así como todos los actos Procesales posteriores a éstas.
SE ORDENA LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA AL ESTADO EN QUE EL MINISTERIO PÚBLICO REALICE LA IMPUTACIÓN FORMAL DE TODOS LOS HECHOS CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE CAUSA, al ciudadano J.L.Q.F. y, por efecto extensivo, a los demás imputados en este caso y, se le dé continuidad al proceso con la urgencia que amerita.
SE ACUERDA MANTENER LOS EFECTOS DE LAS PRIVACIONES JUDICIALES PREVENTIVAS DE LIBERTAD, DECRETADAS el 25 de noviembre de 2005 ante el tribunal séptimo de control, el 2 de agosto de 2006 ante el tribunal segundo de control y, el 11 de agosto de 2006 ante el tribunal noveno de control, todos ellos del circuito judicial penal del estado lara.
La Magistrada Presidenta,
D.N.B.
El Magistrado Vicepresidente,
E.R.A.A.
Ponente
Los Magistrados
BLANCA ROSA MÁRMOL de LEÓN
HÉCTOR CORONADO FLORES
MIRIAM MORANDY MIJARES
La Secretaria
GLADYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Exp. 2007-63.
Analizado como fue por este Juzgador las Actas Procesales así como lo planteado tanto por la defensa como por la representación Fiscal y tal como quedo plasmado en la Audiencia Oral celebrada el 26 de los corrientes se pudo constatar que en el etapa de investigación la defensa promovió una serie de diligencias para que el Ministerio Público las realizara, fundamento esto que señala el articulo 125 ordinal 5to de la norma adjetiva, a la cual una vez obtenida respuesta por parte del Ministerio Público, solicito la parte de la defensa al tribunal Control Judicial conforme a lo establecido al articulo 282 en concordancia con el articulo 305 de la norma adjetiva, petición esta que en fecha 13 de Julio de 2010 fue acordada por el Tribunal remitiéndose copia del pronunciamiento al representante del Ministerio Público con señalamiento de las diligencias a realizar; a lo cual tanto la parte de la defensa como la parte fiscal estuvieron de acuerdo en dejar por establecido un lapso el cual quedo asentado 10/08/2010 para verificar el resultado de las diligencias allí ordenadas; Oída por parte de la defensa la ratificación de dichas diligencias y por cuanto las misma no consta que se realizaron la practica de las mismas, solicita la Nulidad de la Acusación, de lo cual se constata que efectivamente no fue consignado ante este despacho ni en forma oral ni escrita el resultado de las mismas, y atendiendo las ultimas Tendencias Jurisprudenciales emitidas por la Sala Constitucional así como la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, ratificadas en reciente data a través de los Magistrados Eladio Ramón Aponte Aponte, Héctor Manuel Coronado Flores, D.N. Bastidas, Miriam del Valle Morando Mijares, que esta circunstancia violenta el Debido Proceso y en razón a ello Se Decreta la Nulidad Absoluta de la Acusación de fecha 13/07/2010 en contra de los ciudadanos José Manuel Yánez y Renny Manuel Garcías Jayaro; Se Repone la Causa a los efectos señalados en el articulo 250 en su Tercer Aparte con el lapso allí señalado, vale decir 30 días, ello con el fin de garantizar a los investigados, debidamente asistidos, tanto el derecho a acceder e intervenir en la investigación como a ser oído, exento de toda clase de presión, coacción o intimidación, como componente fundamental tanto del derecho a la defensa como de la dignidad humana y de la presunción de inocencia, evitando con ello que la acusación se fragüe a sus espaldas, recabándose los elementos tendentes a confirmar o descartar la sospecha acerca de la comisión de un hecho punible y sus posibles culpables, a fin de que el Ministerio Público, en definitiva, logre la presentación del correspondiente Acto Conclusivo; Se Mantiene los efectos de la Privación Judicial Preventiva de Libertad de ambos ciudadanos; Y ASÍ SE ESTABLECE
DISPOSITIVA
Por las razones expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en Función de Control Nº 4 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. PRIMERO: Se Decreta la Nulidad Absoluta de la Acusación de fecha 13/07/2010 en contra de los ciudadanos José Manuel Yánez y Renny Manuel Garcías Jayaro; SEGUNDO: Se Ordena la Reposición de la Causa al Estado en que el Ministerio Público garantice a los investigados, debidamente asistidos, tanto el derecho a acceder e intervenir en la investigación como a ser oído, exento de toda clase de presión, coacción o intimidación, como componente fundamental tanto del derecho a la defensa como de la dignidad humana y de la presunción de inocencia, evitando con ello que la acusación se fragüe a sus espaldas, recabándose los elementos tendentes a confirmar o descartar la sospecha acerca de la comisión de un hecho punible y sus posibles culpables, a fin de que el Ministerio Público, en definitiva, logre la presentación del correspondiente Acto Conclusivo, con los efectos señalados en el articulo 250 en su Tercer Aparte con el lapso allí señalado, vale decir 30 días: TERCERO: Se Mantiene vigente los efectos de la Privación Judicial Preventiva de Libertad de José Manuel Yánez y Renny Manuel Garcías Jayaro; Regístrese; Publíquese y Remítase las actuaciones a la Fiscalía 2º del Ministerio Público.
EL JUEZ
ABG. LUIS A. MARTINEZ
LA SECRETARIA
