Decisión nº PJ0082012000108 de Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Extensión Cabimas de Zulia, de 8 de Junio de 2012

Sentencia

Citas 26

Citado por

Mapa de Precedentes

Fecha de Resolución	8 de Junio de 2012
Emisor	Juzgado Superior Tercero del Trabajo. Extensión Cabimas
Ponente	Yexsin Colina Davila
Procedimiento	ApelaciÃ³n

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

En su nombre:

Tribunal Superior Tercero del Circuito Judicial Laboral de la

Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

Cabimas, ocho (08) de junio de dos mil doce (2012).

202º y 153°

ASUNTO: VP21-R-2012-000077.-

PARTE DEMANDANTE: J.L.P.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro V- 10.208.096, domiciliado en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia.-

APODERADO JUDICIAL: E.G., MARLYDYS OLIVERA y L.G., Abogados en ejercicio inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos 123.184, 126.469 y 130.302 respectivamente.

PARTE DEMANDADA: ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA), inscrita ante el Registro de Comercio que llevara el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 06 de mayo de 1970 quedando anotado bajo el No. 36, Libro 70, Tomo I.

APODERADO JUDICIAL: L.M.F.T., M.R. y M.L., Abogados en ejercicio inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 107.426, 175.702 y 157.936 respectivamente.

PARTE RECURRENTE: AMBAS PARTES INETRVINIENTES.

MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

CON FUERZA DE DEFINITIVA.

Inició la presente causa por demanda incoada por el ciudadano J.L.P.R., contra la sociedad mercantil ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA), la cual fue admitida en fecha 07 de diciembre de 2011 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

El día 30 de marzo de 2012 se celebró ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Cabimas, la Apertura de la Audiencia Preliminar correspondiente en la presente causa, donde se dejó constancia de la de la comparecencia del ciudadano J.L.P.R., y de la no comparecencia la parte demandada, ni por si ni por medio de apoderado alguno, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el Juzgado a quo declaró: SE PRESUMEN COMO CIERTOS LOS HECHOS ALEGADOS POR LA PARTE DEMANDANTE

Posteriormente en fecha 11 de abril de 2012 el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Cabimas dictó sentencia en la presente causa declarando: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales interpuesta por el ciudadano J.L.P.R., en contra de la empresa demandada ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA).

Contra dicha decisión la parte demandada ejerció el Recurso de Apelación correspondiente en fecha 10 de abril de 2012, y la parte demandante ejerció el recurso de apelación en fecha 16 de abril de 2012, celebrando la Audiencia Oral y Pública de Apelación en fecha 16 de mayo de 2012, y dictando la parte dispositiva en fecha 31 de mayo de ese mismo año, por lo que se procede a reproducir los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, verificándose lo siguiente:

OBJETO DE APELACIÓN.

El día fijado para que tuviera lugar la Audiencia de Apelación, la representación judicial de la parte demandante recurrente señaló que la parte demandada no está suficientemente acreditada para ejercer la apelación, es decir, no existe poder en el expediente que le de la facultad al Abogado para estar presente y ejercer el Recurso de Apelación, esto como punto previo; en segundo lugar señalo que el objeto de su apelación tiene que ver con el hecho que la sentencia declaró sin lugar la indemnización por mora que pretenden sea declarada con lugar porque existe los requisitos evidentes para que dicha indemnización sea declarada con lugar, y dentro de esos requisitos están primero que para la indemnización por mora no es necesario realizar un reclamo previo ante la Oficina de Relaciones Laborales a los fines de que el trabajador pueda solicitar por esta vía el pago de la indemnización, y en segundo lugar analizada la jurisprudencia se cumplen con los requisitos básicos para que pudiera ser declarada esa indemnización por mora y tiene que ver en primer lugar que se demuestra la existencia de la mora y para tal fin es necesario revisar que en todos estos casos se promovió una copia simple sobre la cual se promovió la prueba de informe que no se pudo evacuar por la confesión de la demandada, la cual es una acta de reunión entre los representantes de la sociedad mercantil ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA) y los representantes de PDVSA PETRÓLEO S.A., y son 02 actas de reuniones con fecha 09/02/2011 y lo que se quiere recalcar es que la empresa en el tercer folio contentivo de la minuta hace la siguiente mención “Así mismo la empresa contratista manifiesta su compromiso del pago de las prestaciones sociales para la fecha 11/02/2011, en donde se incluirá las liquidas en la referida liquidación”, es decir esta acta tiene fecha de 09 de febrero y la relación laboral culminó el día 22 de enero por lo que según lo establecido en la Convención Colectiva Petrolera la empresa tenía que cancelarle sus prestaciones previa presentación ante el CAIC y se establece en primer lugar que habiendo terminado el contrato la liquidación sería pagada para el 11 de febrero de 2011, con respecto al pago del fideicomiso también hacen la promesa que se encontrará depositada para la fecha 14 de febrero en las respectivas cuentas de los trabajadores, no conforme con el ello la empresa contratista informa que en fecha 21 de enero se realizaron los informes médicos respectivos y se declararon cierta cantidad de trabajadores con hernia, y lo que se quiere resaltara es que para que se declare la indemnización por mora hay que demostrar el incumplimiento del patrono y al mismo tiempo quiso establecer que la empresa no cumplió porque fue su voluntad y esa causa imputable que la jurisprudencia en muchas ocasiones ha decidido que el trabajador debe demostrar esta demostrada porque fue voluntad de la empresa que el día 09 de febrero de 2011 decidir aún cuando la relación laboral había terminado el 21, decidió aún a esa fecha no cancelar la indemnización por mora, sobre la indemnización por mora considera que se cumple el pago inoportuno porque no se pago a tiempo y la causa imputable a la empresa que fue que no existió la voluntad de la empresa porque aún sabiendo que tenía que pagar decidió posponer la fecha del pago, es decir si se lee la cláusula 69 de la Convención Colectiva Petrolera y se analiza lo que la jurisprudencia a dicho se establecen los 02 requisitos fundamentales que son la mora y que se demuestre que fue una causa imputable a la empresa, a que se refiere esa imputabilidad? Se refiere a la relación de causalidad entre un hecho y un autor, aquí se esta ante la presencia de una obligación por la Convención Colectiva Petrolera ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA) estaba obligada a cancelar en la fecha pertinente los pasivos laborales de los trabajadores y no lo hizo, por lo que hay un incumplimiento, y es imputable a ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA) porque existió el conocimiento del hecho y sin embargo no lo hizo, ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA) para poder escapar de esta mora a tenido que demostrar que incurrió en la actividad eximente de la responsabilidad, esas circunstancia son 03 y son simples, el cumplimiento de la obligación, una conducta omitida lícita o el cumplimiento de la obligación a menos que haya existido un caso fortuito o de fuerza mayor, por eso considera que del acta no se desprende otra cosa que no haya una conducta lícita, que no haya un caso fortuito o de fuerza mayor, sino que la empresa decidió cancelar las prestaciones sociales en otra fecha y se demuestra que fue por voluntad de la empresa, y es por eso que solicita esa mora.

Tomada la palabra por la representación judicial de la parte demandada recurrente consignó a efectos videndi original del poder que acredita su representación, y así mismo consignó copia fotostática del mismo constante de cuatro (04) folios útiles los cuales se ordenaron agregar a las actas procesales; señaló que el día 30 de marzo se trasladaba a la ciudad de Cabimas pero en el vehículo en el cual se trasladaba por la carretera Lara-Zulia, presentó una falla mecánica, llamó para que lo auxiliaran pero la ayuda no llegó a tiempo y no podía tomar un taxi porque en la carretera no paso ningún taxi, además que existe un riesgo por la seguridad del país hasta el punto que estando accidentado podía correr un riesgo, y no podía tomar otro vehículo porque no sabía lo que podía ocurrir y cuando le llegó la ayuda ya era muy tarde, siendo esos los motivos por los que no pudo acudir.

Tomada la palabra nuevamente por la representación judicial de la parte demandante recurrente señaló que si el ciudadano en cuestión existiera un caso fortuito o fuerza mayor debió de existir una prueba que lo demuestre, y esa prueba no existe, además que en el poder existen varios abogados entre ellos L.M.F. y M.L., y al existir una pluralidad de abogados no puede pretender el abogado que por su inasistencia se tenga como valida, porque en todo caso podían acudir cualquiera de los demás abogados, por lo que no sólo el abogado presente debía justificar su incomparecencia, sino que al existir una pluralidad de abogados deben asistir todos esos abogados para excusarse, además señaló que la contraparte no demostró que realizó las diligencias necesarias para poder sobreponerse a esa circunstancia y en fin la existir una pluralidad de abogados debían todos justificar su incomparecencia, y en el caso del abogado presente no existen pruebas que demuestren que realmente estamos en presencia de un caso fortuito o fuerza mayor, por lo que considera que en la presente causa la empresa demandada quedó confesa, y en cuanto al acta señaló que con ella se demuestran los requisitos fundamentales para que opere la mora como lo sin la mora en si misma y que fue por causas imputables a la empresa porque tenía conocimiento que debía pagar y no pago por lo que solicita sea declara con lugar la demanda y totalmente vencida la demandada.

Tomada la palabra nuevamente por la representación judicial de la parte demandada recurrente señaló que es cierto que existen una pluralidad de abogados pero el abogado L.M.F. esta domiciliado en Caracas y M.L. esta domiciliada en Valencia por lo que no podían trasladarse a esta ciudad y es por eso que le sustituyeron poder.

Una vez establecido el alegato de apelación de la parte demandada y demandante recurrente, pasa esta Alzada a pronunciarse como punto previo respecto a la falta de cualidad del apoderado judicial de la parte demandada ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA).

PUNTO PREVIO

SOBRE LA FALTA DE CUALIDAD DEL APODERADO

JUDICIAL DE LA EMPRESA DEMANDADA

En el decurso de la Audiencia Oral y Pública de Apelación, el apoderado judicial del trabajador demandante alegó que la parte demandada ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA), no estaba suficientemente acreditada para ejercer la apelación, toda vez que no existía poder en el expediente que le de la facultad al Abogado para estar presente y ejercer el Recurso de Apelación.

Al respecto, resulta menester traer a colación que el artículo 46 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que las partes pueden gestionar y obrar en juicio por sí mismas (con la asistencia correspondiente) o por medio de apoderados mandatarios, siempre que tengan el libre ejercicio de sus derechos, es decir, que no estén capitis-disminuidos, sometidos a la patria potestad, a tutela o curatela, según la naturaleza y gravedad de esa disminución de la capacidad; y para estar en juicio a nombre propio o en representación de otro es menester tener la capacidad de postulación propia del abogado, o estar representado o asistido de un abogado en libre ejercicio de la profesión.

De igual forma, el artículo 47 del texto adjetivo laboral, dispone en forma expresa que el profesional del derecho que pretenda actuar en juicio en nombre de los derechos e intereses de otra persona, debe acreditar en actas su representación a través de mandato o documento poder, el cual deberá constar en forma autentica u otorgado apud-acta, ante el Secretario del Tribunal; en virtud de lo cual en el vigente proceso laboral la asistencia letrada en el proceso es de carácter obligatorio, lo cual obedece a lo establecido en el artículo 04 de la Ley de Abogados, que expresa textualmente: “quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado, o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso”. Dicha capacidad de postulación es común a todo acto procesal, y constituye, a su vez, un presupuesto de validez del proceso, ya que, su inobservancia puede ser sancionada con nulidad y reposición de la causa.

En el caso que hoy nos ocupa, consta de autos que ciertamente en fecha 10 de abril de 2012 el ciudadano M.A.R.A., actuó como apoderado judicial de la sociedad mercantil ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA), sin haber consignado el mandato o documento poder que acredite su representación judicial, y ejerció recurso ordinario de apelación en contra de la sentencia dictada en fecha 11 de abril de 2012 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación, y Ejecución del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial Laboral del Estado Zulia, con sede en Cabimas; no obstante, de conformidad a lo establecido en los artículos 350 y 354 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por disponerlo así el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la ilegitimidad de la persona que se presente como apoderado, por no tener la representación que se atribuya, puede ser subsanada mediante la consignación en autos del poder y la ratificación de los actos realizados sin el poder; en tal sentido, el día fijado para que tuviera lugar la Audiencia de Apelación el Abogado M.A.R.A. consignó en dicha Audiencia, a efectos videndi, original del poder que acredita su representación, y así mismo consignó copia fotostática del mismo constante de cuatro (04) folios útiles a los fines de que fuera agrega a las actas procesales (folios Nos. 80 al 83), de cuyo contenido se desprende que en fecha 31 de enero de 2012 la Empresa ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA), le confirió poder judicial, amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiera a los abogados en ejercicio L.M.F.T., M.A.R.A. y M.L.L.V., para que en nombre y representación de la sociedad mercantil ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA) intenten, sostengan, ejerzan y defiendan sus derechos, acciones e intereses, con la más amplias facultades, en todos los asuntos judiciales, extrajudiciales o administrativos en los cuales pudiera tener interés, bien sea como demandante, recurrente o solicitante, ante cualquier autoridad pública o privada, ante cualquier organismo administrativo; en virtud de lo cual, concluye esta sentenciadora que para la fecha en que el profesional del derecho M.A.R.A., ejerció recurso ordinario de apelación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal a quo, ostentaba la condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA). ASÍ SE DECIDE.-

No obstante, no puede dejar pasar por alto esta Alzada la oportunidad para hacer un llamado de atención a los fines que en sucesivas oportunidades, ante el ejercicio de cualquier recurso de apelación incoado por alguna de las partes, tanto los jueces de Primera Instancia como su respectivas secretarias, revisen minuciosamente las actas procesales a fin de verificar si realmente la persona que ejerce el recurso en nombre de alguna de las partes está realmente facultada y acreditada su representación en autos para considerarse como representante judicial de la parte en cuestión, a los fines de evitar situaciones como las aquí advertida que en nada favorecen la ardua tarea de la administración de justicia que tiene asignada los jueces de la República.

En consecuencia, al constarse de autos que al momento en que el profesional del derecho M.A.R.A., ejerció recurso ordinario de apelación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal a quo, ostentaba la condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA), es por lo que resulta improcedente el alegato señalado por la representación judicial del trabajador demandante ciudadano J.L.P.R., y por ende se declaran como validas todas y cada una de las actuaciones efectuadas en el presente juicio por el profesional del derecho antes mencionado. ASÍ SE DECIDE.-

En tal sentido, y luego de haberse pronunciado esta Alzada respecto al punto previo antes indicado, procede a pronunciarse respecto a los restantes objetos de apelación indicados por ambas parte de la siguiente manera:

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Respecto de la incomparecencia de la parte demandante y demandada a la audiencia preliminar, Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone:

Artículo 130. Si el demandante no compareciere a la audiencia preliminar se considerará desistido el procedimiento, terminando el proceso mediante sentencia oral que se reducirá en un acta, la cual deberá publicarse en la misma fecha. Contra esta decisión, el demandante podrá apelar a dos (2) efectos por ante el Tribunal Superior del Trabajo competente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes (…)

Artículo 131. Si el demandado no compareciere a la audiencia preliminar, se presumirá la admisión de los hechos alegados por el demandante y el Tribunal sentenciará en forma oral conforme a dicha confesión, en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, reduciendo la sentencia a un acta que elaborará el mismo día, contra la cual, el demandado podrá apelar a dos efectos dentro de un lapso de cinco (5) días hábiles a partir de la publicación del fallo.

El Tribunal Superior del Trabajo competente decidirá oral e inmediatamente y previa audiencia de parte, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir del día de recibo del expediente, pudiendo confirmar la sentencia de Primera Instancia o revocarla, cuando considerare que existieren justificados y fundados motivos para la incomparecencia del demandado por caso fortuito o fuerza mayor plenamente comprobables, a criterio del tribunal.

La decisión se reducirá a forma escrita y contra la misma será admisible el recurso de casación, si alcanzare la cuantía a la que se refiere el artículo 167 de esta Ley, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha decisión.

En todo caso, si el apelante no compareciere a la audiencia fijada para decidir la apelación, se considerará desistido el recurso intentado

Observa este Juzgado Superior que la obligatoriedad a la comparecencia de la audiencia preliminar es con el objeto de garantizar y facilitar un primer encuentro ante el Juez de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, el cual estimule los medios alternos de resolución de conflictos, tal como los señala la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que incorpora los medios alternos para la resolución de controversias, tales como el arbitraje, la mediación y conciliación; con el fin de evitar el litigio o limitar su objeto.

Considera la norma del artículo 130 y 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que en los casos de incomparecencia a la audiencia preliminar, serán consideradas como causas justificativas de la incomparecencia de las partes el caso fortuito o fuerza mayor, comprobables a criterio del Tribunal.

El caso fortuito o fuerza mayor se ha definido como el suceso que no ha podido evitarse, o que, previsto, no ha podido evitarse. Los casos fortuitos, lo mismo que la fuerza mayor, pueden ser producidos por la naturaleza o por el hecho del hombre. Para algunos autores no existe diferencia ni teórica ni práctica entre el hecho fortuito y la fuerza mayor. Jurídicamente, la distinción entre una y otra tiene escasa importancia, ya que ambas pueden ser justificativas del incumplimiento de una obligación. Otros autores estiman que el caso fortuito guarda mayor relación con los hechos de la naturaleza; por ejemplo, el desbordamiento de un río, los terremotos, las pestes, entre otros; en tanto que la fuerza mayor se origina por hechos ilícitos del hombre, como la guerra, la coacción material y otros similares.

No obstante de lo antes expuesto, nuestro m.T., ha considerado prudente y abnegado con los f.d.p. como instrumento para la realización de la justicia, el flexibilizar el patrón de la causa extraña no imputable no sólo a los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, sino, a aquellas eventualidades del quehacer humano que siendo previsibles e incluso evitables, impongan cargas complejas, irregulares, que escapan de las previsiones ordinarias de un buen padre de familia, al deudor para cumplir con la obligación adquirida, explicando que naturalmente, tal extensión de las causas liberatorias de la obligación de comparecencia a la audiencia, sobrevienen como una excepción de aplicación restrictiva, a criterio del Juzgador.

Ahora bien, observa esta Alzada que la parte demandada recurrente al momento de ejercer su recurso de apelación señaló que el motivo de su incomparecencia se debió a que el día 30 de marzo se trasladaba a la ciudad de Cabimas pero en el vehículo en el cual se trasladaba por la carretera Lara-Zulia, presentó una falla mecánica, llamó para que lo auxiliaran pero la ayuda no llegó a tiempo y no podía tomar un taxi porque en la carretera no paso ningún taxi, además que existe un riesgo por la seguridad del país hasta el punto que estando accidentado podía correr un riesgo, y no podía tomar otro vehículo porque no sabía lo que podía ocurrir y cuando le llegó la ayuda ya era muy tarde, siendo esos los motivos por los que no pudo acudir

Por su parte la representación judicial de la parte demandante recurrente fundamento su recurso de apelación en la improcedencia del reclamo por concepto de Indemnización Sustitutiva de Los Intereses De Mora.

En tal sentido esta Alzada procede a pronunciarse con prioridad respecto al recurso de apelación incoado por la parte demandada recurrente ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA).

En tal sentido es de observar que una vez revisadas las actas que conforman la presente causa, no constan en las mismas que la parte demandada recurrente haya consignado algún medio probatorio a los fines de demostrar la veracidad de sus alegatos, a lo cual estaba obligado de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a fin de que esta Alzada pudiera comprobar plenamente la existencia de la causa que criterio de la parte demandada recurrente hiciera justificable su incomparecencia por caso fortuito o fuerza mayor; es por ello que, como quiera que no consta en autos prueba alguna a través de la cual esta Alzada pueda comprobar la causa de la incomparecencia de la empresa demandada ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA), es por lo que se declara la improcedencia del recurso de apelación incoado por la parte demandada recurrente ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA). ASÍ SE DECIDE.-

De seguida, procede esta Alzada a pronunciarse respecto al alegato de apelación incoado por la parte demandante J.L.P.R., el cual fundamento su recurso en la improcedencia declarada por el juzgador a quo respecto al reclamo por concepto de Indemnización Sustitutiva de Los Intereses De Mora.

En cuanto a este concepto, es de observar que la parte demandante recurrente al momento de ejercer su Recurso de Apelación alego que el juzgador a quo declaró la improcedencia del mismo a pesar de que existe demostrado en autos los requisitos evidentes para que dicha indemnización sea declarada con lugar; en tal sentido esta Alzada procede en derecho a realizar el análisis del presente asunto atendiendo a los hechos constitutivos del recurso de apelación intentado; en este orden de ideas, se considera oportuno traer a colación el contenido normativo del artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de una mayor inteligencia del caso:

Artículo 92 C.R.B.V.: Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal

. (subrayado y negritas del Tribunal)

Por su parte, la Sala de Casación Social del M.T.d.J. en sentencia Nro. 607 de fecha 4 de junio de 2004 (Caso: E.J.F.) señaló con respecto a los intereses moratorios, lo siguiente:

Los intereses moratorios no son más que la consecuencia de la falta de pago oportuno, del retardo o la mora en la cual incurre el patrono en pagar al trabajador sus prestaciones sociales, al finalizar la relación laboral, dado el uso por el empleador de un capital perteneciente al trabajador, el cual generará intereses a favor de éste, los que se calcularán a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, si son causados después de la entrada en vigencia de la Carta Magna.

Es decir, que el reclamo de dichos intereses generados por la tardanza en el pago de las prestaciones sociales, debe necesariamente computarse después de la extinción de la relación de trabajo, pues se trata de un interés moratorio causado por una tardanza culposa del patrono en no cumplir con su obligación patrimonial frente a su trabajador, que consiste en el pago oportuno de las prestaciones sociales, una vez finalizada su relación laboral.

Por consiguiente, cuando el patrono no paga oportunamente las prestaciones sociales, es decir, cuando no las paga al finalizar la relación de trabajo, surge para el trabajador, además del derecho de reclamar judicialmente tal pago, el derecho a cobrar intereses de mora por el retardo en el cumplimiento del pago.

Ahora bien, los llamados derechos adquiridos que conforman las prestaciones sociales, contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo, se generan durante la relación de empleo, y la cantidad monetaria devengada debía ser pagada al trabajador en el momento de la terminación de la relación de trabajo. Sin embargo, al surgir divergencias a la hora de efectuar dicho pago, corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes determinar la procedencia o no del mismo, permaneciendo generalmente en manos del patrono el monto de dichas prestaciones, lo que significa que el mismo continúa generando intereses para el trabajador, conforme a la norma señalada, pues mientras el empleador no haga efectivo el pago, tal monto permanece dentro de su patrimonio reportándole beneficios al hacer uso del capital, de forma que tiene derecho el trabajador de percibir los correspondientes intereses sobre esas prestaciones sociales, mientras éstas no le sean canceladas.

En fin, los intereses sobre prestaciones sociales provienen del uso patronal del capital perteneciente al trabajador durante la relación laboral y hasta tanto el monto de esas prestaciones no le sea entregado al trabajador se generarán intereses moratorios hasta su efectivo pago, cuyo cómputo debe efectuarse desde el día efectivo de la finalización de la relación de trabajo hasta la ejecución de la sentencia definitivamente firme que ordene el pago de las prestaciones sociales reclamadas por el trabajador

. (Negrita y subrayado de este Tribunal Superior)

Asimismo, la misma Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de noviembre de 2007, Nro. 2383, con ponencia del Magistrado Omar Mora Díaz (Caso: P.C.N. contra Sistema Eléctrico Del Estado Nueva Esparta, C.A.), con respecto a los intereses de mora, señaló la doctrina reiterada y sostenida de esta Sala, entre otros, en fallos de fechas 18 de octubre de 2001 (No. 249), 21 de mayo de 2003 (No. 355), 10 de julio de 2003 (No. 434), y 16 de octubre de 2003 (No. 961), de que la procedencia de los intereses moratorios es consecuencia de la falta de pago oportuno de las prestaciones sociales, del retardo o la mora en pagarlas al finalizar la relación laboral, indiferentemente sea por causa imputable o no al patrono, dado el uso por el empleador de un capital perteneciente al trabajador, el cual generará intereses a favor de éste, los que se calcularán a la tasa del tres por ciento (3%) anual, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.277 y 1.746 del Código Civil, si son causados antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en tanto que se calcularán a las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela, en conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (vigente para la época), si son causados después de la entrada en vigencia de la Carta Magna.

Por su parte, la Sala Constitucional en sentencia Nro. 790 de fecha 11 de abril de 2002, (Caso: Nulidad Parcial del Artículo 8, numeral 4, de la Ley de Transición del Distrito Federal al Distrito Metropolitano de Caracas), declaró que lo adeudado por concepto de salario y prestaciones sociales, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, son créditos de exigibilidad inmediata que no pueden sujetarse a la determinación de acontecimientos futuros e inciertos y que toda mora en el pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor, que gozan de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.

Bajo este hilo argumentativo, la Industria Petrolera Nacional junto con las organizaciones sindicales que agrupan a sus trabajadores, han suscrito diferentes Convenciones Colectivas de Trabajo, en las cuales no solo se recogen los principios y garantías que en materia laboral dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino que los mismos han sido notablemente mejorados y ampliados; por lo que al constituir las Convenciones Colectivas de Trabajo un verdadero cuerpo normativo, sus estipulaciones se convierten en Cláusulas obligatorias para las partes al tenor de lo previsto en el artículo 508 de la Ley Orgánica del Trabajo (vigente para la época), cuyo texto es el siguiente:

Artículo 508 L.O.T.: Las estipulaciones de la convención colectiva se convierten en cláusulas obligatorias y en parte integrante de los contratos de trabajo celebrados o que se celebren durante su vigencia en el ámbito de la convención, aun para aquellos trabajadores que no sean miembros del sindicato que haya suscrito la convención. (Negrita y Subrayado de este Tribunal Superior).

Así pues, en cuanto al retardo en el pago de las Prestaciones Sociales, la Convención Colectiva de Trabajo de la Industria Petrolera vigente para la fecha de culminación de la relación de trabajo del ciudadano J.L.P.R. (2009/2011), dispone en su Cláusula 70, Numeral 11, lo siguiente:

Cuando por razones imputables a la CONTRATISTA, un trabajador no pueda recibir su pago de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 38 de esta CONVENCIÓN, la CONTRATISTA le pagará a razón de SALARIO NORMAL, tres días (3) adicionales por cada día que invierta en obtener dicho pago. En todo caso de terminación del contrato individual de trabajo y si por causas imputables a la CONTRATISTA, no se le paga al trabajador en la misma fecha del despido, las prestaciones legales y contractuales que pudieran corresponderle o diferencias de las mismas, verificadas por el respectivo Centro de Atención Integral de Contratistas, de Relaciones Laborales de la EMPRESA y que no sean objeto de convenimiento del trabajador con la CONTRATISTA correspondiente, ésta le pagará una indemnización sustitutiva de los intereses de mora equivalente a tres (3) SALARIOS NORMALES, por cada día de retardo en el pago de dichas prestaciones

De lo trascrito en líneas anteriores se observa que la norma contractual establece ciertos requisitos que se deben cumplir para que se considere en mora a la “Contratista” en el pago de las prestaciones sociales, siendo estos los siguientes: 1).- Se aplica en todo caso de terminación del contrato individual de trabajo; 2).- Que por razones imputable a la empresa, no se le paga al trabajador en la misma fecha de la terminación de la relación de trabajo las Prestaciones Sociales legales y contractuales que pudieran corresponderles o diferencia de las mismas; y 3).- Que dichas Prestaciones Sociales legales y contractuales, o diferencia de las mismas sean verificadas por el respectivo Centro de Intención Integral de Contratistas de Relaciones Laborales de PDVSA PETRÓLEO S.A.

Ahora bien, en virtud del carácter sancionatorio de la Cláusula 70, Numeral 11 del instrumento contractual de la Industria Petrolera, le correspondía al ex trabajador demandante ciudadano J.L.P.R. la carga de demostrar en el presente juicio, la ocurrencia de los requisitos para que se considere en mora a la sociedad mercantil ELECTRICIDAD E INSTRUMENTACIÓN C.A., (ELINCA), respecto al pago de sus Prestaciones Sociales y demás conceptos Laborales, ello a pesar de la incomparecencia de la parte demandada a la apertura de la Audiencia Preliminar, toda vez que este concepto escapa de la presunción que protege al trabajador con la carga de la prueba, por ser considerado como exorbitante y especial que excede de los pedimentos legales y comunes (confortan sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Sala de Casación Social de fecha 25/09/2011 No. 1903),; tal y como fuera establecido en un caso análogo por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 06 de marzo de 2008, con ponencia del Magistrado J.R.P. (Caso J.A.A.Z.V.. Operadora Cerro Negro S.A., Mmr Ett Empresa De Trabajo Temporal S.A. y Aimvenca C.A.), que en su parte pertinente dispuso:

Demanda el pago de la cantidad de cinco millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos ochenta y ocho bolívares con dieciocho céntimos (Bs. 5.652.288,18), por concepto de atraso en el pago de salarios y prestaciones, con fundamento en lo previsto en la cláusula 28 de la Convención Colectiva.

Reclama el pago de ciento veintiséis (126) días de atraso (desde el 26 de mayo de 2004 al 27 de septiembre del mismo año) a razón de cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve bolívares con cuarenta y tres céntimos (Bs. 44.859,43).

Establece la cláusula invocada que en caso de terminación del contrato individual de trabajo, y si por razones imputables a la empresa, no se le paga al trabajador en la misma fecha del despido las prestaciones legales y contractuales que pudieran corresponderle, la empresa le pagará a salario básico cada día de retardo en el pago de dichas prestaciones.

En este caso, correspondía al actor demostrar que hubo un atraso en el pago de las prestaciones que le corresponden y que el atraso se debió a razones imputables a la empresa, mas del examen de los autos se observa que no cumplió la expresada carga probatoria; por el contrario, consta en comprobante de liquidación producido tanto por la codemandada MMR ETT (folio 176, tercera pieza) como por el actor (folio 80, segunda pieza) que éste recibió el pago de prestaciones por la terminación del contrato de trabajo con dicha empresa en fecha 06 de junio de 2004.

En todo caso, es conveniente señalar que la penalidad establecida en la cláusula en cuestión procede sólo si la empresa no realiza pago alguno, no así en el supuesto de que se realice un pago aunque discutible en sus conceptos y montos, por tales razones el presente reclamo se declara improcedente. Así se decide.