Decisión de Juzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito de Caracas, de 8 de Mayo de 2013

Fecha de Resolución 8 de Mayo de 2013
EmisorJuzgado Superior Septimo en lo Civil, Mercantil y del Transito
PonenteVictor Gonzalez
ProcedimientoExequatur

SOLICITANTES: Ciudadanos D.J.F.G., de nacionalidad venezolana, titular de cedula de identidad Nº 11.949.938 y P.A.L., de nacionalidad Española, titular del Documento de identidad Nº 51.418.224, ambos Domiciliados en España.

APODERADO DE LOS SOLICITANTES: Abogado C.C.B., venezolano, mayor de edad, e inscritos en el Inpreabogado bajo el Nº 52.985.

MOTIVO: SOLICITUD DE EXEQUATUR

EXPEDIENTE N° AP71-S-2013-000006

CAPITULO I

NARRATIVA

Conoce esta alzada la presente solicitud una vez realizada la Distribución de ley, por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados Superiores en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, interpuesta por el abogado C.C.B., actuando en su condición de apoderada Judicial de los ciudadanos D.J.F.G. y P.A.L., mediante la cual solicita se le otorgue el pase o Exequátur a la sentencia de Divorcio o Disolución de Matrimonio, dictada en Madrid, España, en fecha 07 de marzo del 2012, por el Juzgado de Primera Instancia Nº 80.

Se desprende de las actas de la presente solicitud que la representación Judicial de la parte solicitante consignó los siguientes recaudos:

1) Instrumento poder conferido por los ciudadanos D.J.F.G. y P.A.L., al profesional del derecho C.C.B., inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 52.985, debidamente apostillado

2) Copia certificada del acta de matrimonio de los ciudadanos D.J.F.G. y P.A.L.d.M.E.H., Estado Miranda.

3) Original de la sentencia de Divorcio dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 80, Madrid, España, debidamente apostillada.

En fecha 15 de febrero del 2013, este tribunal Admite dicha solicitud, ordenando la notificación de la Fiscalía de Turno del Ministerio Público en Materia de Familia, anexándole copia certificada de la solicitud y de la documentación acompañada a la misma según lo expresado en el articulo 131, ordinal 3° eiusdem, en concordancia con el articulo 42, ordinal 20° de Ley Orgánica del Ministerio Público.

Mediante diligencia de fecha 27 de febrero del 2013, compareció el abogado C.C.B., en su carácter de apoderado Judicial de los solicitantes, sustituyendo el poder otorgado a la abogada Listnubia M.G., inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 59.196.

En fecha 03 de abril del 2013, compareció el alguacil de este Juzgado consignado Boleta de Notificación, dirigida a la Fiscal de Turno del Ministerio Publico.

En fecha 08 de abril de 2013, compareció el ciudadano T.E.G.A., en su condición de Fiscal Nonagésima Tercero del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, consignando escrito de opinión fiscal, constante de un folio útil.

CAPITULO II

MOTIVA

Llegada la oportunidad para decidir, este Tribunal lo hace bajo las siguientes consideraciones:

En primer término se advierte que de la lectura de la solicitud que dio origen a la presente causa, se evidencia que la sentencia de Divorcio cuya ejecutoria se insta es de naturaleza no contenciosa.

Asimismo, se observa que el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se hayan de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes en cuanto sean aplicables

En el presente caso, el abogado C.C.B., actuando en su condición de apoderada Judicial de los ciudadanos D.J.F.G. y P.A.L., mediante la cual solicita se le otorgue el pase o Exequátur a la sentencia de Divorcio o Disolución de Matrimonio, dictada en Madrid en fecha 07 de marzo del 2012, por el Juzgado de Primera Instancia Nº 80. Por lo que este Tribunal de conformidad con el artículo que antecede tiene atribuida competencia para conocer del presente procedimiento. Así se establece.

Determinado lo anterior, es de advertir que el análisis de toda solicitud de Exequatur debe efectuarse dentro del m.d.D.P.C.I., lo que impone al órgano jurisdiccional competente observar las fuentes en materia de derecho internacional privado, conforme a lo pautado en la Ley de Derecho Internacional Privado vigente, En su artículo primero, se indica lo siguiente:

Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularan, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicaran las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano a falta de ellas, se utilizará la analogía y finalmente se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados

De acuerdo con la señalada disposición, en primer lugar se impone la aplicación de las normas de Derecho Internacional Público, particularmente las contenidas en Tratados Internacionales vigentes en Venezuela y, siendo que en el caso de autos se solicitó sea declarada fuerza ejecutoria de una sentencia de Divorcio o Disolución de Matrimonio, dictada en Madrid en fecha 07 de marzo del 2012, por el Juzgado de Primera Instancia Nº 80, España, que de conformidad con el artículo antes transcrito, procede la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado, contenidas en la citada Ley Especial que derogó parcialmente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, respecto al p.d.E..

Conforme a lo expuesto, se puede evidenciar de las actas que se examinan que se dio cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, referente a la eficacia de las sentencias extranjeras, el cual señala que las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúnan los siguientes requisitos:

  1. Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o en general, en materia de relaciones jurídicas privadas.

  2. Que tengan fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la Ley del Estado en el cual han sido pronunciadas.

  3. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio.

  4. Que los Tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el Capitulo IX de la presente Ley.

  5. Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficiente para comparecer y que se hayan otorgado en general, las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa.

  6. Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada, y que no se encuentre pendiente, ante los Tribunales Venezolanos un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes. Iniciado antes que se hubiere dictado sentencia extrajera.

En consecuencia de lo anterior, se concluye que la sentencia que dio origen a la solicitud de Exequatur, en el p.d.D. no le arrebató a las Tribunales de Venezuela la jurisdicción que le corresponde de acuerdo a la Ley de nuestro país, y no versa la sentencia sobre inmuebles situados en Venezuela, ni contienen declaraciones, ni disposiciones contrarias al orden público y fueron llenados los extremos legales exigidos por los artículos 53 y 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado, para la procedencia de la eficacia de las sentencias extranjeras, por lo tanto es procedente la solicitud presentada por la actora. Así se decide.

CAPITULO III

DISPOSITIVA

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley Concede Fuerza Ejecutoria en el País, a la sentencia dictada en Madrid en fecha 07 de marzo del 2012, por el Juzgado de Primera Instancia Nº 80. España, que decreto el Divorcio de los ciudadanos D.J.F.G. y P.A.L.

Déjese copia certificada de la presente sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 248 ejusdem.

Publíquese y Regístrese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Caracas, a los ocho (08) días del mes mayo del dos mil trece (2013).- 203º y 154º.

EL JUEZ

VICTOR JOSE GONZALEZ JAIMES

ELSECRETARIO RICHARS DOMINGO MATA

En la misma fecha siendo las 2:00 PM. Se publicó, registró y diarizó la anterior sentencia como ordenado, en el expediente número. AP71-S-2013-000006

EL SECRETARIO

RICHARS DOMINGO MATA

EXP: AP71-S-2013-000006

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