Decisión de Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de Apure, de 10 de Agosto de 2015

Se inicia la presente causa, mediante escrito presentado en fecha 07 de octubre 2009, por ante la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, contentivo de la Querella Funcionarial (cobro de sueldos y otros conceptos laborales conjuntamente con cobro de prestaciones sociales), por el ciudadano J.G.V.S., asistido por el abogado en ejercicio y de este domicilio M.G. identificados ut supra, contra la Gobernación del estado Apure, (Comandancia General de Policía del estado Apure) quedando signada con el Nº 3752, mediante la cual solicita que la querellada le cancele el pago de sueldos desde el 10 de enero de 2007 al 01 de octubre de 2009, así como bono vacacional, aguinaldos correspondientes a ese período y bono de alimentación y conjuntamente el cobro de prestaciones sociales, estimando la presente acción en la cantidad de Setenta y Un Mil Novecientos Tres Bolívares con Ochenta y Un Céntimos (Bs.71.903,81).

En fecha 09 de octubre de 2009, este Juzgado Superior dictó auto mediante el cual admitió la querella funcionarial, ordenando la citación del Procurador General, la notificación del Gobernador y del Secretario de Personal todos del estado Apure. Se libraron los Oficios respectivos.

En fecha 21 de octubre de 2009, el querellante confiere poder apud acta al Abogado M.G., a fin de que ejerza su representación en la presente querella.

Mediante auto de fecha 30 de abril de 2010, el Dr. C.A.M., se abocó al conocimiento de la causa, ordenando practicar las notificaciones de Ley.

En fecha 04 de abril de 2011, compareció por ante este Despacho la ciudadana A.D.E.C., titular de la cédula de identidad N° 9.595.144, en su carácter de Procuradora General del Estado Apure, y le otorgó Poder Especial Apud-Acta a los abogados J.P., M.F.M., E.P., M.E.M., M.M.B.V., M.A.B., Barrios Colina J.E., y A.A.Y.; abogados inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo los Nº 99.599, 97.845, 113.399, 93.886, 123.474, 137.675, 143.768, 143.768 y 137.678, respectivamente, para que representan al Estado Apure, en la presente causa.

Debidamente practicada la citación y notificación ordenada, se evidencia de las actas procesales que conforman el presente expediente que la representación judicial de la parte querellada dio contestación a la querella funcionarial interpuesta, mediante escrito constante de un (1) folio útil, en el cual negó, rechazó y contradijo la acción interpuesta por el ciudadano J.G.V.S.. Negando así la cantidad de Setenta y Un Mil Novecientos Tres Bolívares con Ochenta y Un Céntimos (Bs.71.903,81).

En fecha 10 de Noviembre de 2011, la Dra. Hirda S.A., se abocó al conocimiento de la causa, ordenando practicar las notificaciones de Ley.

En fecha 04 de junio de 2012, este Juzgado dictó auto mediante el cual fijó el cuarto (4°) día de despacho siguiente a dicho auto, para la celebración de la audiencia preliminar.

En fecha 02 de mayo de 2013, la Dra. Hirda Aponte, se Inhibió de seguir conociendo la presente causa., para lo cual ordenó remitir el cuaderno de incidencia a la URDD, de las C.C.A., asimismo en su oportunidad correspondiente realizó la entrega de la presente causa al Tribunal Accidental.

En fecha 20 de Junio de 2013, la Dra. M.V.G.M., en su carácter de Juez Superior Accidental, se abocó al conocimiento de la presente causa, y ordenó las notificaciones de Ley.

En fecha 31 de octubre de 2013, este Juzgado dictó auto mediante el cual fijó el cuarto (4°) día de despacho siguiente a dicho auto, para la celebración de la audiencia preliminar.

En fecha 13 de marzo de 2014, se agregó a los autos escrito presentado por la Dra. M.V.G.M., mediante el cual presenta su renuncia al cargo de Juez Temporal de este órgano jurisdiccional.

Por auto de fecha 25 de Noviembre de 2014, la juez quien suscribe se aboco al conocimiento de la presente causa como jueza accidental, ordenando las notificaciones respectivas.

En fecha 10 de abril de 2015, tuvo lugar la audiencia preliminar, con la comparecencia solo de la representación judicial de la parte querellada. Se declaró trabada la litis, ordenando la apertura del lapso probatorio.

En fecha 27 de abril de 2015, este Despacho Superior admite las pruebas promovidas por la representación judicial de la parte querellada.

Mediante auto de fecha 14 de mayo de 2015, se fijo oportunidad para la celebración de la audiencia definitiva; la cual tuvo lugar el 21 del mismo mes y año, con la comparecencia de la representación judicial de ambas partes.

Por auto de fecha 01 de junio de 2015, el Tribunal dicto dispositivo del fallo declarando Parcialmente Con Lugar la Querella Funcionarial reservándose el lapso de diez (10) días de despacho para la publicación del fallo.

Cumplidos los trámites procedimentales conforme a lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, pasa de seguidas quien aquí suscribe a dictar sentencia como Jueza Natural, según designación de la Comisión Judicial en fecha 10 de julio de 2015, y lo hace previo las consideraciones siguientes:

2. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   El caso sub examine versa sobre un recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto con el objeto de hacer efectivo el cobro de sueldos retenidos y otros conceptos laborales contra la Gobernación del estado Apure, (Comandancia General de Policía del estado Apure), conjuntamente con el cobro de prestaciones sociales, por la cantidad de Setenta y Un Mil Novecientos Tres Bolívares con Ochenta y Un Céntimos (Bs.71.903, 81).

   En este sentido, quien suscribe la presente decisión, debe analizar la importancia que reviste para el derecho la noción de salario, y así se tiene que el salario o remuneración ha sido definida como la percepción monetaria o pago que recibe el trabajador como contraprestación al trabajo o labor que éste se ha obligado a proporcionar para con su empleador; el salario dada su naturaleza retributiva, está constituido por la habitualidad, el propósito y las circunstancias en y para las cuales se contraten los servicios personales de un individuo. Debe indicarse que las características propias de la remuneración salario adquiere su fundamento lógico en los servicios que de una manera personal y directa, ya sea en función de los conocimientos aportados a determinada actividad (labor intelectual) o de mano de obra (actividad física), proporciona un individuo en una determinada relación de empleo (relación laboral). De este modo, esta prestación por cuanto está destinada, a su vez, a cubrir los riesgos y necesidades que se originen en esa relación, debe ser cancelada de acuerdo a las características que conforman su especial naturaleza, vale decir, de manera periódica y proporcional al esfuerzo efectuado con ocasión al propósito y las circunstancias concretas de la contratación o coincidente a la actividad ejecutada.

   El salario por formar parte de la actividad prestada adquiere a su vez, protección constitucional, en el sentido que los corpus normativos que tengan como finalidad regular esta relación deben garantizar la progresividad de los derechos y beneficios que correspondan, así como en materia de aplicación y concurrencia de normas debe prevalecer el principio indubio pro operario, entre otros (artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Asimismo el artículo 90 ibídem, establece que el salario debe ser suficiente, digno y justo, en relación a las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales que están implícitas e inmersas en la existencia vital del trabajador; por ello, el sentido, propósito y espíritu de esta norma conlleva a que sea el Estado precisamente el garante en que el salario sea ajustado cada año, en virtud de los índices inflacionarios que se reflejan en el costo de la vida y por ende sea el costo de la canasta básica el referente esencial que determine este ajuste.

   La misma norma especifica que el salario es inembargable, debe ser pagado en forma periódica y oportunamente, lo cual tiene como finalidad que la cantidad pecuniaria correspondiente al salario no se deprecie por no ser cancelado de manera habitual y en el momento que corresponda conforme a las reglas correspondientes a la forma y procedimiento para su pago.

   Ahora bien, a.e. las actas procesales que conforman el presente expediente, quien suscribe, debe establecer que en el caso bajo análisis, la carga de probar las respectivas afirmaciones de hecho corresponde a la parte querellante por haber sido negada y contradicha en todas y cada unas de sus parte la querella interpuesta tal y como se evidencia de la contestación a la querella que corre inserta al folio 28.

   Así las cosas, cursa en el folio siete (7), consignada a los autos como documento fundamental de la acción, “Constancia de Trabajo” emanada de la Comandancia General del estado Apure, Unidad U.E.P.A, suscrita por el Sub-Comisario (PBA) E.A.C., mediante la cual hace constar que el ciudadano J.G.V.S., titular de la cédula de identidad Nº 20.611.553, presta sus servicios en la Comandancia General como Funcionario de Orden Público, desde el 10 de enero 2007, hasta el 01/10/2009 “sin recibir ningún tipo de salario”.

   En el lapso de promoción de pruebas, la representación judicial de la parte querellada consignó “Oficio 408/11 de fecha 04/04/2011” (original), emanado del Director General de la Policía del estado Apure, TCNEL (GNB) D.M.G.; mediante la cual hace constar que el ciudadano J.G.V.S., titular de la cédula de identidad Nº 20.611.553, pertenece a la nómina 02 de funcionarios adscritos a esa Institución Policial, desde el 01/06/2009, hasta la presente fecha (04/04/2011), con la jerarquía de AGENTE (PBA), según código de trabajo Nº 05026874.

   Dentro de este marco, quien suscribe la presente decisión se permite traer a colación decisión proferida por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo con ponencia del Dr. E.R.G., Exp. AP42-R-2003-0002090 en el caso R.A.M. vs. Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en la cual con respecto a los documentos administrativos, estableció lo que parcialmente se transcribe a continuación:

   Respecto de los mencionados documentos administrativos, el procesalita A.R.R. ha sostenido que la función de los mismos “...no es otra que la de documentar los actos de la administración que versan sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe o sobre manifestaciones de certeza jurídica...”. (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo IV, p. 152).

   En igual sentido, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 01-885 de fecha 16 de mayo 2003, recaída en el caso H.J.P.V. c/ R.G.R.B., dejó sentado:

   (…) Los documentos públicos administrativos son aquellos realizados por un funcionario competente actuando en el ejercicio de sus funciones, pero que no se refiere a negocios jurídicos de los particulares, sino que tratan de actuaciones de los referidos funcionarios que versan, bien sobre manifestaciones de voluntad del órgano administrativo que la suscribe, conformando la extensa gama de los actos constitutivos (concesiones, autorizaciones, habilitaciones, admisiones, suspensiones, sanciones, etc.), o bien constituyen manifestaciones de certeza jurídica que son las declaraciones de ciencia y conocimiento, que a su vez, conforman la amplia gama de los actos declarativos (certificaciones, verificaciones, registros, etc.), y que por tener la firma de un funcionario administrativo están dotados de una presunción desvirtuable de veracidad y legitimidad de su contenido, en razón del principio de ejecutividad y ejecutoriedad que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y por tanto deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario (…)

   .(Negrillas de esta Corte)

   Respecto de los mencionados documentos administrativos ha sido establecido que constituyen una tercera categoría de prueba instrumental, que no puede asimilarse al documento público previsto en el artículo 1.357 del Código Civil, como sí a los documentos privados reconocidos o a los tenidos legalmente por reconocidos, “sólo en lo que concierne a su valor probatorio, dado que en ambos casos, se tiene por cierto su contenido, en tanto que las declaraciones efectuadas en dichos instrumentos no sean objeto de impugnación a través de cualquier género de prueba capaz de desvirtuar su veracidad” (Vid. Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, Nro. 00497 del 20 de mayo del 2004, caso: A.M.S.).

   Por consiguiente, con respecto al documento administrativo consignado por el apoderado judicial de la parte querellante, esta Juzgadora le otorga pleno valor probatorio por cuanto él mismo no fue objeto de impugnación alguna a través de los medios idóneos capaces de desvirtuar la veracidad de su contenido.

   Ahora bien, con respecto a la documental consignada como medio probatorio por la representación judicial de la parte querellada, la misma entra dentro de la categoría de documentos administrativos, los cuales, según criterio reiterado por el m.T. de la República, “son aquellos emanados de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus competencias específicas, los cuales constituyen un género de la prueba instrumental, que por referirse a actos administrativos de diversa índole, su contenido tiene el valor de una presunción respecto a su veracidad y legitimidad, en razón del principio de la ejecutividad y ejecutoriedad, que le atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y que por tanto, deben considerarse ciertos hasta prueba en contrario. Estos instrumentos están dotados de una presunción favorable a la veracidad de lo declarado por el funcionario en el ejercicio de sus funciones, que puede ser destruida por cualquier otro medio legal...” (Sentencia de la Sala Político- Administrativa, del 08 de julio de 1998, O.P.T. Nº 7, correspondiente al mes de julio de 1998, página 460 y siguientes).

   Con base a lo antes expuesto, considera quien suscribe la presente decisión que la presunción de certeza derivada de la documental antes referida, sucumbe ante el medio probatorio aportado por el apoderado judicial de la parte querellante, en virtud que él mismo no fue atacado por la querellada, habiéndosele otorgado pleno valor probatorio al mismo; por lo que consecuencialmente y en base al Principio “Indubio Pro Operario”, se desestima el medio probatorio aportado por la representación judicial de la parte querellada. Y así se establece.

   Así las cosas, debe indicarse, que a pesar de haber sido punto controvertido en la presente querella la relación de empleo público, la administración pública estatal no desvirtúo lo alegado por el accionante; amén de que en la audiencia definitiva la representación judicial de la parte querellada reconoció que el “querellante es funcionario público en el cargo de Agente Policial, según código de trabajo Nº 05026874”; por lo que al haber sido demostrado en la secuela del proceso que el ciudadano J.G.V.S., cumplió funciones en la Comandancia General de Policía del estado Apure, ocupando el cargo de Agente de Policía adscrito a esa Institución, en el período comprendido entre el 10 de enero 2007, hasta el 01/10/2009, ambas fechas inclusive, tal y como se desprende de la constancia de trabajo cursante en autos al folio 7, la cual fue apreciada por quien suscribe la presente decisión en todo su valor probatorio; considera esta sentenciadora que debe prosperar en cuanto ha derecho lo pretendido por el querellante en su escrito recursivo; y en consecuencia forzosamente debe ordenar a la Gobernación del estado Apure la cancelación de los sueldos dejados de percibir conjuntamente con las prestaciones sociales y demás conceptos demandados en la presente querella funcionarial. Así se establece.

   Como consecuencia de lo anterior, se ordena realizar una experticia complementaria del fallo, por lo que quien decide considera preciso señalar que para la realización de la misma, la ley especial - Ley del Estatuto de la Función Pública- no contempla norma alguna que regule dicha situación. No obstante, su artículo 111 hace mención a que lo no previsto en dicha Ley debe ser suplido por la normativa contemplada en el procedimiento breve establecido en el Código de Procedimiento Civil, procedimiento por demás que la norma general adjetiva nada refiere al tema sub-análisis.

   Ante ello, y vista la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, debemos señalar que su artículo 1, prevé:

   "... Esta Ley tiene como objeto regular la organización, funcionamiento y competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, salvo lo previsto en leyes especiales. "

   Del análisis de la norma transcrita, se concluye por interpretación en contrario, que lo no contemplado en leyes especiales será regulado por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

   Ahora bien, al analizar la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa tenemos que tampoco el legislador hizo referencia alguna a la materia bajo análisis; no obstante, su artículo 2 contempla los principios bajo los cuales operara la jurisdicción contencioso administrativa, dentro de los cuales destacan, justicia gratuita, idoneidad, brevedad y celeridad.

   Por ello, visto que el Código de Procedimiento Civil data de fecha pre-constitucional y teniendo el texto magno como principios fundamentales la celeridad, la economía procesal, la gratuidad, el no sacrificar la justicia por el incumplimiento de formalidades no esenciales, entre otros; quien decide en ejercicio de la tutela judicial efectiva, regulada en el artículo 26, que reza:

   Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

   El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. (Destacado de este Juzgado).

   Y visto que la experticia complementaria del fallo a tenor de la jurisprudencia patria forma parte o componente intrínseco de la sentencia en sí y estando facultado tan sólo el juez para dictarla a tenor de los elementos que conforman la sana crítica, esto es: lógica, conocimiento científico, la razón y las máximas de experiencia, a efectos de garantizar a las partes celeridad, transparencia y economía procesal, nombra un (1) solo experto designado por el Tribunal para la realización de la experticia complementaria del fallo. Así se decide.

3. DECISION

   Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio A.d.e.B., administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: