Decisión de Juzgado Superior Agrario de Merida, de 29 de Enero de 2015

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA

Mérida, veintinueve (29) de enero de dos mil quince (2015)

204° y 155º

Visto el escrito presentado por el abg. D.A.A., venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº 14.588.175, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 143.205, actuando en nombre y representación del ciudadano, J.L.O.C., venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº 4.488.368, domiciliado en el Sector S.J., Urb. Campo de Oro, Bloque 1, apartamento 01-02 del municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, mediante el cual interpone recurso contencioso administrativo de nulidad con solicitud de medida innominada, contra el acto administrativo emanado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras (I.N.T.I.), en su sesión de Directorio número EXT 220-14, de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil catorce (2014), en el cual acordó:

…omissis…

SIC… GARANTIA DE PERMANENCIA SOCIALISTA AGRARIO Y CARTA DE REGISTRO AGRARIO número 1417288214RAT0001606, a favor de el (los) ciudadano (s) W.J.A.R., venezolano, titula de la cédula de identidad V- 12.347.621, sobre un lote de terreno denominado “LA BENDICIÓN”, ubicado en el sector LA PLAZUELA-MANZANO ALTO, asentamiento campesino SIN INFORMACION, parroquia Matriz, municipio Bolivariano Campo Elías del estado Mérida, constante de una superficie de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS ( 684 m2) alinderado de la siguiente manera: Norte: TERRENO OCUPADO POR Y.R.S.. Sur: TERRENO OCUPADOS POR E.C.. Este: QUEBRADA LA PORTUGUESA y Oeste: CALLE EL PANTANO.… (…).

En consecuencia de ello, este Juzgado Superior Agrario ordenó darle entrada, formar expediente y asignarle la numeración correspondiente, mediante auto de fecha veintiséis (26) de enero de dos mil quince (2015).

En este sentido, este Juzgado Superior debe pasar a analizar los presupuestos de la admisión del presente recurso contencioso administrativo de nulidad, la cual supone el cumplimiento de las formalidades previstas en los artículos 160 y 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se pasa a estudiar los referidos artículos, no sin antes establecer la competencia de este Tribunal, a los fines del conocimiento del presente asunto, para lo cual tenemos que:

Los artículos 156 y 157 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establecen que:

Artículo 156. Son competentes para conocer de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios:

1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia.

2. La Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como Tribunal de Segunda Instancia

.

Artículo 157. “Las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes agrarios”.

Así pues, de los textos normativos supra reseñados, se desprende, que serán competentes para conocer de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios, los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competentes por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia, y la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como Juzgado de Segunda Instancia o de Alzada.

En ese orden de ideas, determina quien decide, que siendo el caso, que se intenta un recurso contencioso administrativo de nulidad con solicitud de medida innominada, incoado por el abg. D.A.A., actuando en nombre y representación del ciudadano J.L.O.C., ambos ya identificados mediante el cual interponen recurso contencioso administrativo de nulidad con solicitud de medida innominada contra el acto administrativo emanado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras (I.N.T.I.), en su sesión de Directorio número EXT 220-14, de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil catorce (2014), en el cual acordó:

SIC… “GARANTIA DE PERMANENCIA SOCIALISTA AGRARIO Y CARTA DE REGISTRO AGRARIO número 1417288214RAT0001606, a favor de el (los) ciudadano (s) W.J.A.R., venezolano, titula de la cédula de identidad V- 12.347.621, sobre un lote de terreno denominado “LA BENDICIÓN”, ubicado en el sector LA PLAZUELA-MANZANO ALTO, asentamiento campesino SIN INFORMACION, parroquia Matriz, municipio Campo Elias del estado Bolivariano Mérida, constante de una superficie de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS ( 684 m2) alinderado de la siguiente manera: Norte: TERRENO OCUPADO POR Y.R.S.. Sur: TERRENO OCUPADOS POR E.C.. Este: QUEBRADA LA PORTUGUESA y Oeste: CALLE EL PANTANO”…; en consecuencia de ello y a tenor de lo establecido en los precitados artículos 156 y 157, en ese orden, este Juzgado Superior Agrario formalmente debe declarar su COMPETENCIA funcional, territorial y material, para conocer de la presente causa, en función de corresponder el conocimiento en primera instancia del presente asunto. ASÍ SE DECLARA.

En este sentido, la admisión del presente recurso supone el cumplimiento de las formalidades previstas en los artículos 160 y 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, por lo que este Juzgado Superior Agrario, pasa analizar los referidos artículos a saber:

Artículo 160: Las acciones y recursos contemplados en el presente título deberán interponerse por escrito por ante el Tribunal competente, cumpliendo con los siguientes requisitos:

1. Determinación del acto cuya nulidad se pretende.

2. Acompañar copia simple o certificada del acto, actuación o contrato cuya nulidad se pretende, o señalamiento de la oficina pública u organismo en que se encuentran, y los datos que lo identifiquen.

3. Identificación de las disposiciones constitucionales o legales cuyas violaciones se enuncian.

4. Acompañar instrumento que demuestre el carácter con que se actúa. En caso de que tal carácter provenga de la titularidad de un derecho real, identificara el inmueble, con expreso señalamiento de sus linderos y copia certificada de los documentos o títulos que acreditan la titularidad aludida.

5. Los documentos, instrumentos o cualquier otra prueba que se estime conveniente acompañar.

Artículo 162: Sólo podrán declararse inadmisibles las acciones y recursos interpuestos, por los siguientes motivos:

1. Cuando así lo disponga la ley.

2. Si el conocimiento de la acción o el recurso corresponde a otro organismo jurisdiccional, caso en el cual el Tribunal declinará la causa en el Tribunal competente.

3. En caso de la caducidad del recurso por haber transcurrido los sesenta días continuos desde la publicación del acto en la Gaceta Oficial Agraria o de su notificación, o por la prescripción de la acción.

4. Cuando sea manifiesta la falta de cualidad o interés del accionante o recurrente.

5. Cuando se acumulen pretensiones que se excluyan mutuamente, o que sean contrarias entre si o cuyos procedimientos sean incompatibles.

6. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la demanda.

7. Cuando exista un recurso paralelo.

8. Cuando el correspondiente escrito resulte ininteligible o contradictorio que haga imposible su tramitación o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.

9. Cuando sea manifiesta la falta de representación que se atribuye el actor.

10. Cuando habiéndose recurrido en vía administrativa, no hayan transcurrido los lapsos para que ésta decida.

11. Cuando no se haya agotado el antejuicio administrativo de las demandas contra los entes agrarios.

12. Cuando no se haya agotado la instancia conciliatoria o de avenimiento que correspondan de conformidad con la ley.

13. Cuando la pretensión sea manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley y de los preceptos constitucionales que rigen la materia.

Contra la decisión que declare inadmisible el recurso podrá apelarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

No se admitirá apelación contra el auto que acuerde la admisión del recurso o acción principal. En todo caso, los opositores podrán hacer valer, junto con las razones de fondo, los motivos por los cuales estimen la inadmisibilidad del mismo, los cuales serán decididos, junto a los primeros, en la sentencia definitiva.

Ahora bien, del articulado supra- transcrito se desprende, los supuestos esenciales de admisibilidad del recurso de nulidad interpuesto y en ese sentido, pasa esta Juzgadora a examinar el cumplimiento de los mismos, partiendo del artículo 160 eiusdem, y al efecto determina:

DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL RECURSO

1º Que al señalar el recurrente que el presente recurso de nulidad se intenta contra el acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras “GARANTIA DE PERMANENCIA SOCIALISTA AGRARIO Y CARTA DE REGISTRO AGRARIO número 1417288214RAT0001606, a favor de el (los) ciudadano (s) W.J.A.R., venezolano, titula de la cédula de identidad V- 12.347.621, sobre un lote de terreno denominado “LA BENDICIÓN”, ubicado en el sector LA PLAZUELA-MANZANO ALTO, asentamiento campesino SIN INFORMACION, parroquia Matriz, municipio Campo Elías del estado Bolivariano Mérida, constante de una superficie de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS ( 684 m2) alinderado de la siguiente manera: Norte: TERRENO OCUPADO por Y.R.S.. Sur: TERRENO OCUPADOS POR E.C.. Este: QUEBRADA LA PORTUGUESA y Oeste: CALLE EL PANTANO”, siendo así satisfecho el primero de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el referido a la necesidad de determinar con meridiana precisión, el acto administrativo cuya nulidad se pretende. (Folio 1). Y así se decide.

2º Que el recurrente acompañó al escrito libelar, copia simple del acto emanado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras en su sesión de Directorio número EXT 220-14, de fecha dieciséis (16) de junio de dos mil catorce (2014), cuya nulidad se pretende, tal como consta en copia simple anexa al presente recurso, por lo cual queda satisfecho a juicio de este sentenciador, el segundo de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vale decir, el referido a la necesidad de acompañar el precitado recurso, con la copia simple o certificada del acto cuya nulidad se pretende, o señalamiento de la Oficina Pública u organismo en que se encuentran y los datos que identifican dicho acto. (Folio 10 al 12). Y así se decide.

3º Que a decir el recurrente, en su escrito libelar, el acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (antes indicado), acarrea una violación a los artículos 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, asimismo, los artículos 13 y 156 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Determinó de esta manera las disposiciones constitucionales y las disposiciones legales que a su juicio han sido violadas por el acto recurrido, con lo cual queda en evidencia, que ha sido satisfecho el tercero de los requisitos establecido en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el referido a la necesidad de determinar con meridiana claridad, las disposiciones normativas presuntamente violadas por el acto recurrido. (Folios 1 al 9). Y así se decide.

4º Que la parte recurrente en los recaudos consignados junto con el libelo de la demanda demostró el carácter con que actúa, observándose así que cumple con el cuarto de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vale decir, el referido a la necesidad de acompañar su solicitud con el instrumento que demuestre el carácter con el que se actúa. Y así se decide.

5º Finalmente, observa esta sentenciadora que al acompañar el recurrente a su solicitud con el legajo probatorio por él aportado, queda satisfecho el quinto requisito establecido en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vale decir, el referido a la necesidad de acompañar el recurso con las pruebas que el recurrente estime conveniente. Y así se decide.

Determinadas las causales establecidas en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del presente recurso, y una vez realizada la revisión exhaustiva de todas y cada una de las actas procesales que conforman el presente expediente, este Juzgado pasa a esgrimir si el mismo se encuentra incurso en alguna de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a saber:

DE LA ADMISIBILIDAD

1º En cuanto a este particular, la admisión del presente recurso no es contrario a ninguna disposición de ley.

2º El conocimiento de la acción del presente recurso corresponde a este organismo jurisdiccional, de conformidad con el artículo 156 numeral primero de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario por cuanto se trata de un recurso intentando contra un acto administrativo agrario dictado por un ente Estatal agrario como lo es el Instituto Nacional de Tierras y recayó sobre un lote de tierra ubicado en el estado Bolivariano de Mérida, siendo este Juzgado competente por la materia y por territorio en dicho estado, por lo que declara resuelta la causal establecida en este particular.

3º En cuanto al particular tercero, relativo a la caducidad del recurso, de la revisión del escrito liberar en esta fase preliminar no se pudo observar la caducidad de la acción. En consecuencia, este Tribunal en aras de salvaguardar el legítimo derecho a la defensa, consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a todo evento se pronunciará en la definitiva de aparecer nuevos hechos que desvirtúen lo aquí expuesto.

4º En cuanto a la cualidad o interés del recurrente, el mismo fue resuelto con el análisis del numeral 4º del artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

5° Revisado exhaustivamente el presente recurso, este Tribunal observa que el recurrente solicita específicamente la nulidad del acto administrativo, por lo que no se acumulan pretensiones que se excluyan

mutuamente entre sí o cuyos procedimientos sean incompatibles.

6° Riela en autos copias simples de los documentos varios que acompañan el escrito recursivo referidos al acto administrativo cuya nulidad se pretende, entre otros los requisitos necesarios para verificar la admisión del recurso.

7° Revisado como ha sido el archivo de este Tribunal, no se evidencia alguna otra pretensión relacionada con el presente recurso, por lo que, salvo prueba en contrario no existe algún recurso paralelo que impida la admisibilidad de la presente acción.

8° De la lectura realizada al escrito recursivo, determina este Tribunal que el mismo fue realizado de forma legible y respetuoso a la Majestad el Poder Judicial por lo que no se encuentra incurso en esta causal.

9° Que en el escrito recursivo el cual riela de los folios 1 al 29 del presente expediente, se evidencia que el abg. D.A.A., venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº 14.588.175, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 143.205, actuando en nombre y representación del ciudadano, J.L.O.C., venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nº 4.488.368, domiciliado en el Sector S.J., Urb. Campo de Oro, Bloque 1, apartamento01-02 del municipio Libertador del estado Bolivariano de Mérida, con lo cual este Tribunal encuentra suficiente la representación que se atribuye el recurrente.

10º Este Tribunal no tiene manera de constatar si el recurrente ha ejercido algún recurso ante el ente emisor del acto administrativo, pues no consta en los anexos del presente recurso, los antecedentes Administrativos llevados por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), además de que los actos administrativos dictado por el directorio del Instituto antes mencionado en ejecución de los procedimientos agrarios previsto en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, agotan la vía administrativa, con lo cual se libra al administrado de la carga de recurrir a la misma, y dejando a éste la posibilidad de ejercer directamente los recursos Jurisdiccionales a que hubiere lugar. Así se decide

En lo que se refiere a los numeral 11º y 12º del artículo 162 eiusdem, el Tribunal deja sentado que los mismos no resultan aplicables al recurso en cuestión.

13° Por último, este Tribunal considera que la pretensión no es manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley ni de los preceptos constitucionales que rigen la materia.

Con relación del anterior análisis, y satisfechas como han sido las causales de inadmisibilidad previstas en la legislación especial agraria, esta Superioridad declara ADMISIBLE el presente recurso contencioso administrativo de nulidad con solicitud de medida innominada y en consecuencia, se ordena la sustanciación del presente proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 163 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se establece.

Ahora bien, en cuanto al tercer petitorio del recurso in commento, se observa que la parte actora solicitó que se declarara medida cautelar innominada,

… que prohíba la intervención de cualquier tipo en el terreno y bienhechurias objeto de está pretensión, asimismo solicito a su competente autoridad que de existir alguna violación constitucional o legal no invocada, ordene lo conducente a fin de establecer la situación jurídica infligida”, lo cual traduce para este Juzgado Superior Agraria, que la misma se encuentra dirigida a una Medida Innominada de Protección.

Ello así, y con relación a los argumentos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Agrario ORDENA ABRIR CUADERNO SEPARADO DE MEDIDAS, el cual será signado con el mismo número de la pieza principal, por lo que se ordena expedir por secretaría copia certificada del presente auto, del escrito recursivo y del acto administrativo agrario recurrido, respectivamente, para que forme parte en el referido cuaderno de medidas. Así se decide.

Respecto a lo anterior, y a los fines de esclarecer los hechos para que este Juzgado Superior se pueda ilustrar sobre el presente asunto, para la decisión cautelar “prima facie”, se ORDENA la práctica de una inspección judicial sobre el lote de terreno objeto del acto administrativo agrario que declaró la Garantía de Permanencia Socialista Agraria y Carta de Registro, respectivamente, en beneficio del ciudadano W.J.A.R., la cual será fijada mediante auto expreso y separado en su correspondiente oportunidad, así como la respectiva audiencia oral a que hace referencia el artículo 168 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se decide.

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Mérida, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: