Decisión nº 092-2010 de Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 9 de Julio de 2010

Fecha de Resolución 9 de Julio de 2010
EmisorJuzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo Nuevo Régimen y Procesal Transitorio. Extensión Maracaibo.
PonenteNeudo Ferrer González
ProcedimientoCobro De Prestaciones Sociales Y Otros Conceptos

Asunto VP01-L-2008-001289.-

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En su nombre:

ELTRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO

PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO

DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA,

CON SEDE EN MARACAIBO

200º y 151º

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

Vistos los antecedentes

.

Demandantes: J.M.P., J.A.A.A., NALLY O.A.A., A.A.M.V., J.J.M.S., F.B.B., H.E.G., JORVIS E.C.F., J.R.V.M., J.E.P.S., E.E.U.U., J.L.R.U., M.A.B.V., J.L., J.A. RISQUEZ ALMARZA Y L.A.R., quienes son venezolanos, mayores de edad, titular de la C.I No. 7.770.519, 5.808.471, 13.512.373, 7.820.239, 9.786.438, 7.712.362, 7.685.669, 14.206.619, 14.136.853, 12.622.584, 9.755.547, 9.792.910, 7.721.298, 7.783.553, 10.349.120, 19.306.321 domiciliados en el Municipio San F.d.E.Z..

Demandada: Sociedad Mercantil ENSIGN DE VENEZUELA, COMPAÑÍA ANÓNIMA, sociedad domiciliada en El Tigre, Estado Anzoátegui, originalmente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 27/03/1969, bajo el Nº 26, Tomo 25-A, posteriormente inscrita por el cambio de domicilio en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui, en fecha 21/04/2005, bajo el Nº 18, Tomo6-A.

ANTECEDENTES PROCESALES

En la presente causa referida al Cobro de DIFERENCIA DE PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD Y OTROS CONCEPTOS LABORALES, incoada por los ciudadanos J.M.P., J.A.A.A., y Otros, en contra de la Sociedad Mercantil ENSIGN DE VENEZUELA, COMPAÑÍA ANÓNIMA, signada como VP01-L-2008-001289, en fecha Martes 06/07/2010, siendo las dos de la tarde (02:00 P.M.), fecha y hora fijada para la celebración de audiencia de conciliación, el Juez, de conformidad con lo dispuesto el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo estatuido en el artículo 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en presencia de las partes intervinientes en este proceso, y como rector del mismo, precedió a instar a las partes a los fines de llegar a un posible acuerdo, al cual en efecto llegaron las partes a través de su representación forense, vale decir, por una parte, el profesional del Derecho A.B., en su condición de apoderado de la parte actora, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo la matrícula 25.341; y por la otra el profesional del Derecho JOANDERS HERNANDEZ, abogado en ejercicio y de este domicilio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (IPSA) bajo la matrícula 56.872, actuando en este acto en su condición de Apoderado Judicial de la demandada.

En efecto las partes llegaron a una transacción, como quedó plasmada en la respectiva Acta Conciliatoria, y es del contenido siguiente:

Con la finalidad de de dar por terminado el presente procedimiento, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.713 y siguientes del Código Civil, le ponemos fin al mismo, y para ello realizamos la presente transacción en los siguientes términos: PRIMERO: La demandada, ofrece en pagar la cantidad de TREINTA Y DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 32.000,00), es decir, la cantidad de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00) para cada uno de los demandantes, para cubrir todas y cada una de las cantidades y conceptos identificados en el escrito libelar los cuales serán pagaderos el día viernes 16 de julio de 2010, mediante que emitido a nombra de su apoderado judicial por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito. En este estado la representación de la parte actora expuso encontrarse de acuerdo con la cantidad ofrecida por la parte demandada, para cubrir todos y cada uno de los conceptos y cantidades identificadas en el escrito libelar y se compromete a traer por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos a los trabajadores a los fines de que otorguen su conformidad con el presente acuerdo transaccional. Finalmente, ambas partes solicitamos del Tribunal que de manera inmediata homologue la presente transacción, imprimiéndole el carácter de cosa juzgada, y se abstenga de archivar el expediente hasta tanto conste en actas el pago total y definitivo.

La transacción sin duda es un medio de autocomposición del cual pueden valerse las partes, para poner fin a sus conflictos judiciales, sin embargo se han de tener presente ciertas consideraciones.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Se destaca que en la transacción señalada, implica la satisfacción de los demandantes J.M.P., J.A.A.A., y Otros, en cuanto al arreglo al cual ha llegado en el presente Asunto VP01-L-2008-001289, acordándose un pago por acuerdo transaccional.

En el referido acuerdo de pago, la parte accionante, esto es, los codemandantes J.M.P., J.A.A.A., y Otros, no se hicieron presentes, sino que estuvieron representados por el profesional del Derecho Á.B., inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 25.341; y la parte demandada sociedad mercantil ENSIGN DE VENEZUELA, COMPAÑÍA ANÓNIMA, por el abogado en ejercicio JOANDERS HERNÁNDEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 56.872.

Ahora bien, conforme al análisis de lo peticionado de común acuerdo por la representación judicial de la parte accionante, así como por la representación judicial de la parte demandada, se tiene que, se debe ante todo, revisar las facultades de los Abogados actuantes en el acuerdo in comento, para evidenciar si estaban autorizados para transar, y en caso positivo pasar al pronunciamiento respecto a si el escrito bajo análisis cumple con las previsiones de normas de orden público, entre ellas lo dispuesto en el artículo 89, numeral 2° de la Carta Magna y el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, y que no es contrario a las buenas costumbres, así como de la doctrina jurisprudencial.

En este orden de ideas es menester transcribir el contenido del artículo 154 del Código de Procedimiento Civil (CPC) aplicado por argumento a simili o analógico a la presente causa, artículo que entre otras hace referencia a la facultad de “transigir”, señalándose que debe ser expresa, en efecto el artículo señala:

Artículo 154.- “El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma; pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa.” (Negritas de este Sentenciador).

En tal sentido, se aprecia que la profesional del Derecho JOANDERS HERNÁNDEZ, Inpreabogado No. 56.872, es representante judicial de la parte demandada conforme se evidencia de Poder que consta en el folio 57 y 58 del expediente, y del mismo se observa que entre las facultades conferidas se observa la de “convenir, desistir, transigir”.

De otra parte, en relación al profesional del Derecho Á.B., inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 25.341, en su condición de representante legal de la parte actora, como se desprende de Poder pertinente que constan en los folios 32 al 36 del expediente, en el que se evidencia que el nombrado abogado quedó facultado para “convenir”, “desistir”, “transigir”. De modo que se evidencia estar facultado para transar y/o transigir, lo cual es inequívoco, pues de manera diáfana se faculta.

Por otra parte, es de notar que en el acuerdo de pago se hace referencia a pago de Bs.F.2.000,00, para todos y cada uno de los demandantes, lo que de manera global alcanza el monto de TREINTA Y DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 32.000,00), pagaderos el 16/07/2010.

No obstante lo anterior, es de suma importancia aquí transcribir el contenido del artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, así como Sentencia pertinente de la Sala Constitucional.

Artículo 11: Efectos de la transacción laboral: La transacción celebrada por ante el Juez, Jueza, Inspector o Inspectora del Trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.

Parágrafo Primero: Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario o funcionaria competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador o trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno.

Parágrafo Segundo: El Inspector o Inspectora del Trabajo procederá a homologar o rechazar la transacción que le fuere presentada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.

En el supuesto de negativa, deberá indicar los motivos de la decisión y, si fuere el caso, precisar los errores u omisiones en que hubieren incurrido los interesados, brindándosele a éstos el lapso de subsanación a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

(Negritas y subrayado son de este Sentenciador)

Se destaca de la norma transcrita y a los efectos del presente asunto, que es menester a la hora de revisar la posibilidad de homologación de un acuerdo transaccional cerciorarse que el trabajador o trabajadores actúen libres de constreñimiento alguno.

En este contexto es importante de igual manera, transcribir extracto de Sentencia Nº 442 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Dr. J.M.D.O., de fecha 23/05/2000 (caso J.A.B.M. contra la decisión del Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia de fecha 19 de enero de 1998), en la que se estableció:

Es por ello que, asumiendo una posición teorética y no dogmática, concluye esta Sala que los modos de autocomposición procesal no son en sí mismos medios atentatorios contra el principio constitucional de la indisponibilidad en juicio (mal llamada “irrenunciabilidad”), de los derechos mínimos de los trabajadores, pues a través de ellos lo que se persigue es componer la litis por sus propios participantes, subrogándose dicha decisión a la sentencia de fondo que debía dictar el juez correspondiente y adquiriendo dicha composición los efectos de la cosa juzgada.

Mal podrían, entonces, y no por imitación de procesos que no vinculan a nuestros jueces, sino en razón de las reglas que la propia Carta Magna consagra, tenerse por prohibidos en los procesos laborales tanto el desistimiento de la demanda como la conciliación, SIEMPRE Y CUANDO SE ESTABLEZCAN LOS MECANISMOS O REQUISITOS QUE ASEGUREN LA CONSTATACIÓN POR PARTE DEL ÓRGANO ADMINISTRATIVO O JUDICIAL DE LA VOLUNTAD LIBREMENTE MANIFESTADA POR EL TRABAJADOR. Y así se decide.

(Omissis)

En el caso sub iudice, como quedó constatado en el ítem 5 del Capítulo I de este fallo, no sólo hizo mella la sentencia al derecho a la tutela judicial efectiva, al no contener motivación alguna de la cual se constate como efectuado el necesario análisis tendente a la verificación que debió preceder a la homologación, particularmente por lo que respecta a la capacidad para disponer por parte del representante judicial del demandado -lo que evidencia un ejercicio arbitrario de la función jurisdiccional-; sino que también conculcó dicho derecho al desoír las múltiples, insistentes, inmediatas y posteriormente constantes advertencias del accionante respecto a que la declaración que hizo, el que hasta entonces era su apoderado, no era reflejo de su voluntad.

(Omissis)

.- Por último, la Sala estima necesario orientar a los jueces, en el sentido de que realicen interpretaciones de las normas teniendo por norte las propias y fundamentales garantías constitucionales, sin que esto signifique la desaplicación compulsiva de normas legales o la anulación de procesos por este sólo hecho, sino que con mesura y ponderación hagan interpretaciones constitucionales de las normas ya establecidas en el ordenamiento jurídico, y apliquen la consecuencia jurídica en atención a estos principios cuando no sea de extrema necesidad desaplicar la norma en cuestión.

(Negritas y mayúsculas de este Sentenciador).

En atención a Sentencia de nuestra Sala Constitucional como Máximo interprete de la Constitución, y lo pautado en los artículo 10 y 11 Parágrafo Segundo del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, así como de normas de orden público, entre ellas lo dispuesto en el artículo 89, numeral 2° de la Carta Magna, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), se observa como necesaria la manifestación de voluntad del o los demandantes respecto a su conformidad con lo pautado en el acuerdo de pago y/o transacción.

En suma, se tiene que las partes a través de sus representantes consignaron escrito transaccional, sin embargo, no se presentaron los demandantes en el señalado acto, en tal sentido, en aplicación del contenido del artículo 154 del CPC es necesario tener facultad expresa para transigir, lo cual en el caso sub examine está cubierto; sin embargo, de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, cuando la Transacción sea presentada para su homologación, es deber del funcionario competente, “cerciorarse que el trabajador o trabajadora actúe libre de constreñimiento alguno”. Además conforme a la Sentencia Nº 442 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Dr. J.M.D.O., de fecha 23/05/2000, se deben trazar los mecanismos o requisitos que aseguren la constatación por parte del órgano administrativo o judicial de la voluntad libremente manifestada por el trabajador. Así en razón de ello, debe constar en actas la voluntad libremente manifestada, y ajena a constreñimiento alguno, de los codemandantes.

Así, es impretermitible en el caso sub examine, y conforme lo ha expresado este Administrador de Justicia, verificar la voluntad libre de los demandantes, lo cual no consta en actas, razón por la que este Jurisdicente Se ABSTIENE de realizar LA HOMOLOGACIÓN del acuerdo de Pago en la cantidad de TREINTA Y DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 32.000,00), es decir, la cantidad de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00) para cada uno de los demandantes, para cubrir todas y cada una de las cantidades y conceptos identificados en el escrito libelar los cuales serán pagaderos el día viernes 16 de julio de 2010; en la presente causa que llevan los ciudadanos J.M.P., J.A.A.A., y Otros, en contra de la Sociedad Mercantil ENSIGN DE VENEZUELA, COMPAÑÍA ANÓNIMA, en el juicio por Cobro de Diferencia de Prestación de Antigüedad y Otros Conceptos Laborales, hasta tanto conste la referida manifestación de voluntad, y al efecto, teniendo presente que las partes están a derecho, se le conmina a la parte demandante, esto es los ciudadanos J.M.P., J.A.A.A., NALLY O.A.A., A.A.M.V., J.J.M.S., F.B.B., H.E.G., JORVIS E.C.F., J.R.V.M., J.E.P.S., E.E.U.U., J.L.R.U., M.A.B.V., J.L., J.A. RISQUEZ ALMARZA Y L.A.R., quienes son venezolanos, mayores de edad, titular de la C.I No. 7.770.519, 5.808.471, 13.512.373, 7.820.239, 9.786.438, 7.712.362, 7.685.669, 14.206.619, 14.136.853, 12.622.584, 9.755.547, 9.792.910, 7.721.298, 7.783.553, 10.349.120, 19.306.321 domiciliados en el Municipio San F.d.E.Z., a los efectos de que se presenten por ante este Juzgado, a la mayor brevedad posible, y manifiesten libremente su consentimiento o no con el acuerdo de pago y/o transacción realizada en la presente causa. Así se decide.-

DISPOSITIVO

Por los fundamentos antes expuestos y en fuerza de los argumentos vertidos y la parte motiva de esta decisión, este TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA CON SEDE EN MARACAIBO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley: Declara: SE ABSTIENE de realizar LA HOMOLOGACIÓN del acuerdo de Pago en la cantidad de TREINTA Y DOS MIL BOLÍVARES (Bs. 32.000,00), es decir, la cantidad de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00) para cada uno de los demandantes, para cubrir todas y cada una de las cantidades y conceptos identificados en el escrito libelar los cuales serán pagaderos el día viernes 16 de julio de 2010; en la presente causa que llevan los ciudadanos J.M.P., J.A.A.A., y Otros, en contra de la Sociedad Mercantil ENSIGN DE VENEZUELA, COMPAÑÍA ANÓNIMA, en el juicio por Cobro de Diferencia de Prestación de Antigüedad y Otros Conceptos Laborales. En consecuencia:

Se conmina a la parte demandante, esto es a los ciudadanos J.M.P., J.A.A.A., NALLY O.A.A., A.A.M.V., J.J.M.S., F.B.B., H.E.G., JORVIS E.C.F., J.R.V.M., J.E.P.S., E.E.U.U., J.L.R.U., M.A.B.V., J.L., J.A. RISQUEZ ALMARZA Y L.A.R., quienes son venezolanos, mayores de edad, titular de la C.I No. 7.770.519, 5.808.471, 13.512.373, 7.820.239, 9.786.438, 7.712.362, 7.685.669, 14.206.619, 14.136.853, 12.622.584, 9.755.547, 9.792.910, 7.721.298, 7.783.553, 10.349.120, 19.306.321 domiciliados en el Municipio San F.d.E.Z., a los efectos de que se presenten por ante este Juzgado, a la mayor brevedad posible, y manifiesten libremente su consentimiento o no con el acuerdo de pago y/o transacción realizada en la presente causa.

No hay especial condenatoria en costas dada la naturaleza de lo decidido.

Se deja constancia que la parte actora ciudadanos J.M.P., J.A.A.A., y Otros, estuvieron representados por el profesional del Derecho Á.B., inscrito en el INPREABOGADO bajo la matrícula 25.341; así también, la parte demandada, Sociedad Mercantil ENSIGN DE VENEZUELA, COMPAÑÍA ANÓNIMA, estuvo representada por el abogado en ejercicio JOANDERS HERNÁNDEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 56.872.

PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE.-

Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO ZULIA CON SEDE EN MARACAIBO, en Maracaibo a los nueve (09) días del mes de Julio del año dos mil diez (2.010).- Años: 200° de la Independencia y 151° de la Federación.

El Juez Titular,

NEUDO F.G.

La Secretaria,

L.P.O.

En la misma fecha, y estando el ciudadano Juez en lugar destinado para Despachar, y siendo las dos y cuarenta minutos de la tarde (2:40 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede quedando registrada bajo el No. 092-2010.

La Secretaria,

NFG/.-

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