Decisión nº Nº271 de Tribunal Superior Agrario de los Estados Aragua y Carabobo de Aragua, de 24 de Mayo de 2013

que se le PROHIBA a la parte co-demandada, sociedad mercantil FERREAGRO EL PRADO, C.A., en cuanto a su órgano deliberativo, efectuar la realización de cualquier Asamblea Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas así como de convocatoria a tal efecto, hasta tanto se resuelva mediante sentencia definitivamente firme el presente asunto o procesó.

Como MEDIDAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS para la efectividad de la medida anterior, solicito a tenor de la primera parte in fine del Artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, se oficie:

Al Registro Mercantil Primero del Estado A ragua, a los fines de notificarla de la presente demanda y para que coadyuve en el cumplimiento de las órdenes dadas y colabore para que no se incumpla con las órdenes del Tribunal;

que se AUTORICE a la parte actora, es decir, al accionista J.M., antes identificado, para que inspeccione, revise y tome copias de todos y cada uno de los asientos referentes a los libros de la sociedad, tales como libros de actas de asambleas, diario, mayor, de inventarios, de bancos así como de los soportes físicos complementarios y justificativos tales como facturas, notas, depósitos, chequeras y documentos legales relacionados desde el período desde el 28 de Abril de 2009 al 31 de Diciembre de 2009 y desde el 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, ambas fechas inclusive. “Como MEDIDAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS para la efectividad de la medida anterior, solicito a tenor de la primera parte in fine del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, se oficie:

1) A la SUDEBAN a los fines de notificarla de la presente demanda y para que coadyuve en el cumplimiento de las órdenes dadas y colabore para que no se incumpla con las órdenes del tribunal y en consecuencia, suministre información referente a todas las cuentas de ahorro, corriente, fondo de activos líquido o cualesquiera otra en la cual aparezca como titular la sociedad mercantil FERREAGRO EL PRADO, C.A., e informe y remita todos los movimientos realizados desde el período desde el 28 de Abril de 2009 al 31 de Diciembre de 2009 y desde el 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, ambas fechas inclusive;

2) A la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE COSTOS Y PRECIOS a los fines de notificarla de la presente demanda y para que coadyuve en el cumplimiento de las ordenes dadas y colabora para que no se incumpla con las ordenes del tribunal, y en consecuencia, suministre información referente q la inscripción e informes necesarios relacionadas con los bienes y servicios que presta e inspeccione y remita todos los precios y costos de los productos y servicios prestados por la sociedad mercantil FERREAGRO EL PRADO, C.A., desde el período desde el 28 de Abril de 2009 al 31 de Diciembre de 2009 y desde el 01 de Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, ambas fechas inclusive y; desde el 01 de Enero de 2011 hasta la presente fecha.

3) Se comisione amplia y suficientemente, autorizándosele para hacer uso de la fuerza pública si fuere necesario, a un Juzgado Ejecutor de Medidas competente por el territorio para que se le permita a la parte actora J.M., antes identificado, el ingreso a la sede de la sociedad, e inspeccione, revise y tome copias de todos y cada uno de los asientos referentes a los libros de lo sociedad, tales como libros de Actas de asambleas, diario, mayor, de inventarios, de bancos; así como de los soportes físicos complementarios y justificativos tales como facturas, notas depósitos, chequeras y documentos legales relacionados desde el periodo desde el 28 de Abril de 2009 al 31 de Diciembre de 2009 y desde el 01 el Enero de 2010 al 31 de Diciembre de 2010, ambas fechas inclusive. "

En ese sentido, este Juzgado Superior Agrario pasará a analizar puntualmente los requisitos de procedencia de la Medida Cautelar Innominada, comenzando por el “fumus b.i.”, recordando que no puede suplir argumentaciones propias de las partes ni tomar alegatos, indicios, pruebas o presunciones que no hayan sido señalados expresamente por el solicitante, aunque pueda haberlos indicado como integrantes de su pretensión principal o de otro de los requisitos de procedencia que deba contenerlos. Más allá de la valoración que pudieron dar a las documentales que acompañaron a la petición cautelar, y sólo a los fines de determinar la procedencia o no de la misma, quien suscribe considera que la parte actora trajo al proceso suficientes elementos, que efectivamente generan la verosimilitud o apariencia del buen derecho, como lo es el Expediente Administrativo de la Sociedad Mercantil Ferreagro El Prado C.A., que reposa en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, desprendiéndose del mismo el vínculo existente entre la parte actora y la parte demandada, especialmente en sus aparentes condiciones de accionistas y/o administradores de esa sociedad, razón por la cual este Juzgado Superior Agrario considera que el primero de los requisitos de procedencia se encuentra cumplido, a diferencia de lo señalado por el Juzgado A quo. Así se declara.

Siguiendo con la verificación concurrente de los requisitos de procedencia, corresponde analizar el “periculum in mora”, y se observa que la parte actora apelante señala:

“…Omissis…

los administradores de la sociedad desde el año 2009, inclusive hasta la presente fecha han efectuado una gran cantidad de acciones y omisiones que hacen dudar razonablemente acerca de la correcta, debida y exacta conducción, administración y dirección de la misma, lo cual denota una clara mala fe, que pudieran tener fin ocultar ante terceros, vale decir, accionistas, seniat, ince, ivss, registro mercantil u otros organismos públicos o privados, todas y cada una de sus operaciones, así como de los activos y pasivos de su patrimonio, evidenciado más aún esto, por cuanto hasta los momentos no se ha repartido dividendos alguno a los accionistas, no obstante manejar sumas multimillonarias de bolívares, sin efectuar hasta la fecha ningún informe de gestión anuales con descripción de la situación de la empresa, y los supuestos contralores no han realizado auditoría alguna y tiene hasta la desfachatez de expresa que los balances no son efectuados conforme a las normas de contabilidad generalmente aceptadas, y en ninguno dan “opinión” y tienen hasta menciones en el sentido de sugerir la existencia de otras “sociedades” (desconocidas para nosotros), que pudieran constituir un “consorcio” o “holding”, pero tampoco “consolidan tales Balances, ni estado de ganancias y pérdidas y; lo anterior se agrava aún más, por estar en presencia de una junta directiva en el que sólo manifiesta actuar su Presidente y que denota una omisión de conducta, con la más profunda mala fe al no realizar ni siquiera la apariencia de la más mínima gestión tendente al cumplimiento de sus obligaciones, en el sentido de convocar válidamente asambleas para rendir cuentas sobre sus gestiones administrativas de los años 2009 y 2010. …Omissis…”

Además, señala para dar cumplimiento a este requisito, que:

…Omissis…

la premura del transcurso del tiempo mismo se encuentra implícito en esta materia mercantil, no solo por las características del mercado que obligan ciertamente a ser rápido y versátil, en el mercado cada vez más competitivo, globalizado, dolarizado e inflacionario, circunstancia ésta de las mismas previsiones del Código de Comercio, que establece la estricta naturaleza Mercantil de la pretensión principal, independientemente de sus causas; sino que la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal en su Sala de Casación Civil, ha expresado que igualmente debe presumirse el cumplimiento de este requisito por el simple transcurso del tiempo en la estimación del recorrido del íter procesal, más aún si se considera que desde el 18 de marzo de 2009, se encuentra en “emergencia” o “reestructuración” del Sistema Judicial por estas razones. …Omissis…”

Ahora bien, para poder atender a la procedencia de este requisito, necesariamente hay que involucrarse holísticamente en la pretensión para poder entender su alcance de reconocerse el derecho alegado. Al analizar el escrito libelar, salta a la vista que la tutela judicial radica en que se declare la Nulidad de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Mercantil Ferreagro El Prado C.A., de fecha 26 de marzo de 2011 y el acta que la contiene asentada en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Aragua, en fecha 28 de julio de 2011, bajo el número 34, tomo 69-A, de los libros respectivos, que consta en el Expediente Administrativo Nº 70.080 y; como consecuencia de lo anterior, en que los administradores no se le han aprobado los balances, ni estados demostrativos de ganancias y perdidas correspondiente a los ejercicios o periodos de los años 2009 y 2010 y; en que los estatutos sociales son los establecidos en el Acta Constitutiva de la misma, antes indicada.

De igual forma, pide la nulidad de los Informes de la Comisaria; de los Informes de preparación de contadores públicos independientes; de los dos balances y de los estados demostrativos de ganancias y pérdidas correspondientes a los ejercicios o períodos correspondientes a los años 2009 y 2010.

En ese contexto, recordando la cita del doctrinario R.O.-Ortiz, la noción del periculum in mora toca fundamentalmente dos aspectos. El primero, es que la falta de aptitud del proceso para dictar una sentencia que dirima el conflicto en un tiempo suficiente para garantizar el derecho de defensa de las partes y al mismo tiempo una justicia rápida y eficaz. El segundo, es en torno a la presunción derivada de hechos por parte del deudor y de su morosidad o bien, de acciones que permitan deducir su manifiesta insolvencia, o que se encamina a insolventarse. Continua el autor, indicando que es del criterio que, en nuestra legislación, no se presume la insolvencia del deudor ni la demora en los juicios es lo suficientemente capaz como para fundamentar, el dictado de una medida cautelar sino que, por el contrario, el elemento del peligro en la demora debe estar acreditado en los autos, a través de una comprobación sumaria que la persona sobre la cual se dicta la medida pretende insolventarse, o de causar alguna lesión que pueda hacer ilusoria la ejecución de la sentencia; implica, además, la existencia de una real necesidad de la medida y que de no dictarse acaecerá fatalmente el riesgo que se teme.

En ese orden de ideas, no observa este Juzgado Superior Agrario como el proceso principal no va a ser apto para dirimir el conflicto que garantice el derecho de defensa de las partes y al mismo tiempo no sea rápido y eficaz, cuando lo que se busca es precisamente que se establezca la nulidad de actas, balances e informes que cursan ante el Registro Mercantil. Más allá de la forma en la que posiblemente pueda estarse manejando el ejercicio y administración de la empresa (lo cual no está siendo calificado en esta decisón), lo cierto es que al culminar todas las fases cognitivas, es perfectamente factible que el orgáno jurisdiccional competente establezca la procedencia en derecho de lo pedido, y la ejecución sería de fácil cumplimiento, incluso con la simple participación al Registro Mercantil de la sentencia definitivamente firme que así lo declare, de ser el caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 531 del Código de Procedimiento Civil, por lo que es prácticamente imposible que la parte demandada pueda sustraerse de su complimiento, menos aún, cuando no se muestran acciones que manifiesten una insolvencia factica que desmembren indeteniblemente la solidez de la sociedad de comercio derivada del comportamiento de los administradores o que se encamina a insolventarse; caso en el cual cabrían otras acciones o pretensiones que ejercidas autonomamente o acumuladas a esta pretensión (en la cual no cabría una inepta acumulación de pretensiones, toda vez que todas las acciones entre particulares en materia agraria se siguen en un mismo procedimiento que es el ordinario), si persigan consecuencias que un inadecuado manejo administrativo impediría tutelar el derecho del demandante, no siendo este el caso, ya que es la misma parte actora quien al solicitar la medida, si bien acompaña unos informes que en principio no reflejan aparentemente un patrimonio solido, inclusive indica que hasta los momentos no se ha repartido dividendos alguno a los accionistas, no obstante manejar sumas multimillonarias de bolívares. Son estas las razones para considerar que no se cumple el requisito aquí analizado. Así se declara y decide.

Siguiendo el orden lógico para el análisis de los requisitos de procedencia, corresponde ahora verificar si se cumple con aquel que sería de impetermitible cumplimiento en el caso de las medidas innominadas, como las aquí solicitadas. Para cumplir con el tercer y último requisito, el “periculum in damni”, la parte actora al realizar su argumentación expone que:

…Omissis…

en el presente caso ha quedado evidenciado suficientemente el vínculo, nuestra buena fe que no hemos participado en la asamblea aquí denunciada ni ha consentido ninguna de sus decisiones; se ha evidenciado la mala fe de los que han fungido como administradores;

B.- tenemos fundado temor igualmente que el patrimonio de la sociedad, así como las posibles utilidades de todos los ejercicios económicos mencionados y venideros, los dividendos a que tenemos derecho y hasta la existencia misma de la sociedad se vea en peligro al punto de dejarla como un “cascaron vacío”, que pudiera -aún con el mejor pronunciamiento y hasta a tiempo en cuanto a los lapsos procesales-, efectivamente quedar ilusorias, debido a que la actitud de los administradores o presidente, puedan efectuar o seguir efectuando un ocultamiento o dilapidación tanto de los bienes anteriores, actuales y que la dejaría vacía de contenido activo patrimonial y no habría donde ejecutar la posible sentencia que estime esta pretensión, al punto que hasta los momentos de acuerdo a los Balances Generales de los años involucrados en las irregularidades ascienden al manejo de aproximadamente UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS BOLÍVARES CON CUARENTA Y UN CENTIMOS DE BOLIVARES (Bs.1.269.756,41), que es el monto reflejado como cuentas por pagar a accionistas y débitos fiscales, según el último supuesto balance del año 2010 y se desconoce el manejo de la administración correspondiente al presente año 2011 hasta la fecha, lo cual constituye evidentemente una crasa y burda confesión de que la sociedad pudiera encontrarse en un ESTADO DE ATRASO al superar palmariamente los pasivos al activo declarado y hasta el capital juntos, lo cual hace urgente y preocupante la situación económica de la sociedad.

C.- Que en este caso no es posible, ni pertinente solicitar ninguna medida preventiva cautelar típica, lo cual sólo deja la posibilidad de requerir y obtener una medida innominada, en el sentido de que se prohíba a la parte demandada cambiar el estatus quo de las acciones y omisiones realizadas hasta ahora y; se nos autorice a realizar los actos antes mencionados, con las medidas complementarias necesarias invocadas. …Omissis…

Ciertamente, cuando analizamos los indicios aportados por la parte actora para generar la presunción del cumplimiento de los requisitos exigidos, pareciera que efectivamente pudiera existir una tendencia en el manejo económico de la empresa que conlleve al resquebrajamiento de sus intereses como accionista de la Sociedad Mercantil Ferreagro El Prado C.A., ya que en apariencia nos encontramos ante una sociedad con situaciones financieras graves, por lo menos para los ejercicios económicos señalados, 2009 y 2010, que generan este temor de daño inminente en la parte accionante. No obstante, cuando se está en presencia de una petición cautelar que ostenta una técnica jurídica adecuada en su argumentación, indistintamente de que pudiera tener razón en sus planteamientos, el Juez Agrario está en la obligación de ser extremadamente cauteloso y ponderado para entender que los requisitos se encuentran cumplidos con ello dictar medidas que en lugar de contribuir con la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de acuerdo a los criterios plasmados en la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en el expediente número 03-0839, de fecha nueve (09) de mayo de dos mil seis (2006) y la sentencia dictada el 14 de agosto de 2008, Exp. N° 04-0370 con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, puedan atentar contra ella.

Por ejemplo, en una de las más recientes de las sentencias emanadas de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictada el 25 de abril de 2012 en el Expediente N° 09-0924 con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, se estableció en cuanto al alcance, naturaleza e importancia del Derecho Agrario en la actualidad lo siguiente:

(Omissis)…En ese sentido, y a los fines de resolver el asunto planteado, se aprecia de manera preliminar de un análisis realizado a la exposición de motivos de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, -ley que rige a un importante sector estratégico del país en términos de seguridad y soberanía alimentaria-, que fue instituido todo un Título en el que se desarrolla lo relativo a la jurisdicción agraria, tanto en lo referente a la jurisdicción ordinaria agraria, como a la jurisdicción contencioso administrativa en materia agraria, sustituyéndose de esta manera a la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, e implementándose así los principios de inmediación, concentración, brevedad, oralidad, publicidad y carácter social del proceso agrario, como una de sus principales innovaciones que vinieron refrendar las garantías supremas del derecho a la defensa a favor de los justiciables.

Efectivamente, la jurisdicción especial agraria está llamada a amparar los principios constitucionales previstos en los artículos 2, 26, 49, 305, 306 y 307, y que el legislador concentró en el artículo 2 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como la consolidación de los mismos dentro de un Estado democrático, social de derecho y de justicia, en la búsqueda de la profundización de los valores constitucionales de desarrollo sustentable, inherentes a la seguridad agroalimentaria y a la justa disponibilidad suficiente de alimentos de calidad, distribución de la riqueza y planificación estratégica, democrática y participativa; así como la mejora de la calidad de vida de la población campesina, y el logro de un desarrollo armónico y viable en el contexto de la justicia social que toda actividad agraria persigue.

Esta visión integral y por ende sistémica del derecho agrario, se encuentra desarrollada en un régimen estatutario de derecho público que ha sido objeto de tutela por parte del legislador, no sólo mediante una serie de medidas relacionadas directamente con el régimen sustantivo de los derechos -vgr. La afectación de uso y redistribución de las tierras-, sino mediante la creación de una jurisdicción especial, regulada por un derecho adjetivo también especial, que permita a los particulares un acceso directo a órganos jurisdiccionales especializados; que estén en capacidad de atender con criterios técnicos, sus necesidades frente a las actividades u omisiones de la Administración, tomando en consideración el interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones.

Con el referido criterio, se evidencia que “el legislador viene a reforzar la protección jurídico-constitucional de los particulares a través de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitución, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo para el presente caso, la vigencia y efectividad del derecho a la seguridad agroalimentaria en pro del interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Todo en el contexto de la actuación eficaz del Poder Público, donde los órganos y entes del Estado gestionan efectivamente sus competencias, fomentando la consolidación del principio de paz social, el bien común y la convivencia, en un medio ambiente armónico” (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 962/06).

…Omissis…En ese sentido, esta Sala Constitucional en atención a la desaplicación propuesta, no concibe a existencia de un derecho agrario sin la necesaria y directa vinculación del juez con el principal bien de producción como lo es la tierra en las diversas etapas del proceso y en la búsqueda de la materialización plena de la justicia, que le permita desde la fase cognición y sin inconvenientes, constatar el correcto desenvolvimiento de los ciclos agrícolas, el uso adecuado de la semilla, el manejo y uso racional de las aguas entre otros aspectos fácticos. Así como el contacto inmediato con la comunidad campesina, para promover los métodos alternativos del resolución de conflictos, evacuar pruebas in-situ, exhortar a los terceros ocupantes a participar en el juicio, y ejecutar directamente de ser el caso la sentencia, garantizando en todo momento el derecho a la defensa, debido proceso y acceso a una tutela judicial efectiva, lo cual resultaría de imposible cumplimiento si no se detenta la competencia territorial.

Las anteriores consideraciones, nos permiten sostener que el derecho agrario venezolano, social y humanista, resulta de creciente importancia, no sólo porque se trata de la disciplina jurídica propia de la agricultura, sino, porque se asienta en auténticos fundamentos constitucionales, técnicos-científicos, económicos, sociales y ambientales, y porque además, constituye el instrumento jurídico insustituible y de extraordinaria importancia para el desarrollo socio-económico de la Nación.

…Omissis…Es así que a criterio de esta Sala Constitucional, efectivamente en el caso de los denominados juicios ejecutivos o monitorios -de eminente naturaleza civil-mercantil- entre los que destaca el juicio por ejecución de hipoteca, en el cual las partes hayan convenido en fijar un domicilio especial a los fines de verificarse cualquier controversia derivada del contrato distinto al lugar donde se encuentren los bienes afectos a la actividad agraria otorgados en garantía, indudablemente va en desmedro del conjunto de garantías sustanciales y procesales especialmente diseñadas por el legislador en desarrollo de los artículos 2, 26, 49 y 257 de la Constitución y por ende la legalidad, regularidad y eficacia de la actividad jurisdiccional agraria, en términos de derecho a la defensa, debido proceso y al acceso a la tutela judicial efectiva…(Omissis)

Evidentemente, los principios plasmados en la citada jurisprudencia no son nuevos para la jurisdicción agraria, habida cuenta de que a lo largo de la vigencia de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se ha venido perfilando el desarrollo axiológico y deontológico de esta rama del derecho. Es así, como retrotrayéndonos a casos anteriores, la misma Sala y bajo la dirección de la misma ponente, el 08 de diciembre de 2011, en el Expediente N° 11-0829 estableció:

(Omissis)…En este sentido, el artículo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece que “Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales”.

Así mismo, en el mismo texto legal, se encuentra prevista la competencia de los juzgados de primera instancia agraria para conocer de las demandas entre particulares, con ocasión de la actividad agraria, en su artículo 197, que dispone:

Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos:

1. Acciones declarativas, petitorias, reinvindicatorias y posesorias en materia agraria.

2. Deslinde judicial de predios rurales.

3. Acciones relativas al uso, aprovechamiento, constitución de servidumbres y demás derechos reales, para fines agrarios.

4. Acciones sucesorales sobre bienes afectos a la actividad agraria.

5. Acciones derivadas del derecho de permanencia.

6. Procedimiento de desocupación o desalojos de fundos.

7. Acciones derivadas de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria.

8. Acciones derivadas de contratos agrarios.

9. Acciones de indemnización de daños y perjuicios derivados de la actividad agraria.

10. Acciones originadas con ocasión a la constitución del patrimonio familiar agrario.

11. Acciones derivadas de conflictos suscitados entre sociedades de usuarios, uniones de prestatarios, cooperativas y demás organizaciones de índole agraria.

12. Acciones derivadas del crédito agrario.

13. Acciones y controversias surgidas del uso, aprovechamiento, fomento y conservación de los recursos naturales renovables que determine la ley.

14. Acciones derivadas del uso común de las aguas de regadío y de las organizaciones de usuarios de las mismas.

15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria

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Así las cosas, a través del artículo 305 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha elevado a rango constitucional el derecho a la seguridad agroalimentaria, en los siguientes términos:

Artículo 305. El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola (…)

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La naturaleza de la actividad agraria fue objeto de estudio y análisis por esta Sala Constitucional mediante fallo Nº 262/2005, en la cual se estableció que la actividad agraria constituye “(...) una actividad sometida en mayor o menor grado a un régimen estatutario de derecho público que ha sido objeto de tutela por parte del legislador, no sólo mediante una serie de medidas relacionadas directamente con el régimen sustantivo de los derechos (vgr., la afectación de uso y redistribución de las tierras), sino mediante la creación de una jurisdicción (competencia) especial que permita a los particulares un acceso directo a órganos jurisdiccionales especializados; que estén en capacidad de atender con criterios técnicos, tomando en consideración el interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones (Cfr. Artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario)”.

De ello resulta que, en efecto, la jurisdicción especial agraria es la llamada a amparar los principios constitucionales previstos en los artículos 2, 26, 49, 305 y 307 y que el legislador concentró en el artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como la consolidación de los mismos dentro de un estado democrático, social de derecho y de justicia, en la búsqueda de la profundización de los valores constitucionales de desarrollo sustentable, inherentes a la seguridad agroalimentaria y a la justa disponibilidad suficiente de alimentos de calidad, distribución de la riqueza y planificación estratégica, democrática y participativa; así como la mejora de la calidad de vida de la población campesina, y el logro de un desarrollo armónico y viable en el contexto de la justicia social que toda actividad agraria persigue.

En tal sentido, la Sala no puede dejar de advertir que, en base a esa protección a la seguridad alimentaria, de la que emerge la protección constitucional a la producción agropecuaria interna, se observan diferencias sustanciales entre la posesión o propiedad civil, -que es la que persiguen proteger las normas penales sustantivas comentadas- y la posesión agraria en el marco de la protección constitucional y legal, puesto que la posesión agraria se conforma con el principio de preeminencia del desarrollo de la actividad social sobre la particular. Es decir, por encima de los derechos particulares, se sobreponen los derechos que emergen del uso del bien destinado a la producción de alimentos o rubros útiles para el consumo humano, que permitan satisfacer las necesidades agroalimentarias tanto de quien la produce o trabaja como de su entorno familiar o colectivo…(Omissis)”

Por último, y sólo con la finalidad de evidenciar y establecer la tendencia y la naturaleza del derecho agrario, la Sala Constitucional en este ciclo de revisión de la constitucionalidad de algunas normas que contenidas en otras leyes o códigos se habían aceptado hasta reciente fecha, el 07 de julio de 2011, en el Expediente N° 09-0558 estableció:

(Omissis)…A los fines de resolver el asunto planteado, se aprecia de manera preliminar que de un análisis de las disposiciones de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario en su conjunto permiten establecer que las acciones posesorias agrarias por perturbación o por despojo, ejercidas conforme a los supuestos previstos en el numeral 1 del artículo 197 eiusdem (competencia material de los Juzgados Agrarios), deben ser tramitadas y decididas conforme al procedimiento ordinario agrario, establecido en los artículos 186 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y no por el procedimiento interdictal preceptuado en los artículos 699 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, ello en virtud a la autonomía y especialidad del derecho agrario, cuyos principios rectores son de estricto orden público en razón de los intereses sociales y colectivos tutelados por los procedimientos previstos en la referida ley especial, la cual ha devenido en el tiempo con más fuerza como una herramienta para la consecución de la paz social en el campo a través del establecimiento y perfeccionamiento de instituciones que le son propias, tal como lo es la posesión agraria.

…(Omissis)…

Ello es así, por cuanto la posesión agraria va más allá de los intereses particulares que rodean la posesión civil, pues sobre la base del interés social y colectivo, persigue proteger la seguridad agroalimentaria de la República, por lo que la misma es una institución eminentemente de derecho agrario, cuyo objetivo fundamental va dirigido a la explotación directa de la tierra con el objeto de favorecer la producción de alimentos, para luego dirimir el conflicto entre los particulares interpuesto con ocasión de la actividad agraria, tal y como lo establece el procedimiento ordinario establecido en la mencionada ley especial, cuyo norte es el respeto y cumplimiento de las garantías constitucionales.

Dicha naturaleza fue objeto de estudio y análisis por esta Sala Constitucional mediante fallo Nº 262/2005, cuando se estableció que la actividad agraria constituye “(...) una actividad sometida en mayor o menor grado a un régimen estatutario de derecho público que ha sido objeto de tutela por parte del legislador, no sólo mediante una serie de medidas relacionadas directamente con el régimen sustantivo de los derechos (vgr., la afectación de uso y redistribución de las tierras), sino mediante la creación de una jurisdicción (competencia) especial que permita a los particulares un acceso directo a órganos jurisdiccionales especializados; que estén en capacidad de atender con criterios técnicos, tomando en consideración el interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones (Cfr. Artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario)”.

Efectivamente, la jurisdicción especial agraria es la llamada a amparar los principios constitucionales previstos en los artículos 2, 26, 49, 305 y 307 y que el legislador concentró en el artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como la consolidación de los mismos dentro de un estado democrático, social de derecho y de justicia, en la búsqueda de la profundización de los valores constitucionales de desarrollo sustentable, inherentes a la seguridad agroalimentaria y a la justa disponibilidad suficiente de alimentos de calidad, distribución de la riqueza y planificación estratégica, democrática y participativa; así como la mejora de la calidad de vida de la población campesina, y el logro de un desarrollo amónico y viable en el contexto de la justicia social que toda actividad agraria persigue.

…(omissis)…

Al respecto, debe la Sala aclarar que el Constituyente en el artículo 305 eiusdem cometió un error, al confundir un término eminentemente sociológico como lo es el de Nación cuando debe referirse a estructuras político territoriales como Estado o República.

Esta visión integral y por ende sistémica del derecho agrario, se encuentra sometida en mayor o menor grado a un régimen estatutario de derecho público que ha sido objeto de tutela por parte del legislador, no sólo mediante una serie de medidas relacionadas directamente con el régimen sustantivo de los derechos -vgr. La afectación de uso y redistribución de las tierras-, sino mediante la creación de una jurisdicción especial, regulada por un derecho adjetivo también especial, que permita a los particulares un acceso directo a órganos jurisdiccionales especializados; que estén en capacidad de atender con criterios técnicos, sus necesidades frente a las actividades u omisiones de la Administración, tomando en consideración el interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones.

…(omissis)…

Asimismo, la necesidad de atender al contenido del ordenamiento estatutario de derecho público en materia agraria, ha sido puesto de manifiesto por esta Sala en la sentencia Nº 962/06, según la cual “siendo que a los órganos jurisdiccionales en la materia les corresponde garantizar la seguridad alimentaria, el legislador no se encuentra limitado en el establecimiento de las facultades inquisitivas de los mencionados órganos, ni siquiera para posibilitar una actuación oficiosa que en modo alguno colide con su imparcialidad, sino que se encuadra en el carácter subjetivo y garantista del procedimiento contencioso administrativo, donde el juez propende a la salvaguarda de las situaciones jurídicas que en el ámbito de sus competencias y por mandato constitucional, se encuentra llamado a tutelar, aun frente a la inactividad particular de invocar la tutela a la seguridad agroalimentaria o ante la omisión de los órganos administrativos, en privilegiar y desarrollar la producción agropecuaria interna y proteger la biodiversidad. Con ello, resulta constitucionalmente legítima la actuación oficiosa de los órganos jurisdiccionales cuando el bien tutelado así lo amerite y exista disposición legal que lo faculte, como es el caso de la adopción de medidas que desde el punto de vista material, pudieran calificarse de funciones administrativas, tomadas en ejercicio de la potestad jurisdiccional para la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria y de la biodiversidad”.

Las anteriores decisiones son un ejemplo, de la lucha plausible que se está generando, para establecer y confirmar la especialidad y autonomía del derecho agrario; y ello es en cumplimiento a nuestra propia Constitución, quien como ley de leyes, sentó las bases de una solida jurisdicción agraria, cuya misión va más allá de un simple control de la legalidad agraria; por lo cual a los operadores de justicia le es ineludible procurar mantener la vigencia del texto constitucional, previsto en los artículos 305, 306 y 307, como garantes de una efectiva aplicación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y demás normativas que versen sobre la materia…(Omissis)

Obviamente, no hay lugar a dudas sobre cuál es la misión de la jurisdicción agraria en la actualidad, que no es otra como bien se puede asimilar de las jurisprudencias citadas, que amparar los principios constitucionales previstos en los artículos 2, 26, 49, 305 y 307 que se encuentran concentradas por el legislador en el artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como la consolidación de los mismos dentro de un Estado democrático, social de derecho y de justicia, en la búsqueda de la profundización de los valores constitucionales de desarrollo sustentable, inherentes a la seguridad agroalimentaria y a la justa disponibilidad suficiente de alimentos de calidad, distribución de la riqueza y planificación estratégica, democrática y participativa; así como la mejora de la calidad de vida de la población campesina, y el logro de un desarrollo armónico y viable en el contexto de la justicia social que toda actividad agraria persigue.

En ese contexto, y con una visión holística de la realidad agraria, la integralidad de la jurisdicción agraria y de los entes u órganos que administran o defienden al campesino y al productor, entiéndase el Instituto Nacional de Tierras, la Defensa Pública Agraria, la Defensoría del Pueblo, los Municipios y los estados en los términos de sus competencias y la participación popular, entre otros, que aunque no sean mencionados expresamente, no se excluye su rol protagónico, debemos tener como norte que la jurisdicción agraria va más allá de los intereses particulares, pues sobre la base del interés social y colectivo, persigue proteger la seguridad agroalimentaria de la República, ya que al propender a la protección de una actividad sometida en mayor o menor grado a un régimen estatutario de derecho público, los órganos jurisdiccionales especializados debemos estar en capacidad de atender con criterios técnicos, el interés general para asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones.

Bajo estas consideraciones, no podemos perder de vista que más allá de reconocer la existencia de las medidas cautelares innominadas que tienen su sustento en normas de origen civilistas-mercantilistas que se vuelven aplicables en el derecho privado sin problema alguno, siempre que se cumpla con los requisitos de procedencia debido a que se mantiene en la esfera de afectación de las partes involucradas en ese conflicto; en el derecho agrario la gravedad del daño temido por el particular debe ser de tal magnitud que no quede otro camino que otorgar la medida sí se cumple con los otros requisitos, porque la jurisdicción agraria no protege al particular en si solamente, sino con mayor importancia un fin último de derecho público que no debe verse limitado. Es decir, el Juez o Jueza tienen que verificar y tutelar integralmente el contexto y la realidad de la pretensión ejercida.

Son estas condiciones, las que llevan a la convicción a este órgano jurisdiccional que ese daño temido, perfectamente delineado por nuestra doctrina patria ya citada, e indudablemente entendida para el ámbito mercantil en el que dio inicio este procedimiento por sus solicitantes, tiene que ser de tal gravedad que no haya lugar a dudas a su existencia, toda vez que al otorgar las medidas solicitadas y las consecuencias que conllevan, más allá de hallar tranquilidad para el particular pudiéramos generarle el problema al colectivo, si de alguna manera se ve mermada la actividad de una empresa que su objeto (Ver folio 50 de la Primera Pieza Principal) de acuerdo al libelo de demanda y el acta constitutiva es la ejecución de todo tipo de actividades relacionadas directa o indirectamente con la compra-venta, comercialización, distribución, transporte, importación y exportación de ganado porcino, bovino, vacuno, caprino y avícola, bien sea vivos o beneficiados, así como también el desposte de los mismos, para el consumo humano, la comercialización y distribución de los productos cárnicos (embutidos o ahumados) como también todo tipo de derivados lácteos, y los provenientes de las actividades pesqueras. El desarrollo comercial en general, incluyendo el transporte de los mismos, al igual que suministros destinados de los antes mencionados, como también estará facultada para dar asesoría técnica en cuanto a la construcción, administración de los espacios y todo lo relacionado con la producción, cría y desarrollo bovino, vacuno, porcino, caprino, avícola, etcétera; como también todo lo relacionado con estudios, proyectos de construcción de instalaciones a la actividad de crías de todo tipo, mantenimientos especiales y lagunas de oxidación etcétera, estudio de factibilidad para el desarrollo de la actividad agraria, pecuaria y avícola, movimiento de tierra; destacando que tiene la facultad para asesoría técnica en todo lo vinculado al medio agrícola, sistema de riego, fertilización, mantenimiento de siembras, sea bajo la modalidad de contrato o concesiones públicas o privadas, compra-venta distribución, importación y exportación de equipos, maquinarias y materiales de construcción y cualquier otra actividad similar, conexa o no con el objeto principal, siempre y cuando sea licito comercio.

No obstante, pareciera contradictorio en principio, que los informes reflejen aparentemente una situación económica y financiera de la empresa por demás negativa, pero que al mismo tiempo los solicitantes señalen que los demandados manejan sumas multimillonarias de bolívares, elementos que imponen necesariamente que surjan investigaciones de carácter administrativo por los órganos correspondientes, a los fines de que no se vean vulnerados los derechos e intereses del Estado venezolano, así como el planteamiento de nuevas pretensiones por parte de quienes tengan un interés jurídico actual, de no haberlo hecho; pero que a su vez generan dudas sobre la contundencia del daño temido que obligan a este Juzgado Superior Agrario a considerar que el “periculum in damni” no se encuentra cumplido. Así se declara y decide.

En razón al anterior análisis, al no estar cumplidos concurrentemente los tres requisitos de procedencia para el decreto de las medidas cautelares innominadas, las peticionadas por la parte apelante no deben prosperar, y en consecuencia se debe declarar sin lugar la apelación ejercida, ratificando la decisión apelada en los términos aquí expuestos y con base a los principios cautelares y rectores del Derecho Agrario previstos en los artículos 152 y 244 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se decide.

-III-

DISPOSITIVA

En consideración a todo lo antes expuesto, este Juzgado Superior Agrario de las Circunscripciones Judiciales de los estados Aragua y Carabobo, actuando como Tribunal de Alzada, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR LA APELACIÓN interpuesta por la Abogada EVANGI C.A.B., venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.336.941 e inscrita en el Intitulo de Previsión Social del Abogado bajo el N° 111.264, en su carácter de apoderada judicial (para el momento de la apelación) del ciudadano J.G.M.L., venezolano, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° V-13.621.440. SEGUNDO: Se ratifica la sentencia dictada en fecha diecinueve (19) de julio del 2012, folios (12 al 20 primera pieza) por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estrado Aragua. TERCERO: SE CONDENA en costas a la parte apelante de conformidad a lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: Por cuanto la presente decisión fue publicada fuera de término, se ordena de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, notificar a las partes mediante boletas de notificación que se ordena librar al efecto. Désele salida al Expediente en los libros correspondientes y remítase con Oficio en la oportunidad correspondiente.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE

Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho de este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripciones Judiciales de los estados Aragua y Carabobo, con sede en la ciudad de Maracay, veinticuatro (24) días del mes de mayo del año dos mil trece (2013). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación.

EL JUEZ

ABG. HÉCTOR A. BENÍTEZ CAÑAS

EL SECRETARIO

ABG. LUÍS ABREU GUERRERO

En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión siendo las dos y treinta de la tarde (02:30 p.m.)

EL SECRETARIO

ABG. LUÍS ABREU GUERRERO

Exp. N° 2013-0257

HBC/Lag/ds