Decisión nº 2013-248 de Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de Caracas, de 28 de Octubre de 2013

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPERIOR NOVENO DE LO

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DE LA REGIÓN CAPITAL

Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva

Exp. Nº 2012-1670

En fecha 13 de marzo de 2012, las abogadas C.O.F.M., L.F.d.R. y E.A., debidamente inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 30.109, 21.238 y 29.135, respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales del ciudadano R.J.M.C., venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-5.882.206, consignaron ante el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en funciones de Distribuidor, escrito contentivo del recurso contencioso administrativo funcionarial, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI).

Previa distribución efectuada en fecha 15 de marzo de 2012, correspondió el conocimiento de la causa a este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, quien lo recibe en fecha 16 del mismo mes y año, quedando signada bajo el número 2012-1670.

Mediante auto de fecha 16 de abril de 2012, este Órgano Jurisdiccional admitió el presente recurso y ordenó solicitar los antecedentes administrativos al organismo querellado.

En fecha 01 de agosto de 2013, la representación judicial de la parte querellada consignó escrito de contestación.

En fecha 14 de agosto de 2013, se llevó a cabo la audiencia preliminar de conformidad con el artículo 103 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y se dejó constancia de la comparecencia de ambas partes, quienes solicitaron la apertura del lapso probatorio.

En fecha 30 de septiembre de 2013, la abogada C.R.V.V., en su condición de Juez Temporal del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo, se abocó al concomiendo de la presenta causa y en esta misma fecha se pronunció sobre las pruebas promovidas por la parte querellante.

En fecha 19 de septiembre de 2013, la abogada G.L.B., en su condición de Juez Provisorio del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo, se abocó al concomiendo de la presenta causa.

En fecha 24 de octubre de 2013, se celebró la audiencia definitiva, dejándose constancia de la comparecencia de ambas partes al acto, en el cual la jueza dictó el dispositivo del fallo.

En este estado, corresponde a este Órgano Jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la presente controversia lo cual hace en los siguientes términos:

-I-

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Como punto previo, debe este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo determinar su competencia para conocer el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por las abogadas C.O.F.M., L.F.d.R. y E.A., debidamente inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 30.109, 21.238 y 29.135, respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales del ciudadano R.J.M.C., mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-5.882.206, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, al respecto se observa que el artículo 93 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada el 11 de julio de 2002, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.482, reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 37.522 de fecha 6 de septiembre de 2002, así como la Disposición Transitoria Primera eiusdem, establece que la competencia corresponde a los Jueces Superiores en lo Contencioso Administrativo del lugar en donde hubieren ocurrido los hechos, en donde se hubiere dictado el acto administrativo o el del lugar donde funcione el órgano o ente de la Administración Pública que dio lugar a la controversia, así como el artículo 25 numeral 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispone que es competencia de estos Juzgados las demandas de nulidad contra los actos administrativos de efectos particulares concernientes a la función pública; visto que en la presente causa se ventilan pretensiones derivadas de una relación de empleo público suscitadas entre la parte actora y el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, el cual tiene su ubicación territorial en esta región, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, resulta competente para conocer, en primer grado de jurisdicción, el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Así se declara.

La parte querellante fundamentó el recurso bajo los siguientes argumentos:

Adujo que a su representada no se le calculó correctamente el pago de sus prestaciones sociales e intereses de mora, existiendo variaciones en dichos conceptos por haberse omitido normativas laborales establecidas en la Convención Colectiva y otros cuerpos normativos.

Señaló que en virtud del despido de su representado, “se entablaron Mesas Técnicas con representantes de ambas partes”, con el objeto de tratar el requerimiento de los reclamantes por cobro de diferencia de prestaciones sociales.

Expuso que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia de fecha 15 de diciembre de 2011, expediente R.C. Nº AA60-S-2008-000585, indicó que de intentar los accionantes nuevamente y de forma separada sus demandas, debe computarse -a los efectos de la prescripción- la fecha de la publicación del fallo, es decir, que el lapso de prescripción deberá computarse nuevamente desde el 15 de diciembre de 2011.

Asimismo, expresó que según Acta de fecha 08 de febrero de 2012, se han continuado las conversaciones con el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, relacionadas con el pago de diferencias de prestaciones sociales para ex trabajadores del Instituto Agrario Nacional (I.A.N.).

De igual forma, alega que la Coordinación de Enlace de los Pasivos del “I.A.N.” reiteró la disposición de la representación del Ministerio, en revisar los cálculos de los extrabajadores que consideren que se le adeudan diferencias de prestaciones.

Arguyó que: “(…) se evidencia la actividad administrativa y el reconocimiento del patrono de las deudas frente a sus trabajadores, constituyéndose una renuncia tácita a la prescripción de la acción, tal como ha sido reiterado en varias decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras en Sala de Casación Social, O.N.M. contra Tecnoconsult S.A., Expediente R.C. AAA60-S2009 del 20-01-2009, relacionados con acreencias pendiente por parte del patrono. (…)”.

Por otra parte, señaló que su representado ingresó al Instituto Agrario Nacional (I.A.N.), en fecha 01 de septiembre de 1994 y egresó el 12 de febrero de 2004, donde acumuló un tiempo de servicio de nueve (09) años, cinco (05) meses y once (11) días como Promotor.

Que el Instituto querellado le canceló a su representado la cantidad de Siete Mil Ciento Sesenta y Siete Bolívares Fuertes con Veintisiete Céntimos (Bs. 7.167,27), por concepto de prestaciones sociales.

Fundamentó la presente pretensión en lo establecido en la “(...)” Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley de Reforma Agraria, Ley Orgánica del Trabajo, Ley del Estatuto de la Función Publica, Ley de Alimentación, Contrato Colectivo de la Federación Nacional de Institutos Autónomos y Empresas del Estado (FENATRIADE) (…)”.

Finalmente, solicitó el pago de diferencias de prestaciones sociales adeudadas a su representado por parte del Instituto Agrario Nacional (I.A.N.), estimando su demanda en la cantidad de Setenta y Un Mil Quinientos Trece Bolívares con Setenta y Ocho Céntimos (Bs. 71.513,78); asimismo, solicitó el pagó de los costos y costas, intereses moratorios, indexación por la corrección monetaria, honorarios profesionales y pérdida del valor monetario hasta la ejecución y pago definitivo de la deuda.

Por su parte, la representación judicial de la parte querellada, la abogada C.J.F., inscrita en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo los Nº 106.881, en su carácter de apoderada judicial del Instituto Nacional de Tierras, en la oportunidad de dar contestación al presente recurso contencioso administrativo, negó, rechazó y contradijo lo alegado por la representación de la querellante en su escrito libelar, bajo los siguientes argumentos:

Como punto previo alegó la caducidad de la acción de conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.

Negó, rechazó y contradijo que no se le hayan calculado bien al querellante sus prestaciones sociales, toda vez que las mismas le fueron pagadas conforme a derecho, ajustado a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Trabajo y la Convención Colectiva vigente que lo regía para la época.

Negó, rechazó y contradijo que la demanda judicial estuviera suspendida para homologar acuerdos con el querellante.

Señaló que el recurrente no intentó demanda conjunta con obreros y empleados del extinto Instituto Agrario Nacional (I.A.N.) ni fue parte en el expediente AA60-S-2008-000585, nomenclatura de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que culminó con la sentencia Nº 1571 de fecha 15 de diciembre de 2001.

Manifestó que el querellante no cumplió con la carga procesal de interponer el recurso dentro del lapso de tres (03) meses establecido en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y que tampoco le resulta aplicable la fecha del cómputo del lapso de prescripción a que se refiere la sentencia Nº 1571 de fecha 15 de diciembre de 2001, emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.

Rechazó, negó y contradijo tanto en los hechos como en el derecho que mediante el Acta de 08 de febrero de 2012, se haya evidenciado la actividad administrativa, ni que se hayan reconocido las deudas frente a los extrabajadores y empleados del extinto Instituto Agrario Nacional (I.A.N.) o renunciado tácitamente a la prescripción de la acción, pues lo que hizo la Administración Agraria fue reiterar su disposición de revisar los cálculos de los extrabajadores que consideraran que se les adeudaba una diferencia en sus prestaciones sociales.

Expresó que la relación de trabajo con el hoy querellante finalizó el 12 de enero de 2004 y, desde que se efectuó la liquidación hasta la interposición del presente recurso en fecha 13 de marzo de 2012, transcurrió el tiempo requerido para la caducidad de la acción.

Negó que al recurrente se le adeude la cantidad de Setenta y Un Mil Quinientos Trece Bolívares Fuertes con Setenta y Ocho Céntimos (Bs. 71.513,78), ya que se le pagó conforme lo especifica detalladamente la planilla de liquidación.

Rechazó que su representada sea condenada en costos y costas, intereses moratorios, honorarios profesionales, indexación por la corrección monetaria o perdida del valor monetario, hasta la ejecución y pago definitivo de la deuda.

Finalmente solicitaron sea declarada la caducidad de la acción en el presente caso y, en caso contrario, sea declarado Sin Lugar el presente recurso contencioso administrativo funcionarial.

En tal sentido, para decidir este Tribunal observa:

La presente querella versa sobre la solicitud de pago de la diferencia sobre prestaciones sociales del actor, así como el pago de los costos y costas, intereses moratorios, honorarios profesionales e indexación monetaria.

Ahora bien, previo al análisis del fondo de la presente controversia debe esta Juzgadora realizar las siguientes consideraciones:

Resulta pertinente traer a los autos la institución jurídica de la caducidad, entendida esta como una condición formal para plantear ante la jurisdicción un determinado interés material, lo que en modo alguno toca o se refiere al mérito de la obligación, razón por la que se considera que la misma funge como una condición previa para poder entrar en el estudio y análisis de la pretensión, (Vid. Sentencia de la Sala Casación Civil de fecha 11 de abril de 2008 Caso: P.O.B.V.. Berkemann Industrial, C.A., y Ortopedia Berckemann C.A).

En este sentido, se ha pronunciado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 727 de fecha 8 de abril de 2003, caso: O.E.G.D., en la cual estableció lo siguiente:

(…) esta Sala considera que la decisión cuya revisión se solicitó contravino la Jurisprudencia de esta Sala con referencia a que los lapsos procesales, que legalmente son fijados y jurisdiccionalmente sean aplicados, no son formalidades per se, susceptibles de desaplicación, sino por el contrario, que ellos son elementos temporales ordenadores del proceso, esenciales al mismo y de eminente orden público, en el sentido de que son garantías del derecho a la defensa y al debido proceso de las partes, que por ellos se guían, y cuyo fin es la salvaguarda de la seguridad jurídica.

(Negrillas de este Tribunal Superior).

El criterio jurisprudencial parcialmente citado, reafirma que los lapsos procesales constituyen materia de orden público, razón por la cual no es viable a los Tribunales, ni a las partes, su desaplicación o relajación, ya que los mismos son patrones orientadores en un proceso judicial y tienen como finalidad salvaguardar la seguridad jurídica.

En este orden, el numeral 1º del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa dispone:

Artículo 35: La demanda se declarará inadmisible en los supuestos siguientes:

1. caducidad de la acción…

En concordancia con la norma parcialmente transcrita, el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública prevé el lapso de caducidad aplicable a los recursos contenciosos administrativos funcionariales, señalando:

Artículo 94. Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto.

De la disposición transcrita, se evidencia que el lapso para intentar cualquier recurso con fundamento en la Ley del Estatuto de la Función Pública es de tres (3) meses, contado desde el momento de la notificación del acto al interesado o desde la ocurrencia del hecho que dio lugar a la reclamación en sede judicial.

Ahora bien, en el presente caso, la parte actora solicita el pago de la diferencia de prestaciones sociales que le adeuda el Instituto Nacional de Tierras (anteriormente Instituto Agrario Nacional) y, aunque no se desprende del escrito libelar que haya señalado de forma expresa la fecha en la cual recibió el referido pago por parte de la Administración, no obstante a ello señala que: “…según se evidencia de Planilla de Liquidación anexo marcada 3, y se le canceló la cantidad de Bolívares 7.167,27, siendo lo correcto la cantidad de Bolívares 71.513,78 de acuerdo a las remuneraciones percibidas y luego de realizar el descuento de la suma liquidada ya cancelada, evidenciándose un monto considerable de diferencia…” (Subrayado de este Tribunal)

En tal sentido, se observa que fue consignada junto al escrito libelar -folio 14 del expediente- planilla de “LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES” emanada de la Junta Liquidadora del Instituto Agrario Nacional (I.A.N.), donde se evidencia el acuse de recibo por parte del querellante del pago de sus prestaciones sociales, el cual según se lee, fue en fecha “22-04-04”.

A su vez, cursa al folio 74 del expediente, comprobante de pago emitido por el extinto Instituto Agrario Nacional (IAN) –hoy Instituto Nacional de Tierras (INTI)- en fecha 01 de abril de 2004, a nombre del ciudadano R.J.M., titular de la cédula de identidad Nº 5.882.206, del cual se desprende que en fecha 22 de abril de 2004, el referido ciudadano recibió por concepto de prestaciones sociales, en virtud de su egreso del organismo en fecha 12 de febrero de 2004, la cantidad de Siete Millones Ciento Sesenta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Siete Bolívares con Dieciocho Céntimos (BS. 7.167.267,18), declarando en esa oportunidad lo siguiente: “Recibo este pago como anticipo de mis prestaciones sociales, reservandome (sic) la potestad de reclamar y demandar todos los derechos omitidos en el presente documento”.

Asimismo, consta al folio 75 del expediente, Orden de Pago Nº L-1538 de fecha 30 de marzo de 2004, emanada de la Gerencia de Recursos Humanos- Departamento de Liquidación de la Junta Liquidadora del Instituto Agrario Nacional, a nombre del ciudadano R.J.M., titular de la cédula de identidad Nº 5.882.206, mediante la cual se procedió a cancelársele al referido ciudadano la cantidad de Siete Millones Ciento Sesenta y Siete Mil Doscientos Sesenta y Siete Bolívares con Dieciocho Céntimos (BS. 7.167.267,18) por concepto de prestaciones sociales, las cuales fueron recibidas por él en fecha 22 de abril de 2004, según se desprende de dicha planilla, en donde igualmente señaló que: “Recibo este pago como anticipo de mis prestaciones sociales, reservandome (sic) la potestad de reclamar y demandar todos los derechos omitidos en el presente documento”.

Verificado lo anterior, resulta necesario acotar en relación a los lapsos para la interposición del presente recurso, que la querellante invocó el contenido de la sentencia emanada de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 15 de diciembre de 2011, la cual estableció lo siguiente: “(…) que en el presente caso, obreros y empleados del extinto Instituto Agrario Nacional, intentaron de manera conjunta una acción por cobro de prestaciones sociales que fue indebidamente admitida y tramitada ante los Tribunales Laborales y posteriormente –en la etapa de la sentencia definitiva- se declaró la inepta acumulación de pretensiones, que de intentar los accionantes nuevamente y de forma separada sus demandas, debe computarse -a los efectos de la prescripción- la fecha de la publicación del presente fallo, es decir, que el lapso de prescripción deberá computarse nuevamente desde la fecha de publicación de la presente decisión, toda vez que dicha institución persigue sancionar la inactividad o la falta de interés de la parte, lo cual no se corresponde con el caso que nos ocupa, pues claramente quedó demostrado que los trabajadores al intentar la presente demanda, cumplieron con sus cargas procesales…” (Resaltado de la Sala); sobre dicha sentencia debe indicarse que la misma se basó en hechos similares a los contenidos en el caso de marras y el recurso objeto de la referida decisión se ejerció contra el organismo en el cual laboraba el hoy querellante, es decir, contra el Instituto Nacional de Tierras; no obstante, se evidencia que dicha sentencia ordenó reabrir los lapsos para los demandantes que interpusieron ese recurso desde la fecha en que se dictó la decisión, ello con el fin de que pudieran interponer por separado las acciones pertinentes.

Así pues y, en virtud del principio de notoriedad judicial, en el caso que nos ocupa, este Juzgado Superior debe indicar que el hoy querellante no fue parte demandante en dicho recurso, por tanto mal puede invocar a su favor la referida sentencia.

En este orden, se observa que desde el 22 de abril de 2004, fecha en la cual se verificó que el recurrente recibió el pago de la liquidación de sus prestaciones sociales -folios 14, 74 y 75 del expediente- o lo que es lo mismo, fecha en la que se produjo el hecho generador que dio lugar a la reclamación en sede judicial, hasta la fecha de interposición del presente recurso, esto es, 13 de marzo de 2012, ha transcurrido con creces el lapso de 3 meses previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en consecuencia, por cuanto se verificó la conducta inerte para el ejercicio del reclamo a que da lugar la norma mencionada por parte del actor en un lapso mayor a 7 años 11 meses y 9 días, este Tribunal debe declarar la caducidad en el presente recurso y por vía de consecuencia, inadmisible la presente acción. Así se decide.

En virtud de la declaratoria de inadmisibilidad del presente recurso contencioso administrativo funcionarial, resulta inoficioso para esta Juzgadora pronunciarse en cuanto al fondo del mismo. Así se declara

II

DECISIÓN

Por las razones expuestas, este Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

1. - SU COMPETENCIA para conocer el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado las abogadas C.O.F.M., L.F.d.R. y E.A., debidamente inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 30.109, 21.238 y 29.135, respectivamente, actuando en su carácter de apoderadas judiciales del ciudadano R.J.M.C., mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nº V-5.882.206 contra el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI).

2. - INADMISIBLE POR CADUCO el presente recurso contencioso administrativo funcionarial mediante el cual se solicita el pago de la diferencia sobre prestaciones sociales.

Publíquese, regístrese y notifíquese al Procurador General de la República a tenor de lo establecido en el artículo 86 Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Asimismo, se ordena notificar al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y al Instituto Nacional de Tierras.

Se imprimen dos (02) originales del mismo tenor de la presente decisión, cuyo segundo ejemplar será agregado al copiador de sentencias de este Tribunal, previa su certificación por Secretaría.

Dada, firmada y sellada en el Despacho del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con sede en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de octubre del año dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.

LA JUEZA,

LA SECRETARIA,

G.L.B.

C.R. VILLALTA V.

En fecha, veintiocho (28) de octubre de dos mil trece (2013) siendo las ______________________ (________) post meridiem, se publicó y registró la anterior sentencia, bajo el Nº 2013-_____.

LA SECRETARIA,

C.R. VILLALTA V.

Exp. Nº 2012-1670/GLB/CV/ajvc