Decisión nº PJ0042011000029 de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Falcon (Extensión Coro), de 18 de Enero de 2011

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón

Coro, 18 de Enero de 2011

200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2011-000132

ASUNTO : IP01-P-2011-000132

RESOLUCIÓN Nº PJ0042011000029.

RESOLUCIÓN DECRETANDO MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD

Corresponde a este Tribunal motivar conforme a los artículos 173, 177, 246, 250 y 254 del Código Orgánico Procesal Penal, la decisión de Privación Judicial Preventiva de Libertad emitida por este Tribunal, en contra del ciudadano; J.R.H.L., por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, en la modalidad de DISTRIBUCIÒN, previsto y sancionado en el artículo 149, segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Igualmente ordenó la aplicación del procedimiento ordinario de conformidad con los artículos 280 y 283 del Código Orgánico Procesal Penal.

I

IDENTIFICACIÓN PLENA DE LOS IMPUTADOS

- JOSE RAMÒN HIGUERA LEONES, titular de la Cédula de Identidad 7.491.326, domiciliado en Calle Iturbe,, Sector León Colina, casa Nº 8, de color Azul, Municipio Colina, estado Falcón, nacido el Coro, edad 53 años, de ocupación de Ex funcionario Policial y tiene un auto-lavado, no tiene numero telefónico.

II

DE LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN

Verificada la presencia de las partes, la ciudadana Juez advierte sobre la naturaleza, importancia y significado del acto. Seguidamente se le concedió la palabra a la parte fiscal, “quien ratificó en toda y cada una de sus partes el escrito presentado por ante este Circuito Judicial Penal, narrando los hechos que dieron origen a su solicitud. Pidió se decrete en contra del ciudadano; JOSE RAMÒN HIGUERA LEONES, la Medida de Privación Privativa de Libertad por considerar llenos los extremos de los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal; igualmente solicito la aplicación del procedimiento ordinario previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, precalificando los hechos como TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, en la modalidad de DISTRIBUCIÒN, previsto y sancionado en el artículo 149, segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO.

Acto seguido se impuso al imputado del precepto constitucional previsto en el artículo 49 ordinal 5º de la Constitución Bolivariana de Venezuela, concatenado con los artículos 125 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal que lo exime de declarar en causa penal que se siga en su contra, que puede declarar si lo desea en cuyo caso lo hará sin juramento y libre de todo tipo de coacción o apremio, o abstenerse de hacerlo sin que su negativa se tome como elemento en su contra, y que es la oportunidad que la ley les brinda para decir todo cuanto quiera para desvirtuar los hechos que le imputa el representante del Ministerio Público. Se le informó de la causa por la que se le sigue averiguación, con los artículos en que se funda, manifestando el ciudadano: JOSE RAMÒN HIGUERA LEONES“si deseo declarar”, Quien expone: “Yo salì de la parte de debajo de la Panaderìa Elizabeth”, yo le deje un pescado para que me lo preparara, eran las 11:30 de la mañana, de ahí me montè en la moto y a una cuadra en la calle 5 de julio, venìan como cuatro efectivos atrás en moto, sub. Inspctor Cedeño, me manda a parar, en eso salio un ciudadano y me saluda, iba hablar con èl pero no me dio tiempo de hablar, elciudadano se llama Diviecsi Bargas, sino que vino el inspector Cedeño y me montòn un policia atrás en la moto mia, dale para tu casa, al llegar a la casa me puso las espeosas y me metiò con los cuatro efectivos para adentro, habrieron la puerta y se me metieron en los cuartos a registrar, estaba una señor ahì que le tngo alquilado un cuarto y un niño, me empujaron para el solar y dejaron a la señora ahì en l sala, el inspecto Cedeño, conlas esposas atrás me dijo que donde estaba lo que yo tenìa guardado, la mercancìa, me dio unos empujones y me dijo que me pegara a la pared, estando de espalda con las espoas volteo hacia atrás y me dice que de quien es esto, la sacò del chaleco que era droga, me va echar a perder la vida, de ahì èl agarrò y me volvio a pegar de la pared, y voltie y apareciòn un frsquito con menos droga y la otra mercancìa no se que la hizo, ni apareciò, no se que hizo, no se para donde la llevarìa, legò un señor ahì y l emtieron pa dentro tambien, un carrito de un taxi, no se como se llama, a èl le pusieron las esposas tambien, se lo llevaron detenido para la comandancia, a èl lo golpearon tambien y el decìa el inspector, yo vengo de caracas, acaso que uds, creen qu eyo vengo a perder tiempo pues, de ahì nos llevaron para la Comandancia, soltaron al taxista, le tomaron sus datos y eltaxista se fue, de allì, vi que el señor estaba pasando informaciòn por telefono para la comandancia de aquí de Coro que me habìan agarrrado cn un tlefono, nueve envoltorios, hasta hì nada mas se, y un policia, de ellos tuve un prcace desde hace como tres meses, el policia es de la vela, es de apellido Salas, y me amenazò”. Es todo. Acto Seguido conforme a lo establecido en el ultimo aparte del articulo 132 del Codigo Organico Procesal Penal. Se hace constar que el Ministerio Pùblico no realiza preguntas pero la defensa, si, dejando constancia de lo siguiente: Ud puede decirle al Tribunal donde puede ser localizada la señora Elizabeth. R.- En un restaurante, no se si llama El Oaiss, al lado de la panaderia Avereinse 1 de la Vela de Coro. Coo se llaa la persona delante de quien intercepto la persona que ud dijo n su declaraciòn? R.- Diviecsi Vargas, y puede localizado en la Calle Talavera, no se el nùmero. Ese señor lo vio a Ud. Cuando el policia se montò en su moto. Ud sabe como se llama el señor que llegò a su casa en el taxi. R.- No, llegò a lavar el carro, orque yo tengo un autolavado. Ud fue funcionario policial? R.- Si, cinco años como escolta del Comandante Caraballos. Ud tuvo un percance con algun funcionario. R.- Si, de apelido Salas y andaba con el Inspector Cedeño, los otros si no los conosco. Habìa otra persona ajna a esa señora que estaba en su casa y ese señor del taxi. No. El tribunal no hace preguntas.

Acto seguido el Juez le concede la palabra a la Defensa quien expone sus alegatos de defensa y manifiesta: “rara vez observo la declaracion de un imputado como lo hice hoy, en primer lugar voy a solicitar la nulidad del acta policial suscrita por el funcionario policial, agente J.M., Agente J.S. y el auxxiliar R.V., por cuanto evidenciammos de ella, donde dejan constancia al foilo 6 y folio 7, de que su actuacion la realizaron a la una y diez horas de la tarde del dia 11 del prsente mes y año que si la adminiculams con el acta de entrevista con elsupuesto testigo J.H. (folio 8 y su vuelto) donde al ser comparada existe una larga contradicciòn con la sustancia incautada, observa que cuando èl llegò ya se encontraban unos funcionarios en el interior de la vivinda y que lo rvisaron y le consguieron un envase d ecolor verde, pero el testigo no señaa en que parte su cuerp l fue incautada, lo que supone esta defnsa tecnica que el mismo fue pusto por el funcinario, asi mismo el acta de aseguarmiento (folio 9), manifiestas entre otras cosas señalan que lo incautado fue a la una de la tarde, lo que trae una incongruencia, con el acta policial, la entrevista de supuesto testigo y el acta de aseguramiento, cuando se le pretende imputar un delito de estupefcientes a mi defendido, cuando el funcionario Cedeño no aparece en ninguna parte suscribieno el procedimieto cuando mi defendido lo señala como uno de los funcionarios actuantes, razòn or la cual slicita la nulidad de dicha acta, con fundamento a los artìculo 190, 191 y 192 y el efecto del artìculo 195 ejusdem concatnado con el artìculo 169 del mismos codido referido a las actas, que si bien es cierto esta firmada por los funcioanrios existe icongruencia en cuanto a la redaciòn de la smismas, que adminiculada con la declaraciòn del imputado, pareciera que hubo compasiòn cuando el dijo que le iban a fergar su vida, por lo que solicita que se le vulnren los derechos a su defendido, los cuales le fueron violentados y que solicitarara diligwncias de investigaciòn para llegar a la verdad en cuanto a este Delito de Drogas, existiendo una ley de drogas y que se trata de un delito de lesa humanidad como lo señala el estatuto de Roma, ya que me preocupa que nosotros podamos vernos involucrados en una actuaciòn como esa, los familiares me hicieron llegar una copia del credencial como Policia y que le fue incautdo por la policia y sin embargo no estan dentro de las actuaciones, por lo que solicita la Libertad sin restricciones de mi defendido, por considerar que no stan llenos los extremso del artìculo 250 de la N.A. penal y en caso de negativa, hace saber que como su defendido es ex funcionario policial, tome en cuenta el sitio de reclusiòn del mismo”. Es todo”.

III

DECISION DEL TRIBUNAL

ESTE TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCON, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley previo a emitir los pronunciamientos a que haya lugar, realiza la siguiente consideración, consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 44, la inviolabilidad del derecho a la l.p., estableciendo que la aprehensión de cualquier persona sólo puede obrar en virtud de dos condiciones, a saber, orden judicial o flagrancia. En el presente caso, la detención del ciudadano: JOSE RAMÒN HIGUERA LEONES, fue efectuada por flagrancia, razón por la cual es lógico afirmar que la misma se realizo sin contravenir nuestro Texto Constitucional. En este sentido es necesario enfatizar que La flagrancia, es una de las excepciones establecidas a la regla general establecida en el Art. 44-1 CRBV, que consagra “La l.p. es inviolable; en consecuencia:

1. -Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti…”

   Sobre la aprehensión por flagrancia como excepción a la regla general que es la l.p., es necesario destacar el criterio jurisprudencial consagrado por la Sala Constitucional la cual ha expresado en decisión emitida en Fecha 11 de Diciembre del 2001, N.- 2580 que:

   “…La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 44, consagra la inviolabilidad del derecho a la l.p., estableciendo que la aprehensión de cualquier persona sólo puede obrar en virtud de dos condiciones, a saber, orden judicial o flagrancia…(Omissis)

   … “La reciente reforma del Código Procesal Penal,… (Omisis) define flagrancia en su artículo 248, en términos idénticos a la normativa transcrita.

   Observa la Sala que, según la norma anterior, la definición de flagrancia implica, en principio, cuatro (4) momentos o situaciones:

1. 1. Delito flagrante se considera aquel que se esté cometiendo en ese instante y alguien lo verificó en forma inmediata a través de sus sentidos.

   La perpetración del delito va acompañada de actitudes humanas que permiten reconocer la ocurrencia del mismo, y que crean en las personas la certeza, o la presunción vehemente que se está cometiendo un delito.

   Es esa situación objetiva, la que justifica que pueda ingresarse a una morada, establecimiento comercial en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado, sin orden judicial escrito de allanamiento, cuando se trata de impedir su perpetración (artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial Nº 3.558 Extraordinario del 14 de noviembre de 2001).

   Ahora bien, existen delitos cuya ejecución se caracterizan por la simulación de situaciones, por lo oculto de las intenciones, por lo subrepticio de la actividad, y en estos casos la situación de flagrancia sólo se conoce mediante indicios que despiertan sospechas en el aprehensor del supuesto delincuente.

   Si la sola sospecha permite aprehender al perseguido, como lo previene el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, y considerar la aprehensión de dicho sospechoso como legítima a pesar que no se le vio cometer el delito, con mayor razón la sola sospecha de que se está perpetrando un delito, califica de flagrante a la situación.

   No debe causar confusión el que tal detención resulte errada, ya que no se cometía delito alguno. Ello originará responsabilidades en el aprehensor si causare daños al aprehendido, como producto de una actividad injustificable por quien calificó la flagrancia.

   También es necesario que la Sala apunte, que a pesar que el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal no lo contemple, el aprehensor -como prueba de la flagrancia- podrá requisar las armas e instrumentos con los cuales aparezca que se ha cometido el delito o que fueren conducentes a su esclarecimiento, tal como lo contemplaba el artículo 185 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual era una sabia norma, ya que en muchos casos la sóla aprehensión de una persona no basta, si no puede vincularse a ésta con el delito que se dice se estaba cometiendo o acababa de cometerse; o si no puede justificarse la detención de quien se encontraba cerca del lugar de los hechos, si no se presentan las armas, instrumentos u objetos que de alguna manera hicieron presumir con fundamento al aprehensor, que el detenido es el delincuente.

2. Es también delito flagrante aquel que “acaba de cometerse”. En este caso, la ley no especifica qué significa que un delito “acabe de cometerse”. Es decir, no se determina si se refiere a un segundo, un minuto o más. En tal sentido, debe entenderse como un momento inmediatamente posterior a aquel en que se llevó a cabo el delito. Es decir, el delito se cometió, y de seguidas se percibió alguna situación que permitió hacer una relación inmediata entre el delito cometido y la persona que lo ejecutó. Sólo a manera de ejemplo, podría pensarse en un caso donde una persona oye un disparo, se asoma por la ventana, y observa a un individuo con el revólver en la mano al lado de un cadáver.

3. Una tercera situación o momento en que se considerará, según la ley, un delito como flagrante, es cuando el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público. En este sentido, lo que verifica la flagrancia es que acaecido el delito, el sospechoso huya, y tal huída da lugar a una persecución, objetivamente percibida, por parte de la autoridad policial, por la víctima o por el grupo de personas que se encontraban en el lugar de los hechos, o que se unieron a los perseguidores. Tal situación puede implicar una percepción indirecta de lo sucedido por parte de aquél que aprehende al sospechoso, o puede ser el resultado de la percepción directa de los hechos, lo que originó la persecución del sospechoso.

4. Una última situación o circunstancia para considerar que el delito es flagrante, se produce cuando se sorprenda a una persona a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde ocurrió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir, con fundamento, que él es el autor. En este caso, la determinación de la flagrancia no está relacionada con el momento inmediato posterior a la realización del delito, es decir, la flagrancia no se determina porque el delito “acabe de cometerse”, como sucede en la situación descrita en el punto 2. Esta situación no se refiere a una inmediatez en el tiempo entre el delito y la verificación del sospechoso, sino que puede que el delito no se haya acabado de cometer, en términos literales, pero que por las circunstancias que rodean al sospechoso, el cual se encuentra en el lugar o cerca del lugar donde se verificó el delito, y, esencialmente, por las armas, instrumentos u otros objetos materiales que visiblemente posee, es que el aprehensor puede establecer una relación perfecta entre el sospechoso y el delito cometido.”

   Del análisis realizado a la doctrina jurisprudencial antes citada, concatenándola con el caso in comento al establecer en el Acta policial que: ACTA POLICIAL, de fecha 11 de Enero del 2.011, suscrita por funcionarios adscritos a la Policía de Falcón, los cuales entre otras cosas exponen: “aproximadamente a las 1:10 horas de la tarde del día de hoy, me encontraba realizando labores de patrullaje por la jurisdicción del Municipio Colina en la unidad motorizada signada con las siglas M-299 en compañía del agente efectivo J.S. en la unidad patrullera signada con las siglas M-300 y como auxiliar Agente Efectivo R.V., al momento que nos desplazábamos por el sector León Colina específicamente en la calle Iturbe, logramos avistar a un sujeto de tez blanca, de contextura gruesa, de regular estatura, quien vestía para el momento un suéter de color rojo y pantalón de color negro con blanco quien se encontraba a bordo de una moto quien al ver la presencia policial aborda la moto y emprende veloz huida procediendo a darle la voz de alto de acuerdo a lo establecido en el articulo 117 del Código Orgánico Procesal Penal, haciendo caso omiso, procediendo a realizar una persecución donde este sujeto se introduce en un solar de una vivienda, por lo que procedemos a ingresar al mencionado solar donde lo neutralizamos y solicitamos a las unidades en el perímetro que nos prestaran su apoyo con la ubicación de una persona que fuera testigo en el procedimiento a realizar, llegando al lugar la unidad radio patrullera signada con la siglas P-277 conducida por el agente efectivo Yosman Quintero y como patrullero el agente M.M., con el ciudadano J.H., quien será testigo en el procedimiento, es cuando comisiono al Agente efectivo R.V. para que en presencia del testigo y amparado en el articulo 205 del Código Orgánico Procesal Penal le realizara un registro corporal localizándole en el bolsillo derecho una (01) envase cilíndrico de material sintético de color verde, con tapa, con una inscripción en letra de color rojo que se l.B., contentiva en su interior de dos (02) envoltorios de gran tamaño, de material sintético transparente tipo cebollita, anunado en su único extremo con hilo de color blanco, contentivo en su interior de una sustancia sólida y granulada que se siente al simple tacto, de color beige, con olor fuerte abundante, penetrante y peculiar a la de una sustancia ilícita,… se presume Crack…”, lo que se subsume sin lugar a dudas en el supuesto establecido en el numeral 1 de la citada jurisprudencia al establecer que: “….(Omissis)…Delito flagrante se considera aquel que se esté cometiendo en ese instante y alguien lo verificó en forma inmediata a través de sus sentidos.

   La perpetración del delito va acompañada de actitudes humanas que permiten reconocer la ocurrencia del mismo, y que crean en las personas la certeza, o la presunción vehemente que se está cometiendo un delito.

   Es esa situación objetiva, la que justifica que pueda ingresarse a una morada, establecimiento comercial en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado, sin orden judicial escrito de allanamiento, cuando se trata de impedir su perpetración (artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial Nº 3.558 Extraordinario del 14 de noviembre de 2001).

   Ahora bien, existen delitos cuya ejecución se caracterizan por la simulación de situaciones, por lo oculto de las intenciones, por lo subrepticio de la actividad, y en estos casos la situación de flagrancia sólo se conoce mediante indicios que despiertan sospechas en el aprehensor del supuesto delincuente.

   Si la sola sospecha permite aprehender al perseguido, como lo previene el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, y considerar la aprehensión de dicho sospechoso como legítima a pesar que no se le vio cometer el delito, con mayor razón la sola sospecha de que se está perpetrando un delito, califica de flagrante a la situación…(Omisis) por lo que se constata que la detención del referido ciudadano se realizo bajo la flagrancia, bajo la excepción a la regla general establecida en el Art. 44-1 CRBV

   Ahora bien, oídas y escuchadas las exposiciones y solicitudes de las partes, se observa que existe concurrencia de los requisitos requeridos por la norma procesal en el presente caso, al encontrarse acreditada la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, y que no se encuentra evidentemente prescrito, como lo es el delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, en la modalidad de DISTRIBUCIÒN, previsto y sancionado en el artículo 149, segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, cuya acción penal no está evidentemente prescrita. Asimismo, se evidencia fundados elementos de convicción para estimar que los imputados han sido autor o partícipe en la comisión del hecho punible atribuido por el representante del Ministerio Público; así mismo surgen suficientes elementos de convicción que hacen presumir que los imputados han sido autor o partícipe en la comisión del hecho punible que le imputa el Ministerio Público, todo lo cual se puede verificar en las actas que el Ministerio Público presenta ante este Juzgado de Control, tales como se desprende: 1.- Orden de Inicio de Investigación de fecha 12-01-2011 inserta al folio tres (03); 2.- ACTA POLICIAL, de fecha 11 de Enero del 2.011, suscrita por funcionarios adscritos a la Policía de Falcón inserta a los folios seis (06) y siete (07) y sus vuelto donde se describen las condiciones de modo lugar y tiempo de lo actuado; 3.-Acta de Entrevista realizada al ciudadano; J.H. por ante la sede de Policía de Falcón inserta al folio ocho (08) y su vuelto; 4.- Acta de Aseguramiento inserta al folio nueve (09) y su vuelto; 4.- Acta de Derechos al Imputado JOSE RAMÒN HIGUERA LEONES inserta al folio diez (10); 5.- Registro de Cadena de C.d.E.F. inserta a los folios diez (10), once (11) y doce (12) y sus vueltos; 6.- Experticia, de fecha 12 de Enero del 2.011, emanada del Departamento de Toxicología del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística la cual corre inserto al folio dieciséis (16).

   Ahora bien considera esta Juzgadora que de las actuaciones mencionadas, existen suficientes elementos de convicción que hacen presumir que el ciudadano:JOSE RAMÒN HIGUERA LEONES; es autor o partícipe del hecho punible que le fue imputado por el Ministerio Público, de lo que se acredita la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, en la modalidad de DISTRIBUCIÒN, previsto y sancionado en el artículo 149, segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO; existe la presunción que el referido imputado es autor o partícipe del hecho punible que le fue imputado por el Ministerio Público, ya que, según las actuaciones presentadas ante este Tribunal por parte del Ministerio Publico evidencian en su conjunto fundados elementos de convicción para estimar que el hoy imputado pudiera estar incurso en la comisión del delito ya citado; y con fundamento en los principios de Estado de Libertad y de Proporcionalidad establecidos en los artículos 243 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal; aunado al hecho de que nos encontramos ante la presunta comisión de un delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, en la modalidad de DISTRIBUCIÒN, previsto y sancionado en el artículo 149, segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, el cual ha sido catalogado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Vid. Sentencia No. 3167 de fecha 09/12/2002) como un delito de lesa humanidad, dado el grado de afectación que éste desmán causa al conglomerado social, a la salud pública en general y la propensión sistemática de otros hechos delictivos que se cometen con ocasión de la operación de la empresa del narcotráfico; indudablemente tienen excluido los beneficios que puedan conllevar a su impunidad. En tal sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en decisión de fecha 09 de noviembre de 2005, precisó“…De allí que las interrogantes planteadas por la hoy solicitante ya fueron resueltas por esta Sala Constitucional con anterioridad a la interpretación que hoy se pretende en las sentencias parcialmente transcritas, las cuales no dejan lugar a dudas en consideración de esta Sala, que los delitos contra los derechos humanos y de lesa humanidad, son susceptibles de ser cometidos no sólo por los funcionarios del Estado sino por cualquier ciudadano, así como, que el delito de tráfico de estupefacientes -caso en los cuales fundamentó el recurrente su solicitud- es un delito de lesa humanidad (a los efectos del derecho interno) y de la imposibilidad para quienes estén siendo enjuiciados por dicho delito a obtener medidas cautelares sustitutivas de la medida de privación de libertad cuando la misma haya sido decretada. Siendo ello así, no puede pensarse que la Constitución al establecer en su artículo 29, la prohibición de aplicar beneficios que puedan conllevar a la impunidad en la comisión de delitos contra los derechos humanos, lesa humanidad y crímenes de guerra, estaría derogando la presunción de inocencia, sino que al establecer la referida prohibición, se excepciona para esos casos, el principio de juzgamiento en libertad, dada la magnitud de dichos delitos y el bien jurídico tutelado en el tipo penal, como lo es el respeto a los derechos humanos, ello obedece a la necesidad procesal de impedir que se obstaculice la investigación y se establezcan las sanciones correspondientes a los responsables de hechos de esta naturaleza, siendo ello de interés general, a fin de prevenir la comisión de los mismos. Así pues, con base en la referida prohibición la Sala dejó sentado en la citada sentencia dictada el 12 de septiembre de 2001, para efectos de los delitos a los que hace referencia el artículo 29 Constitucional, que no es aplicable el artículo 253 hoy 244 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, ni las medidas cautelares sustitutivas a que hace referencia el Capítulo IV del Título VIII, del Libro Primero del referido Código. Asimismo, el artículo 29 prohíbe la aplicación de los beneficios como el indulto y la amnistía, como también se establece que dichos delitos son imprescriptibles de conformidad con lo establecido en el artículo 29, en concordancia con el artículo 271 de la Constitución, lo cual no quiere decir que se establezca a priori la culpabilidad de los imputados sino que obedece a razones de excepción contempladas en la Ley Fundamental…”. (Negritas de la Sala). En relación al hecho punible que le están siendo imputado, implicaría una pena privativa de libertad de mas de (10) diez años de prisión; circunstancias estas que hacen presumir muy razonablemente el peligro de fuga o obstaculización de la verdad respecto a la investigación en este proceso judicial, todo lo cual conforma los tres ordinales constitutivos del artículo 250, así como los artículos 251 y 252 ambos del Código Orgánico Procesal Penal venezolano vigente.

   Por lo antes expuesto lo procedente en derecho es declarar sin lugar la solicitud de Nulidad realizada por la defensa privada por cuanto esta juzgadora considera que no hubo violación del Articulo 44 de la Constitución Bolivariana de Venezuela ni de la norma contenida en el articulo 210 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto el procedimiento se realizo en virtud de la flagrancia decretada. Así mismo es preciso destacar la disposición contenida en el articulo 202 del Código Orgánico Procesal penal la cual expresa hace referencia a las practica de Inspecciones realizadas tanto por los funcionarios policiales como por el Ministerio Publico, con fundamento a lo anteriormente expuesto se constata que el procedimiento policial fue practicado en cumplimiento con los derechos y garantías consagrados en los artículos 26, 44 y 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela por lo que se declara sin lugar la solicitud de Nulidad invocada por la defensa de autos y por via de consecuencia la L.P..

   Es de hacer notar que si bien toda persona inculpada de la comisión de un delito tiene derecho a que se presuma legalmente su inocencia, y a que se le trate como inocente mientras no se establezca su culpabilidad, no es menos cierto que el ordenamiento procesal penal venezolano admite por estrictas razones de orden procesal la limitación de algunos derechos del imputado cuando ello resulte imprescindible para asegurar los fines de la ley penal y proceso penal como es el caso de autos, es así como nuestra ley fundamental en su artículo 44 que establece la Inviolabilidad de la L.P., dispone en consecuencia en su ordinal 1°; “…ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden de aprehensión, a menos que sea sorprendido in fraganti. En este caso será llevado ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…”, (subrayado y negritas nuestras), recalcando también, que la limitación a la libertad no constituye en todo caso una lesión a la presunción de inocencia; en tal virtud, por considerarse ajustado a Derecho y a Justicia, conforme los artículos 2, 26, 44 y 257 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tal solicitud, razón por la cual es procedente en derecho en el caso que nos ocupa, declarar con lugar la solicitud fiscal y en consecuencia imponer la medida cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con lo previsto en el artículo 250, en concordancia con el artículo 251, numerales 2 y 3, todos del texto adjetivo penal, tomando las circunstancias de este caso, tales como la exposición del ciudadano fiscal, de los imputados y de su defensor para ordenar la apertura de la investigación en contra del mismo, por lo que se declara sin lugar el requerimiento de la defensa de autos este Tribunal DECLARA CON LUGAR lo solicitado por el Ministerio Público con relación a la MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL DE LIBERTAD al imputado: JOSE RAMÒN HIGUERA LEONES; por la presunta comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, en la modalidad de DISTRIBUCIÒN, previsto y sancionado en el artículo 149, segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, por llenarse los extremos de los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal; así mismo se Declara Sin Lugar la Solicitud de L.P. invocada por la Defensa, en virtud de que la misma no satisface los supuestos de procedencia de la misma y mucho menos garantiza las posibles resultas del presente proceso penal. Por último se le recuerda a las partes que esta etapa de procedimiento penal es de la llamada fase de investigación, correspondiéndole, tanto al Ministerio Publico como a la Defensa velar por el cabal cumplimiento de la misma, en búsqueda de la verdad procesal. Se Decreta el seguimiento de la presente causa por el Procedimiento Ordinario, de conformidad a lo establecido en el articulo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia Se ordena la aplicación del Procedimiento Ordinario, al considerar este Tribunal que el Representante del Ministerio Público, tiene el deber ineludible de la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas, tal y como lo establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, y a esa finalidad debe atenerse en todas sus actuaciones, y constatando este Juzgado de Control que se requiere la práctica de diversas diligencias tendentes al total esclarecimiento de los hechos expuestos en esta audiencia por las partes, es de advertir a las partes, que nos encontramos en la fase de investigación y respetando la igualdad de las partes y el debido proceso, los actores del mismo deberán realizar la búsqueda de la verdad y colectar los elementos que culpen o exculpen según sea el caso, a los fines de asegurarle al hoy imputado de autos y que permitan fundar cualquiera de los actos conclusivos por parte del Ministerio Publico. A tales efectos nuestro sistema penal Acusatorio como tal, ha creados disposiciones generales para el cumplimiento y obligaciones tanto para el Ministerio Publico como para los jueces, quienes deben de velar porque se cumplan, tal como lo ha expresado en el articulo 280. Objeto (transcribir) 281. Alcance. (transcribir) y el Artículo 282. Control judicial. A los jueces de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en este Código, en la Constitución de la República, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República; y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones situación que constata que debido a que nos encontramos en una fase de investigación la cual a tenor de los artículo 280 y 281 del Código Orgánico Procesal Penal, tiene por objeto la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la de Fiscal y a defensa del Imputado, siendo su alcance igualmente que el Ministerio Público debe hacer constar no solo los hechos y circunstancias útiles, para fundar a inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparlo es por lo que tal diligencia de investigación puede practicarse perfectamente en el decurso de dicha fase de investigación, es por lo que quien aquí decide considera que lo procedente es que se continúe la investigación por la vía del Procedimiento Ordinario, de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 373 en relación con los artículos 280 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. En la presente causa de conformidad a lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ordena la incautación preventiva de bienes muebles, decomisado en el procedimiento los cuales fueron un teléfono celular y la cantidad de doscientos ochenta (280) bolívares fuertes en efectivo, todo conforme a lo previsto en el artículo 183 e la Ley de Drogas y sean puestos a la Orden de la ONA. Se ordena la reclusión del ciudadano; JOSE RAMÒN HIGUERA LEONES; en el Reten de la Policía de Falcón por ser ex funcionario policial en resguardo de su integridad física. Se Libraron la correspondiente Boleta de Encarcelación así como también Oficiar al Director del Reten Policial del Falcón.

   IV