Decisión nº PJ0762015000031 de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Ciudad Bolivar de Bolivar (Extensión Ciudad Bolivar), de 31 de Marzo de 2015
| Fecha de Resolución | 31 de Marzo de 2015 |
| Emisor | Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Ciudad Bolivar |
| Ponente | Olga Vede Ruiz |
| Procedimiento | Amparo Constitucional |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SEGUNDO (2º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO BOLIVAR
SEDE CIUDAD BOLIVAR
ASUNTO: FP02-O-2011-000072
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:
PARTE ACCIONANTE: J.R.R., J.C.S., L.C., G.R., A.N., J.B., D.M., C.P., GERARDO PEREIRA Y F.P., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nº: 12.628.197, 17.155.809, 8.948.306, 7.877.922, 16.500.772, 14.652.891, 19.167.396, 17.047.517, 16.222.230 y 17.749.956, respectivamente.
APODERADO DE LA PARTE ACCIONANTE: KISSBEL GARCIA y A.S., Abogadas en ejercicio, inscritas en el IPSA bajo los Nº: 166.078. y 171.076, respectivamente.
PARTE ACCIONADA: NAVIERA PORTELA, C.A. y ORINOKIA CONSULTING TRAINING AND MARINE SERVICE, C.A.
APODERADOS DE LA PARTE ACCIONADA: No constituido.
REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO: No Constituido.
MOTIVO: ACCION DE A.C..
Visto que en fecha Diecinueve (19) de Diciembre de 2011 fue consignada por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) del Circuito Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, sede Ciudad Bolívar, Acción de A.C. interpuesta por las ciudadanas KISSBEL GARCIA y A.S., Abogadas en ejercicio, inscritas en el IPSA bajo los Nº: 166.078. y 171.076, respectivamente, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos J.R.R., J.C.S., L.C., G.R., A.N., J.B., D.M., C.P., GERARDO PEREIRA Y F.P., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nº: 12.628.197, 17.155.809, 8.948.306, 7.877.922, 16.500.772, 14.652.891, 19.167.396, 17.047.517, 16.222.230 y 17.749.956, respectivamente, quienes solicitan por esta vía la restitución de la situación jurídica infringida, ya que les fue suspendido el pago de su remuneración por un trabajo seguro con el que contaban hasta el 13 de marzo de 2012, violentándose el derecho al trabajo de todos ellos, por parte de las empresas NAVIERA PORTELA, C.A. y ORINOKIA CONSULTING TRAINING AND MARINE SERVICE, C.A.
Por auto de fecha 20 de Diciembre de 2011, se admitió la referida acción y se ordenaron las notificaciones pertinentes a los efectos de la celebración de la audiencia constitucional, oral y pública. Riela al folio 21 diligencia de fecha Ocho (08) de Febrero de 2012, suscrita por la ciudadana KISSBEL GARCIA, en su condición de Apoderada Judicial de los Accionantes, en la que solicita la devolución previa certificación del Instrumento Poder original. Dicha solicitud fue acordada en fecha Nueve (09) de Febrero de 2012, tal como se evidencia en auto que riela a los folios 22 del expediente.
En virtud de la narrativa, se puede evidenciar que la última actuación procesal realizada en la presente acción fue en fecha 08 de Febrero de 2012, cuando la Apoderada Judicial de la parte Accionante, diligenció la devolución en original del Instrumento Poder que le fue conferido.
De lo anterior se desprende, que desde el 08 de Febrero de 2012 no se ha verificado acto alguno, que permita presumir la existencia de motivación en la parte accionante para continuar con la presente acción de amparo, hecho este que se tipifica en un inminente abandono del trámite de la causa, por lo que siendo que han transcurrido Tres (03) años desde la última actuación, es necesario realizar las siguientes consideraciones:
La inactividad procesal suscitada desde entonces, en el m.d.p. breve, sumario y eficaz del amparo, permite presumir que la parte accionante ha perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal en obtener la solución judicial acelerada y preferente que se dispensa por conducto del procedimiento de a.c.. En efecto, el interés procesal es la posición de los accionantes frente a la jurisdicción para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela.
Este interés subyace en la pretensión inicial de los accionantes y debe subsistir en el curso del proceso. La falta inicial de esta necesidad de tutela (interés procesal) impide el juicio sobre el mérito de la pretensión de los accionantes y por ello se sanciona con la declaratoria de inadmisibilidad de la pretensión, tal como lo reflejan las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, varias de las cuales recogen supuestos de falta de interés procesal (por irreparabilidad, cesación, consentimiento, elección de otra vía de protección judicial).
Ahora bien, otra situación puede ocurrir cuando en el curso del proceso puede sobrevenir la pérdida del interés. Es lo que sucede cuando el accionante desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del procedimiento. Pero también puede acontecer que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que esté en curso.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Bajo esta perspectiva, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha estimado, como principal efecto del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que puede asumirse el decaimiento de la acción de amparo una vez transcurrido un lapso de seis (06) meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte accionante.
Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos, de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esta causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución por medio de esta acción, toda vez que aún cuando tiene por norte el restablecimiento de la situación jurídica infringida mediante un procedimiento breve y sumario, el transcurrir del tiempo también tiene efectos importantes en lo que respecta a la necesidad de protección constitucional invocada.
Una muestra de ello ha sido recogida por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, según la cual la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales por más de seis (06) meses, entraña el consentimiento de la misma y por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía. En virtud de ello, resulta lógico deducir que soportar -una vez iniciado el proceso- una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquella situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto resultaría incongruente concluir que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses (6) para la interposición de la demanda y al propio tiempo, permitiese que se soportase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de la tutela jurídica solicitada, por un lapso mayor aquél. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 982 del 6 de junio de 2001 (caso: J.V.A.C.), se ha pronunciado en los siguientes términos: “…Si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél. ...”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte accionante en el p.d.a., en la etapa de admisión, o una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del presunto agraviado, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y con ello, la extinción de la instancia. Así se Establece.
En consecuencia, conforme al criterio jurisprudencial precedentemente expuesto y verificado que en la presente causa ha transcurrido un lapso superior a seis (6) meses, contado a partir del 08 de Febrero de 2012, sin que la parte accionante haya impulsado la continuación del proceso, resulta forzoso declarar el Abandono del Trámite y en consecuencia, terminado el procedimiento, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, así como del criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.
En virtud de las consideraciones anteriores, este JUZGADO SEGUNDO (2º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, CON SEDE EN CIUDAD BOLIVAR, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Terminado el Procedimiento, por Abandono del Trámite en la Acción de A.C. interpuesta por los ciudadanos J.R.R., J.C.S., L.C., G.R., A.N., J.B., D.M., C.P., GERARDO PEREIRA Y F.P., venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nº: 12.628.197, 17.155.809, 8.948.306, 7.877.922, 16.500.772, 14.652.891, 19.167.396, 17.047.517, 16.222.230 y 17.749.956, respectivamente, contra las empresas NAVIERA PORTELA, C.A. y ORINOKIA CONSULTING TRAINING AND MARINE SERVICE, C.A.
REGISTRESE Y PUBLIQUESE
Dado y sellado en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO (2º) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, SEDE CIUDAD BOLÍVAR, en Ciudad Bolívar a los Treinta y Un (31) días del mes de M.d.D.M.Q. (2015). Años 204° de la Independencia y 156° de la Federación de la República Bolivariana de Venezuela.
LA JUEZ,
ABG. O.V.R.
LA SECRETARIA,
ABG. K.M.P.
Nota: En esta misma fecha, siendo las 03:30 p.m., previo cumplimiento de las formalidades de la Ley, se dictó y publicó la anterior decisión. Déjese copia certificada en el compilador respectivo.-
LA SECRETARIA,
ABG. K.M.P.
OVR/kmares
