Decisión de Tribunal Décimo Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 10 de Julio de 2015

En fecha 10 de diciembre del año 2014, inicia el presente procedimiento de acción de nulidad, mediante la demanda presentada por ante la Unidad de Recepción y Distribución de este Circuito Judicial, por la ciudadana L.Y., abogada inscrita en el IPSA bajo el número N° 18.205, quien actúa como apoderado judicial del ciudadano J.C.H.M., parte recurrente en el presente juicio, contra la 00227-14, de fecha 18 de agosto del año 2014, dictada en el Expediente N° 023-12-01-01778, por la Inspectoría del Trabajo en el Norte del Municipio Libertador del Distrito Capital, que declaro CON LUGAR la solicitud de autorización de despido incoada por el COLEGIO UNIVERSITARIO F.D.M. contra el ciudadano J.C.H.M.. La presente demanda fue distribuida a este Tribunal Décimo Tercero (13°) de Primera Instancia de Juicio, quien recibe el expediente el 18 de diciembre del año 2014, luego el 08 de enero del año 2015, se admite la presente demanda y se ordena la notificación de las partes interesadas en el presente procedimiento. Realizado el proceso de notificación el 10 de marzo del año 2015, se fija la audiencia oral en el presente asunto, la cual quedo pautada para el día 06 de abril del año 2015. En esta oportunidad se lleva a cabo la misma, donde las partes expusieron sus alegatos y promovieron sus pruebas. Luego el 14 de abril del 2015, este Tribunal se pronuncia con respecto a las pruebas promovidas por las partes; el 17 de abril del 2015, se dicta auto mediante el cual se fija la oportunidad para la evacuación de las pruebas admitidas por este Tribunal, la cual quedo para el día 30 de abril del 2015. En esta oportunidad se realizo la evacuación de las testimoniales admitidas, luego el 04 de mayo del 2015, se dicta auto, donde se prorroga el lapso para evacuación de las pruebas de informes pendientes conforme al artículo 84 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Luego el 26 de mayo del 2015, se dicta auto mediante el cual indica el lapso que tiene el Tribunal para dictar sentencia en el presente procedimiento.

Ahora estando dentro de la oportunidad procesal para dictar el fallo in-extenso en el presente asunto este Juzgado pasa a realizarlo en los siguientes términos.

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FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE NULIDAD

Del escrito presentado por la representación judicial de la parte recurrente se desprende los siguientes argumentos:

En primer lugar señalan que mediante la p.a. N° 227-14, de fecha 18 de agosto del año 2014, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Norte del Municipio Libertador del Distrito Capital, se autorizo el despido del ciudadano J.C.H.M., quien se desempeñaba como obrero contratado, ayudante de servicios generales, mediante la calificación de despido interpuesta por el Colegio Universitario F.d.M., por cuanto según lo señalado por el colegió en al solicitud de autorización de despido, el trabajador se encontraba incurso en la causal de despido establecida en los literales “a” y “b” del artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras, ya que suscito una riña dentro de las instalaciones del Colegio Universitario F.d.M. con el ciudadano H.Q., quien laboraba también en el colegio, causándole a este ultimo, heridas en el área de los hombros y la espalda con un arma punzo penetrante (navaja), sin embargo, denuncia la parte recurrente que en la providencia no se resolvieron unas consideraciones preliminares que fueron alegadas en el acto de contestación y las cuales son las siguientes:

La inspectoría no se pronunció sobre la defensa opuesta en el acto de contestación, en el escrito de promoción de pruebas y de informes, donde se impugna la supuesta carta poder que acredita la representación de la ciudadana Kerlys Mejias Rodríguez, inscrita en el inpreabogado bajo el N° 136.798, anexo marcada “C”, por cuanto se considera que la carta poder no cumple con las formalidades legales para acreditar representación, debido a que se trata de una simple comunicación y no de una carta poder otorgada por el director general de recursos humanos del ministerio, conforme a las exigencia del artículo 26 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 25 de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, de igual forma señalan que de las facultades conferidas al director general de recursos humanos mediante la resolución N° 1108, de fecha 31-05-2011, publicada en Gaceta Oficial N° 39.685, del 31-05-2011, no se evidencia que este funcionario tenga facultad expresa para sustituir la representación que tiene conferida; por último, en este punto,, señalan que en el expediente no se acredito documento alguno que mencione los datos e identificación del director general de recursos humanos, ni tampoco documentación que demuestren el antedicho funcionario tiene facultades expresas para sustituir poder, por lo tanto denuncian, que el acto administrativo esta viciado de nulidad absoluta de conformidad con el numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y además violenta el principio de legalidad de los actos administrativos previstos en el artículo 26 de nuestra carta magna.

De igual forma denuncian que en vista de que la solicitud de calificación de despido fue presentada por un funcionario manifiestamente incompetente a la luz de las previsiones contenidas en las leyes, la Inspectoría del Trabajo debió declarar la solicitud de calificación de despido como no presentada, por lo tanto, se debe declarar la nulidad absoluta de las actuaciones realzadas por la ciudadana abogado Kerlys Mejias Rodríguez, sin embargo, la inspectoría omitió pronunciarse sobre este vicio, el cual era vital para la resolución del caso, por tales motivos, solicitan mediante este escrito en garantía del principio de legalidad previsto en el artículo 25 eiusdem y a los fines de mantener la estabilidad y equilibrio judicial, garantizar el debido, proceso, la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa, que el Tribunal declare, por cuanto dicho procedimiento fue tramitado por un funcionario manifiestamente incompetente, la nulidad absoluta de las actuaciones realizadas y por consiguiente de la p.a. dictada con fundamento en dichas actuaciones.

Adicional a lo anterior, denuncian que se alego como defensa previa en el procedimiento administrativo, que el escrito de calificación de falta presentado, no cumplió con todos los requisitos necesarios para su admisión, pues en el mismo no se indico el RIF del patrono, lo cual es uno de los requisitos que debe contener todo escrito, sin embargo, a pesar de lo señalado, la inspectoría omitió emitir pronunciamiento sobre la defensa formulada, por lo tanto, adminiculando esta denuncia con los vicios anteriormente señalados, implican que la providencia se encuentra vician de nulidad absoluta.

De igual forma denuncian que la p.a., incurre en el vicio de omisión de valoración de pruebas, por cuanto la inspectoría del trabajo no valoró ninguna de las pruebas documentales presentadas por el trabajador y tampoco indico las razones por las cuales no las valoraba, pero si valoro las pruebas promovidas por el Colegió Universitario F.d.M., por lo tanto se configura un evidente silencio de prueba.

También denuncian que la inspectoría no tomo en consideración la declaración rendida por la ciudadana A.F.R., quien si fue testigo presencial de los hechos ocurridos fuera de las instalaciones del Instituto Universitario F.d.M. y fuera de su horario de trabajo, cuando el ciudadano H.Q. agredió al trabajador J.H., pero no obstante, nada de estas declaraciones son valoradas por la Inspectoría del Trabajo, lo cual es una clara y desproporcionada ventaja a favor de la institución que solicita la calificación de despido y en detrimento del trabajador.

Señalan que de las pruebas promovidas por el colegio no se evidencia que el ciudadano J.H. haya incurrido en falta alguna que haga procedente una solicitud de calificación de falta que alega la representación patronal, pues el trabajador no incurrió ni en falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo, ni en vías de hecho; ya que el día en que ocurrió la riña, el trabajador no se encontraba en el desempeño de sus funciones, estaba fuera de las instalaciones de la entidad de trabajo y también fuera del horario de trabajo; además cuando el trabajador respondió a las agresiones, lo hizo en legitima defensa, tal como se demuestra en los autos, por tales motivos, no existe causal justificatoria alguna para haber solicitado la calificación de falta del ciudadano J.H..

DEL ESCRITO DE DEFENSAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Del escrito presentado por la representación judicial de la Procuraduría General de la República, se desprenden las siguientes defensas:

En primer lugar desestiman todos los alegatos formulados por el recurrente en su escrito libelar, por lo tanto, niega, rechaza y contradice en todas y cada una de sus partes, pues la p.a. N° 00227-2014, de fecha 18-08-2014, en ningún momento se omitió valoración de las pruebas, además se motivo adecuadamente las razones que condujeron al Inspector del Trabajo a dictar su decisión.

Luego pasan a negar, rechazar y contradecir, la denuncia de presunta omisión de valoración de las pruebas, toda vez que se evidencia del contenido del acto impugnado que efectivamente la administración analizo las pruebas aportadas y motivo su juicio de valor a cada una de ellas. De igual forma indican que es indudable que por el solo hecho de que la posición de la representación judicial de la recurrente no coincida con la valoración efectuada por el funcionario administrativo, no puede significar en forma alguna que se haya configurado el vicio de silencio de pruebas.

De igual forma expresan que las decisiones emanadas de las inspectorías son de carácter administrativo y aun así se encuentren estructuradas como un fallo, no reviste el carácter de sentencias, ya que debido a su propia naturaleza, el régimen que les aplica, es el contenido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y no la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por cuanto son un acto administrativo de efectos particulares; ahora bajo este contexto señalan que los órganos administrativos no están obligados a motivar su decisión, detallando todas y cada una de las pruebas presentadas en al tramitación del procedimiento por los particulares, pues su deber de motivación se circunscribe a realizar una expresión de los hechos que sirvan de base y así aplicar la normativa legal en la cual se sustenta, por lo tanto, resulta innecesario hacer una realización precisa y detallada de cada uno de los medios probatorios, por lo tanto, las misma se encuentra ajustada a la normativa legal y jurisprudencia aplicada.

Por último se observa que la representación de la Procuraduría General de la República, solicita que se desestimen todos y cada uno de los alegatos esgrimidos por la representación legal del ciudadano J.C.H.M. contra el acto administrativo N° 227-2014, del 18-08-2014, dictado por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Capital y en consecuencia, se declare sin lugar el presente recurso contencioso administrativo de nulidad

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LA RECURRENTE

DOCUMENTALES.

En las cursantes desde el folio 21 al folio 29 del expediente se encuentra en copia, p.a. N° 00227-14, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 18-08-2014, en el expediente N° 023-12-01-01778, de la cual se evidencia que el texto integral de la providencia mediante el cual inspector del trabajo declaro con lugar la solicitud de autorización de despido presentada por el Colegio Universitario F.d.M. contra el ciudadano J.C.H.M.. En virtud de que estas documentales resultan relevantes para la resolución del presente fallo, se les dan valor probatorio conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, aplicado según lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Así se establece.-

En la cursante en el folio 30 del expediente, se encuentra en copia, oficio identificado con el N° ORH-2011-004773, de fecha 13-06-2011, emitido por la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria dirigido a la abogada Kerlys Mejias Rodríguez, titular de la cedula de identidad N° 17.920.320, IPSA: 136.798. De esta comunicación se evidencia que el director general de recursos humanos, conforme al artículo 10 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, en concordancia con lo establecido en el numeral 7 del artículo 36 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Educación Superior (hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria), se sustituye en la ciudadana Kerlys Mejias Rodríguez para que represente, sostenga y defienda los derechos e intereses del Ministerio en todos los procedimientos que se intente, cursen o cursaren ante la Inspectoría del Trabajo de la Circunscripción judicial del Distrito Capital; de igual forma se evidencia que la abogada mediante la sustitución queda facultada para intervenir en dichos procesos, en todas sus instancias e incidencias, así como ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios y también para realizar todos aquellos actos que sea procedentes para la mejor defensa de los derechos e intereses del ministerio. En virtud de que esta documental resulta relevante para la resolución del presente fallo, se le da valor probatorio conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, aplicado según lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Así se establece.-

En las cursantes desde el folio 31 al folio 32 del expediente, se encuentra en copia, acta de fecha 22-11-2012, levantada por la Sala de inamovilidad laboral de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Capital, en el expediente 023-2012-01-01778, con motivo de la declaración de testigo de la ciudadana A.F.R. en el procedimiento de solicitud de autorización de despido incoado por el Colegio Universitario F.d.M. contra el ciudadano J.C.H.M.. De esta documental se evidencian las preguntas formuladas por las partes a la testigo y las respuestas expresadas por la testigo de manera textual. En virtud de que estas documentales resultan relevantes para la resolución del presente fallo, se les dan valor probatorio conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, aplicado según lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Así se establece.-

En las cursantes desde el folio 33 al folio 35 del expediente, se encuentra en copias, certificado emitido por la Comisión de Registro Civil Electoral del C.N.E., en fecha 04-06-2013, de la cual se evidencia que el ciudadano J.C.H.M., presento como padre a la infante C.V.H.G., quien nace el 16-02-2013 en la Clínica Maternidad S.A.. De igual forma se encuentra dentro de esta documentales, acta de nacimiento del ciudadano K.G.H.G., quien nació el 16-09-2001, emitida por la Jefatura Civil San Pedro, de esta se evidencia que el ciudadano identificado fue presentado como hijo del ciudadano J.C.H.M.. Por último, se encuentran dentro de estas documentales, carnet emitido por el C.N. para las Personas con Discapacidad al ciudadano K.G.H., titular de la cedula de identidad N° 28.337.927, del cual se evidencia la certificación que hace el organismo, que el ciudadano antes identificado padece de una discapacidad músculo esquelética, con grado moderado, la cual fue verificada mediante la historia N° 5905731, por el médico con número de registro 78791. En virtud de que estas documentales resultan relevantes para la resolución del presente fallo, se les dan valor probatorio conforme al artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, aplicado según lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa. Así se establece.-

PRUEBA DE INFORMES.

La parte recurrente promovió prueba de informes dirigida a la COORDINACIÓN NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DEL CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, PENALES Y CRIMINALISTICAS, sin embargo, las resultas de esta prueba aun no rielan en los autos del presente expediente, en consecuencia, este Tribunal no tiene materia que a.n.s.l.c. pronunciarse. Así se establece.-

TESTIMONIALES.

La parte recurrente promovió las testimoniales de los ciudadanos Y.F.M. y A.F.R., titulares de las cedulas de identidad números: 6.129.125 y 6.119.814, respectivamente, durante la audiencia se dejo constancia de la comparecencia de los ciudadanos antes identificados y de sus declaraciones se desprende lo siguiente:

En el caso de la ciudadana A.F.R., señalo que tiene conocimientos de que la riña ocurrida entre el ciudadano J.C.H. y el señor H.Q., por cuanto estaba presente al momento en que ocurrieron los hechos, expreso que esta pelea paso aproximadamente entre las 8:15pm a 8:20pm; indican que ese día salían de vacaciones y tenían una vinculación con él, porque tenia un plan vacacional, de igual forma señalan que ese día ella estaba parada en la esquina del colegio, fuera cerca de unos restaurantes y fue allí cuando vio que había una especie de manoteo entre los compañeros, en esa oportunidad se acerca al lugar y cuando se percato que los compañeros dejaron de decirse palabras y se fueron a los golpes, trato de separarlos, sin embargo, el señor Quintero la agarró y la tomo como una especie de escudo hasta que se cayó; luego cuando se pudo separar a los compañeros, ella se va para el colegió, en esa oportunidad se acerca p.C., pero los funcionarios no pudieron ingresar porque en el colegio no puede entrar personal con armas. Expresa que ese día no había personal en el colegio, por cuanto era el último día de clases, tampoco había alumnos ni profesores, solo estaban pocas personas en el colegio. De igual forma señala la testigo que ese día el señor Hidalgo no estaba en su horario de trabajo, también manifestó que la riña entre J.C.H. y H.Q., no ocurrió dentro de las instalaciones del colegio sino que fue cerca de unos restaurantes que quedan cerca del colegio. Expresa que luego de ocurrida la riña el señor Hidalgo entro al colegio por cuanto en el mismo hay un servicio de ambulancia que presta los primeros auxilios a los trabajadores y a la comunidad y por lo tanto el entro buscando los primeros auxilios, ya que el señor Quintero lo agredió con un radió en la cabeza, lo cual le ocasiono heridas que ameritaban sutura, de igual forma expresa que el señor Quintero se encontraba prestando sus servicios por cuanto estaba de guardia y el era personal de seguridad. Expresa que el señor Selaya en fecha 26-07-2013, no se encontraba en el colegio, porque el es personal administrativo de la oficina de seguridad y cuando ocurrieron los hechos, el ya no estaba en su horario de trabajo. De igual forma expresa que el señor Quintero fue atendido en la ambulancia por el señor Y.M., le presto los primeros auxilios. Por último ratifico la testigo que la pelea ocurrió fuera de las instalaciones del colegio. Es todo.-

En el caso del ciudadano Y.F.M., señalo que le consta que el ciudadano Hidalgo ingreso a las instalaciones del colegio, cuando el lo ve, se percata de que estaba herido en el cuerpo y en esa oportunidad, el como paramédico le presto los primeros auxilios hasta donde pudo e inmediatamente le reconcedo que fuera a un hospital por cuanto la herida que tenia era para ser atendida en un hospital. Indica que nunca tuvo conocimiento, ni le consta que la herida del señor Hidalgo fue producto de una riña, por cuanto el se encontraba dentro de las instalaciones del colegio universitario y cuando salio, fue que vio al señor Hidalgo herido, pero no le consta que las heridas fueron por una riña, y menos le consta que hubo una riña entre el ciudadano Hidalgo y el señor Quintero. Indica que cuando le presto los primero auxilios al señor Hidalgo, ya no había casi personal allí, porque era la hora de salida, es más ya iban a ser las 9:00pm y por lo tanto todo el personal se estaba retirando, expresa que el se fue luego de prestar los primeros auxilios y eso fue aproximadamente a las 10:00pm. Indica que para esa hora ya no había profesores en las instalaciones. De igual forma señala el testigo que para el momento que atendió al señor Hidalgo, no le consta que el señor Selaya se encontrase en las instalaciones del colegio. Es todo.-

En virtud de que los testimonios de los ciudadanos Y.F.M. y A.F.R., resultan relevantes para la resolución del fallo, quien aquí decide, les da pleno valor probatorio. Así se establece.-

DE LAS PRUEBAS DE LA RECURRIDA

En este particular se deja constancia de que la representación judicial de la parte recurrida en nulidad, no consigno ni escrito de promoción de pruebas, ni anexos, por tales motivos, se señala que este Tribunal no tiene materia que a.n.s.l.c. pronunciarse. Así se establece.-

PRUEBAS DEL TERCERO BENEFICIADO DE LA P.A.

En este particular se deja constancia de que la representación judicial de la parte recurrida en nulidad, no consigno ni escrito de promoción de pruebas, ni anexos, por tales motivos, se señala que este Tribunal no tiene materia que a.n.s.l.c. pronunciarse. Así se establece.-

DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Se deja constancia de que el expediente administrativo no fue remitido en su debida oportunidad por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Capital, por lo tanto este Tribunal no tiene materia que a.n.s.l.c. pronunciarse. Así se establece.-

INFORME DEL RECURRENTE

Se deja constancia de que la parte recurrente no consigno escrito de informes en la oportunidad señalan en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa, por lo tanto este Tribunal no tiene materia que a.A.s.e..-

INFORME DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Del escrito presentado por el representante de la Procuraduría General de la República se desprenden los siguientes argumentos:

En primer lugar, ratifican en todas y cada una de sus partes el contenido de la p.a. objeto de impugnación, por considerar que la misma no vulnera el derecho a las partes, siendo dictada en estricto cumplimiento de los preceptos consagrados en el texto constitucional y las normas legales laborales y administrativas regidoras de la materia. Luego señalan que luego de analizar el caso de autos se evidencia que permanecen incólumes las presunciones de legalidad y legitimidad del acto administrativo recurrido, lo que trae como consecuencia que la demandante al pretender desconocer los elementos del acto que lo invisten de legalidad, esta obligada procesalmente a probarlo.

Luego niegan, rechazan y contradicen que en la p.a. se hayan omitido la valoración de las pruebas y además que no se hayan motivado adecuadamente las razones que condujeron al inspector del trabajo a dictar su decisión, ya que lo que se evidencia de autos y del texto de la providencia, es que en la misma se analizo las pruebas aportadas y motivo a su juicio el valor de cada una de ellas, por lo tanto, no puede pretender el trabajador que como el acervo probatorio fue valorado de una manera distinta a su apreciación, se incurre en el vicio de silencio de prueba.

De igual forma resaltan que las decisiones emanadas de las inspectorías son de carácter administrativo y aun y cuando se encuentren estructurada como un fallo, no revisten el carácter de sentencias y que debido a su propia naturaleza, el régimen que reaplica es el contenido en al Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y no la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por ello su naturaleza de acto administrativo de efectos particulares y se le debe otorgar dicho tratamiento jurídico.

Por último, solicitan que se desestimen todos y cada uno de los alegatos esgrimidos por la representación legal del ciudadano J.C.H.M. contra el acto administrativo N° 00227-2014, del 18-08-2014, dictado por la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Capital y en consecuencia se declare sin lugar el presente recurso contencioso administrativo de nulidad.

INFORME DEL TERCERO BENEFICIADO DE LA P.A.

Se deja constancia que la representación judicial de la beneficiaria de la p.a. no consigno ningún escrito de opinión conforme al artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa. Así se establece.-

DEL INFORME DEL MINISTERIO PÚBLICO

Del informe presentado por la representación del Ministerio Público, el cual cursa desde el folio 107 al folio 113 del expediente, se desprenden los siguientes argumentos:

Señala la representación fiscal que los alegatos fundamentales de la parte recurrente en la presente causa consisten en la determinación de la legalidad de la actuación de la administración en relación con la indebida valoración probatoria realizada en la presente causa, ello a fin de desvirtuar los fundamentos de la p.a. signada con el N° 00227-14, de fecha 14-08-2014, emanada de la Inspectoría del Trabajo del Municipio Libertador del Distrito Capital, la cual declaro con lugar la solicitud de autorización de despido contra el ciudadano J.C.H.M..

Expresan que la parte recurrente indico en su escrito que la valoración realizada fue indebida y carece por silencio de prueba, por cuanto a su decir las pruebas presentadas pretendían probar que al recurrente le fue ordenado un reconocimiento médico físico a fin de evaluar las lesiones presentadas, que al recurrente le fueron practicados pruebas y exámenes médicos, producto de las lesiones que le propiciara el ciudadano H.Q., vigilante de seguridad en el Colegio Universitario F.d.M., que el recurrente fue atendido médicamente ante las lesiones que le fueron propinadas y que al recurrente le tomaron puntos en la herida propiciada en la cabeza, pero estas pruebas no fueron valoradas, al contrario de las pruebas presentadas por el colegio universitario.

No obstante lo anterior, señala la representación fiscal que no puede dejar de advertirse que frente a las afirmaciones presentadas por el apoderado judicial de la parte recurrente se encuentran igualmente las afirmaciones de la administración por medio del análisis realizado en relación al material probatorio cursante en autos, por tales motivos, es que se paso a realizar un análisis de la situación jurídica controvertida, así como del material probatorio cursantes a los autos y una vez realizado el mismo, se diluye que la responsabilidad del ciudadano J.C.H.M., no consiste en la determinación médica de las heridas que este tenga producto de la riña, sino en el hecho de haber tenido un altercado con el ciudadano H.Q. dentro de las instalaciones del Colegio Universitario F.d.M., en el cual se le abalanzo sobre el ciudadano H.Q. con una navaja, habiendo en el lugar estudiante y personal de la institución, no pudiendo dicha situación ser susceptibles de considerarse indebidamente valoradas en base a únicamente a las afirmaciones del recurrente, ya que existen documentales que deberían al menos acompañar a la pretensión ejercida, a fin de comprobar si ciertamente no son ciertas las afirmaciones realizadas por la administración, en relación al hecho acaecido, como seria que el trabajador no se encontraba allí para el momento en que se sucedieron los hechos que se le imputan o testigos que presenciaron el hecho que alegaran que el mismo no ocurrió de esa manera, lo cual si seria el fundamento principal de las afirmaciones emanadas del apoderado judicial de la parte recurrente y que efectivamente crearía en la mente del juez una convicción razonable de las violaciones legales denunciadas. Por tales motivos, solicitan que el presente recurso de nulidad sea declarado sin lugar.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

En principio, pasa este Tribunal a determinar su competencia para conocer del presente asunto en virtud al criterio jurisprudencial vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según el cual fue otorgada la competencia a los Tribunales del Trabajo para conocer de las distintas pretensiones que se planteen en relación a los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (Sent. 23/09/2010 caso: B.J.S.T., J.L.M. y otros contra la sociedad mercantil Central La Pastora C.A.), por lo que de acuerdo a lo previsto en el Artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se establece que todas las actuaciones de la Administración que estén viciadas de inconstitucionalidad o ilegalidad así como de cualquier otra situación contraria a derecho aún en aquellos casos en que la Administración incurre en inactividad u omisión, tales conductas se controlan a través de los órganos jurisdiccionales en materia contencioso administrativa quienes son los que ostentan la potestad constitucional para ello, potestad que también ostentan los Tribunales del Trabajo mediante la competencia que le fue conferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como máximo interprete de la Constitución en los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo. Así se establece.-

Determinada la competencia, este Tribunal de Primera Instancia de Juicio pasara a analizar tanto las denuncias planteadas por la parte recurrente en su escrito de nulidad como la providencia administrativo objeto de impugnación en el presente procedimiento y lo hace en los siguientes términos:

En primer lugar, se observa que la parte recurrente denuncia que el acto administrativo es objeto de nulidad por cuanto la inspectoría no se pronunció sobre la defensa opuesta en el acto de contestación, en el escrito de promoción de pruebas y de informes, mediante la cual se impugno la supuesta carta poder que acredita la representación de la ciudadana Kerlys Mejias Rodríguez, inscrita en el inpreabogado bajo el N° 136.798, por cuanto la misma no cumple con las formalidades legales para acreditar representación, por cuanto tampoco se evidencia que el funcionario que firma la carta poder tenga facultad expresa para sustituir la representación que tiene conferida y porque en el expediente no se acredito documento alguno que mencione los datos e identificación del director general de recursos humanos, ni tampoco documentación que demuestren funcionario otorgante de la carta poder tiene facultades expresas para sustituir su representación, por lo tanto denuncian, que el acto administrativo esta viciado de nulidad absoluta de conformidad con el numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. De igual forma se observa que la parte recurrente denuncia que al ser presentada la solicitud de calificación de despido fue presentada por un funcionario del ministerio que no tenia representación y por lo tanto el mismo era manifiestamente incompetente a la luz de las previsiones contenidas en las leyes y por lo tanto la Inspectoría del Trabajo debió declarar la solicitud de calificación de despido como no presentada, lo cual acarrea que estén viciada de nulidad absoluta todas las actuaciones realzadas por la ciudadana abogado Kerlys Mejias Rodríguez, sin embargo, la inspectoría omitió pronunciarse sobre este vicio denunciado en el procedimiento administrativo. Adicional a lo anterior, también denuncian que se alego como defensa previa en el procedimiento administrativo, que el escrito de calificación de falta presentado, no cumplió con todos los requisitos necesarios para su admisión, pues en el mismo no se indico el RIF del patrono y la inspectoría omitió emitir pronunciamiento sobre la defensa formula. Por último denuncian que la p.a., incurre en el vicio de omisión de valoración de pruebas, por cuanto la inspectoría del trabajo no valoró ninguna de las pruebas presentadas por el trabajador (documentales y testimoniales) y tampoco indico las razones por las cuales no las valoraba, lo cual demuestra una clara y desproporcionada ventaja a favor de la institución que solicita la calificación de despido en detrimento del trabajador.

De igual forma se observa que la parte recurrente denuncia que de las pruebas promovidas por el colegio no se evidencia que el ciudadano J.H. haya incurrido en falta alguna que haga procedente una solicitud de calificación de falta que alega la representación patronal, pues el trabajador no incurrió ni en falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo, ni en vías de hecho; ya que el día en que ocurrió la riña, el trabajador no se encontraba en el desempeño de sus funciones, ni cumpliendo su horario de trabajo, de igual forma destacan que los hechos ocurrieron fuera de las instalaciones de la entidad de trabajo y además cuando el trabajador respondió las agresiones que le fueron impartida por el ciudadano H.Q., pero en legitima defensa, por lo tanto, no existe causal justificatoria alguna para haber solicitado la calificación de falta del ciudadano J.H..

Ahora en virtud de lo anteriormente planteado este Juzgador pasó a realizar un análisis de la p.a. objeto de impugnación y observa que el Inspector del Trabajo al momento de realizar la valoración de las pruebas promovidas por las partes en el procedimiento de autorización de despido llevado en el expediente N° 023-2012-01-01778, lo hizo en los siguientes términos:

“…CUARTO: Que la accionada identificada en autos como J.C.H.M., aportó a los autos en el lapso probatorio los elementos probatorios que ha continuación se mencionan:

DOCUMENTALES:

 Promovió marcada “1”m cursante al folio treinta y tres (33) de autos, oficio de fecha 28 de julio de 2012, emanado por la Fiscal Auxiliar Cuadragésimos Quinto del Ministerio Público al Jefe del CICPC (Folio 33). Quien aquí decide no le da valor probatorio por cuanto no consta en autos, que el mismo se halla realizado. Así se establece.

 Promovió marcada “2”, cursante al folio treinta y cuatro (34), informe médico emitido por el Hospital General Dr J.Y.. Al respecto se aprecia que la presente no permite dirimir el hecho controvertido en esta causa, en razón de ello quien aquí decide acuerda no otorgarle valor probatorio a esta. Así se establece.

 Promovió marcada “3”, cursante al folio treinta y cinco (35), informe médico emitido por el Centro Materno del Este. Al respecto se aprecia que la presente no permite dirimir el hecho controvertido en esta causa, en razón de ello quien aquí decide acuerda no otorgarle valor probatorio a esta. Así se establece.

 Promovió marcadas “4” y “5” cursante al folio treinta y seis (36) de autos, certificado y constancia emitido por el Hospital General de Lidice “Dr. Jesús Terena”. Al respecto se aprecia que la presente no permite dirimir el hecho controvertido en esta causa, en razón de ello quien aquí decide acuerda no otorgarle valor probatorio a esta. Así se establece.

 Promovió marcada “6”, cursante al folio treinta y siete (37) de autos, c.d.C. del ciudadano J.H.. Al respecto se aprecia que la presente no permite dirimir el hecho controvertido en esta causa, en razón de ello quien aquí decide acuerda no otorgarle valor probatorio a esta. Así se establece.

PRUEBA DE INFORMES:

Solicito la prueba de informes a la Coordinación Nacional de Ciencias Forenses del CICPC, la cual fue admitida según auto de fecha 15 de noviembre de 2012, pero la misma no consta que halla sido evacuada, por lo que no hay materia sobre la cual pronunciarse.

TESTIMONIALES:

 Promovió la testimonial de la ciudadana A.F.R., mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° 6.119.814. Al respecto se aprecia que la mencionada ciudadana tiene conocimiento de los hechos ocurridos ese día y que si bien es cierto la misma presenció los hechos fuera del colegio en su primera pregunta menciono que el mismo salio corriendo para el colegio, es por lo que quien aquí decide le da valor probatorio de los hechos ocurridos eses día. (Folios 43-44).

 Promovió la testimonial del ciudadano J.E.N., mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad N° 8.510.075. Al respecto se aprecia que el referido ciudadano no compareció al acto fijado por esta Instancia Administrativa por ende fue declarado DESIERTO, es por lo que no puede ser objeto de valoración por parte de quien aquí decide. (Folio 45).