Decisión nº 27 de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 22 de Noviembre de 2004

Copia fotostática certificada del expediente No 27.665 llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, el cual se encuentra agregado a las actas del proceso marcado “L”, en el cual actuó como endosatario en procuración del ciudadano G.N.S.G., venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad No V-3.199.468, de este domicilio, comerciante y hábil, para demandar mediante el procedimiento de intimación a su deudor ciudadano M.L., venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad No. V-10.541.877 y hábil.

Se valora esta copia certificada de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil.

Copia certificada de las actuaciones que corren al expediente No. 11.704, entre las cuales se encuentra el Acta de las Posiciones Juradas absueltas por el ciudadano G.A.R.N., la cual agregó conjuntamente con el escrito de promoción, en la cual lo tilda de INCOMPETENTE. Se valoran de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1384 del Código Civil.

De la confesión. De conformidad con el artículo 1401 del Código Civil, promovió a su favor la confesión realizada por la parte demandada al momento de contestar la demanda, por cuanto confiesa la parte que: Que las actuaciones que realizó conjuntamente con la Doctora A.M.d.V., fueron realizadas a favor del demandado G.R., cuando el demandado confiesa que: “...actuaciones que llevó a cabo conjuntamente con la Doctora M.d.V. a favor de su poderdante G.R.N....”.

Dice que la parte demandada admite que el daño se ocasionó por su culpa cuando confiesa en las Posiciones Juradas que el demandante es incompetente, lo cual hace por ante el Juzgado y nuevamente dándole crédito a su afirmación que de él hace el demandado de incompetente que le da el abogado que le asiste en el acto, todo lo cual confiesa nuevamente el demandado en este expediente en la contestación de la demanda cuando textualmente dice que: “...exactamente de la respuesta decimoquinta (15º) que textualmente reza: “DECIMA QUINTA: ¿Diga el absolvente como es cierto y tal como consta al folio ciento veintiuno (121) de la diligencia de fecha 16 de septiembre de 1997, su apoderado J.C.G.V. renuncia al poder señalado expresamente lo siguiente “el motivo de esta renuncia es por desconfiar el ciudadano G.R.d. mi probidad absoluta como abogado y al suministrar informaciones falsas para su defensa en esta demanda?. Seguidamente el Dr. D.M., solicitó el derecho de palabra y concedido como le fue expuso: Solicito respetuosamente a este Tribunal declare la impertinencia de la posición formulada pues la misma no guarda relación con los hechos señalados, recuerde nuevamente que las posiciones SOLO podrá efectuarse sobre los hechos pertinentes al mérito de la causa. CONTESTO: No es cierto yo no desconfié de la probidad del Dr. J.C.G., él se retiró por incompetencia...”, que admite con esto el demandado que efectivamente él (demandado) llamó al aquí demandante Incompetente.

Son confesiones espontáneas de la parte demandada, las señaladas por la parte actora, y aún cuando la oportunidad de promoción y evacuación de tales confesiones no está consagrada en el Código de Procedimiento Civil, son un medio incorporado a los autos, y deben ser analizadas y apreciadas conforme al artículo 509 de la Ley Adjetiva. En consecuencia, se les confiere valor probatorio como medio de prueba a las confesiones espontáneas invocadas por la parte actora.

De la exhibición de documentos privados: De conformidad con el artículo 436 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, solicitó ordenara al demandado: G.A.R.N., a exhibir el documento privado de fecha 17 de julio de 1996, el cual contiene: El contrato de Honorarios celebrado entre el aquí demandado: G.A.R.N., (El Cliente) y los abogados: A.M.H.d.v. y J.C.G.V., sobre la causa contenida en el expediente número 11.704. No procede la valoración de esta prueba, por no haber sido evacuada.

De la prueba testimonial. Testigos con citación: A.M.H.D.V., R.S.H., P.C.R., N.S.N., N.S., J.A.L.P.. Testigos sin citación. A.R.Y.C.. Nelson de las M.S.. C.V.V.C.. J.d.J.C.D.. C.U.L.. B.d.C.M.M.. C.A.J.H.. O.R.M.. P.J.C.O.. I.A.R.T.. H.A.N.B.. J.J.V.P.. O.R.D.G.. Domicciano Zambrano. J.A.C.B.. N.E.G.R.. R.A.P.P., Yria B.S.d.P.. J.A.M.. J.S., y R.Z.C..

De los cuales comparecieron a rendir declaración los siguientes:

P.C.R., (fl. 498 al 500) quien manifestó que conoce al abogado J.C.G.V., porque en una oportunidad en que tuvo que demandar a un comerciante domiciliado en Táriba, por haber vendido un vehículo robado y en ese momento, sus actuaciones las ejercía como abogado demandante, en el expediente No. 11704 del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil. Que la actuación del abogado J.C.G.V., en el expediente 11.704, fue eficiente en beneficio de la causa de su cliente. Que en la oportunidad de la evacuación de pruebas en el juicio contenido en el expediente No. 11704, de la nomenclatura de este mismo Tribunal, específicamente en la absolución de posiciones juradas, le formuló al señor G.R., quien en ese expediente era la parte demandada, una posición jurada referida al abogado J.C.G.V., obteniendo como repuesta del demandado G.R., que el abogado J.C.G.V., se había retirado “Por Incompetente”. Que en el mes de diciembre de 1997, él junto con la abogado N.S., le suministraron al abogado J.C.G.V., copia fotostática simple del Acta de posiciones juradas absueltas por el ciudadano G.R., en donde le dice incompetente.

N.M.S.N. (fl. 502 al 504) quien manifestó que conoce al abogado J.C.G.V., a raíz de que este ciudadano trabajó como apoderado del ciudadano G.R., en un caso en el cual actuó como apoderado del demandante J.F.V.C. en el expediente 11704 el cual cursó en este mismo Juzgado. Que considera que este abogado es un excelente profesional del derecho, que sus actuaciones en dicho expediente fueron muy fructíferas para el allí demandado, en virtud de haber ganado varias incidencias. Que es cierto que en un acto de posiciones juradas en el expediente 11704, el demandado G.R.N., se había referido al abogado J.C.G.V., como “incompetente”. Que en el mes de diciembre de 1997, la testigo y el doctor P.C., le suministraron al doctor J.C.G.V., copia fotostática simple del acta de posiciones juradas absueltas por el ciudadano G.R.N., en donde le dice incompetente a su representado J.C.G.V.. Dice que los abogados se asombraron de encontrar al doctor J.C. junto con ellos es decir, junto con la testigo y el Dr. P.C.R., porque durante el tiempo que este profesional estuvo como apoderado de G.R., éste señor no sabe de que manera impedía, en otras palabras, que se hablaran.

Dichos testimonios se desechan, de conformidad con lo establecido en el artículo 478 del Código de Procedimiento Civil, ya que de las actas procesales se evidencia que los testigos, fueron apoderados del ciudadano J.F.V.C., en el expediente No. 11704, en el que el demandado, era igualmente el demandado en esta causa G.R.N., y cuya causa, fue declarada en la definitiva sin lugar, por lo que a juicio de quien decide existen entre los testigos y el demandante abogado J.C.G.V., vinculaciones que indican el interés aunque indirecto, de los testigos en las resultas del juicio; aunado a que de las mismas se evidencia hechos que no guardan una estrecha relación con la situación debatida, -como son los daños y perjuicios materiales y morales sufridos por el demandante, como consecuencia, de haber sido tildado de “incompetente”, por el demandado G.R..

N.A.S.d.Z. (fl. 511) quien manifestó que conoce al abogado J.C.G.V., desde aproximadamente cinco (05) años, como abogado litigante en diferentes medidas de embargo y en los pasillos de los Tribunales. Que conoce al ciudadano G.A.R.N., como comerciante vendedor de vehículos. Que tuvo conocimiento por los pasillos de los Tribunales que algunos abogados comentaron que en las posiciones juradas del juicio en el cual el Dr. J.C. era su abogado, pues éste lo trató de incompetente, además el día que retiró el vehículo de su depósito, tuvo una actitud grosera ofensiva, tanto como a la depositaria como hacia el Dr. J.C., le dijo que el Dr. J.C. y su otra abogada no lo habían defendido adecuadamente en el juicio por incompetente. Que ha observado que en los juicios en que ella ha participado como depositaria judicial y que el Dr. J.C. ha sido parte en los mismos, ha observado de parte de éste, diligencia y aptitud para el ejercicio de su profesión.

El anterior testimonio se desecha porque se refiere a hechos, por demás indiscutidos, que no forman parte de la controversia judicial, como son los daños y perjuicios materiales y morales sufridos por el demandante, como consecuencia, de haber sido tildado de “incompetente”, por el demandado G.R..

De la exhibición de documentos. Artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, solicitó se oficiara al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, requiriéndole copia certificada de las Posiciones Juradas rendidas por el ciudadano G.A.R.N.. No procede la valoración de esta prueba, por no haber sido evacuada.

Inspección Judicial. De conformidad con lo establecido en los artículos 472, 473, 474, 475 y 476 del Código de Procedimiento Civil, y de los artículos 1.428, 1429, y 1430 del Código Civil, en el expediente No. 11.704 de la nomenclatura llevada por este mismo Tribunal a los fines de practicar Inspección Judicial de las Posiciones Juradas rendidas por el tantas veces nombrado G.A.R.N.. Solicitó que de conformidad con el artículo 502 del Código de Procedimiento Civil, se reprodujeran las mencionadas Posiciones Juradas por cualquier medio fotomecánico y fueran agregadas a la Inspección.

En fecha 2 de octubre del 2000 (fl.402) fue evacuada la anterior Inspección, en la sede de este mismo Tribunal, en la que se dejó constancia de lo siguiente: 1º) Que en los archivos del Tribunal se encuentra el expediente No. 11704. 2º) Que en el expediente aparece absolviendo posiciones juradas, una persona de nombre G.A.R.N., venezolano, titular de la cédula de identidad No. V-5.657.306. 3º) Que la pregunta número quince del acto de posiciones juradas es tenor siguiente: “Diga el absolvente como es cierto y tal como consta al folio ciento veintiuno (121) de la diligencia de fecha 16 de septiembre de 1997, su apoderado J.C.G.V. renuncia al poder señalado expresamente lo siguiente: El motivo de esta renuncia es por desconfiar del ciudadano G.R.d. mi probidad absoluta como abogado y al suministrar informaciones falsas para su defensa en esta demanda”...CONTESTO: no es cierto yo no desconfié de la probidad del Dr. J.C.G., el se retiró por incompetencia”. 4º) Que las posiciones juradas fueron absueltas, el día 21 de octubre de 1997. 5º) Que el acto de posiciones juradas aparece en el expediente a los folios vuelto del 134 al 137. 6º) Que los apoderados de G.A.R.N., en dicho juicio, fueron: Abogado A.M.H.d.V. y J.C.G.V.. Abog. R.S.H.. Abogados J.M.M.M. y D.M.M.L.. 7º) Que al folio 24 de dicho expediente la abogado A.M.H.d.V., efectuó una sustitución de poder al abogado R.S.H.. 8º) Que la sentencia proferida en dicha causa, fue favorable al ciudadano G.A.R.N..

Se valora esta Inspección Judicial, de conformidad con los artículos 1428 y 1430 del Código Civil.

Invocó a su favor el principio de la comunidad de la prueba.

Invocó los elementos de hecho ilícito y de materialización en la presente causa, para demostrar distintos hechos contenidos dentro del libelo de la demanda.

Pruebas de la parte demandada

El valor y mérito favorable de los autos.

De los instrumentos. A) Expediente No. 11.704 de la nomenclatura llevada por este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial. a) Diligencia de fecha 16 de septiembre de 1997, suscrita por el abogado J.C.G. que corre al folio 121 en la cual renuncia al poder que le fuera conferido por G.A.R.N.. B) Acto de Posiciones juradas, absueltas por G.A.R.N., que corre a los folios 132 al 134; c) Evolución de la causa contenida en el expediente desde su nacimiento hasta la sentencia definitiva, tal como fuera señalado al numeral séptimo de la contestación de la demanda, y d) Cualquier otra actuación contenida en el citado expediente que beneficie a su representado. B) De conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, solicitó, se requiriera del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, original o en su defecto copia del expediente No. 27.665 de la nomenclatura llevada por ese Juzgado.

Tales copias certificadas reciben plena valoración probatoria toda vez que las mismas revisten la categorización de documentos públicos o auténticos que conforme al artículo 1359 del Código Civil, hacen plena prueba Erga Omnes con pleno valor y eficacia jurídica, de lo contenido en las mismas, no así de la veracidad de los hechos. Así se declara.

TESTIMONIALES: De los ciudadanos A.M.H.d.V.. J.N.C., G.N.S.G., M.L., y J.R.D.V..

Inspección Judicial, en: 1) En la sede de la Alcaldía del Municipio Ayacucho de esta Circunscripción Judicial, Dirección de Catastro Municipal para que verifique y deje constancia de la inexistencia de la siguiente dirección. Urbanización Los Ceibos, Calle 2, Quinta Nefertiti, San J.d.C., Municipio Ayacucho del Estado Táchira y otros particulares que oportunamente serán señalados. 2) En la Urbanización de Edificios Los Ceibos, a fin de que verifique y deje constancia de la inexistencia de Quintas u otras viviendas de tipo unifamiliar y otros particulares que serían señalados en su oportunidad.

Al folio 455 riela acta levantada en fecha 10 de octubre del 2000, por el Juzgado del Municipio Ayacucho de esta Circunscripción Judicial, de la Inspección Judicial solicitada, y constituido el Tribunal en el lugar indicado, el Tribunal dejó constancia: Que en la Urbanización Los Ceibos, no existe ninguna calle 2 sino el Conjunto Residencial de Edificios denominado Los Ceibos, según manifestación que hiciera el Director de la Oficina de Catastro Municipal en este Municipio y con respecto al particular signado con el No. 2, el Tribunal dejó expresa constancia que en la Urbanización de Edificios Los Ceibos, no existen quintas, ni viviendas de tipo unifamiliares. Se valoran estas Inspecciones de conformidad con el artículo 1428 y 1430 del Código Civil.

Exhibición de documentos: De conformidad con los artículos 436 y 437 del Código de Procedimiento Civil, pidió se intimara a la Dra. A.M.H.d.V., domiciliada en la esquina de la calle 6, con carrera 6 de Táriba, Municipio Cárdenas del Estado Táchira, con el objeto de que EXHIBA a este Juzgado el Pasaporte que comprueba que el 16 de septiembre de 1997, fecha en que su co-apoderado J.C.G.V., renunció al poder en el expediente 11.704, la primera se encontraba ausente del país, específicamente en Alemania. No procede su valoración, por no haber sido evacuada.

Posiciones Juradas. Solicitó se citara al ciudadano J.C.G.V., en su domicilio procesal ubicado en la Carrera 2 entre calles 5 y 6, frente a la plaza Urdaneta, Centro Profesional Doña Letty, Oficina No. 11, San Cristóbal, Estado Táchira, a fin de que absuelva posiciones juradas, para lo cual su representado G.A.R.N. absolvería recíprocamente.

A los folios 435 al 438 corre inserta acta levantada en el acto de absolución de posiciones juradas por el ciudadano G.A.R.N., en la cual expresó: Que es cierto que el abogado J.C.G.V., defendió sus derechos e intereses en el juicio signado bajo el No. 11704 el cual cursó por ante este mismo Tribunal. Que es cierto que en fecha 27-10-1997, en un acto público en el expediente No. 11704, se refirió al abogado J.C.G.V., como “incompetente” que lo dijo porque él se retiró y le revocó el poder que le había dado, retirándose por cuenta propia. Que es cierto que en ese juicio, también tenía como abogados a los abogados A.M.H.d.V. y R.S.H.. Que es cierto que en esa causa, suscribió contrato de honorarios profesionales con los Dres. A.M.H.d.V. y J.C.G.V., en lo relativo a la causa que cursó por ante este mismo Juzgado, signado con el No. 11704, que es el mismo cuya copia fotostática se le puso de manifiesto en el acto. Que es cierto que el abogado J.C.G.V., fue quien llevó el expediente 11704, pero que después llegó y abandonó el caso. Que no es cierto que haya divulgado, que sea un abogado incompetente, sino que lo dijo en un acto público, porque él le abandonó su caso. Que él no se refirió a la palabra incompetente como lo dice el diccionario, que sin ofenderlo él le abandonó el juicio. Que desconoce las pérdidas que dice que le causó, a causa de haberlo dicho incompetente. Que no desconfió del abogado J.C.G., que él abandonó el juicio, lo abandonó con un poder renunciando. Que él no lo ha expuesto ante sus amistades, ni ante sus amigos profesionales, que no lo ha expuesto mal a él. De hecho sabe que tiene mucho trabajo. Que desconoce que a causa de haberlo dicho Incompetente, le hubiesen revocado dos endosos en procuración, imposibilitándole de cobrar por concepto de honorarios la cantidad de VEINTISÉIS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 26.000.000,oo). Que no ha oído comentar en los pasillos de los Tribunales, ni con empleados, ni con profesionales, porque él se lo vive muy ocupado en su trabajo.

A dichas posiciones juradas se les otorga valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 403 del Código de Procedimiento Civil y 1401 del Código Civil.

De las mismas, quedan probados los siguientes hechos: Que el abogado J.C.G.V., fue co-apoderado del ciudadano G.A.R.N., en el expediente signado en este mismo Tribunal con el No. 11704. Que un acto público de posiciones juradas celebrado el 27-10-1997, el ciudadano G.A.R.N., se refirió al abogado J.C.G.V., como una persona incompetente, pero no en el sentido definido en el diccionario de la real lengua española, sino por el hecho de haber renunciado al poder que le había conferido en el expediente No. 11704. Que en ningún otro momento lo ha expuesto ante sus amistades, ni ante sus amigos profesionales, y que de hecho le consta que el abogado J.C.G.V., tiene mucho trabajo.

De la confesión. Promovió la confesión contenida al vuelto del folio cuatro, renglones 55 al 64 y folio cinco, renglones 1 al 11 del expediente de la causa, que contiene los motivos por los que J.C.G.V., abandonara el proceso contenido en el expediente No. 11.704 y el momento procesal en que renuncia al poder.

Oficios: a) Solicitó se oficiara lo conducente a las principales Instituciones Bancarias de San Cristóbal, a fin de que informaran la existencia de cuentas de cualquier índole a favor de los ciudadanos G.N.S.G., titular de la cédula de identidad No. V-3.199.468; M.L., titular de la cédula de identidad No. V-10.541.877 y J.R.D.V., titular de la cédula de identidad No. V-9.212.346 y los movimientos de dinero que efectuaron durante el año 1999.

Las siguientes entidades bancarias dieron repuesta a la información requerida por este Tribunal:

InterBank, Unión, Banco Caracas, Banco de Venezuela, Banco Sofitasa, Banfoandes, Banco del Caribe, Banco Lara, Banco Mercantil, Banco Hipotecario de Occidente C. A., y Banco Provincial, los cuales con excepción del Banco de Venezuela, informan que los ciudadanos G.N.S.G., titular de la cédula de identidad No. V-3.199.468; M.L., titular de la cédula de identidad No. V-10.541.877 y J.R.D.V., titular de la cédula de identidad No. V-9.212.346, no figuran como clientes de esas Instituciones. Y el Banco de Venezuela informa que el señor G.S. no tiene relación bancaria con ellos, que M.L., mantiene cuenta corriente signada con el No. 219-793310-9 con saldo de Bs. 0, y J.V., mantiene tarjeta de crédito Visa No. 455612151109010 y Masterd Card No. 5420371924963016 con esa Institución.

Por haber sido evacuados estos informes de conformidad con el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, se valoran como plena prueba y sirven para demostrar que no existe prueba en autos de la erogación realizada por quien supuestamente fue el demandado ciudadano M.L., y tampoco del ingreso al patrimonio del ciudadano G.N.S.G., de la cantidad de Bs. 101.041.666,65, al igual que del abogado J.R.D.V., cantidades que por el común de las experiencias debieron manejarse a través de transferencias bancarias.

2. Oficiar lo conducente a la ONIDEX (Oficina Nacional de Identificación y Extranjería) a fin de que informara sobre el movimiento migratorio de la Dra. A.M.H.d.V., titular de la cédula de identidad No. V-3.078.581. Esta prueba no fue evacuada, por lo tanto no procede su valoración.

Ahora bien, realizado el estudio del expediente, se observa que no es un hecho controvertido en el presente caso, el hecho de que el demandado G.R., haya catalogado al abogado J.C.G.V., de “incompetente” pues este hecho fue aceptado por el demandado en el acto en el que absolvió posiciones juradas; en consecuencia, la controversia queda reducida a verificar si efectivamente quedaron demostrados en las actas del proceso, los daños y perjuicios materiales y morales demandados por el actor, lo cual de la manera como fue contestada la demanda, correspondía la carga probatoria al demandado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 506 del Código de Procedimiento Civil y 1354 del Código Civil.

Partiendo del análisis del material probatorio consignado en el expediente, específicamente del análisis de los expedientes Nos. 11704 instruído por ante este mismo Tribunal y el No. 27665 llevado por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, los cuales dieron origen a los daños y perjuicios materiales y morales que dice haber sufrido el demandante, se observan los siguientes hechos:

En primer lugar, el acto de posiciones juradas celebrado en el expediente No. 11704 de este mismo Tribunal, en el que el ciudadano G.A.R.N., catalogó al abogado J.C.G.V., como “incompetente” fue celebrado el 21 de octubre de 1997.

En segundo lugar, dos meses después del acto referido anteriormente, es decir, en diciembre de 1997, el actor J.C.G.V., habla en los pasillos del Edificio Nacional de esta ciudad de San Cristóbal, con los abogados P.C. y N.S., quienes habían sido los apoderados del ciudadano J.F.V.C. en el expediente 11704, para demandar al ciudadano G.A.R.N., y éstos le refieren el hecho de que el ciudadano G.A.R.N., lo había tildado de “incompetente” en el acto de posiciones juradas celebrado en dicho juicio, específicamente en la respuesta dada a la posición decimoquinta, de lo cual le dieron copia fotostática simple al abogado aquí demandante.

En tercer lugar, un año y medio después del acto de posiciones juradas, específicamente el 30 de abril de 1999, el abogado J.C.G.V., es contactado por el ciudadano G.N.S.G., quien le endosa dos (02) letras de cambio, por la cantidad de CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 50.000.000,oo) cada una, para ser cobradas al ciudadano M.L..

En cuarto lugar, admitida la demanda bajo el No. 27665 del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, en contra del ciudadano M.L., una vez decretada la medida solicitada, en fecha 20 de mayo de 1999, el ciudadano G.N.S.G., compareció al Tribunal y expuso lo siguiente:

“...REVOCO en todas y cada una de sus partes, el Endoso en Procuración que en fecha 30 de abril del año en curso le otorgué al ciudadano abogado J.C.G.V., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-11.937.380, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 63.361 y hábil, el cual consta en el reverso de los referidos instrumentos caratulares. El motivo de esta revocación es que he tenido conocimiento de que el referido abogado J.C.G.V., ha sido catalogado de “incompetente” por un antiguo cliente o representado suyo en un expediente del cual él fue su apoderado, el cual está signado con el No. 11.704, de la nomenclatura propia del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial; por tanto, debido a que en este expediente se está ventilando una acreencia a mi favor por un monto de más de CIEN MILLONES DE BOLIVARES, suma esta que representa el esfuerzo y trabajo de parte de mi vida, no puedo debido a tal calificativo de “incompetente” puesto por un mismo excliente de él, confiar en el referido abogado G.V., colocando en sus manos mi representación en este juicio. Así mismo confiero PODER APUD ACTA al abogado en ejercicio J.R.D.V....”.

En quinto lugar, cinco (5) días después, M.L., sin haber sido practicada la medida, y sin haber sido citado, comparece al Tribunal voluntariamente se da por intimado, conviene en toda y cada una de sus partes en la demanda y en el mismo acto ofrece cancelar la cantidad de CIENTO VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES BOLIVARES CON TREINTA Y UN CENTIMOS (Bs.127.589.583,31), suma que comprendía el pago del capital, más los honorarios del abogado J.R.D.V., por haber celebrado el convenimiento, estimados en VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS BOLIVARES CON SESENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 26.547.916,66).

De la prueba de Informes promovida por la parte demandada, a las principales entidades Bancarias del Estado Táchira, quedó demostrado que ninguna de las personas participantes en el convenimiento celebrado en el expediente 27665, a saber G.N.S.G., M.L. y el abogado J.R.D.V., realizaron en esa oportunidad, operaciones financieras que contemplaran el manejo de tales sumas de dinero; en consecuencia, era deber del actor probar la erogación realizada por quien supuestamente fuera el demandado, así como probar el ingreso al patrimonio de su ex patrocinado G.N.S.G.d. la cantidad de Bs. 101.041.666,65; al igual que al patrimonio del abogado J.R.D.V., la cantidad de Bs. 26.547.916,66. Cantidades éstas que por el común de las experiencias debieron manejarse a través de transferencias Bancarias.

Consta así mismo, que las testimoniales de los ciudadanos G.N.S.G., como de M.L., no pudieron ser evacuadas, pues tal como se evidencia de la Inspección Judicial, practicada en la sede de la Alcaldía del Municipio Ayacucho, del Estado Táchira, así como en la Urbanización Los Ceibos de la ciudad de Colón, la dirección que aparece en el expediente 27665 de los ciudadanos M.L. y G.N.S.G., es inexistente.

En lo referente a la condecoración que le fuera impuesta al abogado actor J.C.G.V., se observa que la misma fue conferida por el Dr. J.N.C., a quien también el actor le confirió poder en el presente caso.

Como es fácil colegir de todo cuanto antecede, éstos hechos resultan extremadamente ilógicos por la manera como sucedieron, aunado a que tanto el papel sellado utilizado al redactar el libelo de la demanda, es de la misma nomenclatura del utilizado por el abogado Duque Valderrama, en el acto de convenimiento, todo lo cual hacen pensar en que se trató de un fraude procesal.

Respecto al Fraude Procesal, el Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 04 de agosto el año 2000, Sala Constitucional, con ponencia del Dr. J.E.C.R., Ramírez & Garay, Tomo 168, Págs. De la 239 a la 250, expresó lo siguiente:

... El Fraude procesal puede ser definido como las maquinaciones y artificios realizados en el curso del Proceso, o por medio de este destinados mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de uno de los sujetos procesales a impedir la eficaz administración de justicia, en beneficio propio o de un tercero y en perjuicio de parte o de tercero. Estas maquinaciones y artificios pueden ser realizados unilateralmente por un litigante lo que constituye el dolo procesal estricto sensu, o por el concierto de dos (2) o más sujetos procesales, caso en que surge LA COLUSION; y pueden perseguir la utilización del proceso como instrumento ajeno a sus fines de dirimir controversias o de crear determinadas situaciones jurídicas y mediante la apariencia procedimental lograr un efecto determinado o perjudicar concretamente a una de las partes dentro del proceso, impidiendo se administre justicia correctamente.

...El fraude puede consistir en el forjamiento de una inexistente litis entre partes, con el fin de crear un proceso dirigido a obtener fallos o medidas cautelares en detrimento de una de las partes o de terceros ajenos al mismo, los que constituye la simulación procesal: o puede nacer de la colusión de una persona que actuando como demandante se combine con otra u otras a quienes demanda como litisconsortes de la víctima del fraude, también demandada y que procurarán al concurrir con ella en la causa, crear al verdadero codemandado situaciones de incertidumbre con relación....Se está ante una actividad procesal al, que se patentiza, pero cuyos fines no son la resolución leal de una litis, sino perjudicar a uno de los litigantes....

...cuando el fraude ocurra dentro de un solo proceso, puede detectarse y hasta probarse en él ya que allí pueden estar todos los elementos que lo demuestre....

...la utilización del proceso para fines contrarios a los que le son propios, es de la naturaleza del hecho ilícito, del Fraude a la Ley y de la simulación y cuando se acude a la demanda para su constatación, ella no persigue indemnizaciones, sino nulidades....aunque nada obsta para que la declaratoria de nulidad conduzca a una indemnización posterior.

....Los actos pueden ser formalmente válidos, ajustados a las exigencias formales legales, pero lo que se persigue es la falsedad intrínseca que con ellos se oculta, producto del dolo, del fraude, que es realmente lo que de demanda...

...La apariencia que crea la colusión no pone de manifiesto la violación inmediata de la Constitución, por lo que será necesario, la mayoría de las veces, demostrar la armazón para que emerja la infracción constitucional...

....A Juicio de ésta Sala, es mucho más grave cuando el estado, por medio del Poder Judicial, está involucrado en el fraude, o ha violado la obligación de proveer al Juez natural, o ha producido fallos inexistentes (aunque con apariencia de reales),. En esto casi como una garantía constitucional para las víctimas del estado, no puede existir un lapso de caducidad que permita entronizar la injusta notoria...

(Subrayado del Tribunal).

Con fundamento en el criterio jurisprudencial antes trascrito, este Juzgador concluye en que no hay certeza de que el juicio intentado por el abogado J.C.G.V., como endosatario en procuración del ciudadano G.N.S.G., en contra del ciudadano M.L., haya sido real, por el contrario, existen en las actas que conforman el expediente No. 27665, indicios graves, precisos y concordantes de la falsedad de los supuestos utilizados en el mismo; que hacen pensar en que se trató de un Fraude Procesal; y teniendo en cuenta que arrancando de hechos conocidos la ley permite al Juez deducir hechos desconocidos, (presunciones hominis), sin que tal permisividad autorice a sacar conclusiones al margen de lo estrictamente alegado y probado; quien aquí juzga, llega a la conclusión, de que en el presente caso, no quedaron demostrados los daños y perjuicios materiales y morales demandados por el actor, abogado J.C.G.V., ya que no quedó demostrado que hubiese sufrido alteración o menoscabo consecuencial de su patrimonio, como resultado de haber sido catalogado en un acto público, en el expediente No. 11704, como “incompetente”, lo que fatalmente conduce a la desestimación de la demanda y así se dispondrá en la parte dispositiva de esta decisión. Así se decide.

III

En orden a las anteriores consideraciones, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: DECIDE: