Decisión nº 229 de Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Irribarren. de Lara, de 3 de Marzo de 2016

Ratificó el valor probatorio de los documentos fundamentales consignados conjuntamente con el libelo de demandada, en especial los marcados “G” y “H”. Los cuales ya fueron valorados previamente por quien juzga.

inspección judicial en las bienhechurías objeto de la presente demanda, ubicadas en el Sector La R.S.G., Parcela 3, Parroquia El Cují Municipio Iribarren del Estado Lara. Esta prueba no fue evacuada por lo que no se le confiere valor probatorio.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:

En el escrito de promoción de pruebas, presentado por el abogado J.I.G.S., en su carácter de apoderado judicial de la parte demanda en el presente juicio, cursante en los folios 62 al 73 y anexos del folio 74 al 92, promovió como pruebas documentales:

1. Marcado “A”, copia simple del documento protocolizado ante el Registro público del Municipio Palavecino del Estado Lara, en fecha 31 de octubre de 2012, inscrito bajo el N° 2012.1559, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el N° 359.11.5.1.2563, y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2012, por medio del cual la ciudadana E.B.R.R., da en venta pura, simple, perfecta e irrevocable al ciudadano C.E.L.Q., un inmueble constituido por un apartamento distinguido con el N° 1-4, ubicado en la Planta Primera del Edificio “M”, que forma parte de la Segunda Etapa del Conjunto residencial “Urbanización El Palmar”, de Cabudare, situado en la avenida La Montañita, del Municipio Palavecino del Estado Lara, de número catastral 13-06-01-09-36-05 (fs. 75 al 81), el cual se le otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y con lo dispuesto en el artículo 1.357, al no haber sido impugnado por la parte a quien le fue opuesto. Y así se establece.

2. Marcado “B”, original del contrato privado de opción de compra-venta, suscrito por el ciudadano C.E.L.Q. y los ciudadanos J.C.C.R. y E.B.R.R., el 11 de enero de 2011 (fs. 82 al 85), el cual reconocen los demandados en todo su contenido y firmas, y tiene como objeto demostrar el hecho cierto de que las partes efectivamente celebraron el contrato cuyo cumplimiento exige la actora. El anterior documento se valora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil.

3. Marcado “C”, original de documento privado de entrega por compra de bienhechurías ubicadas en el sector El Cují, suscrito por el ciudadano C.E.L.Q. y los ciudadanos J.C.C.R. y E.B.R.R., el 27 de octubre de 2012 (f. 86), el cual tiene como objeto demostrar el hecho cierto de que habiendo cancelado los demandados el 30% del precio acordado en el contratolas partes efectivamente celebraron el contrato cuyo cumplimiento exige la actora. El anterior documento se valora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil.

4. Marcado “D”, original de convenio por extensión de contrato de compra-venta casa en el Sector El Cují, suscrito por el ciudadano C.E.L.Q. y los ciudadanos J.C.C.R. y E.B.R.R., el 28 de julio de 2012 (f. 87). El anterior documento se valora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.363 del Código Civil.

5. Marcado “E”, original de RECIBO, suscrito por el ciudadano C.E.L.Q., en fecha 27 de octubre de 2011 (f. 88), mediante el cual dejó constancia de haber recibido de parte de los ciudadanos J.C.C.R. y E.B.R.R., la cantidad de bolívares quince mil (Bs. 15.000,00) en dos partes, la primera diez mil bolívares (Bs. 10.000,00), en efectivo cancelado en fecha 24 de octubre de 2012 y la segunda al momento de la firma del referido recibo en un Cheque del Banco Venezolano de Credito signado con el N° 95092006, por un monto de bolívares cinco mil (Bs. 5.000,00), como parte de pago por la compra de las bienhechurías identificadas y descritas en el contrato de opción de compra-venta. El anterior documento el cual se le otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y con lo dispuesto en el artículo 1.363, al no haber sido impugnado por la parte a quien le fue opuesto, y del cual se aprecia que el ciudadano C.E.L.Q., recibió de parte de los demandados, la cantidad de Quince Mil Bolívares (Bs. 15.000,00) en dos partes la partes. Y así se establece.

6. Marcado “F”, constancia en original emitida en fecha 25 de marzo de 2015, por la Defensoría Pública Primera en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda; para los Estados Lara y Yaracuy, mediante la cual hace constar que la ciudadana E.B.R.R., acudió ante dicho Despacho, a fin de tratar asunto legal respecto a la ocupación pacífica sobre un inmueble ubicado en Sabana Grande, Sector La Rosa, entre calles 3 y El Trapiche, Parroquia El Cují, del Municipio Iribarren del Estado Lara (f. 89). El anterior documento se valora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1357 del Código Civil, al no haber sido impugnado por la parte a quien le fue opuesto. Y así se establece.

   MOTIVACIONES PARA DECIDIR

   Establecido lo anterior, este Tribunal observa que la demanda se admitió por el procedimiento breve, que la parte demandada quedó citada el 7 de agosto de 2015, conforme a la consignación efectuada por el alguacil del tribunal; que en fecha 11 de agosto de 2015, la parte demandada consignó escrito donde en vez de contestar la demanda promovió la cuestión previas prevista en el numeral sexto del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; que en fecha 12 de agosto de 2015, el Tribunal dictó sentencia interlocutoria mediante la cual declaró sin lugar la referida cuestión previa, en la cual se le indicó a la parte demandada que la contestación de la demanda se efectuaría el día de despacho siguiente, tal y como el artículo 885 del Código de Procedimiento Civil, se evidencia que la parte demandada no ejerció su derecho a la defensa, es decir, no dio contestación a la demanda en la oportunidad correspondiente.

   Como consecuencia de la falta de contestación a la demanda, surge la presunción de confesión ficta, por lo que se hace necesario a.l.r.d. procedencia de la confesión ficta, previstos en el artículo 362 de Código de Procedimiento Civil.

   En efecto el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil establece que:

   Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento

   .

   De acuerdo al artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en ese Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, y nada probare que le favorezca. En consecuencia, son tres los requisitos de procedencia, 1) que el demandado no diere contestación a la demanda, 2) que en el lapso probatorio nada probare que le favorezca; y 3) que la pretensión del demandante no sea contraria a derecho. En tal sentido analizaremos si en el presente caso se encuentran presentes los supuestos de la confesión ficta antes señalados.

1. - QUE EL DEMANDADO NO DIERE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

   La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 4 de junio de 2000, expediente Nº 99-458, estableció respecto a la confesión ficta lo siguiente:

   ...La inasistencia del demandado a la contestación de la demanda o su comparecencia tardía al mismo, vale decir extemporánea, trae como consecuencia que se declare la confesión ficta, que por su naturaleza es una presunción juris tantum, lo cual comporta una aceptación de los hechos expuestos en el escrito de la demanda; siempre y cuando, la pretensión intentada no sea contraria a derecho, por una parte y, por la otra, que nada probare el demandado que le favorezca, ni aparecieren desvirtuados las pretensiones del accionante por ninguno de los elementos del proceso, ya que puede en el lapso probatorio el accionado lograr, con los medios de pruebas admisibles en la Ley, enervar la acción del demandante. Es oportuno puntualizar que el contumaz tiene una gran limitación en la instancia probatoria. No podrá defenderse con alegaciones, hacer contra prueba a los dichos del accionante, que han debido ser esgrimidos en la contestación de la demanda por lo que sólo podrá realizar la contraprueba de las pretensiones del demandante; puesto que – tal como lo pena el mentado artículo 362 -, se le tendrá por confeso si nada probare que le favorezca; por tanto, las pruebas aceptadas para ser invocadas por el demandado, son limitadas

   . (Subrayado de este tribunal).

   La presunción iuris tantum debe ser desvirtuada por el demandado, a quien le corresponde la carga de demostrar la falsedad de los hechos afirmados en el libelo. En este sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 2 de noviembre de 2001, expediente Nº 00-083, estableció que:

   ...La inasistencia del demandado a la contestación de la demanda o su comparecencia tardía al mismo, vale decir extemporánea, trae como consecuencia que se declare la confesión ficta, que por su naturaleza es una presunción iuris tantum, lo cual comporta una aceptación de los hechos expuestos en el escrito de la demanda; siempre y cuando, la pretensión intentada no sea contraria a derecho, por una parte y, por la otra, que nada probare el demandado que le favorezca, ni aparecieren desvirtuados las pretensiones del accionante por ninguno de los elementos del proceso, ya que puede en el lapso probatorio el accionado lograr, con los medios de pruebas admisibles en la Ley, enervar la acción del demandante...

   . (Resaltado de la Sala).

   Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 29 de agosto de 2003, expediente Nº 3-0209, estableció que:

   ...en una demanda donde se afirman unos hechos y simplemente se niega su existencia, la carga de la prueba la tiene el accionante, sin embargo, si el demandado no contesta la demanda, el legislador por disposición establecida en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, puso en su cabeza la carga de la prueba, siendo a él, a quien le corresponde probar algo que le favorezca...

   .

   ...Omissis...

   ...Para la declaratoria de procedencia de la confesión ficta, se requiere la verificación de los otros dos elementos como son, que la petición no sea contraria a derecho y que el demandado en el término probatorio no probara nada que le favorezca...

   .

   En consecuencia, para poder establecer si se dio el primer supuesto para que opere la confesión en la presente causa, cabe destacar que así como la demanda es el acto procesal de la parte actora, introductorio de la causa, la contestación de la demanda es el acto procesal del demandado, mediante el cual éste ejercita el derecho de defensa y da su respuesta a la pretensión contenida en la demanda. (Rengel-Romberg, Arístides. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo III, pág. 96). Por lo que se hace necesario para este Tribunal determinar fehacientemente la oportunidad en que la parte demandada debió comparecer por ante este Juzgado a dar contestación a la pretensión incoada en su contra.

   Ahora bien se desprende de las actas procesales que conforman el expediente que en fecha 11 de agosto de 2015 (fs. 45 y 46), los ciudadanos J.C.C.R. y E.B.R.R., parte demandada, asistidos por el abogado J.I.G.S., en vez de contestar la demanda opusieron la cuestión previa prevista en el ordinal 6° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil; en fecha 12 de agosto de 2015 (fs. 47 al 54), el Tribunal dictó sentencia interlocutoria mediante la cual declaró sin lugar la cuestión previa opuesta, y se le indicó a la parte demandada que la contestación de la demanda debía efectuarse el día de despacho siguiente de conformidad con lo establecido en el artículo 885 del Código de Procedimiento Civil, y siendo que la parte demanda no compareció en el día de despacho siguiente a dar contestación de la demanda, ya que la misma se debió verificarse el 13 de agosto de 2015, y al no comparecer oportunamente en la fecha anteriormente señalada, opera en su contra una presunción iuris tantum de aceptación de los hechos alegados por el actor en el libelo de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 362 del Código de Procedimiento, que sólo puede ser desvirtuada por el demandado en el lapso probatorio. Y así se declara.

2. - QUE EL DEMANDADO NO PROBARE NADA QUE LE FAVOREZCA.

   El lapso probatorio constituye para el accionado, al igual que el acto de contestación, el ejercicio pleno de las garantías constitucionales establecidas en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de manera que, podrá rebatir en dicha fase las pretensiones que le han sido opuestas, al ofrecer medios de pruebas de convicción permitidos por el Legislador en el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de la carga que tienen cada una de las partes de probar todo cuanto afirman, conforme a lo pautado en el artículo 506 ejúsdem, dentro de los lapsos de carácter preclusivos establecidos por el Legislador.

   Ahora bien en el presente caso, se aprecia que la demostración del incumplimiento de la obligación constituye la prueba de un hecho negativo, que nuestro legislador le impone demandado la demostración de haberla cumplido o la de haber realizado algún acto liberatoria que contradijera lo alegado por la parte actora, entonces le corresponde a la parte demandada probar el cumplimiento de su obligación, de los autos se aprecia que el abogado J.I.G., en su condición de apoderado judicial de los ciudadanos J.C.C.R. y E.B.R.R., parte demandada, consignó escrito de promoción de pruebas mediante el cual señaló que los hechos expuestos por la actora en su libelo de demanda, son ciertos en su mayoría, y que a pesar de no convenir en la demanda, en razón de lo inviable de la aspiración planteada en el “Petitum”; aceptó expresamente como cierta la existencia del Contrato cuyo cumplimiento se exige, y contradijo el efecto jurídico que pretende la actora, al pretender –de acuerdo a su criterio- concretar una especie de ejecución de hipoteca tomando como base la acción de cumplimiento de contrato que es la que plantea por la actora en su libelo de demanda.

   Asimismo, indicó que es hecho cierto e innegable de que la obligación contraída por sus mandantes en el contrato, no es otra que la de cancelar al promitente vendedor la cantidad de Setecientos Mil Bolívares (Bs. 700.000,00) por concepto del precio acordado sobre las bienhechurías objeto del contrato, de los cuales han cancelado, hasta la fecha de suscripción del contrato, la cantidad de Cuatrocientos Setenta Mil Bolívares ( Bs. 470.000,00) de la siguiente manera: La entrega de un Cheque personal debidamente conformado por el monto de Setenta Mil Bolívares (Bs. 70.000,00), que recibió el vendedor en entera y cabal satisfacción, mas la cantidad de Cuatrocientos Mil Bolívares (Bs. 400.000,00) que recibió a entera y cabal satisfacción con la entrega material de un apartamento ubicado en el Edificio El Palmar, Torre M, designado con el No. 1-4, Ubicado en la Av. Intercomunal de Cabudare, Municipio Palavecino del Estado Lara; el cual pertenecía a los demandados y que efectivamente fue entregado y traspasado a nombre del Promitente Vendedor, según consta en documento público debidamente registrado por ante el Registro Público del Municipio Palavecino del Estado Lara, en fecha 31 de octubre del 2012, quedando inscrito bajo el No. 2012.1559, asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el No. 359.11.5.1.2563 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2012.

   Ahora bien, el contumaz tiene una gran limitación en la instancia probatoria, y por consiguiente no podrá realizar alegaciones, ni promover pruebas para demostrar hechos que debieron ser esgrimidos en la contestación a la demanda, por lo que su actividad sólo podrá limitarse a realizar la contraprueba de las pretensiones del demandante.

   Establecido lo anterior, a fin de demostrar sus dichos, la parte demandada promovió: marcado “A”, copia simple del documento protocolizado ante el Registro público del Municipio Palavecino del Estado Lara, en fecha 31 de octubre de 2012, inscrito bajo el N° 2012.1559, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el N° 359.11.5.1.2563, y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2012, por medio del cual la ciudadana E.B.R.R., da en venta pura, simple, perfecta e irrevocable al ciudadano C.E.L.Q., un inmueble constituido por un apartamento distinguido con el N° 1-4, ubicado en la Planta Primera del Edificio “M”, que forma parte de la Segunda Etapa del Conjunto residencial “Urbanización El Palmar”, de Cabudare, situado en la avenida La Montañita, del Municipio Palavecino del Estado Lara, de número catastral 13-06-01-09-36-05; marcado “B”, copia simple del contrato privado de opción de compra-venta, suscrito por el ciudadano C.E.L.Q. y los ciudadanos J.C.C.R. y E.B.R.R., el 11 de enero de 2011; marcado “C”, original de documento privado de entrega por compra de bienhechurías ubicadas en el sector El Cují, suscrito por el ciudadano C.E.L.Q. y los ciudadanos J.C.C.R. y E.B.R.R., el 27 de octubre de 2012;marcado “D”, original de convenio por extención de contrato de compra-venta casa en el Sector El Cují, suscrito por el ciudadano C.E.L.Q. y los ciudadanos J.C.C.R. y E.B.R.R., el 28 de julio de 2012; marcado “E”, original de RECIBO, suscrito por el ciudadano C.E.L.Q., en fecha 27 de octubre de 2011; marcado “F”, constancia en original emitida en fecha 25 de marzo de 2015, por la Defensoría Pública Primera en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda; para los Estados Lara y Yaracuy, mediante la cual hace constar que la ciudadana E.B.R.R., acudió ante dicho Despacho, a fin de tratar asunto legal respecto a la ocupación pacífica sobre un inmueble ubicado en Sabana Grande, Sector La Rosa, entre calles 3 y El Trapiche, Parroquia El Cují, del Municipio Iribarren del Estado Lara, medios probatorios que ya fueron valorados por quien juzga y que más que contradecir las pretensiones de los demandantes, lo que hacen es ratificar las mismas. Y así se establece.

   Asimismo, se observa que el abogado J.I.G.S., en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos J.C.C.R. y E.B.R.R., parte demandada, conjuntamente con el escrito de promoción de pruebas, consignó marcado “F1”, Informe del Contador Público Independiente para Realizar Procedimientos Acordados Sobre Información Fianciera, suscrito por la Contadora Pública Colegiada, Anarkalis M. Rodríguez, de fecha 15 de septiembre de 2015, contentivo del “Calculo de Intereses Moratorios e Intereses Remunerativos”, calculados según lo acordado entre las partes en el contrato que fundamenta la presente acción; y a fin de cumplir con la obligación asumida en el contrato consignó en originales marcados “1”, “2” y “3”, Cheques de Gerencia (NO ENDOSABLES) de las siguientes características: 1) Cheque de Gerencia No. 54071766 girado contra la Cuenta Corriente del Banco Mercantil No. 0105-0107-50-2107071766, a favor de la ciudadana F.M.Q.d.L., por la cantidad de doscientos quince mil bolívares sin céntimos (Bs. 215.000,00), de fecha 20 de enero de 2016. 2) Cheque de Gerencia No. 15071765 girado contra la cuenta Corriente del Banco Mercantil No. 0105-0107-51-2107071765, a favor de la ciudadana F.M.Q.d.L., por la cantidad de doscientos cuarenta y nueve mil quinientos veinticinco bolívares Sin Céntimos (Bs. 249.525,00), de fecha 01 de enero de 2016, y 3) Cheque Personal No. 59458302, girado contra la Cuenta Corriente No. 0105-0107-54-117165520, de la ciudadana E.R.R., por la cantidad de dieciocho mil novecientos noventa y un bolívares con sesenta y siete céntimos (Bs. 18.991,57) por concepto de intereses transcurridos desde la elaboración de los cheques hasta la fecha; cantidades con cuya consignación –según su dicho- pretenden cumplir de manera total y absoluta la obligación asumida en el contrato que fundamenta la presente acción de cumplimiento de contrato.

   Por último, indicó que en virtud de los pagos anteriormente ofrecidos, la parte demandante debe proceder a otorgarle, en su condición de sucesora del vendedor, el documento definitivo de venta por ante el Registro Subalterno, devolverle las letras de cambio, así como a retirar las instalaciones eléctricas hacia las viviendas adyacentes, tal como fue acordado en el contrato, o que se tenga la sentencia que se dicte en la presente causa como titulo suficiente de propiedad sobre las bienhechurías objeto de la presente demanda, y que se le autorice expresamente a desinstalar las instalaciones eléctricas, especificadas en la clausula cuarta del Contrato.

   Ahora bien, considera quien decide que el simple hecho de que la parte demandada consigne las cantidades adeudas a fin de cumplir de manera total y absoluta las obligaciones asumidas en el contrato que fundamenta la presente acción, no lo libera de la misma, debido a dichos pagos deben ser expresamente aceptados por la parte demandante para que estos puedan surtir los efectos legales, como lo es la cancelación total de la deuda y el cumplimiento de las obligaciones contraídas, y por consiguiente la terminación del proceso, lo cual no es observado en las actas procesales que conforman la presente causa. Y así se Establece.

   3) QUE LA ACCIÓN DEL DEMANDANTE NO SEA CONTRARIA A DERECHO.

   Sobre este punto, el procesalista patrio, Dr. A.R.R., en su libro Tratado de Derecho Civil Venezolano, Tomo III, 2º Edición, (p.132) nos refiere lo siguiente:

   Omisiss…(..)..

   ”… cuándo la petición del demandante es contraria a derecho, tiene trascendencia en nuestro caso, solo en cuanto la declaración de la confesión ficta, pues en cuanto el mérito de la causa, aunque se tengan por admitidos los hechos en virtud de la confesión ficta, el Tribunal no podrá declarar con lugar la demanda, ni acordar lo pedido por la parte actora, si esa petición resulta contraria a derecho, en el sentido de que los hechos admitidos, no proceden la consecuencia jurídica pedida. Para determinar ese extremo, no es preciso que el Juez entre a indagar acerca del derecho o las consecuencias jurídicas que conforme a la Ley deben aplicarse en concreto a los hechos establecidos o confesado por el demandado, porque una cosa es la desestimación de la confesión ficta por ser contraria a derecho la petición del demandante y otra la desestimación de la demanda por improcedente e infundada en derecho. Ambos concepto giran en torna a la cuestión de derecho y fácilmente pueden confundirse las situaciones.

   La primera cuestión supone que la acción propuesta está prohibida por la Ley; no está amparada o tutelada por ella (cuestión de derecho) y consecuencialmente, aunque el demandado no haya comparecido a la contestación, la cuestión de los hechos alegados por el demandante en el libelo pierde trascendencia porque la cuestión de derecho es presentada como prioritaria, y si resulta en sentido negativo, no tiene objeto entrar al examen de la veracidad o falsedad de los hechos o a la trascendencia de los mismos. En cambio, la desestimación de la demanda, por ser improcedente o infundada en derecho, supone que aún siendo verdaderos los hechos y debidamente probados, ya en el periodo de pruebas por el actor, o bien presuntamente por la confesión ficta del demandado, la demanda debe rechazarse si la ley no atribuye a los hechos comprobados admitidos, la consecuencia jurídica (petición) solicitada en la demanda.”

   Ahora bien, considera de vital importancia este sentenciador analizar el contrato suscrito por las partes, en virtud del cual intentan la presente acción, a fin de determinar si la acción del demandante no sea contraria a derecho. Así tenemos, que las partes al momento de suscribir dicho contrato lo denominaron “OPCIÓN DE COMPRA-VENTA”, tal como lo han sostenido en sus respectivos escritos.

   Sostiene la parte actora que los demandados no cumplieron con la cláusula cuarta del referido contrato de opción de compra venta, en la cual se estableció de mutuo acuerdo entre las partes, que el saldo restante por pagar equivalente a doscientos treinta mil bolívares (Bs. 230.000.00) serian cancelados en un plazo de un (1) año, mediante diez (10) cuotas de igual monto devengando una tasa de interés de 8.5 % anual, las cuales se comenzarían a pagar a partir del segundo mes, contados a partir de la entrega de las bienhechurías, la cual dicha cláusula nunca fue cumplida por los demandados.

   Por otro lado, indicó que en fecha 27 de octubre de 2012, se elaboro un documento privado marcado “G” que fue recibido y firmado conforme por los demandados, para entregar las bienhechurías objeto del contrato de opción a compra venta, y que en la cláusula cuarta de dicho documento privado se estableció que si por cualquier causa dejase de pagarse cinco (5) cuotas de forma consecutiva, quedarían como aval o garantía de la deuda las mismas bienhechurias que estaban siendo entregadas.

   Así las cosas, el Tribunal tiene a bien citar la cláusula cuarta del documento privado marcado “G” objeto de la presente causa, el cual es del tenor siguiente:

   …CUARTO: Si por cualquier causa dejase de pagarse 5 cuotas de forma consecutiva, queda como aval o garantía de la deuda las mismas bienhechurías que están siendo entregadas en el presente acto…

   (Resaltado del Tribunal)

   De lo anterior, se evidencia a juicio de quien decide una desnaturalización la figura del contrato de opción de compra venta, toda vez que al quedar como aval o garantía de la deuda las mismas bienhechurías que estaban siendo entregadas en el acto de firma del documento privado marcado “G”, se constituyó una hipoteca de conformidad con lo previsto en el artículo 1877 del Código Civil, el cual establece lo siguiente:

   La hipoteca es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero, en beneficio de un acreedor, para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación.

   La hipoteca es indivisible y subsiste toda ella sobre todos los bienes hipotecados, sobre cada uno de ellos y sobre cada parte de cualquiera de los mismos bienes.

   Está adherida a los bienes y va con ellos, cualesquiera que sean las manos a que pasen.

   (Resaltado del Tribunal)

   Establecido lo anterior, cabe señalar que independientemente de la denominación que le den las partes a los contratos, los jueces están facultados para calificar qué tipo de convención es la que une a las mismas, según su interpretación de conformidad con lo establecido en el artículo12 del Código de Procedimiento Civil.

   A título ilustrativo puede revisarse la sentencia N° 294 de la Sala de Casación Civil, expediente N° 00-864 de fecha 11 de octubre de 2001, que señaló:

   …La Sala de Casación Civil ha señalado en pacífica doctrina, que es de la soberanía de los jueces de instancia la interpretación del contrato, a menos que el Juez incurra en desnaturalización o desviación intelectual de su contenido, situación que puede denunciarse a través del primer caso de suposición falsa. En efecto, al respecto ha señalado la Sala en sentencia de fecha 29 de noviembre de 1995, Universidad Central del Venezuela contra Banco Provincial de Venezuela, C.A., hoy Banco Provincial S.A.C.A., en el expediente N° 94-703, N° 569 lo siguiente:...Constituye doctrina reiterada de esta Corte, que la interpretación de los contratos es cuestión de hecho reservada a los jueces de instancia, controlable por esta Sala sólo cuando el sentenciador hubiese incurrido en suposición falsa, salvo que el Juez califique erróneamente el negocio jurídico, y lo subsuma en una norma que no es aplicable, error éste de derecho…

   “….Ahora bien, ha admitido esta Corte la casación por desnaturalización de una mención contenida en el contrato, que conduciría a que la cláusula establecida en el mismo, produzca los efectos de una estipulación no celebrada. El límite entre la soberana interpretación del contrato y la tergiversación o desnaturalización de la voluntad contractual está constituido por la compatibilidad de la conclusión del Juez con el texto de la mención que se interpreta. Si el establecimiento de los hechos por el Juez es compatible con la expresión de la voluntad de las partes, estamos en la esfera de la interpretación; si, por el contrario, la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto, estaríamos en presencia de una desnaturalización del contrato…"

   En este mismo orden de ideas, la Sala De Casación Civil, con ponencia de la Magistrada Isbelia P.V., expediente N° AA20-C-2012-000643, en sentencia N° 105, de fecha 21 de marzo de 2013, caso: Anni Franzi Coppola Gutiérrez y M.A.G.H., contra las ciudadanas C.C.C. y M.C.C., señaló:

   “En razón de lo expuesto, considera esta Sala que el juez de alzada no se pronunció sobre algo distinto a lo pedido o solicitado por las partes, lo cual daría lugar a la procedencia de la denuncia por incongruencia positiva, sino que por el contrario, cumplió con su deber de analizar, interpretar y calificar el contrato objeto de controversia, lo cual está reservado exclusivamente al juez de instancia, salvo que éste haya incurrido en el vicio de suposición falsa por desviación ideológica, única manera en que sería controlable por esta Sala la calificación jurídica, o interpretación del contrato.

   Al respecto, esta Sala en sentencia N° 689 de fecha 10 de agosto de 2007, caso: Agostinho Domingos Ascencao Homen contra L.G. y otro, señaló lo siguiente:

   “…La Sala de Casación Civil, ha reiterado de manera constante y pacífica el criterio dirigido a sostener que es de la soberanía de los jueces de instancia la interpretación del contrato, a menos que el juez incurra en desnaturalización o desviación intelectual de su contenido, situación que puede denunciarse a través del primer caso de suposición falsa. En efecto, en sentencia de fecha 7 de noviembre de 2003, caso: C.P. c/ Diario El Universal, C.A., estableció lo siguiente:

   ...Constituye doctrina reiterada de esta Corte, que la interpretación de los contratos es cuestión de hecho reservada a los jueces de instancia, controlable por esta Sala sólo cuando el sentenciador hubiese incurrido en suposición falsa, salvo que el Juez califique erróneamente el negocio jurídico, y lo subsuma en una norma que no es aplicable, error éste de derecho...

   .

   En este mismo sentido se pronunció la Sala, mediante sentencia de fecha 27 de marzo de 2007, (caso: J.A.A. contra E.R.A.), en el expediente 04-147, en la cual, expresó lo siguiente:

   …La interpretación de los contratos, de acuerdo a reiterada doctrina de esta Sala, es de la soberanía de los jueces de instancia, y la decisión que al respecto ellos produzcan, sólo será atacable en Casación por denuncia de error en la calificación del contrato, error éste de derecho, o por suposición falsa.

   El límite entre la soberana interpretación del contrato y la tergiversación o desnaturalización de la voluntad contractual está constituido por la compatibilidad de la conclusión del Juez con el texto de la mención que se interpreta. Si el establecimiento de los hechos por el Juez es compatible con la expresión de la voluntad de las partes, estamos en la esfera de la interpretación; si, por el contrario, la conclusión del sentenciador no es compatible con el texto, estaríamos en presencia de una desnaturalización del contrato...

   . (Negrillas de la Sala).

   Del criterio jurisprudencial antes transcrito, se evidencia que es de la soberanía de los jueces de instancia la interpretación de los contratos, pero cuando incurran en desnaturalización o desviación intelectual de su contenido, tal situación debe denunciarse a través del primer caso de suposición falsa, fundamentando su denuncia en los artículos 313 ordinal 2° y 320 del Código de Procedimiento Civil. (Subrayado del Tribunal)

   Para este sentenciador no hay dudas que el negocio realizado por las partes, es en realidad una hipoteca, aunque las partes lo califiquen de otra manera, por lo cual el demandante a fin de reclamar sus pretensiones debió efectuarlo a través del procedimiento de ejecución de hipoteca previsto en el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 660 al 665, y no por medio de la acción de cumplimiento de contrato, por lo cual debe ser desestima de la confesión ficta, por ser contraria a derecho la petición del demandante, y en consecuencia, debe ser desechada la demanda. Y así se decide.

   DISPOSITIVA

   Por los fundamentos de hecho y derecho antes expuestos y debidamente analizados, este Juzgado Tercero del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA:

SIN LUGAR la demanda por cumplimiento de contrato de compra venta, intentada por el ciudadano J.J.L.Q., actuando con el carácter de apoderado de la ciudadana F.M.Q.d.L., asistido de abogada, en contra de los ciudadanos J.C.C.R. y E.B.R.R., todos plenamente identificados en autos.

SE CONDENA en costas a la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber resultado totalmente vencida.

Publíquese y regístrese e incluso en la página Web de este Despacho.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Tercero del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los tres (3) días del mes de marzo del año 2016.

AÑOS: 205º de la Independencia y 157º de la Federación.

El Juez;

Abg. J.C.G.G.L.S.,

Abg. I.G.

En la misma fecha siendo las 2:10 p.m., se dictó, registró y publicó la anterior sentencia.

La Secretaria,