Decisión de Juzgado Primero De Primera Instancia En Lo Civil Y Mercantil de Aragua, de 9 de Agosto de 2006

Como quiera que en el momento y lapso de contestación a la demanda la parte accionada desconoció en su contenido y firma el documento fundamental de la pretensión de la actora, es decir, el hecho valer como letra de cambio, oportunidad ésta que era la tempestiva para efectuar tal acto, en consecuencia corresponde analizar acerca de la validez probatoria del referido instrumento cambia!.

En ese sentido, se observa de las actuaciones que conforman el presente expediente, que una vez desconocido el referido documento por la parte demandada en la contestación de la demanda el cual tuvo lugar en fecha 16 de octubre de 2003, y tal como fue expresado en el auto de fecha 29 de enero de 2004, de la revisión de las actas procesales y de los cómputos efectuados, se evidencia que la parte actora en fecha 17 de noviembre de 2003, insistió en la validez del documento y de conformidad con lo establecido en el articulo 445 del Código de Procedimiento Civil promovió la prueba de cotejo, señalando cuales eran los documentos indubitados y como quiera que este Tribunal no se pronunció con relación a la admisión o no de dicha prueba y como quiera que el referido apoderado judicial de la parte actora en fecha 02 de diciembre de 2003, consignó escrito de promoción de pruebas en la cual promueve la de Experticia, que es de la misma naturaleza, alcance y práctica a la prueba de cotejo antes mencionada y promovida en su oportunidad por la parte actora insistente en el documento, éste Tribunal consideró en aplicación del Artículo 26 Constitucional, que resultaría inútil una reposición de la causa a fin de emitir pronunciamiento sobre la procedencia o admisión de la prueba de cotejo promovida y no providenciada oportunamente, sino que siendo esa la oportunidad para admitir las pruebas en el procedimiento principal, así se admitió la prueba de experticia sobe el referido documento desconocido e insistido en hacer valer, en garantía del derecho a la defensa de las partes y se fijó oportunidad para la designación de los Expertos que así se llevó a cabo, se designaron, juramentaron y presentaron su Informe respectivo y que a la postre dicho auto de fecha 29 de enero de 204, se constituye en una cosa juzgada ad intra por cuanto el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Aragua, confirmó en sentencia de fecha 20 de mayo de 2005, como antes se dijo y por lo tanto dicha prueba de experticia tiene todo el valor probatorio y así éste Tribunal la valora. Y así se declara y decide.

Ahondando sobre lo anterior y como quiera que la parte demandada, alegó que la insistencia en hacer valer el documento lo hizo la parte actora, de manera extemporánea por retardada, puesto que según ella, el lapso para insistir en el documento y promover la prueba de cotejo, se abre ipso iure desde que es desconocido en su contenido y firma el documento y no cuando fenece el lapso de comparecencia para la contestación a la demanda, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 25 de febrero de 2004, con ponencia del Magistrado FRANKLlN ARRIECHE G, estableció cual es el procedimiento a seguir de la siguiente manera:

"…En este mismo orden de ideas, el legislador al señalar el procedimiento para probar la autenticidaclde la firma de un documento privado, introdujo algunas innovaciones al artículo 325 y siguiente del Código derogado; una de ellas se refiere al inicio de la articulación probatoria prevista para tal fin.

Aunque en ambos Códigos la oportunidad para desconocer el documento cuando el mismo se ha producido con el libelo es con la contestación de la demanda, es

significativo el hecho de que a la luz del Código derogado, la contestación era un acto que debía cumplirse al término del emplazamiento, por lo cual, la incidencia para el cotejo empezaba a transcurrir el día siguiente de aquél en que se produjo el desconocimiento.

No ocurre lo mismo en la regulación del Código actual, pues la contestación de la demanda puede presentarse en uno cualquiera de los veinte días siguientes a la citación del demandado o de último de ellos si fueren varios a cualquier hora de las fijadas en la tablilla del Tribunal, según dispone el artículo 359 del Código de Procedimiento Civil, por lo que interpreta este Alto Tribunal, que el lapso para la promoción del cotejo comienza a correr vencido el lapso de emplazamiento, el cual debe dejarse transcurrir íntegramente.

En este sentido, la Sala, en sentencia dictada el 7 de febrero de 1996 (Inversiones Fantelio, CA, contra Distribuidora Biale, C.A., expediente W 90-331) estableció: "... que el acto de contestación de la demanda se lleva a cabo dentro un plazo de 20 días a partir de la citación, los cuales deben transcurrir íntegramente a los fines de que el actor pueda efectivamente tener conocimiento de lo alegado por la parte demandada... ". (Subrayado de la Sala).

De esta manera, el legislador, en armonía con el artículo 359 del Código de Procedimiento Civil, redujo el riesgo de que quedara en manos del impugnante del documento la elección de la apertura de la incidencia prevista para probar su autenticidad.

Considera la Sala que al ocurrir el desconocimiento, en el propio escrito de contestación, sólo después de que rinda su jornada el lapso previsto para tal actuación, y en caso de reconvención, luego de la oportunidad para contestarla, se abre la articulación especial prevista en el artículo 449 del Código de Procedimiento Civil para la comprobación de la autenticidad del documento, sin necesidad de decreto del juez. Dicho de otra manera, tal incidencia sólo nace una vez que expira la fase de las alegaciones. En la referida articulación probatoria debe el actor promover y evacuar el cotejo, y de no ser posible, las testimoniales..."

Con respecto al Informe de experticia efectuado sobre la documental cursante originariamente al folio 16 del expediente, ahora certificada en su lugar y resguardada por Secretaria en la Caja Fuerte del Tribunal, este tribunal observa que en el referido Informe de Experticia, cursante a los folios 142 al 147, los Expertos expresan lo siguiente:

"...DICTAMEN: De los procedimientos antes mencionados, practicados los exámenes complementarios, y evaluados los hallazgos obtenidos los expertos conjuntamente dictaminamos:

1) Del estudio de las características generales encontradas en los movimientos escriturales que componen las firmas debitadas y su comparación las características generales encontradas en los movimientos escritúrales que componen las firmas indubitadas se concluyó que existen suficientes características homólogas para realizar los exámenes de cotejo encomendados.

2) Las características y peculiaridades indívidualizantes encontradas en las firmas cuestionadas Se encuentran presentes en las firmas señaladas como indubitadas.

3) De lo anterior se desprende:

Las 02 firmas que se encuentran ubicadas en un documento de los comúnmente denominados LETRA DE CAMBIO, de fecha : Colonia Tovar 30-10-01 por un monto de 7 millones de bolívares y que se le atribuye a los ciudadanos B.G.M. (ubicada en el área destinada al aceptante del lado izquierdo del documento) y a L. deU. ubicada (en el extremo derecho del documento en el área destinada al avalista) SI FUERON REALIZADAS por las mismas personas que como L.C.T.B. deG. identificada con la C.I. N° 4.399.303 y B.G.M. , identificado con la C.I. N° 4.398.656 suscriben un documento de los comúnmente denominados Documento de Venta el cual se encuentra otorgado por ante "La Oficína Subalterna de Registro Público del Distrito Ricaurte..." en fecha 30 -04/1982 bajo el Número 18, folios 161 al 164, Protocolo 1° Tomo 5 Trimestre 2°; ambas firmas se encuentran ubicadas al vuelto del folio 163 en ese orden..."

Ahora bien, observa este tribunal que de las actas procesales la parte demandada no hizo uso de los medios dispuestos por el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 463 y 468 para efectuar observaciones al informe consignados por los expertos, en consecuencia, este tribunal valora dicha experticia conforme al Artículo 1422 del Código Civil, 445 y 506 del Código de Procedimiento Civil, como demostrativa de que los integrantes de la parte demandada fueron quienes escribieron de su "puño y letra", la letra de cambio cursante originariamente, ahora certificada al folio 16 del expediente. Y así se declara y decide.

Sobre la base de las consideraciones anteriores y, probada la validez del instrumento cambiario, que este Tribunal así valora, se realizan las siguientes consideraciones doctrinales:

Siguiendo a la doctrina (MÁRMOL MARQUIS, Hugo: Fundamentos de Derecho Mercantil, Títulos-Valores, Pág. 17 y siguientes), en las múltiples relaciones o vínculos jurídicos contemporáneos, "...se manejan cotidianamente documentos de reconocimiento y títulos referidos a derecho patrimoniales. Los primeros tienen como función primordial la de suministrar una prueba de identidad (cédulas de identidad, pasaportes), y, en algunos casos comprobar que la persona que identifica está capacitada para determinada prestación, función u oficio (licencia de conducir, «carnet » identificatorio de un club social, porte de armas). A veces, inclusive, el titular que se identifica con el documento obtiene algún servicio con valor económico, como por ejemplo un crédito, pero el documento mismo no le da ese derecho sino que sólo demuestra que la persona a quien identifica puede gozar de la prerrogativa correspondiente si ha cumplido o si cumple con determinados requisitos adicionales. Es el caso del miembro de una cooperativa, quien, identificado como tal por la constancia que a tal efecto se le ha suministrado, podrá utilizar los servicios de la sociedad siempre que esté solvente con sus obligaciones para con ella.

Los títulos referidos a derechos patrimoniales pueden servir para probar la titularidad del derecho, o además, para que el derecho nazca, o además, para que pueda ser ejercido y transferido. Son respectivamente, los documentos probatorios, los constitutivos, y los títulos valores...

Los títulos valores son documentos cuya tenencia legítima es necesaria y suficiente para el ejercicio y transmisión de los derechos que incorporen, y que se describen de manera literal en los mismos...

El título-valor presenta los siguientes caracteres:

a.- Incorporación: En el sentido de que en todo título-valor se presenta la « incorporación» de un derecho al documento, la cual plantea consecuencias tan definitivas que el derecho no puede ser ejercido ni transferido independientemente del papel. En función de esta « incorporación » se infiere que: (1) el derecho nacido del documento se adquiere mediante la adquisición de un derecho sobre el documento; (2) con la transferencia del documento se transfiere necesariamente el derecho; (3) sin la presentación del documento no puede obtenerse el cumplimiento de la prestación; (4) la destrucción del documento comporta la pérdida del derecho; (5) no cabe prenda, secuestro o embargo del derecho, si no se ejerce la medida sobre el título (MESSINEO). b.- Literalidad: En virtud de ello, lo que está escrito en un título-valor se reputa cierto sin posibilidad de prueba en contrario. No cabe, por ejemplo, ninguna clase de verificación para sostener que hay errores en la denominación del titular, o en el monto a pagar o en el nombre del deudor; cuando se comete alguna equivocación en la creación del título, la misma deberá ser corregida o el documento habrá de ser sustituido por otro. Porque ni siquiera la confesión de las partes bastará para desvirtuar el texto que allí se exhibe.

La regla comporta, no obstante, una excepción expresa. La establece el Art. 127 in fine Cód. Comercio, cuando señala que la fecha de los efectos de comercio a la orden se tiene por cierta hasta prueba en contrario.

C.- Abstracción: Entendiendo por ella, que el título-valor tiene en sí su propia causa, dado lo cual, el titular no requiere de pruebas complementarias respecto de los motivos que originaron la expedición del instrumento para ejercer los derechos correspondientes, ni cabe tampoco al deudor excepcionarse de su cumplimiento mediante defensas externas al contenido del título. Si en función de la literalidad, no cabe alegar pruebas contra lo escrito en el título, como consecuencia de la abstracción tampoco tienen validez las pruebas fuera de lo escrito en el título; diferencia que ha de tenerse en cuenta para evitar confundir ambas características.

La abstracción tiene como consecuencia que el deudor está impedido de oponer al tenedor excepciones diferentes a las que se funden en la nulidad del título o provengan del propio texto del mismo. Implica también que cualquier mención extraña a las requeridas por la ley carecerá de efectos para alterar la esencia misma del título, aunque evidentemente, podrán conservar todo su valor entre las partes que la aceptaron.

Como consecuencia de la abstracción, la tenencia legítima del título faculta por si misma para el ejercicio de los derechos, sin que le sea preciso demostrar al acreedor la existencia de las relaciones jurídicas previas que lo hayan hecho titular y sin que se le exija al deudor la realización de comprobaciones en ese sentido para entenderlo válidamente liberado mediante su pago. La legitimación por la posesión ha sido a veces elevada al rango de característica autónoma (por ejemplo, BROSET A). Sin embargo, su valor no es absoluto, ya que, como mínimo, siempre es posible plantearse dudas, no en lo concerniente a la cesión de los derechos incorporados, pero sí en lo que respecta a la validez de los traspasos del instrumento: de allí por ejemplo, que no pueda ejercer los derechos derivados del título a la orden quien no logre justificarlos por una serie no interrumpida de endosos (Cód. Comercio, Art. 424 encabezamiento); y de allí también que el que paga el vencimiento no quede liberado si de su parte hubo dolo o culpa (Cód. Comercio, Art. 448, Ap.2).

d.- Falta de Novación: En el sentido de que al momento de suscribir un título-valor, como regla general, no se está pagando una deuda previa y creando a cambio de ella una obligación nueva, sino solamente, se está suministrando al acreedor un título negociable que le facilite el traspaso y el cobro de la deuda primitiva. En función de ello, es dable hablar en lo delante de una obligación fundamental, llamada así la deuda previa que sobrevive, y de una obligación cartular –término que preferimos al «cartáceo» de Broseta o al « documental» de Uría- identificada de tal manera la que resulta del derecho incorporado al título.

e.- Autonomía: Esta característica se refiere tanto al contenido de la obligación de cada firmante como a las posibilidades de ejercicio del acreedor. Para los primeros, sus obligaciones son totales y principales, con prescindencia de lo que pueda ocurrir respecto de los otros obligados.

f.- Negociabilidad: La negociabilídad del título-valor constituye precisamente la razón fundamental de su existencia.

Con respecto al Título-Valor Letra de cambio, conforme a las disposiciones del Artículo 410 del Código de Comercio, enumera los requisitos formales de la letra de cambio, en la forma siguiente:

1. - La denominación de letra de cambio inserta en el mismo texto del título y expresada en el mismo idioma empleado en la redacción del documento.

2. - La orden pura y simple de pagar una suma determinada.

3. - El nombre del que debe pagar (librado).

4. - Indicación de la fecha de vencimiento.

5. - Lugar donde el pago debe efectuarse.

6. - El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago.

7. - La fecha y lugar donde la letra fue emitida.

8. - La firma del que gira la letra (librador).

El artículo 411 del mismo Código de Comercio contempla la formulación anterior del siguiente modo:

"El título en el cual falte uno de los requisitos enunciados en el artículo precedente, no vale como tal letra de cambio, salvo en los casos determinados en los párrafos siguientes.

La letra de cambio que no lleve la denominación «letra de cambio» será válida siempre que contenga la indicación expresa de que es a la orden.

La letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado, se considerará pagadera a la vista.

A falta de indicación especial, se reputa como lugar del pago y del domicilio del librado, el que se designa aliado del nombre de éste.

La letra de cambio que no indica el sitio de su expedición se considerará pagadera a la vista.

A falta de indicación especial, se reputa como lugar del pago y del domicilio del

librado, el que se designa aliado del nombre de éste.

La letra de cambio que no indica el sitio de su expedición se considerará como suscrita en el lugar designado aliado del nombre del librador.

Por todo lo anterior este tribunal considera que habiéndose demostrado completamente la validez del documento fundamental o letra de cambio que sirve como fundamento de la pretensión de la actora, llenando esta a su vez todos los requisitos exigidos en las disposiciones legales del Código de Comercio, se observa que la misma fue girada en la Población de La Colonia Tovar, en fecha 30 de octubre de 2001, con fecha de vencimiento el día 30 de enero de 2002, librada por la parte actora ELlDA FUENTES DE MISLE y firmada por ella, y para ser pagada a J.G.M. y ELlDA DE MISLE como beneficiarios. Así mismo, fue aceptada para ser pagada sin aviso y sin protesto por el librado ciudadano B.G.M. y avalada por la ciudadana L.D.G., antes identificados, en sus caracteres de parte demandada, en la misma fecha de emisión, por un monto de SETENTA Y SIETE MILLONES DE BOLlVARES (Bs. 77.000.000,00), y con relación al Lugar del Pago, este por disposición del Artículo 411 del Código de Comercio, a falta de indicación especial, se reputa como lugar del pago y del domicilio del librado, el que se designa al lado del nombre de éste, y en este caso se observa en la documental que se indicó como dirección del librado, la siguiente: SECTOR LA IGLESIA-COLONIA TOVAR" y por lo tanto dicha letra si tiene domicilio del pago y del librado.

Por otro lado, observa éste Tribunal que el argumento de la parte demandada, se enmarca en que dicha dirección no indica efectivamente ninguna mención exacta de una urbanización, calle, edificio, casa, piso o número de algún inmueble en si, y que por ello pudiera a dar a entender de que tal mención, no especifica que se trate de algún lugar especifico del Estado Aragua o de cualquier otro Estado de la República Bolivariana de Venezuela u otro país, y por ende no era posible reputar como "domicilio" del pago ni del librado a ningún lugar en especifico, así como tampoco el lugar de la emisión de la letra

misma y no trayendo el Código de Comercio ninguna norma que "supla" legalmente dicha omisión, sino por el contrario la considera que "no vale como tal letra de cambio", ex primera parte del artículo del 411 eiusdem; pero ello no desvirtúa el hecho de que aparece -contrario a lo afirmado por la parte demandada- si aparece una dirección debajo del nombre del librado y éste hace mención de que es la Colonia Tovar, incluso indicado por la parte actora en su demanda, como el domicilio del Librado y tal población si es determinable y si existe en el Municipio T ovar del Estado Aragua, famosa incluso a nivel nacional e internacional por ser un sitio turístico icono de Venezuela, y por lo tanto, la parte demandada no rebatió tal argumento en su contestación, en el sentido de que esa población de La Colonia T. delE.A., no era su domicilio y por demás de acuerdo a los usos comerciales -referidos incluso doctrinalmente- es común sólo indicar como "domicilio" incluido el "del pago" a una ciudad o población como la indicada en la letra en este caso y por ende, ello es permisible, tal como lo expresa el autor patrio ALFREDO MORLES HERNÁNDEZ, en su Libro Curso de Derecho Mercantil, Tomo III, , Los títulos valores, página 1705, en la cual comenta una sentencia de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, y en donde expresa "...el criterio de que la indicación del nombre de una ciudad y no una dirección exacta es la indicación correcta del lugar donde el pago debe efectuarse (Jurisprudencia Venezolana de Ramírez y Garay, Tomo 131, tercer trimestre de 1994, sentencia 723-94)..." Y así se declara y decide.

Por lo anterior, este tribunal observa que todos los requisitos formales necesarios para constituir esa letra de cambio se encuentran cumplidos y es claro entonces que la parte demandada no demostró el pago de esa obligación valida, y que conforme a la ley se manifiesta como solidaria, lo cual era su carga de alegación y probanza de la cual no se desembarazó por la distribución del onis probandum, forzoso es para este tribunal declarar que las pretensiones de la parte actora manifestada en su demanda deban ser declaradas procedentes, es decir, la mencionada cantidad de SETENTA y SIETE MILLONES DE BOLlVARES (Bs. 77.000.000,00) por concepto de capital de la cambial insoluta, más la cantidad de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA y NUEVE BoLíVARES CON NOVENTA y CUATRO CENTIMOS (Bs.17.421.249,94) por concepto de intereses moratorios a la rata legal y a la tasa del 05 % anual, calculados a partir del vencimiento de la cambial, es decir, 30 de enero de 2002 hasta la fecha de hoy que asciende a la cantidad dicha, calculada así: El 05 % anual de Bs. 77.000.000,00 es Bs. 3.850.000,00; lo cual equivale a Bs. 320.833,oo Mensual y Bs. 10.694,44 diarios, que al haber transcurrido 04 años, 06 meses y 09 días da el total antes mencionado; más los intereses que se sigan generando a partir del día de hoy hasta la fecha del efectivo pago de dicha acreencia; siendo hasta la fecha de hoy lo adeudado por concepto de capital e intereses legales moratorios la cantidad de NOVENTA y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BoLíVARES CON NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs.94.421.249,94) y condenar a la parte demandada al pago de dichas cantidades, así como al pago que resulte del ajuste monetario por la inflación o indexación de acuerdo a los indices de Precios al Consumidor (IPC) emanado del Banco Central de Venezuela, mediante una experticia complementaria del fallo, que efectuaran los expertos a tenor de lo dispuesto en el Artículo 249 del Código de Procedimiento Civil y que considere los parámetros anteriores para la determinación de los factores respectivos y determinación definitiva de la suma a indexar y; las costas procesales y así lo declarara este tribunal en forma positiva y expresa enseguida. Y así se declara y decide.

En cuanto a las solicitudes efectuadas por el abogado L.A.A.C., Inpreabogado N° 23.134, apoderado judicial de la parte actora, en su escrito

y anexos de fecha 27 de abril de 204, cursante a los folios 182 al 194 de la Primera Pieza Principal, referente a una estimación e intimación de honorarios profesionales de abogado, así como sus ratificaciones posteriores en esta instancia y en la instancia superior, así como el escrito suscrito por el referido abogado en fecha 07 de diciembre de 2005, de estimación e intimación de honorarios profesionales como abogado por actuaciones llevadas a cabo en esa instancia superior y que lo hace como cobro de costas (strictu sensu) procesales por medios defensivos y recursivos utilizados por la parte demandada, que resultaron infructuosos, este Tribunal acuerda abrir un cuaderno separado respectivo a los fines de pronunciarse sobre su admisibilidad o no, compulsándose los folios mencionados de éste Expediente.

DISPOSITIVA

Por todos los razonamientos antes expuestos este Tribunal Administrando Justicia, emanada de los ciudadanos y ciudadanas, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley DECLARA: CON LUGAR la demanda incoada por los ciudadanos: J.G.M.B. y E.R.F.D.M., venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos: 3.160.556 y 3.587.621, domiciliados en La Colonia Tovar, Estado Aragua y Caracas, Distrito Capital, respectivamente, en contra de los ciudadanos los ciudadanos: B.G.M. y L.D.G., venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos: 4.398.656 y 4.339.303, domiciliados en La Colonia Tovar, Estado Aragua, por COBRO DE BOLÍVARES (Vía Ordinaria).

Consecuentemente, se condena a la demanda a pagarle a la parte actora la cantidad de NOVENTA y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA y NUEVE BOLÍVARES CON NOVENTA y TRES CENTIMOS (Bs.95.383.749,93) que comprende:

1) La cantidad de SETENTA Y SIETE MILLONES DE BOLlVARES (Bs. 77.000.000,00) por concepto de capital de la cambial insoluta;

2) La cantidad de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA y NUEVE BOLlVARES CON NOVENTA y CUATRO CENTIMOS (Bs.17.421.249,94) por concepto de intereses moratorios a la rata legal y a la tasa del 05 % anual, calculados a partir del vencimiento de la cambial, es decir, 30 de enero de 2002 hasta el día de hoy;

4) La cantidad que resulte por concepto de intereses moratorios a la mencionada rata y tasa legal, a partir del día de hoy hasta el definitivo pago del capital mencionado.

5) La cantidad que resulte del ajuste monetario por la inflación o indexación de las sumas antes indicadas y de acuerdo a los índices de Precios al Consumidor (IPC) emanado de los Boletines mensuales del Banco Central de Venezuela, mediante una experticia complementaria del fallo, que se acuerda efectuar conforme al Artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, que considere los parámetros anteriores para la determinación de los factores respectivos y determinación definitiva de la suma a indexar.

Ábrase el Cuaderno Separado respectivo a los fines de tramitar las peticiones de estimación e Intimación de honorarios profesionales de abogados, efectuada por el apoderado judicial de la parte actora, compulsándose los folios respectivos.

Por haber resultado totalmente vencida la parte demanda, en cuanto a sus alegatos de defensas se le condena al pago de las costas procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

Notifíquese a las partes conforme a los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese y regístrese.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en Maracay, a los nueve días del mes de Agosto del año dos mil seis (09-08-2006). Años 196º de la lndependencia y 147º de la Federación.

EL JUEZ,

Dr. PEDRO III PEREZ

EL SECRETARIO,

Abg. LEONCIO VALERA.

En esta misma fecha, se publicó la anterior decisión siendo la una de la tarde y se

libraron boletas, se abrió el cuaderno separado.-

EL SECRETARIO,

Abg. LEONCIO VALERA.

Exp. Nº 35.974

PIIIPC/lv/

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