Decisión de Juzgado Superior Civil, Contencioso Administrativo y Agrario de Apure, de 2 de Diciembre de 2008

República Bolivariana de Venezuela

Poder Judicial

En su nombre:

Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso-Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur

ASUNTO: 626

DEMANDANTE: J.N.S., venezolano, mayor de edad, casado, criador, titular de la cedula de identidad N° 2.224.513 y de este domicilio.-

APODERADOS JUDICIALES DEL DEMANDANTE: J.D.V.L. y J.E.L.A., abogados, de este domicilio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 1.834 y 41.521 respectivamente.-

DEMANDADO: J.G.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 8.190.278 y de este domicilio.-

APODERADO JUDICIAL DEL QUERELLADO: J.C., abogado, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 20.868.-

MOTIVO: DESTRUCCION DE OBRA (APELACION).-

SENTENCIA: DEFINITIVA.-

1. DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA PRESENTE CAUSA: Conoce esta Alzada del presente expediente en virtud de la apelación interpuesta en fecha 31 de enero de 2.001, la cual corre inserta al folio trescientos dos (302), por el abogado en ejercicio J.C., quién actúa como Apoderado Judicial del ciudadano J.G.R., parte querellada en el presente juicio, en contra de la decisión de fecha 21 de diciembre de 2.000, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en el presente juicio por DESTRUCCION DE OBRA, en contra del ciudadano J.G.R., titular de la cedula de identidad N° 8.190.278.-

2. SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA:

   ACTUACIONES EN ESTA ALZADA: Se recibió por ante este Tribunal el expediente judicial, en virtud de la apelación que cursa al folio 302, suscrita por el abogado en ejercicio J.C., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 20.808, mediante la cual apeló de la referida decisión y fue oída en ambos efectos, ordenándose así mediante auto de fecha 05 de Febrero de 2.001, la remisión del expediente conjuntamente con el cuaderno de medidas a este Juzgado Superior en lo Civil, (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.

   En fecha 09 de Febrero de 2.001, esta superior instancia le dió entrada al expediente, y declaró abierto el lapso de ocho (08) días de despacho siguientes a dicho auto, para que las partes soliciten la constitución del tribunal con asociados, promuevan y hagan evacuar pruebas procedentes en esta instancia, de conformidad con el articulo 24 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios; medio procesal del cual no hicieron uso ninguna de ellas.

   Mediante auto dictado en fecha 22 de Febrero de 2.001 este juzgado, fijó el vigésimo (20°) día de despacho siguiente, para que las partes presentaren sus informes, de conformidad con el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil.-

   En fecha 16 de Marzo de 2.001, siendo el día fijado por este tribunal para que las partes presentaran sus informes, acto al que solo compareció el abogado J.D.V.L. con el carácter de apoderado judicial del demandante, quien presentó escrito de Informes, que corre inserto a los folios 312 al 335 de la presente causa.-

   Por auto de fecha 19 de Marzo de 2001, este juzgado superior declara abierto el lapso de ocho (8) días de despacho siguientes, para que la parte demandada haga sus observaciones sobre los informes presentados por el demandante.

   En fecha 02 de Abril de 2.001, el Dr. P.M.S.J.S.P., fijó (60) días calendarios siguientes a esa fecha, para dictar sentencia, por cuando había vencido el lapso para que la parte demandada hiciera observaciones a los informes presentados por el demandante; medio procesal del cual no hizo uso.

   En fecha 01 de Junio de 2.001, el Dr. P.M.S.J.S.P., difiere el pronunciamiento del fallo por un lapso de (30) días calendarios siguientes.

   Al folio 339 del expediente, corre inserta diligencia de fecha 15 de Mayo de 2.002, donde el apoderado judicial del demandante solicita al tribunal el debido pronunciamiento del fallo.

   Mediante diligencia de fecha 19 de Febrero de 2.004, el apoderado judicial del demandado, expone: que la sentencia inserta al folio 294, contiene en su parte dispositiva expresa prohibición a las partes y terceros construir nuevas cercas y bienhechurías sobre el área objeto del litigio que resultó ser una comunidad, por cuanto a la fecha el demandante y el tercero M.R.P., están deforestando y construyendo bienhechurías en el área, solicita al tribunal acuerde notificar a los mencionados ciudadanos a través de la Guardia Nacional de la prohibición vigente. Así es acordado por el tribunal mediante auto de esa misma fecha. Se libraron oficios.

   A los folios 347 al 349 del expediente, cursa resultas de las notificaciones acordadas, en el auto de fecha 19-02-2004.

   Al folio 375 corre inserto auto de fecha 12 de Mayo de 2.004, donde el Dr. E.P. se aboca al conocimiento de esta causa y acuerda la notificación de la parte demandante, por cuanto la solicitud de abocamiento fue interpuesta por el abogado J.C., la cual demuestra que el apoderado judicial del demandado se encuentra a derecho. Se libró boleta.

   Corre inserta al folio 377 resulta de la boleta de notificación librada a los apoderados judiciales del demandante.

   Mediante diligencia de fecha 04 de Mayo de 2.005, el demandado J.G.R., debidamente asistido por el abogado H.M.P., quien consigna y solicita que sea agregado a los autos las siguientes documentales: 1.- Copia certificada de documento primeramente autenticado por ante el extinto Juzgado del Municipio Arichuna de esta Circunscripción Judicial, en fecha 27 de febrero de 1912 y luego registrado por la Oficina Subalterna de Registro del Distrito de San F.E.A., el día 11 de marzo de 1912, bajo el N° 40, protocolo primero, primer trimestre, año 1912, de cuyo contenido se evidencia que R.P. vende a P.P., el derecho de un cuarto de legua de terreno en la posesión “Matapalo o Los Arucos” cuya situación y linderos particulares se dan aquí por reproducidos íntegramente. 2.- Copia Certificada del documento registrado por Oficina Subalterna de Registro del Distrito de San F.E.A., bajo el N° 21, folios 31 al 33, protocolo primero principal, cuarto trimestre, año 1958; de cuyo contenido se desprende que T.P.D.G. vende a P.E.T., el mismo lote de terreno que ya había vendido antes de su fallecimiento su legitimo padre R.P. a P.P.. 3.- Copia Certificada del documento registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito de San F.E.A., bajo el N° 67, folios 129 al 131, protocolo primero, tomo primero principal, primer trimestre, año 1975; de cuyo contenido se evidencia que T.A.T. y otros, venden a J.N.S., los derechos y acciones de propiedad de terrenos constante de 625 hectáreas, en posesión general de sabana “Matapalos o Los Arucos”, y es de observar que, los derechos objeto de esa venta están situados en “Barrancas Amarillas”, sitio este totalmente diferente al lugar donde esta ubicado el lote de terreno de su propiedad constante de 305,05 hectáreas; y 4.- Copia fotostática simple del documento registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito de San F.E.A., en fecha 28 d febrero de 2000, bajo el N° 20, folios 113 al 121, tomo quinto principal, primer trimestre, año 2000; de cuyo contenido consta la adquisición en propiedad de la parcela de terreno, constante de 305,05 hectáreas, indicada en el particular que antecede.

   Mediante diligencia de fecha 02 de Mayo de 2.006, el apoderado judicial del demandado, quien expuso: que la decisión que corre inserta a los folios 271 al 296, concretamente en su parte dispositiva que corre al folio 294, se prohíbe a las partes y terceros construir nuevas cercas y bienhechurías sobre el área objeto del litigio, por cuanto a la fecha el demandante J.N.S., está deforestando y construyendo bienhechurías en el área del predio que pertenece a la comunidad, es por lo que solicita y ratifica una vez mas al tribunal acuerde notificar a los mencionado ciudadano a través de la Guardia Nacional de la prohibición vigente y así dar cumplimiento a la decisión antes referida.

   En fecha 07 de Diciembre de 2.007, la Dra. M.G.S., Juez Superior titular de este juzgado, se avoca al conocimiento de la presente causa, acordando la notificación de las partes intervinientes en el presente juicio, concediéndoles el lapso de ley para que ejerzan los recursos a que hubiere lugar. Se Libraron boletas.

   A los folios 404-405 corren insertos resultas de las boletas de notificaciones ordenadas a las partes.

3. PLANTEAMIENTO DE LA CONTROVERSIA: Mediante escrito presentado en fecha 09 de Junio de 1.992, por los abogados en ejercicio J.D.V.L. y J.E.L.A., Inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 1.834 y N° 41.521 respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano J.N.S., quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 2.224.513 y de este domicilio; interpusieron demanda por DESTRUCCION DE OBRA contra el ciudadano J.G.R., venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 8.190.278 y de este domicilio; y en el cual alegan lo siguiente:

   Que con la introducción de esta demanda, se persigue obtener la destrucción de la obra, tipo cerca de alambre de púas con estantes de madera, edificada de mala fe, con sentido Este-Oeste y Norte-Sur, dentro de los linderos que encierran la superficie del pecuario denominado “El Josefino”, de la propiedad y posesión de nuestro poderdante J.N.S., ubicado en Jurisdicción del Municipio San Fernando, Estado Apure, por parte de J.G.R., apodado “El Gordo”.

   Que consta en documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Publico del Distrito San Fernando, Estado Apure, en fecha 10 de marzo de 1975, bajo el N° 67 folios 129 AL 131, Protocolo Primero, Tomo Primero, Primer Trimestre, que su representado, J.N.S., adquirió en propiedad y posesión un lote de terreno propias para la cría de ganado constante de SEISCIENTAS VEINTICINCO HECTAREAS (625 Has) de superficie, en la posesión general de sabanas denominadas “Matapalo o Los Arucos”, en Jurisdicción del Municipio San F.E.A., comprendida dentro de los siguientes linderos: Naciente, Boca del C.T. en el Río Apure, siguiendo una línea recta al c.T. y pasando por el Médano del Jobo de ese mismo c.T., parte aguas abajo hasta encontrare con el paso conocido con el nombre de “El Caro”, formado en el mencionado caño. De este último punto se parte una línea recta hacia el Este, pasando por el C.B.A., hacia el lado abajo de la primera mata hasta llegar a un médano que se encuentra en la costa del río Manaticito, donde existe un botalón. Desde este mismo punto de Manaticito aguas abajo, hasta el lugar donde ese río se reúne con otro denominado El Manglar y partiendo de este lugar al río Arichuna y de este ultimo aguas arriba hasta el desemboque que forma en el río apure y de aquí siguiendo por todo este río hasta el punto en el que se encuentra el mencionado c.E.T., que es el poniente y no el naciente de dicha posesión general, cuyo instrumento publico anteriormente citado, anexan marcado “2”.

   Que su representado J.N.S. sobre el lote de terreno de constante de Seiscientas Veinticinco Hectáreas (625 Has) de superficie, que adquirió con punto de posesión en la costa del c.L.Z., margen derecha, sentido aguas abajo; construyó con dinero de su propio peculio el fundo de su propiedad y posesión conocido con el nombre de “El Josefino”, situado en jurisdicción del Municipio San F.d.A., que esta alinderado de la siguiente manera: Norte: fundo de M.P., separado por una cerca de alambre de púas y estantes de madera; Sur: con c.L.Y.; Este: coño los Zorros y fundo de B.B.; y Oeste: Fundo de B.P., separado por una cerca de alambre de púas y estantes de madera.-

   Que el mencionado Fundo “EL Josefino” cuya situación, linderos y demás características se señalan precedentemente, ha venido siendo poseído por su representado J.N.S., desde hace mas de quince (15) años, al realizar permanentemente sobre el mismo, actividades agrarias, mediante la cría, la ceba y levante de ganados; siembra de pastos artificiales; construcción de mejoras en general que han venido facilitando su explotación agropecuaria, trabajos de llano, consistentes en la realización de vaquerías, cura y herraje de ganados; producción de queso y leche; y labores de vigilancia y conservación sobre el mismo; comportándose así como el verdadero dueño y poseedor del citado fundo “El Josefino”.

   Que el ciudadano J.G.R., apodado “El Gordo”, sin estar asistido de ninguna clase de derecho, en forma arbitraria y con ayuda de personal obrero a su servicio y con manifiesta mala fe, en la segunda quincena del pasado mes de mayo de 1992 y en contra de la voluntad de su representado J.N.S., construyó una cerca de alambre de púas y estantes de madera, dentro de los citados linderos del fundo “El Josefino” que tiene sentido Este-Oeste y Norte-Sur, con una longitud de mas o menos de UN MIL METROS (1.000mts), siendo de observar que dicha cerca así construida divide en dos (2) partes el lote de terreno que conforma dicho fundo; Una que queda al Este y otra que queda al Oeste, motivado a que atraviesa por el medio las sabanas que conforman el predio en cuestión.-

   Que con la construcción de la referida cerca, se ha introducido una innovación en el terreno del fundo “El Josefino”, que impide el normal pastoreo de los ganados que tiene su representado, y desmejora la producción agropecuaria que se ha venido realizando en dicho predio, poniendo igualmente en peligro la salud y la vida de los ganados que pastan en el mencionado fundo.-

   Que la mala fe observada por J.G.R., en la construcción de dicha cerca, deviene desde la circunstancia de que su edificación violentó los linderos del fundo “El Josefino”, al introducirse dentro del mismo de manera abusiva con tales fines y no obstante tener conocimiento que dicho fundo es propiedad y posesión de J.N.S., pues solamente con ese proceder pudo llevar a cabo la ilegal y arbitraria construcción.-

   Que en demostración de la construcción de la cerca en referencia, por parte de J.G.R., en las circunstancias de tiempo, lugar y modo, antes señaladas y con el carácter de prueba testimonial preconstituida, producen justificativos de testigos conformado por las declaraciones rendidas por los ciudadanos C.M.P., M.J.Z., L.A.A. y W.J.G., evacuado por ante e Juzgado del Municipio Biruaca de esta Circunscripción Judicial, de fecha 3 de junio de 1992, el cual anexan marcado “3”.-

   Que la presente demanda se encuentra fundamentada de conformidad con lo previsto en los artículos 547 y 557 del Código Civil, los artículos 99 y 96 de la Constitución de la Republica.

   Por todas las razones que anteceden y con el carácter señalado, acuden para Demandar formalmente como en efecto lo hacen, al ciudadano J.G.R., para que convenga o en su defecto a ello sea condenado por el Tribunal, en la Destrucción de la cerca de alambre de púas con estantes de madera, edificada de mala fe, dentro de los linderos del Fundo “El Josefino”, de la propiedad y posesión de su representado J.N.S., ya identificado, cuya cerca tiene sentido Este-Oeste y Norte-Sur y una longitud de mas de UN MIL METROS (1.000mts).-

   De conformidad con lo previsto en el articulo 8 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios y a los fines de asegurar y proteger la protección agropecuaria que arrojan los ganados propiedad de su poderdante J.N.S., y que pastan en el Fundo “El Josefino” de su pertenencia, específicamente en el sitio donde está construida la cerca de alambre de púas y estantes de madera objeto de la litis, respetuosamente solicitan que en uso del poder general cautelar que le confiere dicha norma, ordene abrir ocho (8) accesos de veinte (20) metros cada uno en el transcurso de dicha cerca a fin de facilitar el pastoreo y manejo de dichos ganados y de conservar su buen estado de salud que se encuentra amenazado por los inclemencias del invierno, así como para asegurar y proteger su producción.-

   Igualmente solicitó la representación judicial, de conformidad con lo previsto en los artículos 585 y 588 Parágrafo Primero del Código de Procedimiento Civil, y en virtud de la documentación acompañada con el libelo de demanda, representa un medio de prueba que constituye una presunción grave del derecho que se reclama y por existir fundado temor de que la contraparte pueda continuar causando lesiones graves al derecho de propiedad que tiene su representado, sobre el Fundo “El Josefino”, solicitan del tribunal que le prohíba al demandado J.G.R., la realización de construcción de mejoras o cercas dentro de los linderos y cercas del citado fundo, cuya situación y demás características han sido señaladas precedentemente.-

   PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA:

   Mediante auto de fecha 11 de Junio de 1.992, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, admitió la demanda por DESTRUCCION DE OBRA, y ordenó abrir ocho (8) accesos de veinte (20) metros cada uno en el transcurso de la cerca objeto de la litis con sentido este-oeste y norte-sur, dentro de los linderos que encierran la superficie de fundo El Josefino identificado en autos, previa constitución de garantía por la cantidad de Bs. 20.000, los cuales deberá consignar por ante este Tribunal. Asimismo, este tribunal conforme al articulo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, decreta medida cautelar mediante la cual se le prohíbe al demandado J.G.R., la realización de construcción de mejoras o cercas dentro de los linderos y cercas del Fundo El Josefino, ubicado en Jurisdicción del Municipio San F.d.E.A.; se ordena librar oficio al demandado J.G.R., a los efectos de que haga respetar la medida cautelar decretada. De conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos Agrarios, notifíquese al Procurador Agrario Regional, dándosele cuanta de la iniciación del presente juicio. Líbrese boleta de notificación. Se ordenó abrir cuaderno de medidas separado.-

   Mediante diligencia de fecha 17 de Junio de 1.992, el demandado se da por citado y consigna poder apud acta otorgado a los abogados A.M. y R.C., Inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 15.984 y 10.810 respectivamente.-

   Mediante escrito de fecha 26 de Junio de 1.992, los Abogados R.A.M. y R.C., con el carácter de apoderados judiciales del demandado J.G.R., consignan Escrito de Contestación de la Demanda en el cual exponen: “...Oponen para que sea decidido como punto previo en la definitiva, la falta de cualidad que tiene su representado J.G.R., para sostener este juicio, tal hecho deviene debido a que él no ha construido por su cuenta ninguna cerca, mejoras, ni bienhechurías en la general pro indivisa denominada “Matapalo o Los Arucos”, ubicado en jurisdicción del Municipio San Fernando, Estado Apure, comprendida dentro de los siguientes linderos: Naciente, Boca del C.T. en el Río Apure, siguiendo una línea recta al c.T. y pasando por el Médano del Jobo de ese mismo c.T., parte aguas abajo hasta encontrarse con el paso conocido con el nombre de “El Caro”, formado en el mencionado caño. De este último punto se parte una línea recta hacia el Este, pasando por el C.B.A., hacia el lado abajo de la primera mata hasta llegar a un médano que se encuentra en la costa del río Manaticito, donde existe un botalón. Desde este mismo punto de Manaticito aguas abajo, hasta el lugar donde ese río se reúne con otro denominado El Manglar y partiendo de este lugar al río Arichuna y de este ultimo aguas arriba hasta el desemboque que forma en el río apure y de aquí siguiendo por todo este río hasta el punto que se encuentra el mencionado c.E.T.; tampoco tiene ningún derecho de posesión ni propiedad sobre la referida general pro indivisa, en relación con la construcción de la mencionada cerca objeto de este litigio, la participación de su representado se limitó a cooperar con su señora madre, ciudadana M.J.D.R., titular de la cedula de identidad N° 1.836.215, ejerció presentación en todas las actividades destinadas a la construcción de dicha cerca, la cual realizó presionada por los comuneros colindantes entre ellos el demandante J.N.S., quienes pretendían reducir la posesión de terreno, siendo del conocimiento de los comuneros y prestatarios de la general pro indivisa Matapalos o Los Arucos, entre ellos el demandante, que la madre de su representado, es poseedora y propietaria del mencionado fundo y que tiene derecho de propiedad sobre la general pro indivisa por haber adquirido en propiedad un lote de terreno, además por ser heredera del fallecido comunero T.L.C. tal como consta en documentos que anexan marcados “A y B”, donde se evidencia que el demandante J.N.S. demanda al ciudadano T.L.C. padre de la ciudadana M.J.D.R. madre de su representado J.G.R., en el transcurso del proceso muere T.L.C. y con llamados a juicio sus herederos señalándolos individualmente a cada uno de ellos y la madre de su representado es citada personalmente.-

   Que por todo lo expuesto queda evidenciado que la cerca construida y objeto de este litigio es de la plena propiedad y posesión de la ciudadana M.J.D.R. y por ninguna razón se le debe atribuir su construcción a su representado J.G.R., motivo por el cual carece de cualidad para ser demandado en este juicio.

   Que rechazan y contradicen tanto los hechos como el derecho alegados por el demandante en el libelo de la demanda, por los siguientes motivos: 1.- Por todo lo anteriormente expuesto no es cierto que su representado J.G.R., haya construido para él cerca alguna. 2.-Tampoco es cierto que el ciudadano J.N.S. sea propietario de un lote de terreno constante de constante de SEISCIENTAS VEINTICINCO HECTAREAS (625 Has) de superficie, en la posesión general de sabanas denominadas “Matapalo o Los Arucos”, en Jurisdicción del Municipio San F.E.A., comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte: fundo de M.P., separado por una cerca de alambre de púas y estantes de madera; Sur: con c.L.Y.; Este: coño los Zorros y fundo de B.B.; y Oeste: Fundo de B.P., separado por una cerca d alambre de púas y estantes de madera; fundamentan tal criterio en los siguientes hechos: a.-Que las sabanas denominadas Matapalos o Los Arucos, es una posesión general pro indivisa, la cual en ningún momento ha sido objeto de partición, razón por la cual ninguno de los comuneros puede alegar ni pretender atribuirse un lote particular de terreno con linderos específicos, para su uso particular, con exclusión del disfrute de los demás comuneros, por cuanto, tanto la propiedad como la posesión se ejerce de manera promiscua, teniendo tanto el demandante J.N.S. como comunero el mismo derecho que tiene la señora M.J.D.R. madre de su poderdante demandado; b.- El demandante es propietario de derechos y acciones dentro de la general pro indivisa denominada “Matapalos o Los Arucos” y no propietario de SEISCIENTAS VEINTICINCO HECTAREAS (625 Has) individualizadas como pretende demostrar con el documento demostrativo de adquisición de la cantidad de terreno indicada, pues el referido documento es producto de una maniobra fraudulenta realizada por las partes que intervienen una operación de compra venta con la participación del Registrador, convirtiendo esos derechos y acciones en la cantidad de SEISCIENTAS VEINTICINCO HECTAREAS (625 Has), sin que se evidencie en los documentos anteriores la equivalencia de esos derechos y acciones con las mencionadas hectáreas y menos aun que haya existido juicio de partición; c.- El documento anexo al libelo marcado “2” es igual al que anexan a este escrito; protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro Publico del Distrito San Fernando, Estado Apure, en fecha 10 de marzo de 1975, bajo el N° 67 folios 129 AL 131, Protocolo Primero, Tomo Primero, Primer Trimestre. Tal documento es redactado con el único propósito de convertir los derechos y acciones a cantidad determinada SEISCIENTAS VEINTICINCO HECTAREAS (625 Has), y es así porque en su texto dice: “Por virtud de este documento queda sin efecto el documento protocolizado en la citada Oficina de Registro Subalterna, anotado bajo el N° 37, folios 70 al 73, protocolo primero, tomo primero, primer trimestre del año 1975. El documento que en forma ilegal se pretende anular y que anexan a este escrito marcado “D”, en él se expresa que la Sucesión de P.E.T., vende el ciudadano J.N.S., todos los derechos y acciones de propiedad que le pertenecen en general de sabana denominada “Matapalos o Los Arucos”. Ese mismo documento fue utilizado por el demandante cuando con acción similar a la presente, demanda al abuelo materno de su representado, pero aceptando en dicha demanda al cualidad de comunero de los ascendientes entre el legajo de copias certificadas que anexan marcadas “B” (folios 17 al 24).-

   Que la utilización de ambos documentos con contenido diferente a conveniencia del demandante, evidencia la mala fe y la conducta ilegal con que actúa el ciudadano J.N.S., conducta esta que debe ser apreciada por el juez, con el objeto de establecer que esta demanda es temeraria.-

   Que por cuanto la ciudadana M.J.D.R., titular de la cedula de identidad N° 1.836.215, es comunera en la general pro indivisa denominada “Matapalos o Los Arucos”, tal como se evidencia en los documentos anexos a este escrito marcados “A y B” y también es ocupante del mismo sector ocupado por el demandante J.N.S., por ser poseedora del Fundo denominado “El Garzón”, así como también propietaria de la cerca objeto de este litigio, además es madre de su representado J.G.R., según se evidencia de copia certificada de acta de nacimiento que anexan marcada “F”; todo lo cual significa que la causa pendiente es común a ambos, motivo por el cual piden al Tribunal sea llamada a juicio la ya identificada ciudadana M.J.D.R., de conformidad con el articulo 370 ordinal 4° del Código de Procedimiento Civil e igualmente solicitan el tribunal ordene su citación conforme al articulo 382 ejusdem...”

   Acordado de conformidad lo solicitado por los apoderados del demandado, según auto de fecha 06 de Julio de 1.992, fue citada la ciudadana M.J.D.R., como tercero llamado a la causa, compareciendo esta asistida por los abogados A.M. y R.C., el día 4 de agosto de 1.992, a los efectos de consignar escrito de contestación a la demanda y en el cual expuso:

   ...Rechaza y contradice la demanda de Destrucción de obra (cerca) propuesta por el demandante, tanto en los hechos como en el derecho invocado por este. Que en cuanto a los hechos, no es cierto que la cerca objeto del presente litigio sea propiedad de su hijo J.G.R., ya que la misma fue construida por orden de ella y a su sola y única expensas, siendo ella la única y exclusiva propietaria de la referida cerca. Que tampoco es cierto que el demandante sea propietario de un lote de terreno constante de seiscientas veinticinco hectáreas (625 has) situado en jurisdicción del Municipio San F.E.A., que esta alinderado así: Norte: Fundo de M.P. separado por una cerca de alambre de púas y estantes de madera; Sur: con c.L.Y.; Este: coño los Zorros y fundo de B.B.; y Oeste: Fundo de B.P., separado por una cerca d alambre de púas y estantes de madera. Que en efecto, consta de documentos cursante en los autos que el demandante J.N.S., solo adquirió derechos y acciones en la general pro indivisa Matapalo o Los Arucos, siendo en consecuencia uno de los comuneros que conjuntamente con otras personas y ella integran la referida comunidad, razón por la cual no puede pretender atribuirse la propiedad individual de un determinado lote de terreno, con superficie y linderos generales que distingue la general pro indivisa Matapalo o Los Arucos. Que el carácter de comunidad del lote de terreno antes identificado, lo reconoce el demandante en su libelo de demanda cuando dice textualmente: … J.N.S., adquirió en propiedad y posesión, un lote de terreno propio para la cría de ganado, constante de SEISCIENTAS VEINTICINCO HECTAREAS (625 Has) de superficie, en la posesión general de sabanas denominadas “Matapalos o Los Arucos”. Que en razón de los hechos expuestos, se evidencia que no es cierto que la cerca construida haya sido edificada sobre un lote de terreno de la exclusiva propiedad del demandante, por tanto no puede este decir que la cerca fue construida dentro de los citados linderos de el Fundo “El Josefino”. Que en conclusión demostrada ka existencia de comunidad, no puede el demandante alegar la propiedad de un lote particular de terreno de su exclusiva propiedad, siendo un condueño, tampoco se puede alegar que la cerca fue construida dentro un lote de su propiedad, razón por la cual no puede exigir que se le satisfaga su pretensión de destruir la cerca edificada por ella, cuaximamente cuando no ha respetado su derecho al construir todas las cercas que conforman un lote de proteros de la posesión “El Josefino”, por reservarse para otra oportunidad las otras cercas que conforman los Fundos “Caña Brava”, “El Guasimal” y “El Josefino” propiedad del demandante J.N.S., edificados dentro de la misma general pro indivisa Matapalos o Los Arucos.

   Que la normas invocadas por el demandante, son normas aplicables única y exclusivamente al derecho de propiedad cuando se es propietario individual de una cosa, ya que por su condición de comunero, las normas a invocar y aplicar son las relativas a la comunidad a que se contrae a los artículos 759 al 770, por lo que la pretensión del demandante carece de absoluta fundamentacion legal.

   DE LA RECONVENCION

   … (…)… Es el caso ciudadano juez, que la cerca objeto de la presente demanda no es propiedad de su hijo J.G.R., sino que ha sido construido por orden de ella, con dinero de su propio peculio y su intervención fue la de colaborar con ella, como su hijo que es.

   Que consta en auto que el demandante J.N.S., adquirió por compra a los ciudadanos T.A.T., J.P.T.M., R.M.T.M., M.N.T.C.D.P., E.M.T.M., T.A.T.D.E., V.A.D.F., T.T., en representación de J.A.T.D.P. (fallecida) sus herederos; su cónyuge J.F.P. y sus hijos J.F.P. y sus hijos J.D.P., R.P.P., E.D.C.P. y C.M.T. DE GALINDO y en representación de M.N.T.D.E. (fallecida) sus herederos, sus hijos B.B.E., V.E.E., C.R.E., YRMINA ESPAÑA y M.I.E.; derechos y acciones en la general de sabanas denominada “Matapalo o Los Arucos”, ubicado en jurisdicción del municipio Arichuna, San F.E.A., comprendida dentro de los siguientes linderos: Naciente, Boca del C.T. en el Río Apure, siguiendo una línea recta al c.T. y pasando por el Médano del Jobo de ese mismo c.T., parte aguas abajo hasta encontrarse con el paso conocido con el nombre de “El Caro”, formado en el mencionado caño. De este último punto se parte una línea recta hacia el Este, pasando por el C.B.A., hacia el lado abajo de la primera mata hasta llegar a un médano que se encuentra en la costa del río Manaticito, donde existe un botalón. Desde este mismo punto de Manaticito aguas abajo, hasta el lugar donde ese río se reúne con otro denominado El Manglar y partiendo de este lugar al río Arichuna y de este ultimo aguas arriba hasta el desemboque que forma en el río apure y de aquí siguiendo por todo este río hasta el punto que se encuentra el mencionado c.E.T.. Documento N° 37, folios 70 al 73 del Protocolo Primero, Tomo Primero, Primer Trimestre del año 1975, de fecha 10 de marzo de 1975, el cual anexa en fotocopia marcada “A”.

   Que también consta en auto que J.N.S. treinta y cuatro (34) días después de haber sido protocolizado el documento anteriormente señalado, protocoliza un nuevo documento donde convierte los derechos y acciones adquiridos en las 625 hectáreas, expresándose en el texto del documento que se anula al anterior, tal como consta en documento protocolizado en la Oficina del Registro Subalterno del Distrito de San F.E.A., bajo el N° 67, folios 129 al 131 del Protocolo Primero, Tomo Primero, Primer Trimestre del año 1975, el cual anexa en fotocopia marcada “B”:

   Que examinada la tradición de la propiedad alegada por J.N.S., se observa que los vendedores, son sucesores de P.E.T., que adquiere derechos y acciones en la sabana denominada “Matapalo o Los Arucos”, derechos estos que pertenecían a la ciudadana T.P.D.G., quien a su vez los hubo por herencia de su difunto padre R.P., según documento protocolizado en la Oficina Subalterna del Registro Publico del Distrito de San F.E.A., bajo el N° 21, folios 31 al 33 del Protocolo Primero principal, cuarto Trimestre del año 1958, de fecha 22 de octubre de 1958, el cual anexa en fotocopia marcada “C”:

   Que también pide al ciudadano juez, que al revisar la documentación anexa observe que es totalmente falso lo que dice el demandante en su libelo de demanda de que adquiere la propiedad con punto de posesión en la Costa del c.L.Z., observe también que el demandante a conciencia, ha utilizado los documentos para demandar y reclamar pretendidos derechos; con el documento por el cual adquiere derechos y acciones demanda a su fallecido padre T.L.C. Exp. 287 que cursa por ante ese tribunal y ahora con el documento donde adquiere 625 hectáreas demanda a su hijo J.G.R..

   Que con base a lo anteriormente expuesto y con fundamento en los documentos consignados, queda demostrado que tanto el demandante J.N.S., como ella son comuneros en al general pro indivisa “Matapalos o Los Arucos”, con la única diferencia que el demandante pretende ser el único que tiene derechos, hacer uso y disfrute de la citada general pro indivisa y es así como ha construido en dicha propiedad los fundos denominados “Caña Brava”, “El Guasimal” y “El Josefino”, los dos primeros situados en el sector el Manglar y el ultimo plenamente identificado en autos.

   Que todos estos fundos con amplias superficies de terreno cercadas y con disfrute en las sabanas y ella con su derecho de propiedad y posesión en la identificada general pro indivisa, solamente tiene el Fundo “El Garzón” con una infinita superficie de terreno, se vio en la imperiosa necesidad de construir la cerca objeto del presente litigio para seguridad y subsistencia de sus animales, en virtud de que tanto los antiguos adquirientes entre ellos el demandante, como los recientes entre ellos B.P. y A.L., han construido indiscriminadamente cercas, al extremo de reducir su posesión a la pequeña cantidad que ha quedado encerrada dentro de las cercas construidas por perimetrales de su fundo pertenecen a otro comuneros, impidiéndoseme el disfrute común a que tiene derecho como comunera que es. Por otra parte, si el demandante tiene derecho a proteger sus semovientes, también ella quiere y tiene el derecho de proteger los suyos, siendo que ambos tienen derecho de propiedad en la general pro indivisa.

   Que siendo la propiedad Matapalos o Los Arucos una general pro indivisa que hasta el momento no ha sido objeto de partición, todos los comuneros tienen el derecho del disfrute de la cosa común, ningún comunero podrá hacer innovaciones, ni tampoco puede arrogarse el dominio sobre lotes individuales de terreno con linderos específicos, como arbitrariamente lo pretende el demandante, quien pide se le respete su derecho con menoscabo del de ella, derechos que ilegalmente fundamenta. De conformidad con lo establecido en el articulo 731 del Código Civil.

   Que las cercas construidas por el demandante J.N.S. en sus fundos “Caña Brava”, “El Guasimal” y “El Josefino”, constituyen una invasión en la cosa común, prohibida en el articulo 763 del código Civil, por tanto las mismas fueron construidas con violación a la ley.

   Que con base a los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, es por lo que acude para Reconvenir como en efecto reconvengo conforme a los artículos 361 parte infine y 365 del Código de Procedimiento Civil, al también comunero ciudadano J.N.S., para que convenga o en su defecto, sea condenado por el tribunal, en desmantelar y destruir las cercas construidas por el en sus Fundos “Caña Brava”, “El Guasimal” y “El Josefino” ubicados en la general pro indivisa Matapalos o Los Arucos, ya identificados, para obtener así el disfrute común de la cosa por parte de todos los comuneros.

   Que estimó la reconvención en la cantidad de (Bs. 300.000) lo equivalente a (Bs. F 300)...

   En fecha 06 de Agosto de 1.992, se admite la reconvención cuanto ha lugar en derecho y se fija el tercer día de despacho siguiente, a los fines de que el ciudadano J.N.S.d. contestación a la misma.

   En fecha 14 de Agosto de 1.992, los apoderados judiciales del demandante, consignan anexos y escrito de contestación a la reconvención, en el cual expusieron: “...Que rechazan y contradicen tanto en los hechos como en el derecho, la reconvención propuesta por la tercera interviniente, contra su representado, por desmantelamiento y destrucción recercas en la posesión general pro indivisa denominada Matapalos o Los Arucos, motivado a que dicha reconvención resulta ser contraria a derecho, por virtud de las siguientes consideraciones: 1.- De conformidad con lo previsto en el articulo 361 del Código de Procedimiento Civil, en la contestación de la demandante, el demandante junto con las defensas invocadas, podrá hacer valer la falta de cualidad o la de intereses en el actor o en el demandante para intentar o sostener el juicio y las cuestiones a que se refieren los ordinales 9°,10° y 11° del articulo 346 ejusdem, cuando estas ultimas no las hubiese propuesto como cuestiones previas y también podrán proponer la reconvención o mutua petición o llamar a un tercero a la causa, lo cual deberá hacer en la contestación de la demanda.

   Que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el 361 ejusdem, la formulación o proposición de toda reconvención o mutua petición, como medio de ataque, es un derecho privativo de la parte demandada y no de los terceros intervinientes en la causa, que son llamados a la misma por el demandado.

   Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 383 del Código de Procedimiento Civil, el tercero que es llamado a juicio, en virtud de la cita que le formula el demandado y que a tales fines comparece ante el tribunal debe presentar por escrito su contestación a la cita, pero en ningún caso se le admitirá la promoción de cuestiones previas, siendo de advertir que su falta de comparecencia al llamado que se le hace, produce el efecto indicado en el articulo 362 ejusdem.

   Que conforme a lo dispuesto en el citado artículo 383 ejusdem, el tercero interviniente en la causa, no puede reconvenir por virtud de lo siguiente: 1.- Por que la reconvención, solo puede ser propuesta por el demandado en la contestación a la demanda y no por un tercero que h asido llamado a la causa; 2.- Por que cuando el tercero interviene en el juicio, en razón a la cita de que ha sido objeto, lo hace en un momento posterior al acto de contestación de la demanda; y 3.- Por que al tercero interviniente, solamente le esta permitido dar contestación a la cita, mediante la proposición de todas aquellas defensas que le favorezcan, es decir, que puede esgrimir toda clase de alegatos para enervar la acción propuesta en su contra, pero no le es permitido proponer una reconvención, ya que esta no es propiamente una defensa, sino una acción o medio de ataque que puede ejercer el demandado y no el tercero interviniente...”

   Mediante diligencia de fecha 23 de Septiembre de 1.992, la tercera llamada a juicio, M.J.D.R., confiere poder apud acta, a los abogados R.A.M. y R.C.. El cual es agregado a los autos en esa misma fecha.

   En fecha 22 de Septiembre de 1.992, el abogado J.E.L.A. con el carácter de apoderado judicial del demandante, presenta escrito de promoción de pruebas, cursante a los folios 125-136. En tal sentido, las mismas son admitidas mediante auto de fecha 25 de Septiembre de 1.992.

   En fecha 23 de Septiembre de 1.992, la ciudadana M.J.D.R., tercera llamada a juicio, presenta escrito de promoción de pruebas, que riela a los folios 139-142. En tal sentido, las mismas son admitidas mediante auto de fecha 25 de Septiembre de 1.992

   Cursa a los folios 145 al 167, diligencias consecutivas donde los apoderados judiciales de tanto el demandante como del demandado y de la tercera interviniente, convienen en suspender el curso de la presente causa, por lapsos de tiempo determinados.

   Mediante diligencia de fecha 17 de Enero de 1.994, los co apoderados Judiciales tanto del demandante, del demandado y de la tercera interviniente, convienen nuevamente en suspender el curso de este juicio hasta el día 18 de febrero de 1.994 y además solicitan al tribunal que al día siguiente de haberse vencido dicha suspensión, sea prorrogado el lapso probatorio por un periodo de 7 días de despacho a objeto de evacuar las pruebas promovidas. Así es acordado por el tribunal mediante auto de fecha 21 de Febrero de 1.994.

   Corre inserto a los folios 181 al 243, las actuaciones relativas a la evacuación de todas las pruebas promovidas por las partes involucradas en el presente juicio.-

   Por auto de fecha 08 de Marzo de 1.994, se agregan a los autos escrito de informes presentado por la representación judicial del demandado y de la tercera interviniente. Igualmente en esa misma fecha se fijó el tercer día de despacho siguiente, para que las partes hicieran las observaciones a los informes presentados.

   Por auto de fecha 14 de Marzo de 1.994, el tribunal dice vistos y entra en etapa de dictar sentencia.

   En fecha 16 de Marzo de 1.994, difiere el acto de dictar sentencia en la presente causa para el decimoquinto (15°) día calendario siguiente a esta fecha.

   Mediante diligencia de fecha 18 de Septiembre de 1.995, el abogado A.M.L., renuncia de manera irrevocable al poder apud acta que le fuera otorgado por el ciudadano J.G.R., que corre inserto a los folios 31 y 32. Igualmente solicita que de esa renuncia sea notificado el ciudadano J.G.R..

   Por auto de fecha 20 de Septiembre de 1.995, es acordado en conformidad lo solicitado, se libró boleta de notificación al ciudadano J.G.R..

   Corre a los folios 260 al 263, las actuaciones relativas a la apertura de la cuenta ahorros a nombre del demandante J.N.S., referente a la caución ordenada por el tribunal en el auto de admisión del presente juicio.

   Por auto de fecha 15 de Marzo de 2.000, el Dr. L.M.A.P., se avoca al conocimiento de la presente causa. Se libraron boletas de notificación a las partes. A los folios 268-269 consta resultas de dichas notificaciones.

   Mediante auto de fecha 31 de Julio de 2.000, el tribunal difiere el acto de dictar sentencia en el presente juicio, para el (15°) día calendario siguiente a la presente fecha.

   En fecha 21 de Diciembre de 2.000, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró: