Decisión nº 325 de Juzgado Sexto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de Zulia, de 23 de Julio de 2013
| Fecha de Resolución | 23 de Julio de 2013 |
| Emisor | Juzgado Sexto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco |
| Ponente | Alejandrina Echeverria |
| Procedimiento | Cobro De BolÃvares |
Exp.: 7887 Sent.: 325-2013
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEXTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, J.E.L. Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
203° y 154°
I
PARTES INTERVINIENTES
DEMANDANTE: J.P.D..
DEMANDADA: YUTZELIS LOSADA BRACHO.
ACCIÓN: COBRO DE BOLIVARES.
II
PARTE NARRATIVA
Se inició el presente juicio de cobro de bolívares por derecho de accesión mediante demanda interpuesta en fecha 05-10-2012 por el ciudadano J.P.D., cédula de identidad No. V-1.668.346, actuando como heredero ab-intestato de su progenitor J.D.L.S.P.V. y heredero testamentario de los ciudadanos C.A.P.V., B.P.V., cédula de identidad No. V-1.061.045, y A.R.P.V., cédula de identidad No. V-110.060; según testamentos registrados todos ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del distrito Maracaibo del estado Zulia, los días 14-11-1970, 09-08-1974 y 04-03-1982 bajo los Nos. 3, protocolo 4°; 4, protocolo 4°; y 1 protocolo 4°, respectivamente; y de conformidad con el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil obrando en resguardo de los derechos e intereses de sus coherederos, los herederos de V.P.V., y de sus comuneros, los herederos de VINCENCIO P.S. y J.M.M., por ser todos propietarios de un fundo denominado “La Entrada”, alinderado de la siguiente forma: NORTE: posesión que es o fue de V.B., posesión que es o fue de E.H. y otros, posesión denominada La Misión que es o fue de E.R. y posesión de nombre El Guayabal que es o fue de L.d.L.; SUR: posesión Cerro de las Flores, también conocida como Hato Grande, que es o fue de B.P.; ESTE: terrenos propiedad de Venezuelan Oil Concession, terrenos propiedad de la Creole Petroleum Corporation, terrenos de la posesión llamada Hato Viejo de la sucesión Parra Valbuena y Noguera Blanco, y terrenos de la posesión La Penda, así como el viejo camino de Quintero intermedio; y OESTE: posesión de nombre El Rincón que es o fue de Z.A. y posesión llamada El Florido que es o fue de M.R.; carácter que detentan según documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro del Segundo Circuito del distrito Maracaibo del estado Zulia en fecha 10-01-1955, bajo el No. 11, protocolo 1°, tomo 6°.
Ahora bien, en el referido escrito libelar el ciudadano J.P.D. explana que la ciudadana YUTZELIS LOSADA BRACHO, cédula de identidad No. V-15.011.174, ocupa una porción del fundo antes descrito con una construcción de aproximadamente CIENTO CINCUENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON NOVENTA DECÍMETROS (155,90 Mts.2), signada con el No. 51-17, ubicada en la calle 113-6 entre avenida 51 y tapón del barrio San M.d.P., en jurisdicción de la parroquia M.D. del municipio Maracaibo del estado Zulia, por lo que de conformidad con el artículo 558 del Código Civil, y por cuanto el valor de la construcción excede el del terreno ocupado, requiere el pago de la cantidad de NOVECIENTOS BOLIVARES (Bs.900,00), equivalentes a DIEZ UNIDADES TRIBUTARIAS (10 UT), cantidad que vale la porción de tierra, y la atribución al mencionado accionado de la propiedad del terreno deslindado.
La referida acción de cobro de bolívares por derecho de accesión fue admitida el 09-10-2012, siendo citada la parte demandada en fecha 22-10-2013, quien el día 07-11-2012, mediante asistencia de la abogada en ejercicio L.D.B., matriculada bajo el No. 56.718, presentó diligencia allanándose a la pretensión, de conformidad con el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos:
…convengo en todos y en cada uno de los términos de la misma, por ser ciertos los hechos narrados y asistirle al demandante J.P.D., sus coherederos y sus comuneros el derecho alegado e invocado en el libelo de demanda…omissis…Pido al Tribunal, de conformidad con lo establecido en los artículos 263 y 363 del Código de Procedimiento Civil, homologue este convenimiento y le dé el carácter de cosa juzgada, ordenando el archivo de este expediente y así mismo se sirva ordenar expedirme copia certificada mecanografiada y/o computarizada de este convenimiento una vez conste en actas haber recibido el demandante el monto a que se contrae la demanda.
Posteriormente, el día 29-11-2012 este Tribunal ordenó oficiar a la Sindicatura Municipal de Maracaibo, a la Oficina de Catastro de Maracaibo y al Registro Inmobiliario del Primer Circuito del municipio Maracaibo del estado Zulia, así como publicar cartel de notificación en un diario de mayor circulación en la localidad, por cuanto la demanda se encuentra fundamentada en la Ley Especial de Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos Populares.
Por último, en fechas 28-01-2013 y 30-01-2013 se recibieron oficios emanados de la Sindicatura Municipal de Maracaibo y de la Oficina de Catastro de Maracaibo del estado Zulia.
III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
Es indiscutible que todo juicio debe terminar por sentencia definitiva proferida por el Juez, sin embargo existen los llamados modos anormales de terminación del proceso, los cuales son aquellos acuerdos celebrados entre las partes de manera voluntaria (transacción, homologación, conciliación y desistimiento), que de producirse en cualquier estado o grado de la causa al operador de justicia sólo le resta impartir su aprobación, claro está, si no existe impedimento legal para su procedencia, tal como refiere el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.
Así pues, en relación a la figura del convenimiento, el artículo 264 del referido texto legal señala que para poder realizar tal acto, se debe tener capacidad para disponer del objeto sobre el cual versa la controversia; igualmente el artículo 363 ejusdem, refiere que cuando el demandado se allane en todo lo que le exija la contraparte, como sucede en el caso en concreto, la causa quedará terminada y se procederá como en cosa juzgada previa homologación de dicho convenimiento, de lo cual se colige que ésta figura carece de carácter contencioso, no obstante, como se refirió anteriormente, el Juez debe analizar detenidamente la pretensión, para dilucidar si es materia a la cual pueda darle su aquiescencia.
Tal criterio es compartido por el autor Henriquez La Roche (Instituciones del Derecho Procesal, 2005), quien expresa:
…el convenimiento un pronunciamiento adverso al demandado, y eventualmente favorable al demandante. Decimos eventualmente favorable al demandante porque la eficacia procesal del convenimiento al igual que la de la transacción- esta limitada por el orden público…omissis…su formulación no determina necesariamente el contenido de una providencia que extinga el proceso…
(Destacado del Tribunal).
Siguiendo con el planteamiento anterior, es el Operador de Justicia quien tiene que verificar si la demanda es contraria o no a la Ley, si las partes están revestidas de cualidad en el juicio o simplemente, si el litigio versa o no sobre derechos indisponibles, es decir, que no les son propios ni al actor ni al demandado allanado, ya que tal forma de autocomposición procesal se encuentra limitada por el orden público.
Siendo muy importante el análisis del Juez en el desarrollo del proceso, dado que la Constitución Bolivariana de Venezuela promueve el llamado Estado Social de Derecho, el cual le concede poderes discrecionales que le autorizan para proceder en justicia conforme a su leal saber y entender; pero con extremo cuidado de no caer en el abandono de la legalidad, es decir, sigue sujeto a la Ley, pero con la posibilidad de no someterse a ella si así se lo aconseja su prudente arbitrio, al momento de buscar y realizar justicia.
En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No. 07 de fecha 01-02-2000, asentó que el Estado Venezolano es de derecho y justicia, donde las formas quedan subordinadas a las cuestiones de fondo y no viceversa; lo cual significa que la Carta Magna ha dado un cambio radical a la c.d.p..
Concluyéndose por medio del anterior análisis, dos aspectos muy importantes: en primer lugar, que aunque el convenimiento es un acto unilateral del demandado el Juez debe ser muy cauteloso y estudiar a fondo la pretensión antes de darle su aprobación; y en segundo lugar, que la constitución establece una concepción social del proceso, que trae como consecuencia un cambio en la posición del operador de justicia frente a la Ley, otorgándole amplias facultades discrecionales al momento de la toma de decisiones. Por lo que es preciso estudiar si en el caso bajo estudio, la pretensión del ciudadano J.P.D. de atribuirle a la ciudadana YUTZELIS LOSADA BRACHO, a cambio de una indemnización, parte de la propiedad que comparte con los herederos de las sucesiones P.S. y MONTES MONSERRATE, es válida en derecho.
Entonces se tiene que el actor en su escrito libelar invocó la representación sin poder prevista en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, para incoar la demanda no sólo en representación de sus propios derechos e intereses, sino también salvaguardando los de sus coherederos y comuneros, por lo que queda determinar si bajo tal figura, el demandante de marras tiene capacidad para disponer de los bienes que no son de su única y exclusiva propiedad; más aun, cuando el fundamento de la pretensión se encuentra contemplado en el artículo 558 del Código Civil, que dispone que es el propietario de la cosa, quien puede pedir que parte del todo “…se le atribuya al ejecutor de la obra, contra pago de una justa indemnización por su fundo y por los daños y perjuicios que se le hubieren ocasionado…”; evidenciándose así, que quien posee legitimidad para intentar la acción de cobro de bolívares por derecho de accesión, es el dueño del bien inmueble.
Ahora bien, en relación a la representación judicial sin poder, el autor Ortiz, (Teoría General del Proceso, 2004), refiere:
…El propósito del legislador, ha señalado la doctrina, es siempre extender hasta límites extremos la posibilidad de representación para impedir que por obstáculos legales una de las partes pueda quedar indefensa en el proceso…Es una clase de representación legal, porque emana de la ley, pero fundada no en razones de incapacidad del representado, sino en el interés común existentes entre el representante y el representado. El representante sin poder no sólo puede presentarse en juicio o concurrir al tribunal después de entablada la contención, sino que puede presentar la demanda en nombre de los representados, puesto que la disposición mencionada comienza refiriéndose al actor que no necesita acompañar un poder para el ejercicio de la acción… La primera parte del artículo 168 CPC se refiere no a una representación judicial sino una representación civil, es decir, cuando el heredero se presenta por su coheredero (en causas originadas por la herencia) y el comunero por su condueño (en lo relativo a la comunidad), se refiere a una representación civil, en cuyo caso tanto el heredero como el comunero deben estar asistidos por un profesional del Derecho...omissis…el representante sin poder puede intervenir en cualquier acto procesal que se requiera para la defensa de la parte, como contestar demandas, promover pruebas, evacuarlas, informar, apelar, recurrir en casación, etc. La norma en esto no hace distinción y, en consecuencia, no es dable al intérprete restringir la defensa de la parte con una interpretación exclusiva. Todo esto se refiere a los actos de defensa procesal, no así en lo que se refiere a la disposición, esto es, transigir, convenir, someter a arbitraje o a la equidad, y en general los actos de disposición que requieren poder expreso tal como lo dispone el artículo 154 del CPC
(Destacado del Juzgado).
De la opinión del autor Ortiz, se colige que la finalidad de la representación sin poder es la de impedir que por meros formalismos alguna de las partes pueda caer en indefensión; teniendo su origen en el interés común existente entre el representante (en este caso ciudadano J.P.D.) y el representado (sus herederos y comuneros); teniendo tal figura carácter civil, pudiendo el representante sin poder, intervenir en cualquier acto procesal que se requiera para la defensa de la parte (interposición de demanda, promoción de pruebas, informes, apelación), pero no en actos de disposición que requieren poder expreso.
Lo cual es sumamente lógico, dado que si el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil le impide a la persona a la que le fue otorgado un poder por escrito “convenir en la demanda, desistir, transigir…recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio” si no tiene facultad expresa; es viable más aún la aplicación de tal precepto cuando una persona está representando a otra sin poder, invocando el artículo 168 ejusdem.
También cabe resaltar el contenido de la sentencia No. 957 de fecha 26-05-2005, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que declaró improcedente una acción de amparo interpuesta en una causa análoga incoada por el ahora actor, ciudadano J.P.D., donde la Sala expuso:
…la pretensión de la parte accionante está dirigida a lograr una tercera revisión del asunto controvertido, que es la homologación del convenimiento suscrito por las partes en la causa principal, en la cual el demandado…convino en los términos de la demanda incoada por el ciudadano J.P.D. y el Juzgado…actuando en alzada, declaró sin lugar la apelación interpuesta contra la sentencio dictada el 7 de septiembre de 2004, por el Juzgado Cuarto de los Municipios Maracaibo, J.E.L. y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y confirmó la sentencia apelada, por estimar que efectivamente el tribunal de primera instancia, acertó al abstenerse de homologar el referido convenimiento, por no estar acreditada en actas la facultad del demandante, ciudadano J.P.D., de convenir o disponer en juicio los derechos e intereses de sus coherederos y comuneros sobre la propiedad del fundo…
(Subrayado del Tribunal).
Asimismo, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, mediante fallo No. 081 de fecha 29-06-2011, relacionado a caso análogo llevado ante el Juzgado Undécimo de los municipios Maracaibo, J.E.L. y San Francisco de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, decidió lo que de seguidas se plasma:
…el Juzgado a-quo se abstuvo de homologar el convenimiento efectuado por la parte demandada en la presente causa, fundamentando su decisión en… concluir que el ciudadano NEUCRATES DE J.P.M., que actúa en la presente causa en representación sin poder de sus comuneros o coherederos de conformidad con el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, al momento de celebrar el convenimiento requería autorización expresa para disponer del derecho en litigio de la acción prevista en el artículo 558 ejusdem...omissis…Derivado de todo lo cual, considera el suscriptor de este fallo que ….por cuanto no existe constancia en actas que los coherederos del demandante NEUCRATES DE J.P.M., cuya representación se atribuye de conformidad con lo previsto en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, la cual además, no se deriva de los documentos presentados con la demanda, le hayan autorizado en forma expresa para aceptar el convenimiento del demandado y con ello dar por terminado el presente proceso, se considera improcedente la homologación del convenimiento efectuado por el demandado en la presente causa en fecha 28 de junio de 2010… resulta forzoso CONFIRMAR la decisión proferida en fecha 16 de marzo de 2011 por el Juzgado Undécimo de los Municipios Maracaibo, J.E.L. y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, y asimismo declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra dicha decisión…
(Destacado del Juzgado).
Por lo tanto se colige que en el caso bajo estudio, el ciudadano J.P.D. perfectamente puede interponer la demanda en representación de los intereses de sus comuneros y herederos, sin embargo, no puede disponer de los bienes cuya titularidad comparte con estos, dado que requiere facultad expresa de la Ley a los fines de la traslación de la propiedad de un bien perteneciente a una comunidad, pues es un derecho que no le es suyo propio.
Referido esto, y dado que no se desprende de las actas procesales que haya habido partición de la comunidad o en su defecto, solicitud del abandono por vía judicial de la porción que le pertenece a los comuneros y herederos del ciudadano J.P.D. del fundo La Entrada, de acuerdo al artículo 762 del Código Civil, es menester para esta Juzgadora concluir que el actor de marras no está facultado para trasladarle a la demandada de marras una porción de propiedad del terreno controvertido, cuya titularidad comparte en comunidad con las sucesiones PARRA VALBUENA, P.S. y MONTES MONSERRATE; por lo tanto, quien aquí decide no puede impartirle su aprobación al convenimiento presentado en fecha 07-11-2012, de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil. ASÍ SE DECIDE.-
De otra parte, visto el escrito presentado en esta misma fecha por la apoderada judicial de la parte demandada, abogada L.D.B., matriculada bajo el No. 56.718, désele entrada, agréguese a su respectivo expediente y provéase de conformidad, ordenándose expedir dos (02) juegos de copias certificadas de los folios sesenta (60), sesenta y uno (61), sesenta y dos (62), sesenta y cuatro (64) y su vuelto, setenta y cuatro (74) al setenta y ocho (78) y su vuelto, setenta y nueve (79), ochenta (80) y ochenta y uno (81), todos del presente expediente. CÚMPLASE.-
IV
Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SEXTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, J.E.L. Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, niega la homologación del convenimiento realizado por la parte demandada en fecha 07-11-2012, en el juicio de COBRO DE BOLIVARES instaurado por el ciudadano J.P.D. en representación de sus propios derechos e intereses y los de las sucesiones PARRA VALBUENA, P.S. y MONTES MONSERRATE, contra la ciudadana YUTZELIS LOSADA BRACHO.
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la decisión.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
Déjese copia certificada de este fallo de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la sala de este Juzgado a los veintitrés (23) días del mes de julio del año dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
Abg. A.E.C.
JUEZA TEMPORAL
EL SECRETARIO,
Abg. F.E.R.
Siendo las tres y diecisiete minutos de la tarde (03:17 p.m.) se dictó y publicó el fallo que antecede bajo el No. 325-2013.-
EL SECRETARIO
