Decisión de Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del L.O.P.N.A de Merida (Extensión Mérida), de 22 de Marzo de 2005

Fecha de Resolución22 de Marzo de 2005
EmisorTribunal Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del L.O.P.N.A
PonenteDaniel José Prieto
ProcedimientoAprehensión En Flagrancia Y Acuerdo Conciliatorio

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL No. 02. SECCION DE ADOLESCENTES, DE LA CIUDAD DE MERIDA, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE ESTADO MERIDA. Mérida, veintidós de marzo del año dos mil cinco dos (22-03-2005).

194º y 145º

Causa: C2- 1128-05

Asunto: AUTO DE CALIFICACIÓN DE APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA Y CONCILIACION.

JUEZ DE CONTROL: ABG. D.P.P.

FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. J.C.P.E.

DEFENSA PÚBLICA: ABG. J.M.L.

ADOLESCENTE: (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.)

Vistos. Por cuanto en la fecha y hora indicada se llevó a cabo la Audiencia de Calificación de Aprehensión en Flagrancia, solicitada por la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público de este Circuito Judicial Penal, donde el Tribunal en audiencia oral y privada mediante motivación declaró con lugar la solicitud de aprehensión en flagrancia, con respecto a la calificación deL delito de: LESIONES INTENCIONALES LEVES, establecido en el artículo 418 del Código Penal Vigente, contra el adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), sancionado en el Artículo 620 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, procede por auto separado a indicar los fundamentos acordados en la audiencia, basado en las siguientes consideraciones y términos:

DATOS PERSONALES DEL ADOLESCENTE

(SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.).

El citado adolescente se encuentra debidamente representado por el DEFENSOR PUBLICO ABG. J.M.L..

VÍCTIMA

J.A.C.M., titular de la cedula de identidad número: 17.322.102.

DELITO

LESIONES INTENCIONALES LEVES, establecido en el artículo 418 del Código Penal Vigente, sancionado en el artículo 620 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN

Al adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), se le atribuye el hecho de haber sido aprehendido en flagrancia por personas particulares, en virtud del hecho ocurrido el día 20 de marzo del año 2005, aproximadamente a las 06:00 p.m., en la cancha deportiva El Coloso, ubicada en la ciudad de T.E.M., cuando el adolescente se encontraba jugando fútbolito, en compañía de otras personas, y surgió una discusión por el juego, con el ciudadano J.A.C.M., al cual agredió con un pico de botella, cortándolo en el brazo izquierdo, ocasionándole lesiones que ameritaron asistencia medica, susceptibles de alcanzar su curación en un tiempo de ocho días, luego fue puesto el adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), a la orden de la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público.

La Fiscal Décima Segunda del Ministerio Público abogada J.C.P.E., califica la conducta desplegada por el adolescente, como LESIONES INTENCIONALES LEVES, establecido en el artículo 418 del Código Penal Vigente, sancionado con el Artículo 620 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, solicita el Procedimiento Abreviado en la presente causa y solicita igualmente, que se le imponga al adolescente la medida cautelar prevista en el artículo 582 literal “c” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, de igual forma manifiesta que por encontrarnos en presencia de un delito que no amerita la privación de libertad el cual puede ser conciliable, y en virtud de que la victima en el presente caso le manifestó su deseo de conciliar, solicita al tribunal que inste a la conciliación, además el investigado también le ha manifestado la intención de conciliar, solicita la conciliación de acuerdo a lo establecido en el articulo 564 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y solicitó se suspenda el proceso a prueba por un lapso de tres meses, así mismo que de llegar a la conciliación deje sin efecto la medida cautelar, así mismo manifiesta que de llegar a una conciliación presentará una eventual acusación en el lapso de diez días, ya que si el adolescente no cumple el proceso continúe ante el juez correspondiente.

Seguidamente, se explicó al adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.) el hecho que la Fiscal del Ministerio Público le imputa, así como los derechos que lo asisten, imponiéndole del Precepto Constitucional contemplado en el Artículo 49 Ordinal 5° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, preguntándole si deseaba declarar, el cual contestó que, NO.

El Tribunal declara con lugar la solicitud de calificación de Aprehensión en Flagrancia, siendo que efectivamente se desprende de la presente causa, que el adolescente descrito en autos, presuntamente se encontraba en la comisión del hecho delictivo al momento de su detención tal como se deriva de los siguientes elementos de convicción:

  1. Acta de Investigación Penal de fecha 20-03-2005, suscrita por los funcionarios que recibieron al adolescente de parte de los particulares que lo detuvieron, donde enuncian lo expuesto por los particulares con respecto a la forma en que ellos practican la detención del adolescente y informando los mismos que el había agredido a un joven con un pico de botella, así como las condiciones de tiempo modo y lugar en que sucedieron los hechos, (folio 08).

  2. Formato de Planilla de Registro de Cadena de Custodia número 038-05, mediante el cual se remite una pieza de las denominada comúnmente pico de botella de color verde con costras de color rojo pardizo de presunta naturaleza hemàtica y un segmento gasa impregnado de una sustancia color rojo pardizo de presunta naturaleza hemàtica, (folio 09).

  3. Notificación de los Derechos que le asisten al adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), donde se evidencia que al citado adolescente les fueron señalados sus derechos de conformidad con el artículo 654 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, (folio 10).

  4. Acta de Investigación Penal de fecha 20-03-05, en la que el funcionario actuante deja constancia de lo expuesto por el testigo y victima ciudadano J.A.C.M., titular de la cedula de identidad numero: 17.322.102, donde se deja constancia que el mismo presenta una herida cortante en la región del antebrazo y manifiesta que fue ocasionada por el adolescente investigado, así como las condiciones de tiempo modo y lugar en que sucedieron los hechos, (folio 11).

  5. Acta de Investigación Policial de fecha 20-03-05, en la que el funcionario actuante deja constancia de lo expuesto por el testigo ciudadano O.A.M.G., titular de la cedula de identidad numero: 16.020.884, donde manifiesta que vio cuando el adolescente se encontraba jugando fútbolito, en compañía de otras personas y surgió una discusión por el juego, con el ciudadano J.A.C.M., al cual agredió con un pico de botella, cortándolo en el brazo izquierdo, así como las condiciones de tiempo modo y lugar en que sucedieron los hechos, (folio 14).

  6. Acta de Investigación Policial de fecha 20-03-05, en la que el funcionario actuante deja constancia de lo expuesto por el testigo ciudadano M.D.A., titular de la cedula de identidad numero: 10.903.645, donde manifiesta que vio cuando el adolescente se encontraba jugando fútbolito, en compañía de otras personas y surgió una discusión por el juego, con el ciudadano J.A.C.M., al cual agredió con un pico de botella, cortándolo en el brazo izquierdo, así como las condiciones de tiempo modo y lugar en que sucedieron los hechos, (folio 15).

  7. Acta de Investigación Policial de fecha 20-03-05, en la que el funcionario actuante deja constancia de lo expuesto por el testigo ciudadano J.O.G.M., titular de la cedula de identidad numero: 13.014.987, donde manifiesta que vio cuando el adolescente se encontraba jugando fútbolito, en compañía de otras personas y surgió una discusión por el juego, con el ciudadano J.A.C.M., al cual agredió con un pico de botella, cortándolo en el brazo izquierdo, así como las condiciones de tiempo modo y lugar en que sucedieron los hechos, (folio 16).

  8. Experticia de Reconocimiento Medico Legal de fecha 21-03-05 practicada a la victima ciudadano J.A.C.M., donde se concluye que presentó lesión que ameritó asistencia medica, susceptible de alcanzar su curación en un tiempo de ocho días, salvo complicaciones secundarias, imposibilitándolo parcialmente para desempeñarse en sus labores habituales, (folio 23).

La detención en flagrancia en nuestra legislación admite tres tipos, entre ellos esta la Flagrancia Real la cual consiste en la detención de la persona en el momento mismo de al comisión del hecho punible, y en el presente caso este juzgador considera que existen elementos en el causa, que hacen llegar a la convicción de que se esta en presencia de este tipo de flagrancia, ya que al momento que los particulares practican la detención del adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), el mismo acababa de lesionar con un pico de botella a la victima.

SUPUESTOS QUE CONCURREN DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 582 Y 622 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

PRIMERO

Escuchadas las partes y analizadas las actas que corren insertas en autos, este juzgador decidió oralmente en la audiencia, en virtud que está lleno uno de los supuestos tipificados en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, declarar con lugar la solicitud del Ministerio Público de calificación de Aprehensión en Flagrancia en contra del adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), cuyo hecho es calificado como el delito de: LESIONES INTENCIONALES LEVES, establecido en el artículo 418 del Código Penal Vigente, sancionado con el artículo 620 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

En cuanto a la aprehensión del adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), este Juzgador observa que el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que a los Jueces de la República les corresponderá velar por la incolumidad de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debiendo atenerse siempre a la norma constitucional por encima de cualquier otra ley, así tenemos que el artículo 44, Ordinal 1° de la Carta Magna, dispone que la libertad personal es inviolable y: “…Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti... será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…”, (subrayado y negrillas nuestras), en tal sentido, resulta claro, que el legislador prevé como una garantía de rango constitucional la libertad personal, la cual es inviolable, a excepción de que nos encontremos delante de dos supuestos: 1.- Que la persona esté solicitada a través de orden judicial, entendiéndose que debe tener en su contra una orden de aprehensión o captura emitida por la autoridad judicial; y 2.- Que sea sorprendida in fraganti cometiendo un hecho punible.

En consecuencia, en el presente caso se justificaba tal aprehensión, ya que nos encontramos en presencia de uno de los supuestos de excepción a la libertad personal, establecidos en el artículo 44, Ordinal 1º de nuestra Constitución Nacional, como lo es que los imputados hayan sido detenidos en situación de flagrancia cometiendo el hecho punible, situación ésta que legitima la detención de los mismos, lo cual va en estrecha relación con lo establecido en el artículo 7, numeral 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, aunado, a que los imputados fueron conducidos ante el Juez de Control, para ser oídos, dentro del plazo razonable determinado legalmente tanto en el artículo 44, numeral 1° de la Carta Magna, como en el artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, concatenado al unísono con lo pautado en el artículo 7, numeral 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”, por lo que con motivo de la aprehensión del adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), éste Tribunal, puede concluir que fueron respetadas las garantías del debido proceso, consagradas en el artículo 49, numerales 1°, y de nuestra Constitución Nacional.

SEGUNDO

De conformidad con el artículo 628 parágrafo segundo de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente el delito de LESIONES INTENCIONALES LEVES, establecido en el artículo 418 del Código Penal Vigente, imputado al adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.)y sancionado con el Artículo 620 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, el cual es el delito que se le imputan al adolescente de autos, no admite como sanción la privación de libertad, cuya norma menciona taxativamente los delitos donde procede la misma, por considerar el legislador que son de mayor significación social o cuando fuere reincidente y el hecho calificado jurídicamente prevea en la legislación ordinaria pena privativa de libertad, al delito imputado al adolescente de autos en el presente caso, no le procede la privación de libertad como medida cautelar, sino alguna de las medidas cautelares establecidas en el Artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

El interés superior del Niño como instrumento operacional cuya utilización debe realizar el juez asegurando el desarrollo integral del adolescente y logrando el disfrute efectivo de sus derecho dentro de los elementos que contiene este principio esta la necesidad de equilibrar los derechos de los niños con los deberes que le impone la familia y la comunidad, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente enfoca que el interés del niño no esta solo en que pueda hacer efectivo sus derechos, sino que aprenda al mismo tiempo a cumplir con sus deberes correlativos y sus obligaciones dentro de la sociedad, el adolescente de autos ha manifestado en la audiencia que desea conciliar con la victima. Se deja constancia que se impuso al adolescente de las medidas alternativas de la prosecución del proceso, como lo es la conciliación y la admisión de los hechos.

El Defensor Público Abg. J.M.L., quien manifiesta que esta de acuerdo con la solicitud del Ministerio Publico en cuanto al flagrancia efectivamente como lo establece el articulo 248 C.O.P.P., pero que desea conciliar, por cuanto previa conversación tanto con la víctima e investigado, se llego a un acuerdo conciliatorio por la cantidad de cien mil bolívares, para cancelar en un lapso no mayor de tres meses, haciéndose un primer pago de cuarenta mil bolívares y los dos pagos siguientes de treinta mil bolívares cada uno, dicho pago se compromete el adolescente a consignarlo ante la Fiscalía Décima Segunda del Ministerio Público, igualmente manifestó que el adolescente se compromete a no agredir ni por si, ni por interpuesta persona a la victima ni a sus familiares, así mismo, solicitó que en virtud de la conciliación no se decretara medida cautelar, ni se enviara la causa a juicio hasta que se culmine el lapso de conciliación, así como también estoy de acuerdo con la conciliación, pudiéndose llevar la conciliación, solcito se lleve a la misma y se le impongan las obligaciones a pactar.

Luego se le otorgó el derecho de palabra al adolescente investigado (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), quien manifestó “YO (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), ME COMPROMETO A CANCELARLE A LA VÍCTIMA CIUDADANO J.A.C.M., LA CANTIDAD DE CIEN MIL BOLIVARES DE LA SIGUIENTE FORMA, CUARENTA MIL BOLIVARES DENTRO DE UN MES Y LOS OTRO SESENTA EN DOS CUOTAS MENSUALES DE TREINTA MIL CADA UNA, ASI MISMO, ME COMPROMETO A NO AGREDIR NI POR SI, NI POR INTERPUESTA PERSONA, A LA VICTIMA NI A SU FAMILIA, COMO TAMBIEN ME COMPROMETO A COMPORTARME COMO UN BUEN CIUDADANO, COMO ME CORRESPONDE”.

Luego se otorgó el derecho de palabra a la víctima ciudadano J.A.C.M. quien manifestó: “ESTOY DE ACUERDO CON LA CONCILIACIÓN, Y PIDO QUE EL ADOLESCENTE NO SE META CON LOS COMPAÑEROS EN LA CANCHA, Y QUE ME PAGUE EN EL TIEMPO ESTABLECIDO”.

La Fiscal del Ministerio Público, quien expuso que previo a entrar a la audiencia, se había establecido pactar para una conciliación, por lo cual la fiscal manifestó estar de acuerdo con la conciliación entre la victima y el adolescente, consignará la eventual acusación en un tiempo de 10 días, en caso de que cumpla se sobreseerá y si no se repondrá la causa para que continué el proceso.

CALIFICACION JURIDICA

En cuanto a la Calificación Jurídica del hecho delictivo de LESIONES INTENCIONALES LEVES, previsto en el Art. 418 del Código Penal Venezolano Vigente presentada contra el adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), planteada por el Ministerio Público, quien decide procede a a.d.l.s. forma:

El delito de LESIONES INTENCIONALES LEVES, previsto en el Art. 418 del Código Penal Venezolano Vigente, para a.p.h.q. acudir a la norma rectora la cual esta explanada artículo 415 “El que sin intención de matar, pero si de causarle dañó, haya ocasionado a alguna persona un sufrimiento físico, un perjuicio a la salud o una perturbación en las facultades intelectuales, será castigado con prisión de tres a doce meses.”, luego si ser va al caso particular el cual esta en el artículo 418 el cual establece: “Si el delito previsto en el Artículo 415 hubiere acarreado a la persona ofendida, enfermedad que solo necesita asistencia medica por menos de diez días o sólo la hubiere incapacitado por igual tiempo para dedicarse a sus negocios ordinarios, u ocupaciones habituales, la pena será de arresto de tres a seis meses.”

Este delito consiste en el daño injusto causado en la integridad física, en la salud de una persona o una perturbación en sus facultades intelectuales, no debe estar motivado por el propósito de matar, sino sólo de lograr lesionar y como consecuencia se produce incapacidad por un lapso menor de diez días.

En el presente caso de acuerdo a la exposición de los hechos realizada por el Ministerio Publico y el análisis de las actas que configuran el presente expediente, existen suficientes indicios para llegar a la presunción de se configura este delito, por cuanto el adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), lesionó a la victima con un pico de botella en el brazo izquierdo y como consecuencia de las lesiones que le hizo a la victima le ocasionó lesiones que ameritan asistencia medica, que sanarán en un lapso de ocho (08) días y no producen incapacidad, salvo complicaciones secundarias, imposibilitándolo parcialmente para desempeñarse en sus labores habituales, además la victima y los testigos lo reconocieron como la persona que momentos antes había lesionado a la victima.

De la Conciliación promovida por El Ministerio Público

Las presentes en la audiencia manifestaron libres de apremio y coacción, su voluntad de conciliar en la Audiencia de Calificación de Aprehensión en Flagrancia celebrada, una vez que el Tribunal impuso a los presentes de acogerse a tal solución anticipada. Al responder la solicitud fiscal, este Juzgado considera que Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente no prevé la posibilidad que en la Audiencia de Calificación de Flagrancia se pueda Conciliar entre las partes y suspender el proceso a prueba, pero tampoco lo prohíbe, en tal sentido, y a los fines de extender los beneficios que tiene el adolescente imputado, quien decide considera que la misión del Juez Penal de Adolescentes, es instar a las partes a la conciliación en pro del interés superior del adolescente, en cualquier etapa del desarrollo del proceso penal como dimensión complementaria de la administración de justicia, es por ello que procedo a realizar un análisis de esta institución de la siguiente forma:

La institución de la Conciliación Penal es de antigua data, su origen lo encontramos el la Biblia, en su libro Las Bienaventuranzas: Evangelizar como lo hizo Jesús, Segundo Galilea comenta: La evangelización es la simultánea proclamación de una justicia liberadora y de la reconciliación. De esta forma, nos indica que son complementarias. Galilea insiste en que restablecer la justicia es una condición para la reconciliación cristiana, pero no es suficiente porque no puede sanar heridas y hacer desaparecer las ofensas del pasado. Por ende, Jesús, el liberador compasivo, nos llama no solo a luchar por la justicia, sino también a amar a nuestros enemigos. La dificultad está en llegar al equilibrio de saber cuándo hay que dar más importancia a la lucha por la justicia y cuándo a la Conciliación Penal.

Además, la Conciliación Penal no es una etapa simplemente añadida al final del proceso. Galilea la presenta como un factor esencial que debiera acompañar al conflicto desde el principio. Aunque suena utópico, su presencia tampoco debiera limitarse sólo a una aspiración vaga, sino a encarnarse en formas muy prácticas. La prueba de la presencia de un verdadero compromiso con la conciliación se encuentra en el respeto de los antagonistas por los derechos humanos durante el mismo conflicto. Si es posible resistir la tentación de ganar a todo costo, entonces el germen de la conciliación está ya presente en medio de la lucha, lo cual es aplicable a una lucha interpersonal con un individuo que nos está tratando en forma injusta.

La Conciliación entre opresor y víctima es muy compleja, requiere el perdón y la comprensión por ambos lados, pero también necesita un mutuo y claro reconocimiento de que ha habido opresión y desigualdad fundamental en la relación. En situaciones donde ha existido esta falta de equilibrio y una seria opresión por parte de un lado, es importante ver que esta conciliación no es solamente la resolución de un conflicto. Tiene dos etapas: el reconocimiento de la injusticia primero, y luego la restauración de una buena relación entre el que fue víctima y su antiguo opresor.

La Conciliación Penal es una gracia y la iniciativa viene, en primer lugar, de Dios. Es Dios quien llama al opresor a arrepentirse y a la víctima a perdonar, y el proceso puede empezar en cualquiera de los dos extremos. La autenticidad del perdón es sospechosa si la injusticia no es nombrada y reconocida, por lo menos, por la víctima. Por lo tanto, en el trabajo con aquellos que fueron víctimas, es importante evitar paliar o excusar la maldad hecha. Si nos movemos con demasiada rapidez, la víctima se queda con una ambivalencia espiritual y psicológica frente al asunto, y el proceso de sanación no puede progresar.

Una manera de acercarse a la Conciliación Penal como forma de solución anticipada aplicable en cualquier etapa del proceso, es crear una situación en que la víctima sea capaz de confrontar al opresor con lo que ha hecho y con las consecuencias de sus actos. Por supuesto, los opresores del pasado debieran ser sinceros en su búsqueda de la conciliación y estar dispuestos a escuchar las historias de sus víctimas. Al mismo tiempo, la situación debiera fortalecer la confianza, y la víctima sentirse totalmente segura para abrirse frente al otro. No es fácil conseguir el ambiente necesario, se recibe un apoyo sorpresivo de los rituales del proceso penal que parecen ayudar a allanar y suavizar el proceso de la reconciliación.

En las últimas décadas se ha desarrollado en el ámbito de la ciencia penal una corriente que enfatiza dos ideas: la reparación del daño junto a la pena y la medida de seguridad y consecuentemente, la inteligencia en relación a un derecho penal cuyos objetivos no son ya solamente la retribución o la prevención, sino básicamente la reparación del daño causado (el derecho penal ya no retribuye ni previene, sino básicamente repara). Y en este sentido se observa un derecho penal no enfrentado al derecho civil, porque básicamente intenta una "reformulación punitiva" de conductas vulnerantes de bienes jurídicos. Y cuando se dice " punitiva" se refiere al encuadre penal, porque en rigor el reconocimiento de la reparación del daño en tal ámbito es la admisión de modelos menos punitivos de respuesta penal.

En nuestro proceso actual el juez no dirime ningún conflicto, su función se dirige a establecer si la conducta de un autor se encuadra en un tipo penal y si es así, y es culpable aplicará una pena. Pero el conflicto que subyace en la sustanciación del proceso no solamente no se ha resuelto sino que en ocasiones se acrecienta, por lo que se ha entendido que la víctima no sólo lo es del autor sino también de la dogmática y del proceso penal.

A partir de reconocer que la Conciliación Penal cumple con los objetivos de asegurar la primacía de la víctima a través de la restitución de su conflicto y la reparación de su daño, agreguemos dos beneficios: el primero es que la mediación favorece lo que se conoce como prevención de integración, que es la mirada desde el agresor, que enfrentado a su víctima y al problema causado, podrá aceptar con mejor predisposición esta " vuelta" al ámbito de la legalidad y así se evitará, consecuentemente, la imposición de una condena, con todo lo que esto significa de mayor estigma y marginalización y el otro, que quizás para algunos sea el único, es que la introducción y utilización de la mediación penal tiende a hacer más eficiente el sistema, porque al ser un instituto que está ubicado en el inicio del proceso, en realidad sustituye el procedimiento jurisdiccional, cortándolo, por ejemplo- y según sea el sistema instaurado-, en la decisión fiscal de no llevar adelante la acción penal si el conflicto se ha resuelto por autocomposición. Y en otros casos en la homologación jurisdiccional del acuerdo entre la víctima y el autor. Negociación, conciliación, autocomposición, no son términos que contradicen la instancia penal; antes bien deberían acompañarla con asiduidad, sin distinguir etapas procesales.

Como podrá apreciarse, la conciliación entre víctimas y victimarios gana terreno y es impulsada en nuestro país por las transformaciones del sistema procesal penal, más que por los cambios del sistema penal sustantivo, aunque ha implicado un replanteamiento de las bases de este último, por lo que constituye un tema de sumo interés para comprender el rumbo de la justicia penal.

La conciliación en materia penal ha sido recomendada desde 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de Poder”, al disponer formalmente lo siguiente: “7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de las controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas”.

Son muchas las razones que han justificado recurrir a la negociación y a la conciliación para dirimir también los conflictos penales. En efecto, la búsqueda de soluciones alternativas y diferentes a la justicia formal en A.L. ha sido y sigue siendo muy frecuente, por múltiples razones. Se ha justificado recurrir a mecanismos informales para solucionar los diferendos, como la conciliación, porque son más simples, más rápidos, más efectivos, en muchos casos más baratos, directos, e incluso más transparentes que la justicia formal y tradicional, donde lo que realmente importa es la “solución jurídica” de una forma real, justa y practica del problema.

Como muy bien se concreta para la experiencia, entre las razones para adoptar la conciliación penal, en cualquier etapa como medio de solución anticipada, pueden invocarse:

-la incapacidad de constituir una instancia efectiva y expedita de solución de conflictos. En algunos casos “la verdad legal” dista mucho de lo que las partes pueden considerar una solución justa al conflicto

- la onerosidad de lo que significa llevar un proceso por la vía judicial

- la demora con la cual normalmente son resueltos los casos por el Poder Judicial

-la impredecibilidad del fallo genera una incertidumbre jurídica en las partes que demandan la solución a un conflicto.

La conciliación delincuente-víctima y la reparación de daños, por el contrario, se refieren más bien a las circunstancias externas de una prestación de reparaciones materiales o inmateriales. La reparación es básicamente, deshacer la obra antijurídica llevada a cabo; colocando el mundo en la posición que tenía antes de comenzar el delito o en la posición a la que debía arribar. Esta reparación ideal es, en ocasiones, imposible (por ejemplo: la vida no se puede reponer). Por ello en numerosas oportunidades, sólo se trata de sustitutos de la reparación, de los cuales el más conocido es la compensación por resarcimiento económico del daño (indemnización). Existen, sin embargo, otros sustitutos, más alejados del concepto originario. A la víctima y al agente, inclusive, puede convenirles que la satisfacción de su interés se cumpla mediante una prestación del todo alejada del daño original. Importante es el acuerdo compensatorio y la inteligencia de ambos, víctima y victimario, de que así satisfacen en su justa medida el interés del dañado. Todas estas posibilidades hacen más atractiva la conciliación y la reparación, frente a la simple posibilidad del castigo, con todas sus implicaciones e imperfecciones.

No se trata de privatizar a la justicia penal privatizando el conflicto, sino de repersonalizarlo, lo que sugiere otras vivencias y compromisos, empezando por el resarcimiento de los daños a la víctima.

La conciliación y la reparación no constituyen tampoco formas fáciles y rápidas para estar al día con el trabajo pendiente en los tribunales, ni mecanismos para festinar los casos. En muchas ocasiones llegar a un proceso de conciliación puede ser más laborioso que la imposición de una pena. La reparación no es una manera de agitar la justicia, de sacarse casos, sino de introducir en términos de Derecho penal, en un sentido más amplio, la posibilidad de una justicia negociada. La mediación y la confrontación son aspectos importantes de un proceso dinámico entre víctima y delincuente, de una participación activa para llegar a resolver el conflicto. Desde luego, el tiempo invertido en la solución de un conflicto penal suele ser inferior al tiempo que la justicia penal tradicional emplea en la atención del caso, desde luego que el sistema tradicional emplea la mayor parte de su tiempo en tramitar papeles y en actos rituales y formales, pero no en atender a sus víctimas.

El sistema penal atraviesa una crisis de efectividad muy seria. La crisis de la prisión y de los fines de la pena, de la reeducación y de la resocialización justifican recurrir a otros métodos para obtener resultados más positivos. No se trata en modo alguno de retornar a la venganza privada, ni de privatizar la justicia penal, pues una gran mayoría de los postulados del sistema penal constituyen serias garantías que se conquistaron a lo largo de años de civilización y hoy son incuestionables.

La conciliación penal y en particular la reparación, han venido a restablecer y hacer más efectivos postulados tradicionales del derecho penal, que mantenían una base más teórica que real, haciendo del proceso un sistema más confiable y creíble en la práctica cotidiana.

Desde luego, la conciliación víctima delincuente, debe ubicarse dentro del derecho penal, y regirse según sus principios generales, aunque se lleve a término fuera del proceso penal. La conciliación víctima delincuente necesita por consiguiente del derecho penal para decidir qué es delito, quién es delincuente, quién es víctima.

Indiscutiblemente también fortalece la resocialización el que el imputado acepte los hechos delictivos atribuidos y asuma con responsabilidad la reparación de todos los intereses legítimos de la víctima. Un Derecho penal orientado a la reparación es fundamentalmente un Derecho penal de la resocialización. Un acto reparador implica no solamente la reparación de la víctima sino también un acto de arrepentimiento del autor y con ello un paso a la interiorización, pero también significa, que cuando el autor repara acepta públicamente la vigencia de las normas delante de la comunidad y se reafirma la prevención general positiva.

En lo que al derecho procesal se refiere, la conciliación y la reparación constituyen, sin lugar a dudas, las fórmulas básicas para introducir a la víctima en la solución del conflicto penal, rescatándola así del olvido en que se encontraba y corrigiéndose también una distorsión más del propio sistema penal. La necesidad de escuchar a la víctima, así como a todos los demás sujetos involucrados en el conflicto, hacen necesario recurrir a otros métodos de solución, para dirimir el conflictos o al menos transformarlo en otro de menor violencia.

La conciliación en materia penal, es aplicable en cualquier estado de desarrollo del proceso antes del debate oral, tal como lo tienen establecido varios países latinoamericanos entre ellos tenemos:

En Colombia las partes están facultadas para solicitar la conciliación en la etapa de instrucción, en la etapa de juicio, en la segunda instancia e incluso en casación

Ello lo justifican indicando que al dictarse la resolución de apertura de la investigación podría no ser claro que el caso admitiría la conciliación, sino que ello surja con posterioridad ante una posible recalificación jurídica del los hechos, máxime que en la experiencia colombiana ello puede depender del monto de los daños en los delitos patrimoniales o de la cantidad de días de incapacidad en las lesiones.

Desde luego por lo general ello ocurre durante la instrucción, pues el funcionario encargado (el fiscal) está obligado a convocar a una audiencia de conciliación

En Costa Rica la reparación integral del daño como causa extintiva de la acción, en delitos de carácter patrimonial sin grave violencia sobre las personas y en delitos culposos, puede invocarse en cualquier momento antes del juicio oral (art. 30.j, CPP de 1996). Sin embargo, no está previsto un momento procesal en el que precluya la posibilidad de invocar la conciliación en sentido estricto, como causa extintiva de la acción penal. El nuevo Código Procesal establece que cuando la conciliación sea procedente, debe convocarse a la víctima de domicilio conocido a la audiencia preliminar en el procedimiento intermedio, con el fin de intentar que las partes se concilien, pero no establece un determinado momento procesal a partir del cual no pueda convocarse de nuevo la conciliación (art. 318 CPP de 1996).

En El Salvador la conciliación procede “en cualquier momento del proceso, pero antes de que se clausuren los debates en la vista pública...” (art. 32 CPP de El Salvador de 1996), lo cual amplia la posibilidad de solicitar la conciliación prácticamente durante todo el proceso y antes del dictado de la sentencia, puesto que ella se dicta luego de clausurada la vista pública (debate o juicio).

En Venezuela los acuerdos reparatorios que es el origen de la Conciliación Penal en materia de adolescentes, pueden adoptarse especialmente en la etapa preparatoria e intermedia, conforme al nuevo proceso, tal como lo establece el artículo 40 del Código Orgánico del Procesal Penal Vigente.

También se debe hacer referencia a la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estados y de Gobierno, realizada en la ciudad de Porlamar en el año 1.997, donde en el Capítulo de Administración de Justicia se señalo: “La administración de Justicia con su contenido ético debe ser simple, accesible, pronta, ágil y equitativa en sus decisiones. Ha de ser independiente en cuanto a su actuación y a los criterios aplicados por los funcionarios judiciales; efectiva y flexible, en lo que atañe a su mecanismo de solución de controversias, e idónea; en lo referente a la conducta profesional y ética de sus funcionarios”.

Para la aplicación de esta institución en materia de adolescentes en la Audiencia de Calificación de Aprehensión en Flagrancia, nos remitimos a lo establecido en el artículo 537 de la L.O.P.N.A., el cual establece que las disposiciones de la Ley in comento deben interpretarse y aplicarse en armonía con los principios generales de la Constitución, del Derecho Penal y Procesal Penal y de los tratados internacionales consagrados, siempre a favor del adolescente. El mismo artículo en su parágrafo primero dice textualmente “En todo lo que no se encuentre expresamente regulado en este Titulo, deben aplicarse supletoriamente la legislación penal, sustantiva y procesal, en su defecto el Código de Procedimiento Civil.” Atendiendo a tal remisión encontramos el origen de la Institución de la Conciliación en la fusión entre los Acuerdos Reparatorios y la Suspensión Condicional del Proceso, alternativas a la prosecución del proceso establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. Siendo esto así, el artículo 40 del Código Orgánico Procesal Penal a los fines de fijar la oportunidad en la cual procede celebrar Acuerdos Reparatorios entre las partes, en el mismo encontramos que: El Juez desde la fase preparatoria puede aprobar acuerdos reparatorios entre el imputado y la víctima, siempre y cuando concurran los supuestos taxativamente establecidos. Si aplicamos la figura de la Conciliación en armonía con tal disposición no encontramos ningún obstáculo que pueda impedir la oportunidad de Conciliar en la Audiencia de Flagrancia, más aún cuando por analogía con lo establecido en el artículo 576 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente el Juez tratándose del procedimiento ordinario en la Audiencia Preliminar el Juez debe intentar la conciliación, cuando ella sea posible.

Lo expuesto tiene fundamento constitucional pues nuestra Carta Magna establece en su artículo 258 “...La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios para la solución de conflictos.” Al respecto A.M.M., M.S.P. y L.F.M. en “La Conciliación en Materia Penal” (pág. 45) señalan: “ Respecto al momento procesal en que concretamente se pueda aplicar el mecanismo de la conciliación, podemos decir que es intemporal en cada uno de los estadios de la actividad penal...al indicar que cuando la conciliación es solicitada por quienes tienen intereses jurídicos para ello, como el imputado y procesado...el funcionario judicial puede disponer en cualquier tiempo la celebración de la audiencia de conciliación, teniendo entonces discrecionalidad para convocarla...” Todo lo anteriormente expuesto hizo que este Tribunal considerara oportuno el momento para activar la conciliación como mecanismo innovador, pues tal como lo refiere J.R. en su Tema “Los conflictos Penales y sus formas alternativas de Resolución, inserto en el texto “Los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos”, compendio de las XXVI Jornadas J.M. D.E. (Pág. 281)”...se abandona el principio de legalidad estricta...para flexibilizarlo a través de soluciones alternativas del conflicto generado entre victima y autor...procurando decisiones con un contenido mayor de justicia...como lo escribe C.P.G. al referirse a la mediación: se trata de la forma de resolución de conflictos que mejor combina la “juridificación de la vida” y la necesidad de “desjudicializar los conflictos” . Considera este Tribunal que el Juez en los Actuales momentos es garantista de los derechos del adolescente imputado, así como de los de la victima y de la sociedad en general, de tal manera que existiendo una vía rapida para la obtención de una justicia efectiva, no debe serle negada a aquel que está sometido al proceso y menos aún cuando el resultado es una justicia expedita para ambas partes. Por consiguiente debemos tener presente los principios de economía procesal, eficacia y celeridad “Principios estos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal”.

Es por ello que mi posición es de bienvenida a la Conciliación Penal en la Audiencia de Calificación de Aprehensión en Flagrancia y el cuadro de justificación teórica expuesta pretende constituir un punto de mira desde el que puedan darse respuesta a los problemas prácticos que puede plantear la instrumentación del instituto.

Determinado de esta forma cual es el criterio de quien decide, este Tribunal, escuchó al adolescente, la victima, la defensa y a la representación fiscal, con el fin de oír la oferta de reparación del daño social causado. En tal sentido, la fiscalía propuso, previo acuerdo con el adolescente y la victima que el adolescente se comprometa a cumplir lo manifestado en su oportunidad, solicitó, en esta audiencia, que se fije un lapso de tres meses, para la suspensión del proceso a prueba. Todo lo cual fue ratificado por el adolescente manifestando su voluntad de someterse al régimen de prueba y consciente previa explicación realizada por el Tribunal de las consecuencias de su incumplimiento o cumplimiento, LA VICTIMA, quien manifestó estar de acuerdo con las obligaciones a que se compromete el adolescente.

DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA

Una vez que la vindicta pública ha solicitado se concilie en este acto y se suspenda en proceso a prueba, se desestima la solicitud de medida cautelar conforme al artículo 582 literal “c” de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, solicitada al comienzo de la Audiencia de Flagrancia. Considerando ajustada tal desestimación por cuanto el proceso se solucionará bajo una de las formas de solución anticipada que establece la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

Una vez logrado el acuerdo conciliatorio entre la víctima, la Fiscal del Ministerio Público, como representante de Estado y entre el adolescente, se especifican a continuación las obligaciones pactadas ante este Tribunal de la siguiente manera:

DURACION: Se aprueba el acuerdo conciliatorio planteado por las partes de común acuerdo y se suspende el proceso a prueba por el LAPSO DE TRES (03) MESES contados a partir del día de hoy, cuyo vencimiento es el 22-06-05.

A.- El adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), se compromete a cancelar a la victima J.A.C.M., la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES, (100.000 BS), estos pagos los realizara de la siguiente forma: CUARENTA MIL BOLIVARES (40.000 BS) el día viernes 22 de abril del año en curso, TREINTA MIL BOLIVARES (30.000 BS) el día lunes 23-05-2005; Y los últimos TREINTA MIL BOLIVARES (30.000 BS) EL MIERCOLES 22-6-2005, dichos pagos deberá realizarlos por ante la Fiscalía Décimo Segunda del Ministerio Público en las fechas antes acordadas.

B.- El adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), se compromete a no agredir ni por si, ni por interpuesta persona, ni de hecho, ni de palabra a la victima ciudadano J.A.C.M., con quien deberá tener en caso de coincidir en el mismo lugar comportamiento acorde como corresponde a un buen ciudadano dentro de la sociedad.

ADVERTENCIA AL ADOLESCENTE

Se advierte al adolescente que cualquier cambio de residencia, domicilio, lugar de trabajo, deberá comunicarlo inmediatamente a la Fiscalia Décima Segunda del Ministerio Publico del Estado Mérida o ante la Trabajadora Social de este tribunal.

ORIENTACIÓN Y SUPERVISIÓN

Las obligaciones aquí acordadas serán supervisadas por la Trabajadora Social Lic. Edelín Villalobos, adscrita a esta Sección Penal del Adolescente, quien deberá informar al Tribunal el cumplimiento efectivo de las medidas impuestas al adolescente y en fecha 23-06-2005, la Trabajadora Social deberá remitir a este Tribunal el informe correspondiente sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el día de hoy, de haberlas cumplido se decretará el sobreseimiento definitivo de la causa, pero en caso de incumplimiento, lo notificara al Tribunal para continuar con el curso del proceso. Así se decide.

En consecuencia de lo antes decidido, no se le impone al adolescente ninguna medida cautelar, en tal sentido, se ordena la libertad inmediata del adolescente, pero por cuanto no ha asistido a la sala ningún representante que se haga responsable del mismo, se ordena su traslado al área de protección del I.N.A.M., a los fines de salvaguardar su integridad física y moral, lugar donde permanecerá hasta tanto sea retirado por su representante o las personas que estos formalmente autoricen.

DISPOSITIVA

PRIMERO

SE DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA en contra del adolescente: (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), por encontrarse llenos los extremos establecidos en los artículos 248 Código Orgánico Procesal Penal y 557 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

SEGUNDO

En cuanto a la Calificación Jurídica, planteada por el Ministerio Público por el delito de LESIONES INTENCIONALES LEVES, establecido en el artículo 418 del Código Penal Vigente y sancionado con el artículo 620 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, se mantiene la misma por considerar que el hecho explanado por el Ministerio Publico constituye el tipo penal antes mencionados, esta calificación por ser provisional puede ser cambiada por el Ministerio Publico en el Momento que presente la formal acusación.

TERCERO

Puesto que en la presente audiencia la víctima y el imputado han deseado conciliar este Tribunal suspende el proceso a prueba por el LAPSO DE TRES (03) MESES contados a partir del día 22-03-05 y homóloga el acuerdo al que han llegado las partes en los siguientes términos:

a.- El adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), se compromete a cancelar a la victima J.A.C.M., la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES, (100.000 BS), estos pagos los realizara de la siguiente forma: CUARENTA MIL BOLIVARES (40.000 BS) el día viernes 22 de abril del año en curso, TREINTA MIL BOLIVARES (30.000 BS) el día lunes 23-05-2005; Y los últimos TREINTA MIL BOLIVARES (30.000 BS) EL MIERCOLES 22-6-2005, dichos pagos deberá realizarlos por ante la Fiscalía Décimo Segunda del Ministerio Público en las fechas antes acordadas..

b.- El adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), se compromete a no agredir ni por si, ni por interpuesta persona, ni de hecho, ni de palabra a la victima ciudadano J.A.C.M., con quien deberá tener en caso de coincidir en el mismo lugar comportamiento acorde como corresponde a un buen ciudadano dentro de la sociedad.

c:- Se advierte al adolescente que cualquier cambio de residencia, domicilio, lugar de trabajo, deberá comunicarlo inmediatamente a la Fiscalia Décima Segunda del Ministerio Publico del Estado Mérida o ante la Trabajadora Social de esta Sección Penal.

d.- Las obligaciones aquí acordadas serán supervisadas por la Trabajadora Social Lic. Edelín Villalobos, adscrita a esta Sección Penal del Adolescente, quien deberá informar al Tribunal el cumplimiento efectivo de las medidas impuestas al adolescente y en fecha 23-06-2005, la Trabajadora Social deberá remitir a este Tribunal el informe correspondiente sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el día de hoy, en caso de incumplimiento, lo notificara al tribunal para continuar con el curso del proceso.

CUARTO

Se acuerda el Procedimiento Abreviado en la presente causa y por ende se convoca Juicio Oral con Tribunal Unipersonal, de conformidad con el artículo 557 y 584 de de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente pero por cuanto se acordó la conciliación en el presente proceso se suspende el desarrollo del proceso de la causa, hasta tanto se verifique el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones pactadas.

QUINTO

se ordenó la libertad del adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), pero por cuanto no ha asistido a la sala ningún representante que se haga responsable del mismo, se ordena su traslado al área de protección del I.N.A.M., a los fines de salvaguardar su integridad física y moral, lugar donde permanecerá hasta tanto sea retirado por su representante o las personas que estos formalmente autoricen.

Quedaron las partes presentes en el acto notificadas de la presente decisión, por encontrarse las mismas en la audiencia celebrada el día de hoy. Diarícese, déjese copia certificada. Regístrese. Así se decide.

EL JUEZ EN FUNCIONES DE CONTROL No. 02

ABG. D.J.P.P.

LA SECRETARIA

ABG.

En la misma fecha se cumplió con el auto anterior, se libró boleta de Libertad Nro. C2-55-04 y oficio a la Trabajadora Social adscrita a la Sección Penal del Adolescentes N° C2-143-05. Conste.

Secretaria.

Causa: C2- 1128-05

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