Sentencia nº 84 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Electoral de 8 de Julio de 2003
| Fecha de Resolución | 8 de Julio de 2003 |
| Emisor | Sala Electoral |
| Ponente | Rafael Hernández Uzcátegui |
| Procedimiento | Acción de Amparo |
MAGISTRADO PONENTE RAFAEL HERNÁNDEZ UZCÁTEGUI
EXPEDIENTE N° AA70-E-2003-000049
I
El 30 de junio de 2003 el ciudadano J.F.N.G., titular de la cédula de identidad número 13.991.943, actuando en su condición de representante estudiantil ante el C.U. de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio J. deS.”, en “representación de los intereses colectivos de todos los estudiantes de la mencionada Universidad” y “en representación de los derechos e intereses colectivos y difusos de todos los miembros de esa casa de estudio, que tienen derecho a elegir a las autoridades rectorales de esta institución”, interpuso solicitud de amparo constitucional, conjuntamente con medida cautelar innominada, contra la Comisión Electoral Nacional de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio J. deS.”, con fundamento en los artículos 19, 26, 27, 63 y 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En fecha 1° de julio de 2003 se designó ponente al Magistrado Rafael Hernández Uzcátegui a los fines de que se pronuncie sobre la admisión de la presente acción de amparo.
Realizada la lectura individual del expediente, esta Sala pasa a conocer de la presente causa, previo las siguientes consideraciones:
II
Mediante escrito presentado en fecha 30 de junio de 2003, el peticionante expuso lo siguiente:
En fecha 5 de marzo de 2003, la Comisión Electoral de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio J. deS.” publicó en el diario “El Nacional”, página B-9, la convocatoria a elecciones para elegir al Rector, al Vicerrector Académico, al Vicerrector Administrativo y al Secretario de dicha Universidad, fijándose la primera vuelta para el día 18 de junio de 2003 y, de ser necesaria, la segunda vuelta para el día 25 del mismo mes y año.
No obstante esta información, la segunda vuelta de la aludida elección no se verificó el día 25 de junio de 2003, sino que de manera “abrupta, inconsulta y no publicitada” la Comisión Electoral la cambió para el día 26 de junio de 2003.
Según alega el accionante, este injustificado cambio de fechas perjudicó a todos aquellos que intentaron votar el día 25 y no pudieron y de aquellos que no se enteraron del cambio de fecha para el día 26.
Ello se evidencia de los resultados de la elección: no hubo votos estudiantiles válidos, dado que no votaron como mínimo el 50% de los estudiantes debidamente inscritos en la Universidad y la mayoría de las “inasistencias” profesorales son de docentes jubilados, “quienes de seguro por este cambio de fecha no pudieron ejercer su derecho al voto”.
Respecto de estos hechos el peticionante adujo la violación de los principios de “confianza legitima” y “seguridad jurídica” (Artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y la violación del derecho al sufragio (Artículo 63 constitucional).
En este sentido, el accionate solicitó como medida cautelar innominada “Que se ordene a la UNEXPO, dejar sin efectos alguno, de manera inmediata, las actas de proclamación y juramentación, las cuales designan a nuevas autoridades de Rector, Vice-rector Académico y Secretario de la UNEXPO, emitidas por la Comisión Electoral Nacional en base al resultado de los escrutinios del acto de votación efectuado el día jueves 26 de junio de 2003”.
III
Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, para lo cual resulta pertinente revisar la competencia para conocer de la misma y a tal efecto se observa:
La presente acción de amparo ha sido interpuesta contra la Comisión Electoral Nacional de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio J. deS.”, por considerase que la actuación de la misma ha lesionado los principios de “confianza legitima” y “seguridad jurídica” (Artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y el derecho al sufragio (Artículo 63 constitucional).
Ahora bien, a fin de determinar la competencia de esta Sala Electoral para conocer y decidir la presente acción, se observa que ha sido criterio reiterado de este Alto Tribunal que la competencia para conocer de la acción de amparo constitucional viene determinada, en principio, por una suerte de paralelismo competencial, es decir, por la aplicación de un criterio material o sustantivo y por un criterio orgánico, orientado el primero por la materia afín con la naturaleza del derecho o garantía constitucional que se considera vulnerado (criterio de afinidad) y, el segundo, por el órgano o la persona a quien se le imputa la conducta lesiva, es decir, se trata de un elemento de carácter subjetivo. Ello, al entender que la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales quiso establecer que será competente en vía de amparo el mismo Tribunal que lo sería en el caso concreto si el interesado hubiese utilizado las vías jurisdiccionales ordinarias.
En tal sentido, este órgano judicial considera oportuno reiterar, como ha expresado en anteriores pronunciamientos, que ha sido la misma Sala la que por vía jurisprudencial ha establecido criterios atributivos de competencia de la jurisdicción contencioso electoral, creada por los dispositivos constitucionales contenidos en los artículos 262 y 297, para suplir el vacío legal existente y procurar la delimitación de su propio ámbito de competencia a fin de hacer operativos los nuevos postulados constitucionales. Así, con base en un ejercicio de interpretación armónica y sistemática de los principios constitucionales en materia electoral y de participación política, de lo dispuesto en el Estatuto Electoral del Poder Público, dictado con el fin de regular los primeros comicios que se celebraron el año 2000, y de las disposiciones pertinentes de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, la Sala en fecha 10 de febrero de 2000, dictaminó:
Pues bien, esclarecida como ha quedado la competencia de esta Sala a la luz de la Constitución y del Estatuto Electoral del Poder Público para los comicios que se realizarán el 28 de mayo del 2000, resulta necesario pasar a examinar, atendiendo a los lineamientos expuestos precedentemente sobre la base de los preceptos constitucionales que configuran al Poder Electoral, y a la Jurisdicción Contencioso Electoral, el ámbito de competencia de los Tribunales que la integran, para todas aquellas otras materias estrictamente electorales y concernientes al funcionamiento institucional de los órganos del aludido Poder, que no estén inscritas dentro del proceso de mayo del 2000. Así por ejemplo, todas las relativas a referendos, así como de las otras modalidades de participación del pueblo contempladas en el artículo 70 constitucional, de constitución, funcionamiento y cancelación de las organizaciones con fines políticos, de elecciones de sindicatos, gremios o colegios profesionales, universidades y otras organizaciones de la sociedad civil a que se contrae el artículo 293, numeral 6 ejusdem
.
Asimismo, esta Sala Electoral, en resguardo del derecho previsto en el artículo 27 de la Constitución, dictó sentencia en fecha 26 de julio de 2000, reiterada en diversas oportunidades, estableciendo que:
...hasta tanto se dicte la correspondiente ley y la Sala Electoral sea el único órgano integrante de la jurisdicción contencioso electoral, le corresponderá conocer las acciones de amparo autónomo contra los actos, actuaciones u omisiones sustantivamente electorales de los titulares de los órganos distintos a los enumerados en el artículo 8 de la Ley Orgánica de A.S.D. y Garantías Constitucionales, que lógicamente detenten competencia en materia electoral, e igualmente le corresponde conocer las solicitudes de amparo cautelar que en su ámbito de competencia material sean interpuestas conjuntamente con recursos contencioso electorales. Así se decide
.
De lo antes expuesto se colige entonces, que aquellas acciones de amparo constitucional ejercidas de manera autónoma contra actos, actuaciones y omisiones que se reputen violatorias de los derechos y garantías consagradas en la Constitución, y que tengan relación o incidan en el ejercicio de los derechos al sufragio o a la participación política y al protagonismo de la ciudadanía en cualquiera de sus manifestaciones (actos sustancialmente electorales) deben ser conocidas y tramitadas por esta Sala Electoral; órgano jurisdiccional que detenta el monopolio del conocimiento de los recursos contencioso electorales, según se desprende del artículo 297 del Texto Fundamental.
En atención a los lineamientos jurisprudenciales antes citados, debe observarse que en supuesto actualmente planteado es de contenido electoral; asimismo los derechos constitucionales invocados como lesionados resultan afines con la materia de la que conoce esta Sala Electoral, y visto que se trata de un proceso comicial una Universidad, ente distinto a los previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales, la misma se declara competente para conocer de la presente causa. Así se decide.
Determinada la competencia de la Sala para conocer de la presente causa, pasa este órgano jurisdiccional a pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción interpuesta, y a tal efecto observa:
Considera oportuno esta Sala destacar que la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales tiene por objeto la regulación del procedimiento establecido para la protección en el goce y ejercicio de los derechos y garantías consagrados en la Constitución o aun de los que sin estar expresamente enunciados en el Texto Constitucional sean inherentes a la persona humana. Esta protección va dirigida contra la lesión o amenaza de lesión inminente o que se encuentre en plena ejecución o desarrollo, es decir, que sea actual, lo que permitiría su reparabilidad, lo cual también se alcanzaría cuando la amenaza o la violación contra el derecho o la garantía fuera inmediata, posible y realizable (artículos 2 in fine, y 6, numerales 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales).
Respecto a este último supuesto –artículo 6, ordinal 3° de la Ley Orgánica de A. sobreD. y Garantías Constitucionales– la ley textualmente señala: “No se admitirá la acción de amparo [...] Cuando la violación del derecho o la garantía constitucional, constituya una evidente situación irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida”. En el presente caso, el accionante solicitó medida de amparo constitucional contra la Comisión Electoral de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio J. deS.” por el cambio de la fecha: del día 25 para el día 26 de junio del año en curso, para la segunda vuelta de la elección de las autoridades de dicha Universidad, de allí entonces que a esta fecha resulte forzoso concluir que resulta imposible restablecer la situación jurídica infringida, volviendo las cosas al estado anterior a la supuesta violación de derechos constitucionales. En consecuencia, la presente solicitud de amparo constitucional resulta inadmisible y así, expresamente se decide.
Establecido lo anterior, carece de cualquier sentido un pronunciamiento acerca de la solicitud de medida cautelar interpuesta conjuntamente con solicitud de amparo constitucional. Así se decide.
Sin perjuicio de lo anterior, considera esta Sala necesario recordarle a la parte presuntamente agraviada que la acción de amparo constitucional autónoma tiene efectos netamente restablecedores, y no anulatorios o constitutivos, como si los tiene el recurso contencioso electoral, por lo que en el presente caso es esta última vía procesal la que resulta absolutamente idónea para alcanzar la efectiva protección de los derechos y garantías constitucionales posiblemente violados en el marco de un asunto electoral.
IV
DECISIÓN
En virtud de las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
-
Su COMPETENCIA para conocer de la presente solicitud de amparo constitucional;
-
INADMISIBLE la presente acción de amparo.
Publíquese, regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los ocho (08) días del mes de julio del año 2003. Años 193º de la Independencia y 144º de la Federación.
El Presidente,
ALBERTO MARTINI URDANETA
El Vicepresidente,
L.M.H.
R.A.H. UZCÁTEGUI
Magistrado Ponente,
El Secretario,
A.D.S.
En ocho (08) de julio del año dos mil tres, siendo la una y diez de la tarde (1:10 p.m.), se publicó y registró la anterior sentencia bajo el N° 84.
El Secretario,
