Decisión de Superior Civil Mercantil Transito y Trabajo de Aragua, de 19 de Enero de 2009

Las presentes actuaciones se relacionan con el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano D.J.L., Inpreabogado N° 94.839, en su carácter de Apoderado Judicial de J.P. y León Jurado, debidamente identificados en autos, contra la sentencia dictada en fecha 13 de Febrero de 2008, por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Transito y Bancario del Estado Aragua, con sede Cagua.-

Dichas actuaciones fueron recibidas en este despacho en fecha 28 de Julio de 2008, contentivo de dos (02) piezas, la pieza principal constante de cuatrocientos veinte (420) folios útiles, y la segunda pieza constante de setenta y nueve (79) folios útiles, tal como se evidencia de la nota estampada por la secretaria cursante al folio 80. Posteriormente, mediante auto de fecha 01 de agosto de 2008, se fijó el vigésimo día de despacho siguiente, para que las partes presenten sus Informes, e igualmente se fijó la oportunidad para dictar la decisión respectiva dentro de los sesenta (60) días consecutivos, conforme a lo establecido en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 521 ejusdem.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

   Ahora bien, el presente juicio se inició por demanda interpuesta por los ciudadanos LEON JURADO MACHADO y J.P.O., inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros.10.143 y 94.058 respectivamente, contra los ciudadanos N.M., M.V.C.L., A.C.A., V.D.C.C., M.E.C.D.F., J.E.C.D.B., O.E.C.D.C., J.V.C., M.C., V.J.S. y J.G.S., ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en la ciudad de Valencia, en fecha 30 de Mayo de 2005.

   Posteriormente el 10 de Junio de 2005, el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, con sede en la ciudad de Valencia, mediante auto se declaro incompetente para conocer de la presente acción y declina la competencia ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, que lleva la causa N° 02-11175 de inquisición de paternidad que fuera intentada por los abogados LEON JURADO MACHADO y J.P.O..-

   Una vez remitida dicha causa al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial del Estado Aragua, tuvo conocimiento de dicha causa el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, quien por auto de fecha 08 de agosto de 2005, se declara incompetente para conocer de la presente acción de intimación de honorarios profesionales, por lo que remite el expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, con sede en Cagua; y una vez recibido el expediente en ese Juzgado, mediante auto de fecha 04 de noviembre de 2005, se declaro competente por el territorio para conocer y decidir la presente causa.-

   Mediante auto de fecha 04 de noviembre de 2005, se admitió la presente demanda y ordenó la intimación de los ciudadanos N.M., M.V.C.L., A.C.A., V.D.C.C., M.E.C.D.F., J.E.C.D.B., O.E.C.D.C., J.V.C., M.C., V.J.S. y J.G.S., a los fines que compareciera por ante el Tribunal dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a su intimación para que expusiera lo que creyere conducente en relación a la pretensión del cobro de honorarios profesionales o ejercieran el derecho de retasa establecido en el Artículo 25 de la Ley de Abogados.

   Mediante auto de fecha 17 de enero de 2006, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, con sede en Cagua; declaro nulo el auto de admisión de fecha 04-11-05, así como todas las actuaciones subsiguiente al mismo, reponiéndose la presente causa al estado de nueva admisión de la demanda, por el procedimiento ordinario.-

   Mediante auto de fecha 17 de diciembre de 2006, se admitió la presente demanda y ordenó la citación de los ciudadanos N.M., M.V.C.L., A.C.A., V.D.C.C., M.E.C.D.F., J.E.C.D.B., O.E.C.D.C., J.V.C., M.C., V.J.S. y J.G.S., a los fines que compareciera por ante el Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a la ultima de las citaciones ordenadas, a fin de que den contestación a la demanda.

   Mediante diligencia de fecha 24 de enero de 2006, el ciudadano J.P., debidamente asistido por la abogada M.H., inpreabogado N° 114.722, apelo del auto de fecha 17 de enero de 2006, por considerar que el procedimiento a seguir debe ser el establecido la Ley de Abogados; dicha apelación fue oída en un solo efecto, mediante auto de fecha 25 de enero de 2006, ordenando remitir copias certificadas de las actuaciones que señale la parte apelante y las que tenga a bien indicar el Tribunal, al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de esta misma Circunscripción Judicial; quien una vez recibido y cumplidos con las formalidades de Ley, dicto decisión declarando con lugar la apelación interpuesta por el ciudadano J.P., y la nulidad absoluta del auto de fecha 17-01-06, dictado por el Tribunal de la causa, reponiendo la causa al estado de nueva admisión, conforme a lo pautado en el articulo 22 de la Ley de Abogados.-

   Mediante auto de fecha 20 de septiembre de 2006, se admitió la presente demanda y se ordenó emplazar a los ciudadanos N.M., M.V.C.L., A.C.A., V.D.C.C., M.E.C.D.F., J.E.C.D.B., O.E.C.D.C., J.V.C., M.C., V.J.S. y J.G.S., a los fines que comparezcan al primer día siguiente a que conste en autos la ultima de las citaciones ordenadas, a fin de que den contestación a la demanda, de conformidad con la parte final del articulo 22 de la Ley de Abogados, en concordancia con el articulo 607 del Código de Procedimiento Civil.

   Siendo la oportunidad para la contestación de la demanda, en fecha 22 de enero de 2007, el abogado L.E.G.D., Inpreabogado N° 101.155, en su carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos N.M., M.V.C.L., A.C.A., V.D.C.C., M.E.C.D.F., J.E.C.D.B., O.E.C.D.C., J.V.C., M.C., V.J.S. y J.G.S., presento escrito mediante el cual negó, rechazó y contradijo en todas sus partes la demanda intentada por los abogados León Jurado Machado y J.P.O., solicitando sea declarada sin lugar la demanda interpuesta y también sea negada la medida de prohibición de enajenar y gravar solicitada por la parte demandante.-

   Cursa a los folios 12 al 15 de la segunda pieza, escrito de promoción de pruebas presentado en fecha 29 de enero de 2007, por el ciudadano D.J.L., inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 94.839, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos LEON JURADO MACHADO y J.P.O..-

   Mediante auto de fecha 02 de febrero de 2007, dictado por el Tribunal de la causa, se ordeno reponer la presente causa al estado de nombrar nuevo defensor ad Liten a los co-demandados A.A.C.A., O.E.C. y M.C.; para lo cual fue designada la abogada C.d.l.Á.G.F., quien en fecha 08 de febrero de 2007, presento escrito de contestación a la demanda en el cual rechaza, niega y contradice los argumentos explanados en contra de sus defendidos, por lo que solicito sea declarada sin lugar la demanda de cobro de honorarios profesionales.

   Luego en fecha 16 de febrero de 2007, el abogado en ejercicio LEON JURADO MACHADO, presento constante de cuatro (4) folios útiles, escrito de promoción de pruebas.-

3. DE LA DECISIÓN APELADA

   Cursa a los folios 38 al 60 de la segunda pieza del presente expediente, decisión objeto del presente recurso de apelación, de fecha 13 de febrero de 2008, en la cual entre otras cosas se puede observar lo siguiente:

   …del estudio exhaustivo del escrito de Demanda y su reforma, se desprende que la pretensión de la Actora, es de INTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES convenidos en los contratos de servicios y asesoramientos cursante a los folios 4 al 8 de la primera pieza, …(…)… cuyo objeto, según aduce, era la obtención del reconocimiento de la parte Demandada como hijos del de cujus D.A.O.M., por parte de la ciudadana BLANCA LUQYE DE OSIO, …(…)… MOTIVA. Es preciso, para pronunciarse este juzgador sobre la procedencia del cobro de honorarios analizar a fondo los contratos de servicios presentados por el actor y que rielan a los folios 4 al 8, consistentes en documentos privados, que han quedado legalmente reconocidos; ene. Que se pautan los Honorarios Profesionales acordados entre los ABGS. LEON JURADO MACHADO y J.P.O. y los Demandados N.M. (primer contrato), M.V.C.L., A.A.C.A., V.D.C.C. (segundo contrato), M.E.C.D.F., J.E.C.D.B., O.E.C.D.C., J.V.C., M.C. (tercer contrato), V.J.S. Y J.G.S. (cuarto contrato), todos antes suficientemente identificados; de cuyas lecturas específicamente de la cláusula primera, se desprende que el objeto de los mismos era la prestación de servicios y asesoramiento a Codemandados, cuando así lo requiriesen los asuntos originados por la herencia dejada por el padre de los mismo, D.A.O.M., para cuyo fin según cláusula segunda le otorgaron poder amplio a la parte Actora, siendo el monto a pagar por dichos servicios el 25%, 30%, 25% y 25%, respectivamente de los bienes que recuperaran a favor de los Codemandados. (Subrayado y negrillas adicionados). Ahora bien nótese que los contratos señalan el 25% o 30% de los bienes que recuperaran a favor de los codemandados, motivo por el cual para declarar la procedencia del cobro de honorarios en base a los referidos contratos de servicio, es menester que se hay logrado la recuperación de bienes a favor de los poderdantes contratantes. En este sentido para pronunciarse sobre la efectiva recuperación o no de bienes, es preciso revisar la causa …(…)… Ahora bien, por cuanto es deber de este juzgador fijar el limite máximo de honorarios a percibir por los abogados actores y siendo que de los recaudos acompañados se observa que específicamente en el libelo de demanda en que consta la estimación de la demanda de inquisición de paternidad surge la referencia para la fijación del limite máximo de honorarios, la cual fue estimada en la cantidad de UN MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000.000,°°), lo que equivale a UN MILLON DE BOLÍVARES FUERTES (BF 1.000.000,°°), en consecuencia este juzgador fijo como límite máximo de honorarios de los abogados intimantes en el 30% de UN MILLON DE BOLÍVARES FUERTES (BF 1.000.000,°°), lo que asciende a la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES FUERTES (BF 300.000,°°) o (Bs. 300.000.000,°°). Y así se declara. DISPOSITIVA. Por las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLARA: PRIMERO: NULOS los contratos de servicios que servían de base fundamental para el cobro de honorarios pactados, en razón de violar flagrantemente lo dispuesto en el último aparte del articulo 1482 del Código Civil, en concordancia con los artículos 16 de la Ley de Abogados, el articulo 19 del Reglamento de la Ley de Abogados y el articulo 167 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: CON LUGAR el derecho a cobro de honorarios profesionales por parte de los Abg. LEON JURADO Y J.P.,….. contra los ciudadanos M.E.C.D.F., J.E.C.D.B., J.V.C., M.C., O.E.C.D.C., …. Por la representación o patrocinio prestado en las siguientes actuaciones: …(…)… No prosperando el cobro de honorarios en base a los contratos de servicios por haber sido declarados nulos. TERCERO: SIN LUGAR el derecho a cobro de honorarios por parte de los Abgs. LEON JURADO y J.P., contra los ciudadanos N.M., M.V.C.L., A.A.C.A., V.D.C., V.J.S. Y J.G.S. ….., por cuanto los referidos abogados no prestaron el patrocinio de los mismos en el juicio de inquicision de paternidad. CUARTO: Se fija como límite máximo de honorarios de los abogados intimantes el 30% de UN MILLON DE BOLÍVARES FUERTES…(…)… QUINTO: Se advierte que el presente fallo una vez firme, da por concluida la fase declarativa faltando por realizar la fase estimativa o ejecutiva, que en su conjunto integraran el procedimiento de estimación e intimación de honorarios, por lo que los Abgs. LEON JURADO y J.P., suficientemente identificados, deberán proceder a estimar sus honorarios profesionales en base a las actuaciones sobre las cuales se pronuncio favorablemente este juzgador en la parte dispositiva del presente fallo, dando inicio a la siguiente etapa, esto es la fase estimativa, en la cual los demandado serán intimados, para que ejerzan su derecho o no a retasa, para lo cual se seguirá el tramite establecido en el articulo 25 y siguientes de la Ley de Abogados, en concordancia con el articulo 22 de su Reglamento y conforme a lo dispuesto por la doctrina en esta materia….

4. INFORMES DE LA PARTE ACTORA

   En fecha 15 de mayo de 2008, el abogado León Jurado Machado, presentó escrito de Informes, contentivo de diecisiete (17) folios útiles, en el cual señala lo siguiente:

   ....Consta en las actas procesales que la parte demandada, nos debe lo que en derecho nos pertenece, que lo constituye el pago de nuestros honorarios profesionales de abogados, como consecuencia de que cumplimos con el mandato que nos fuera conferido por los demandados, de las propias actas procesales se determinan las pruebas fehacientes y suficientes de la obligación incumplida por los intimados, de pagar los honorarios profesionales.- De los contratos acompañados con la demanda y su reforma y que se encuentra agregados a los autos 4 al 7, ambos inclusive, y de las actas procesales se aprecian que la parte demandada pactó los honorarios profesionales y las razones de hecho y de derecho en las que se sustentó la demanda y su reforma. Ahora bien, ciudadano juez, ejerciendo la representación de nuestros representados en el juicio de Inquisición de Paternidad que incoáramos prestamos nuestros servicios profesionales como antes se expuso, conviniendo con nuestros clientes, en QUE LOS HONORARIOS LOS PAGARIAN TAN PRONTO SE LES RECONOCIERA SUS CUALIDADES DE HEREDEROS, cuestión que ya fue resuelta JUDICIALMENTE y que nuestros clientes no han cumplido con el pago de los honorarios a los cuales se comprometieron. En fecha 6 de Noviembre de 2.002 presentamos formal demanda por acción de INQUISICION DE PATERNIDAD contra, la cónyuge del premuerto ciudadana B.D.D.O. para que reconociera a nuestro clientes como hijos del premuerto D.A.O.M., estimando dicha demanda, en UN MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000.000,oo). Monto que es mucho menor a la totalidad de los bienes recuperados por nosotros en representación de nuestros clientes al obtener la cualidad de herederos, en dicha demanda de inquisición de paternidad. Realizado los tramites procesales y después de múltiples reuniones con el abogado ciudadano R.U. en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana B.D.D.O., demandada en la causa de inquisición de paternidad, en fecha 25 de marzo de 2.003, mediante escrito CONVINO en dicha demanda y reconoció como hijos del causante D.A.O.M. a todos nuestros mandantes,…(…)… y es en fecha 27 de marzo de 2003, que el Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y Estabilidad Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua con sede en la ciudad de Cagua, (ese mismo Tribunal), HOMOLOGA el convenimiento (F77 de dicho expediente), fecha esta en que nace la obligación de LOS CLIENTES aquí demandados, de pagar los honorarios profesionales pactados y así cumplir con la obligación estipulada en los contratos de servicios profesionales, …(…)… Por todas las razones de derecho expuesta es por lo que solicito que la apelación interpuesta contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, con sede en Cagua en fecha 13 de Febrero de 2008,… (…)… sea declarada CON LUGAR con todos los pronunciamientos de Ley. …(…)…

5. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   El presente caso bajo estudio, trata sobre la demanda por intimación y estimación de honorarios profesionales interpuesta por los abogados en ejercicio León Jurado Machado y J.P.O., inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 10.143 y 94.058 respectivamente, en contra de los ciudadanos N.M., M.V.C.L., A.A.C.A., V.D.C.C., M.E.C.d.F., J.E.C.d.B., O.E.C.d.C., J.V.C. y M.C., V.J.S. y J.G.S., todos identificados en autos, fundamentando su pretensión en los contratos de servicios celebrados entre las partes donde suscribieron un convenio de prestación de servicios profesionales, en el asunto originado por la herencia dejada por quien en vida se llamara D.A.O.M., y en el cual pactaron los honorarios profesionales en el 25% y 30% del valor de los bienes que se recuperaran a favor de los clientes anteriormente mencionados, todo ello, por cuanto estos últimos no tenían la cualidad de herederos para participar con tal carácter en el patrimonio común dejado por el causante, razón por la cual intentaron una demanda de inquisición de paternidad, en la cual se llegó a un convenimiento y se estableció el reconocimiento de hijos del causante, lo que motivo a la homologación por parte del Tribunal de la causa, y una vez realizada esta actividad procesal que les otorga el derecho al tenerlos como hijos del premuerto y como consecuencia herederos que participan en el acervo hereditario dejado por quien en vida fuera su padre, y que al recuperar la cuota hereditaria que les corresponde, se materializa el supuesto determinado en los contratos suscritos, según manifestaron los accionantes en su escrito de demanda.

   El Juez de la causa, una vez analizadas todas las actuaciones contempladas en el expediente dictó decisión en fecha 13 de Febrero de 2008, mediante la cual declaró nulos los contratos de servicios que servían de base fundamental para el cobro de honorarios pactados, en razón de violar flagrantemente lo dispuesto en el último aparte del artículo 1482 del Código Civil, en concordancia con los artículos 16 de la Ley de Abogados, el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Abogados y el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, declaró con lugar el derecho a cobro de honorarios profesionales por parte de los abogados León Jurado y J.P., en contra de los ciudadanos M.E.C.d.F., J.E.C.d.B., J.V.C., M.J.C., O.E.C.d.C., por las actuaciones judiciales descritas en la sentencia recurrida; así mismo, declaró sin lugar el derecho a cobro de honorarios profesionales por parte de los abogados León Jurado y J.P., en contra de los ciudadanos N.M., M.V.C.L., A.A.C.A., V.D.C.C., V.J.S. y J.G.S., por cuanto los referidos abogados no presentaron el patrocinio de los mismos en el juicio de inquisición de paternidad; igualmente fijó como límite máximo de honorarios profesionales el 30% de un Millón de Bolívares Fuertes, lo que asciende a la cantidad de Trescientos Mil Bolívares Fuertes; y por último advirtió que el fallo una vez quedara firme, daba por concluida la fase declarativa faltando por realizar la fase estimativa o ejecutiva, que en su conjunto integrarán el procedimiento de estimación e intimación de honorarios, indicando que los abogados accionantes deberán proceder a estimar sus honorarios profesionales en base a las actuaciones sobre las cuales se pronunció favorablemente el Juez A Quo, dando inicio a la siguiente etapa, es decir, la estimativa, en la cual los demandados serán intimados para que ejerzan su derecho o no a retasa, lo cual produjo la apelación de la parte actora por no estar conforme con la decisión, alegando una serie de argumentos que este Juzgador estudiará a lo largo de esta sentencia, al igual que la apelación efectuada por la abogada C.d.l.Á.G.F., en su carácter de defensora judicial de los ciudadanos A.A.C.A., O.E.C. y M.C., parte demandada.

   La parte actora apelante señaló como puntos de su apelación los siguientes:

   - Que la sentencia recurrida viola el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.482 del Código Civil por aplicación falsa de una norma jurídica, basándose dicha suposición falsa en:

   - Que se expresó en la demanda en forma clara y precisa que los “honorarios profesionales fueron pactados en el 25% de el valor de los bienes que se recuperaran a favor de los clientes”. Expresaron los apelantes con relación a esto: “…Que los demandados no tenían la cualidad de herederos para participar con tal carácter en el patrimonio dejado por el común causante, y una vez realizadas la actividad procesal que les otorga el derecho al tenerlos como hijo del premuerto y como consecuencia herederos que participan en el acervo hereditario dejado por quien en vida fuera su padre, se recuperaron bienes en los cuales ellos participan con la cuota hereditaria que les corresponde y se materializa el supuesto determinado en los contratos…”.

   - Que no se pactó que los bienes formaban parte del acervo hereditario dejado por el causante D.A.O.M. en el porcentaje establecido en los contratos de honorarios profesionales que entraran a formar parte de los honorarios de los apoderados.

   - Que en algunos contratos se estipuló en 25% en otros el 30%, pero con el objeto de ser justos se solicitó el 25% del valor de los bienes que ahora, por la actuación realizada por los apoderados, entran a formar parte del patrimonio de sus poderdantes y contratantes por que antes de la acción de inquisición intentada por nosotros, esos bienes no formaban parte del patrimonio de sus representados, y que al adquirir con el acto procesal, es decir, el convenimiento celebrado con la representación judicial de la esposa del premuerto ciudadana B.L.d.O., que reconoció que los representados son hijos del causante, se recuperaran los bienes que forman parte del acervo hereditario.

   - Que no existe en los contratos violación alguna de la norma contemplada en el artículo 1.482 del Código Civil, indicando que de esta manera la recurrida incurre en aplicación falsa de una norma jurídica, ya que como se expresó en la demanda la estimación de los honorarios pactados es sobre el valor de los bienes que entren a formar parte del patrimonio de sus representados, y es así que como consecuencia de la acción de inquisición de paternidad intentada y el posterior convenimiento de la parte demandada, entran a formar parte del patrimonio de ellos. Es decir, que la remuneración pactada consistió en un porcentaje en dinero sobre los bienes que fueran recuperados no se pactó sobre el objeto sino respecto a una referencia numérica y de calculo para tasar los servicios profesionales prestados, y como fundamento de sus alegatos acompañó copia simple de la sentencia de fecha 10 de marzo de 2006, Expediente N° 06-0062 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se analiza la norma establecida en el artículo 1.482 del Código Civil.

   - Que de conformidad al auto de admisión de la demanda, la oportunidad procesal para oponerse, contestar o alegar era al día siguiente, como así lo hizo la defensora de oficio de los ciudadanos demandados A.A.C.A., O.E.C. y M.C. en fecha 8 de febrero de 2007, siendo que el ciudadano abogado L.E.G.D., apoderado de los otros demandados contestó en el día 9 de febrero de 2007, tal como se determina del folio 21 al 24, siendo su contestación extemporánea por tardía, no teniendo valor ni eficacia jurídica y como consecuencia de la no contestación operó la presunción de la confesión ficta y admitió los hechos narrados en la demanda.

   - Que al no ser contradicho el argumento de los honorarios por la representación judicial de los demandados queda éste con eficacia y valor jurídico de forma tal que, la recurrida viola el artículo 12 del código de Procedimiento Civil al no atenerse a lo alegado y probado en autos.

   - Que la recurrida no valora el alegato expuesto en la demanda sino que en violación al artículo 12 del texto legal antes dicho sacó elementos de convicción fuera de los actos y suplió defensas o argumentos de hecho no alegados ni probados.

   - Que no hubo oposición por los intimados, pues la misma se hizo extemporánea por tardía, y que la recurrida estableció: “…Respecto a la confesión ficta invocada por la parte Actora, este Juzgador recuerda que nuestra Sala Civil ha puntualizado la inexistencia de la ficción de confesión en la etapa declarativa del derecho al cobro de honorarios profesionales, criterio que se ha venido reiterando desde el fallo de la Sala de Casación Civil, de fecha 27 de Febrero del año 2.003 (caso: P.M.M. contra D.M.)…”; señalando el apelante que la sentencia incurre en falso supuesto y falsa interpretación de la sentencia de la Sala de Casación Civil señalada, pues indica que en ella se determina las dos fases del proceso pero no establece el criterio expuesto por la recurrida con respecto a la fase declarativa del juicio por cobro de honorarios, y para fundamentar este alegato acompañó copia de la sentencia arriba identificada, que ordena a dictar nuevo fallo determinando si tenían derecho al cobro de honorarios para luego pasar a la fase ejecutiva, porque no se dio el derecho de retasa.

   - Que ante la circunstancia de no contestar la demanda la parte demandada, es de derecho la aplicación de la legislación procesal que prevé la materialización de la presunción de la confesión ficta, es decir, que los demandados representados por el ciudadano abogado L.G., están confesos en cuanto al derecho invocado del cobro de los honorarios profesionales al no contestar la demanda.

   - Que el Tribunal de la causa fijó el monto máximo de los honorarios profesionales en un límite máximo de 30% de la cantidad estimada, siendo que no corresponde al A Quo fijar el monto máximo, porque como consecuencia de la validez y eficacia de los contratos firmados por los demandados se determinó en porcentaje el monto a cobrar tal como se determinó en la reforma de la demanda. Es decir “…para que paguen la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 250.000.000,oo) monto estimado y correspondiente a los honorarios profesionales. Pues tomando como base la acción de inquisición, la cual se determinó su cuantía en MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 1.000.000.000) lo que determina que el 25% de esa cantidad es de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 250.000.000), correspondientes a los honorarios que deben pagar los demandados.

   - Que solicitaron en el libelo de demanda a parte de la cantidad señalada por honorarios profesionales, que se ordenara experticia complementaria del fallo a los efectos del calculo de la corrección monetaria, indicando el apelante que la recurrida omitió todo pronunciamiento sobre la solicitud realizada en la reforma de la demanda sobre la INDEXACIÓN MONETARIA.

   - Que la recurrida sobrepasa los límites de la juricidad de la justicia y de la tutela jurídica en el capitulo VI contentivo de la dispositiva, todo ello, según expresa el apelante, porque no se atuvo a lo alegado y probado en autos, pues indica que saco elementos de convicción fuera de estos, y suplió excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados.

   - Que solo declaró con lugar el derecho a cobrar honorarios profesionales pero solo de 5 demandados, y en violación a toda norma jurídica sin motivación alguna declara sin lugar el derecho al cobro de honorarios profesionales en contra de los otros demandados, indicando la recurrida que los referidos abogados no prestaron el patrocinio de los mismos en el juicio de inquisición de paternidad.

   - Que la recurrida viola en forma grosera los artículos 11 y 12 del Código de Procedimiento Civil, pues actúa de oficio lo que tiene prohibido por la ley.

   - Que el Juez A Quo no se atuvo a lo alegado y probado en autos saco elementos de convicción fuera de éstos y suplió excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados, los demandados NO CONTESTARON LA DEMANDA, NI PROMOVIERON PRUEBA, en el supuesto negado que se valorara el escrito de contestación de demanda que presentó en forma extemporánea por tardía habiendo precluido la oportunidad procesal para hacerlo tal como se demostró en la causa, el ciudadano abogado L.E.G.D. en representación de la mayoría de los demandados que fue intespectiva por tardía, porque había precluido la oportunidad procesal para hacerlo, NO ALEGO TAL DEFENSA de forma tal que la recurrida alegó una defensa no opuesta por los demandados, y suplió excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados, violando el artículo 11 y 12 del Código de Procedimiento Civil.

   Por otro lado se observa, que la abogada C.d.l.Á.G.F., defensora de oficio de los ciudadanos A.A.C.A., O.E.C. y M.C., quien apelo igualmente de la sentencia proferida por el A Quo, no presentó informes en esta Alzada que sustentara su apelación, sin embargo este Juzgador entrara a revisar la legalidad y constitucionalidad de el fallo recurrido.

   En primer lugar, a.l.n. jurídica del procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales, y en principio podemos señalar que el abogado en el ejercicio de su función se halla vinculado tanto por las reglas técnicas de la ciencia del derecho, esto es, las normas legales sustantivas y procesales, como por los usos profesionales y las normas corporativas o gremiales ordenadoras de su profesión que integran el propio contrato que liga a este con su cliente.

   Ahora bien, es incuestionable la función social que para el abogado representan sus honorarios profesionales, pues en ellos encuentra la remuneración que como contraprestación de sus servicios tiene derecho conforme al artículo 22 de la Ley que rige su ejercicio. De allí que, la Ley haya dispuesto de vías procesales expeditas para hacer efectivo ese derecho, las que variarán según la naturaleza de sus actuaciones judiciales o extrajudiciales.

   Así, la Ley de Abogados dispone que el procedimiento para obtener el reconocimiento del derecho del abogado a percibir honorarios profesionales causados por actuaciones extrajudiciales se desarrolle por los cauces del procedimiento breve, mientras que el correspondiente a las actuaciones judiciales, se hará según la oportunidad en que se demanden los honorarios, como si se tratare de una incidencia innominada en el expediente en que se hubieren cumplido tales actuaciones, o a través de un juicio autónomo, según la doctrina establecida por la Sala de Casación Civil en sentencia de fecha 11 de diciembre de 2003, exp. 01-112; (Mercedes Y.M.V. contra Paltex, C.A).

   Especial atención merece en esta oportunidad ahondar en el procedimiento correspondiente para hacer efectivo el cobro de honorarios profesionales judiciales, pues su desarrollo, de acuerdo al artículo 22 de la Ley de Abogados y al artículo 22 de su Reglamento, necesariamente se verifica en dos fases distintas, una declarativa y otra estimativa.

   En efecto, la controversia que exista entre el abogado y su cliente con respecto al derecho de aquél a cobrar honorarios profesionales se seguirá conforme al artículo 386 del Código de Procedimiento Civil derogado, cuyo texto se corresponde con el artículo 607 del mismo Código vigente, para que, una vez establecido el derecho pretendido por el abogado, entonces éste pueda estimar e intimar el valor que considera apropiado por las actuaciones cumplidas y cuyo derecho fue reconocido, dando lugar entonces a la fase estimativa del procedimiento.

   Obsérvese que aun cuando la pretensión del abogado es autónoma e independiente de lo litigado en el juicio en el que prestó sus servicios, ésta se desarrolla como si se tratare de una incidencia, en cuaderno separado al expediente en el que se cumplieron tales actuaciones. Como se indicó anteriormente, la primera fase del procedimiento está destinada especialmente a establecer si el abogado tiene o no derecho a percibir honorarios por las actuaciones que al efecto señale; por tanto, no es necesario que el abogado que pretenda el reconocimiento de su derecho, de una vez estime el valor de sus actuaciones, pues tal actividad, a la luz del artículo 22 del Reglamento de la Ley de Abogados está reservada para una oportunidad distinta, esto es, una vez que se encuentre firme la decisión que declare el derecho del abogado a percibir sus honorarios profesionales. No obstante lo anterior, a los mismos efectos establecidos en el artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, el abogado deberá estimar prudencialmente el valor de su demanda, lo que quiere decir, que puede hacerlo al momento de interponer su demanda.

   Entonces, conforme a las disposiciones que se examinan (artículos 22 de la Ley de Abogados y 22 de su Reglamento), el abogado que tenga una controversia con su cliente respecto a su derecho a percibir sus honorarios por actuaciones judiciales, mediante escrito presentado en el expediente en el que se encuentren tales actuaciones judiciales, hará valer su pretensión declarativa en la que señale las actuaciones de las que se dice acreedor. El Tribunal, por su parte, desglosará el escrito y formará un cuaderno separado si es tramitado incidentalmente y, de acuerdo a la letra del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil (correspondiente al artículo 386 del mismo Código derogado) emplazará al demandado en tal pretensión (antiguo cliente) para el día siguiente a su citación, la que se verificará en la forma ordinaria, a fin de que, a título de contestación, señale lo que a bien tenga con respecto a la reclamación del abogado, y hágalo o no, el Tribunal resolverá lo que considere justo dentro de los tres días siguientes, a menos que considere que existe algún hecho que probar, en cuyo caso, en vez de resolver la controversia, abrirá una articulación probatoria de ocho días para luego resolverla al noveno, es decir, al día siguiente del vencimiento de los ocho días.

   Debe observarse que la decisión del Tribunal en esta fase del procedimiento, sea que se dicte dentro de los tres días siguientes al emplazamiento, sea que se dicte después de vencida la articulación probatoria, sólo puede juzgar sobre el derecho del abogado a percibir honorarios por las actuaciones judiciales en las que dice haber participado, bien como representante o como asistente. Dicha decisión, conforme lo tiene establecido reiteradamente la Sala de Casación Civil, es apelable libremente, y la sentencia que la resuelva es recurrible en casación conforme a los límites propios de este recurso previsto en el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil.

   En tal sentido, como se ha señalado con anterioridad, dicho procedimiento se inicia con la fase declarativa, que es en la que se determina si el abogado intimante posee el derecho o no a cobrar honorarios profesionales, y simplemente se conoce sobre esto para luego de que dicha decisión se encuentre definitivamente firme, se comience la segunda etapa como lo es la estimativa y ejecutiva, en la cual la parte demandada podrá acogerse a la retasa preclusivamente y si no lo hace se ordenara cancelar las cantidades estimadas por el abogado demandante.

   De acuerdo al artículo 22 del Reglamento de la Ley de Abogados, una vez que concluye la primera fase del procedimiento, la declarativa, se dará inicio a la segunda fase del procedimiento, esto es, la estimativa. En esta fase es cuando el abogado estimará sus honorarios profesionales, si no lo hizo al momento de interponer su demanda, siempre y cuando, obviamente, hubiere obtenido el reconocimiento judicial del derecho a percibir honorarios profesionales por cada una de las actuaciones que ha de estimar, pues en definitiva cada una constituye título suficiente e independiente generador de derecho.

   En lo sucesivo el trámite seguirá, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 al 29 de la Ley de Abogados y, conforme al artículo 22 del Código de Procedimiento Civil, por las normas de este Código en todo lo que no constituya especialidad así como respecto a la ejecución. Esto es, hecha la estimación de las actuaciones por el abogado, el Tribunal intimará en la forma ordinaria al deudor para que dentro de los diez días siguientes se acoja al derecho de retasa. De no hacer uso de ese derecho el intimado, los honorarios estimados quedarán firmes y de hacerlo se procederá en la forma prevista en la Ley para la designación de los jueces retasadores y posterior pronunciamiento de la correspondiente decisión.

   Obsérvese que esta segunda fase, la estimativa, constituye un precedente legal del Procedimiento por Intimación incorporado al Código de Procedimiento Civil en su reforma de 1986, pues en ambos el demandado es intimado para que dentro de los diez días siguientes, se oponga al procedimiento monitorio o se acoja al derecho de retasa en este especial procedimiento, con el apercibimiento que, de no hacerlo, quedará firme el decreto intimatorio o las sumas estimadas por el abogado según el caso.

   Con relación a todo lo expuesto, ha señalado la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, con respecto al cobro de honorarios profesionales, en sentencia de fecha 20 de mayo de 1998 en el juicio J.U.B. contra SUCESIÓN DE MICHAL (MIGUEL) SECUMAN SVATON la distinción de dos fases. En tal sentido expresó lo siguiente:

   "... La controversia a que se refiere la disposición precitada, se materializa a través de un proceso de intimación de honorarios profesionales, constituido por dos fases perfectamente diferenciadas que son: a) la fase declarativa, que está relacionada con el examen y la declaratoria sobre la procedencia o no del derecho a cobrar honorarios por el intimante; b) la fase ejecutiva, constituida por la retasa. El establecimiento de las fases indicadas, ha sido indubitablemente pronunciado por diversas sentencias de la Corte Suprema de Justicia, entre ellas las que a continuación se transcriben...”

   Esta jurisprudencia fue ratificada y complementada en sentencia del 10 de agosto de 2000, donde se expresó:

   ... Se aprecia de la doctrina transcrita, que la fase ejecutiva de intimación de honorarios comienza en estas tres situaciones: a) Con la sentencia definitivamente firme que declara la procedencia del derecho a cobrar honorarios; b) Cuando el intimado acepta la intimación; c) Cuando ejerce el derecho de retasa...

   En opinión del destacado autor O.A.A., en su texto “LA CONDENA EN COSTAS Y LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES”, pág. 150, 151, 156, 160, 161 en torno a las etapas o fases del procedimiento de estimación e intimación de honorarios profesionales de abogados, estableció: “...De lo anteriormente expuesto, se puede inferir que el procedimiento de Estimación e Intimación de honorarios en cuestión, se encuentra compuesto por dos etapas: la primera. La compone una etapa declarativa, y la segunda una ejecutiva, en la cual se desarrolla el procedimiento de retasa. (...) la etapa declarativa, se sustancia conforme a lo dispuesto en el artículo 607 del C.P.C., siendo esto esencial, para ambas partes porque comporta la apertura de una incidencia probatoria, en la cual cada una de las partes, podrá aportar a los autos los elementos probatorios que fijan la veracidad del derecho al cobro de honorarios o lo desvirtúan... que obliga a su sustanciación so pena de reposición de la causa en caso de contravención. La articulación probatoria ... no se apertura de pleno derecho, sino que requiere un auto expreso del Tribunal que así lo ordene, quedándose limitada la misma a los casos en que haya necesidad de esclarecer algún hecho, por lo que esta carecería de función, sí la impugnación al derecho de cobro de honorarios, versare sobre puntos de mero derecho... (…) La decisión de la etapa declarativa del procedimiento de estimación e intimación de honorarios, se efectúa mediante una sentencia interlocutoria dictada por el Tribunal Ordinario ante quien se intentó la estimación e intimación de honorarios profesionales (no por el Tribunal de retasa), que no reviste carácter de un acto de mera sustanciación, y por ende, no revocable... (Sic).”

   Aclarado el procedimiento anterior, se desprende del caso bajo estudio, que fue intentada demanda de intimación y estimación de honorarios profesionales con motivo de las actuaciones judiciales realizadas por los abogados LEON JURADO MACHADO Y J.P.O., en el juicio de inquisición de paternidad que intentaron sus clientes, resultando ésta a favor de ellos.

   Ahora bien, dicha prestación de servicios de los abogados se encuentra sustentada en los contratos que suscribieron las partes, en los cuales se observa desde los folios 4 al 8 de la primera pieza, las condiciones bajo las cuales se obligaban los clientes y los abogados, desprendiéndose de las cláusulas primera y tercera lo siguiente:

   “…PRIMERA: LOS ABOGADOS, presentarán sus servicios y asesoramiento a “LOS CLIENTES”, cuando así lo requieren en los asuntos originados por la herencia dejada por el padre de los clientes D.A.O.M..