Decisión de Tribunal Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Caracas, de 19 de Mayo de 2009

En cuanto a la prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, la misma se declara procedente en derecho, desde el 08 de septiembre de 2003, fecha de entrada en vigencia en la ley, hasta la fecha del despido, esto es, el 24 de agosto de 2004, con base al salario integral devengado por el accionante mes a mes, que deberá incluir las alícuotas de 120 días de utilidades y 7 días de bono vacacional; correspondiéndole a la actora de igual manera, el pago de los intereses generados de conformidad con lo previsto en el literal “c”, del artículo 108 de la Ley en comento. Al respecto, y a los fines de lo que corresponda a la actor por este concepto, se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo, la cual se realizará por un solo experto designado con cargo a la demandada, designado por el Juez Ejecutor, cuando las partes de mutuo acuerdo no acordaren su nombramiento, debiendo tomar en cuenta el experto los sueldos recibidos por el actor mes a mes a lo largo de la relación de trabajo, y que se encuentran discriminados en el presente fallo. El experto a los fines de calcular la prestación de antigüedad deberá, tomar como base el salario integral devengado por la accionante, sobre los cuales el experto deberá incluir en el salario base de cálculo las alícuotas de utilidades y bono vacacional. En la Experticia Complementaria del fallo ordenada para calcular los intereses de la prestación de antigüedad, el perito considerará las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela para cada período, tomando en cuenta la fecha en la cual será pagado este concepto, y hará sus cálculos tomando en consideración las pautas legales para cada período capitalizando los intereses. Así se decide.

Reclama la actora el pago de las vacaciones y vacaciones fraccionadas, al respecto y toda vez que el inicio de la relación de trabajo lo fue desde el 08 de septiembre de 2003 hasta el 25 de agosto de 2004, corresponde en consecuencia el pago de la fracción de ambos conceptos por un lapso de 11 meses. Al respecto y corresponde a la accionante el pago de 13,75 días de vacaciones y 6,41 días de bono vacacional para un total de 20,16 días que multiplicados por el último salario diario de Bs.f.13,33, (Bsf.400,00 entre 30 días), resulta en Bs.f. 268,73, que debe pagar la demandada a la actora por ambos conceptos, conforme a lo dispuesto en los artículos 219 y 223 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide.

En cuanto a las utilidades fraccionadas, corresponde en derecho a la actora el pago de la fracción correspondiente a 120 días reclamados por el período que va desde el 08 de septiembre de 2003 hasta el 25 de agosto de 2004, para un total de 110 días, que multiplicados por el último salario diario de Bs.f.13,33 (Bs.f.400,00 mensuales entre 30 días), resulta en Bs.f.1.466,3, que deberá pagar la demandada a la actora por este concepto. Así se decide.

Por cuanto la relación de trabajo que vinculara a las partes culminó por despido injustificado tal como quedó establecido en la P.A. N° N° 2388-06, de fecha 16 octubre de 2006 emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital del Municipio Libertador que declaró Con Lugar el Reenganche y Pago de Salarios Caídos, contra la cual no se evidencia que el ente demandado hubiere interpuesto recurso alguno, es por lo que corresponde en derecho a la accionante el pago de las indemnizaciones por despido injustificado previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, en tal sentido le corresponde el pago de 30 días de salario integral por concepto de indemnización de antigüedad y 30 días de salario integral por concepto de preaviso, tomando en consideración el tiempo transcurrido entre el 08 de septiembre de 2003 hasta el 25 de agosto de 2004. Al respecto y tomando en consideración el último salario integral devengado por la accionante de Bs.f.17.98 (Bs.f.4.44 de alícuota de utilidades y Bs.f.0,25 como alícuota de bono vacacional más el salario diario de Bs.f.13,33), multiplicado por 60 días (sumatoria de 30 días de indemnización de antigüedad y 30 días de preaviso), resulta en Bs.f. 1.078,8 que debe pagar la demandada a la actora por este concepto. Así se decide.

Por cuanto la relación de trabajo que vinculara a las partes culminó por despido injustificado tal como quedó establecido en la P.A. N° 2388-06, de fecha 16 octubre de 2006 emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital del Municipio Libertador que declaró Con Lugar el Reenganche y Pago de Salarios Caídos, contra la cual no se evidencia que el demandada hubiere interpuesto recurso alguno, es por lo que corresponde en derecho a la accionante el pago de los salarios caídos desde la fecha del despido injustificado el 25 de agosto de 2004, hasta la fecha de admisión de la primera demanda incoada por la accionante (Por no evidenciarse de autos una fecha distinta de interposición de la demada) y que quedó desistida, esto es, el 09 de agosto de 2007. Al respecto y a los fines de cuantificar lo que corresponda a la trabajadora por este concepto, se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo por un solo experto a ser designado por el Juez de la Ejecución cuando las partes no acordaren en forma conjunta su nombramiento, a cargo del demandado, quien deberá tomar en consideración los aumentos de salario que por vía legal o convencional hubieren sido fijados durante el período antes mencionado. Así se decide.

Se hace el expreso señalamiento, que el Tribunal conoce el contenido de la sentencia N° 673 de fecha 05 de mayo de 2009, emanada de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, (caso J.G. contra CANTV), respecto de la cual considera que no es aplicable al presente caso, por cuanto el mismo se encuentra relacionado con un procedimiento de estabilidad absoluta ventilado por ante un órgano de la administración pública, esto es, por ante una Inspectoría del Trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo (Que no prevé la posibilidad de la persistencia en el despido), cuya P.A. no fue posible ejecutarla por cuanto la sede donde prestó el servicio la actora se encontraba cerrada para la fecha en la que se ordenó el reenganche de la trabajadora accionante, mientras que el caso del cual fue objeto la sentencia en comento culminó por persistencia en el despido, con lo cual la mencionada sentencia no puede aplicarse en analógicamente en el presente procedimiento. Así se decide.

Tomando en consideración que ha quedado establecido el pago de prestaciones sociales al actor, es por lo que se ordena la corrección monetaria sobre las cantidades condenadas a pagar conforme a sentencia, de fecha 11 de noviembre de 2008 (José Surita contra Maldifassi & Cia, c.a), dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se estableció:

En consecuencia, a fin de permitir que el trabajador obtenga una cantidad igual a la que se le debía para el momento de poner en mora al empleador, es indispensable que esa suma sea actualizada a través del mecanismo de la indexación, lo que debe realizarse incluso en aquellas causas que hayan comenzado bajo el régimen procesal laboral vigente.

En este orden de ideas, la Sala precisó en fallos anteriores que el cómputo de la corrección monetaria debe hacerse a partir de la fecha en que haya sido notificada la parte demandada –y no desde la admisión de la demanda–, porque sólo entonces ésta tiene conocimiento del ejercicio del derecho de crédito por parte de su titular, quien exige el cumplimiento de la obligación.

Conteste con lo anterior, esta Sala de Casación Social establece en la presente decisión algunas parámetros que deberán ser tomados en cuenta por los jurisdicentes al momento de hacer la condena de los intereses moratorios e indexación previstos constitucional y legalmente, y que constituyen la nueva doctrina jurisprudencial de esta Sala, en el sentido infra detallado, a ser aplicada tanto en los procedimientos iniciados bajo el iter procesal consagrado en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo, como en los iniciados o que se inicien en lo sucesivo bajo el vigente régimen adjetivo laboral.

En primer lugar, y en lo que respecta a los intereses moratorios causados por la falta de pago de la prestación de antigüedad consagrada en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al ser concebida constitucionalmente como una deuda de valor, se establece que el cómputo de los mismos debe hacerse desde la fecha en que la misma es exigible, vale decir, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, sea por causa atribuibles a la voluntad de las partes o por causas ajenas a la misma, independientemente de la oportunidad elegida por el trabajador para reclamar sus derechos judicial o extrajudicialmente.

En segundo lugar, debe asumirse el mismo criterio establecido en el párrafo anterior con respecto a la indexación de la cantidad que por prestación de antigüedad sea adeudada al ex trabajador.

En tercer lugar, y en lo que respecta al período a indexar de los otros conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de notificación de la demandada en el nuevo proceso y de citación en el procedimiento derogado, por las razones y fundamentos anteriormente explanados hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales.

En séptimo lugar, en caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En octavo lugar, estos peritajes serán realizados por un solo experto designado por el Tribunal Ejecutor.

Es necesario destacar que esta nueva orientación jurisprudencial únicamente podrá aplicarse hacia el futuro, a partir del dispositivo oral del fallo proferido por la Sala, a fin de evitar una aplicación retroactiva de un viraje jurisprudencial, la cual iría en contra de la seguridad jurídica que debe procurarse en un Estado de Derecho, tal como lo ha afirmado la Sala Constitucional de este alto Tribunal.

En este sentido y en apego a la sentencia antes parcialmente transcrita, la corrección monetaria deberá calcularse desde la notificación de la demandada el 23 de septiembre de 2008 (folio 17 del expediente) hasta el cumplimiento efectivo de la sentencia, mediante experticia complementaria del fallo y en los términos indicados. Así se decide.

Asimismo de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la jurisprudencia se ordena el pago de los intereses de mora sobre la cantidad que debe pagar la demandada por concepto de prestaciones sociales, causados desde el 24 de agosto de 2004, hasta el cumplimiento efectivo de la obligación. Dichos intereses se determinarán mediante experticia complementaria del fallo. Así se decide.

2. En cuanto al trabajador J.C.M.:

1. Queda demostrado de la p.a. N° 2342-06, de fecha 27 de septiembre de 2006, de la cual dimana la cualidad de cosa juzgada al no evidenciarse de autos que hubiere sido objeto de impugnación, que el trabajador accionante prestó servicios para el ente demandado desde el 08 de septiembre de 2003 hasta el 12 de julio de 2004. ASÍ SE DECIDE.

2. Que la relación de trabajo que vinculara a las partes terminó por despido injustificado en los términos establecidos en la P.A. N° 2342-06, de fecha 27 de septiembre de 2006 emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital del Municipio Libertador que declaró Con Lugar el Reenganche y Pago de Salarios Caídos. Así se decide.

3. Que de un análisis de las actas que conforman el expediente, se tiene que el salario del accionante durante la relación de trabajo y según documentales Insertas a los folios 64 al 67 del expediente, relacionadas con puntos de cuenta sobre solicitud de contrato y contratos de trabajo a nombre del ciudadano J.C.M. con vigencia desde el 08 de septiembre de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003, fue de Bs.f. 300,00 y desde el 01 de enero de 2004 hasta el 30 de junio de 2004, con un salario de Bs.f.400,00, el cual continuó devengando por no haber prueba en contrario hasta la fecha de finalización de la relación de trabajo el 12 de julio de 2004 . Así se decide.

Decidido lo anterior, corresponde al actor el pago de los siguientes conceptos:

En cuanto a la prestación de antigüedad prevista en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, la misma se declara procedente en derecho, desde el 08 de septiembre de 2003, fecha de entrada en vigencia en la ley, hasta la fecha del despido, esto es, el 12 de julio de 2004, con base al salario integral devengado por el accionante mes a mes, que deberá incluir las alícuotas de 120 días de utilidades y 7 días de bono vacacional; correspondiéndole a la actora de igual manera, el pago de los intereses generados de conformidad con lo previsto en el literal “c”, del artículo 108 de la Ley en comento. Al respecto, y a los fines de lo que corresponda al actor por este concepto, se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo, la cual se realizará por un solo experto designado con cargo a la demandada, designado por el Juez Ejecutor, cuando las partes de mutuo acuerdo no acordaren su nombramiento, debiendo tomar en cuenta el experto los sueldos recibidos por el actor mes a mes a lo largo de la relación de trabajo, y que se encuentran discriminados en el presente fallo. El experto a los fines de calcular la prestación de antigüedad deberá, tomar como base el salario integral devengado por la accionante, sobre los cuales el experto deberá incluir en el salario base de cálculo las alícuotas de utilidades y bono vacacional. En la Experticia Complementaria del fallo ordenada para calcular los intereses de la prestación de antigüedad, el perito considerará las tasas de interés fijadas por el Banco Central de Venezuela para cada período, tomando en cuenta la fecha en la cual será pagado este concepto, y hará sus cálculos tomando en consideración las pautas legales para cada período capitalizando los intereses. Así se decide.

Reclama el actor el pago de las vacaciones y vacaciones fraccionadas, al respecto y toda vez que el inicio de la relación de trabajo lo fue desde el 08 de septiembre de 2003 hasta el 12 de julio de 2004, corresponde en consecuencia el pago de la fracción de ambos conceptos por un lapso de 10 meses. Al respecto y corresponde a la accionante el pago de 12,5 días de vacaciones y 5.83 días de bono vacacional para un total de 18,33 días que multiplicados por el último salario diario de Bs.f.13,33, (Bsf.400,00 entre 30 días), resulta en Bs.f. 243,78, que debe pagar la demandada a la actora por ambos conceptos, conforme a lo dispuesto en los artículos 219 y 223 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así se decide.

En cuanto a las utilidades fraccionadas, corresponde en derecho a la actora el pago de la fracción correspondiente a 120 días reclamados por el período que va desde el 08 de septiembre de 2003 hasta el 12 de julio de 2004, para un total de 100 días, que multiplicados por el último salario diario de Bs.f.13,33 (Bs.f.400,00 mensuales entre 30 días), resulta en Bs.f.1.333,00, que deberá pagar la demandada a la actora por este concepto. Así se decide.

Por cuanto la relación de trabajo que vinculara a las partes culminó por despido injustificado tal como quedó establecido en la P.A. N° N° 2388-06, de fecha 16 octubre de 2006 emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital del Municipio Libertador que declaró Con Lugar el Reenganche y Pago de Salarios Caídos, contra la cual no se evidencia que el ente demandado hubiere interpuesto recurso alguno, es por lo que corresponde en derecho a la accionante el pago de las indemnizaciones por despido injustificado previstas en el artículo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo, en tal sentido le corresponde el pago de 30 días de salario integral por concepto de indemnización de antigüedad y 30 días de salario integral por concepto de preaviso, tomando en consideración el tiempo transcurrido entre el 08 de septiembre de 2003 hasta el 12 de julio de 2004. Al respecto y tomando en consideración el último salario integral devengado por la accionante de Bs.f.17.98 (Bs.f.4.44 de alícuota de utilidades y Bs.f.0,25 como alícuota de bono vacacional más el salario diario de Bs.f.13,33), multiplicado por 60 días (sumatoria de 30 días de indemnización de antigüedad y 30 días de preaviso), resulta en Bs.f. 1.078,8 que debe pagar la demandada a la actora por este concepto. Así se decide.

Por cuanto la relación de trabajo que vinculara a las partes culminó por despido injustificado tal como quedó establecido en la P.A. N° 2388-06, de fecha 16 octubre de 2006 emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Distrito Capital del Municipio Libertador que declaró Con Lugar el Reenganche y Pago de Salarios Caídos, contra la cual no se evidencia que el demandada hubiere interpuesto recurso alguno, es por lo que corresponde en derecho a la accionante el pago de los salarios caídos desde la fecha del despido injustificado el 25 de agosto de 2004, hasta la fecha de admisión de la primera demanda incoada por la accionante (Por no evidenciarse de autos una fecha distinta de interposición de la demada) y que quedó desistida, esto es, el 09 de agosto de 2007. Al respecto y a los fines de cuantificar lo que corresponda a la trabajadora por este concepto, se ordena la realización de una experticia complementaria del fallo por un solo experto a ser designado por el Juez de la Ejecución cuando las partes no acordaren en forma conjunta su nombramiento, a cargo del demandado, quien deberá tomar en consideración los aumentos de salario que por vía legal o convencional hubieren sido fijados durante el período antes mencionado. Así se decide.

Se hace el expreso señalamiento, que el Tribunal conoce el contenido de la sentencia N° 673 de fecha 05 de mayo de 2009, emanada de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia, (caso J.G. contra CANTV), respecto de la cual considera que no es aplicable al presente caso, por cuanto el mismo se encuentra relacionado con un procedimiento de estabilidad absoluta ventilado por ante un órgano de la administración pública, esto es, por ante una Inspectoría del Trabajo, de conformidad con lo previsto en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo (Que no prevé la posibilidad de la persistencia en el despido), cuya P.A. no fue posible ejecutarla por cuanto la sede donde prestó el servicio la actora se encontraba cerrada para la fecha en la que se ordenó el reenganche de la trabajadora accionante, mientras que el caso del cual fue objeto la sentencia en comento culminó por persistencia en el despido, con lo cual la mencionada sentencia no puede aplicarse en analógicamente en el presente procedimiento. Así se decide.

Tomando en consideración que ha quedado establecido el pago de prestaciones sociales al actor, es por lo que se ordena la corrección monetaria sobre las cantidades condenadas a pagar conforme a sentencia, de fecha 11 de noviembre de 2008 (José Surita contra Maldifassi & Cia, c.a), dictada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se estableció:

En consecuencia, a fin de permitir que el trabajador obtenga una cantidad igual a la que se le debía para el momento de poner en mora al empleador, es indispensable que esa suma sea actualizada a través del mecanismo de la indexación, lo que debe realizarse incluso en aquellas causas que hayan comenzado bajo el régimen procesal laboral vigente.

En este orden de ideas, la Sala precisó en fallos anteriores que el cómputo de la corrección monetaria debe hacerse a partir de la fecha en que haya sido notificada la parte demandada –y no desde la admisión de la demanda–, porque sólo entonces ésta tiene conocimiento del ejercicio del derecho de crédito por parte de su titular, quien exige el cumplimiento de la obligación.

Conteste con lo anterior, esta Sala de Casación Social establece en la presente decisión algunas parámetros que deberán ser tomados en cuenta por los jurisdicentes al momento de hacer la condena de los intereses moratorios e indexación previstos constitucional y legalmente, y que constituyen la nueva doctrina jurisprudencial de esta Sala, en el sentido infra detallado, a ser aplicada tanto en los procedimientos iniciados bajo el iter procesal consagrado en la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo, como en los iniciados o que se inicien en lo sucesivo bajo el vigente régimen adjetivo laboral.

En primer lugar, y en lo que respecta a los intereses moratorios causados por la falta de pago de la prestación de antigüedad consagrada en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, al ser concebida constitucionalmente como una deuda de valor, se establece que el cómputo de los mismos debe hacerse desde la fecha en que la misma es exigible, vale decir, desde la fecha de finalización de la relación de trabajo, sea por causa atribuibles a la voluntad de las partes o por causas ajenas a la misma, independientemente de la oportunidad elegida por el trabajador para reclamar sus derechos judicial o extrajudicialmente.

En segundo lugar, debe asumirse el mismo criterio establecido en el párrafo anterior con respecto a la indexación de la cantidad que por prestación de antigüedad sea adeudada al ex trabajador.

En tercer lugar, y en lo que respecta al período a indexar de los otros conceptos derivados de la relación laboral, su inicio será la fecha de notificación de la demandada en el nuevo proceso y de citación en el procedimiento derogado, por las razones y fundamentos anteriormente explanados hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo de dicho cálculo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y por vacaciones judiciales.

En séptimo lugar, en caso de no cumplimiento voluntario de la sentencia el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo competente, aplicará lo preceptuado en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En octavo lugar, estos peritajes serán realizados por un solo experto designado por el Tribunal Ejecutor.

Es necesario destacar que esta nueva orientación jurisprudencial únicamente podrá aplicarse hacia el futuro, a partir del dispositivo oral del fallo proferido por la Sala, a fin de evitar una aplicación retroactiva de un viraje jurisprudencial, la cual iría en contra de la seguridad jurídica que debe procurarse en un Estado de Derecho, tal como lo ha afirmado la Sala Constitucional de este alto Tribunal.

En este sentido y en apego a la sentencia antes parcialmente transcrita, la corrección monetaria deberá calcularse desde la notificación de la demandada el 23 de septiembre de 2008 (folio 17 del expediente) hasta el cumplimiento efectivo de la sentencia, mediante experticia complementaria del fallo y en los términos indicados. Así se decide.

Asimismo de conformidad con lo previsto en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la jurisprudencia se ordena el pago de los intereses de mora sobre la cantidad que debe pagar la demandada por concepto de prestaciones sociales, causados desde el 12 de julio de 2004, hasta el cumplimiento efectivo de la obligación. Dichos intereses se determinarán mediante experticia complementaria del fallo. Así se decide.

CON LUGAR la demanda incoada por los ciudadanos JUSELLY E.L.G. y J.C.M.R., contra el INSTITUTO NACIONAL DEL MENOR (INAM), plenamente identificados en autos. SEGUNDO: La demandada deberá pagar a la accionante JUSELLY E.L.G., la cantidad de Bs.f.2.813,83 por concepto de vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas e indemnización por despido injustificado, más los que resulte de la experticia complementaria del fallo ordenada realizar sobre la prestación de antigüedad y sus respectivos intereses y salarios caídos, así como la indexación y los intereses moratorios en los términos expuestos en la motiva del presente fallo. De igual manera deberá pagar al accionante J.C.M.R., la cantidad de Bs.f.2.655,08 por concepto de vacaciones fraccionadas, bono vacacional fraccionado, utilidades fraccionadas e indemnización por despido injustificado, más los que resulte de la experticia complementaria del fallo ordenada realizar sobre la prestación de antigüedad y sus respectivos intereses y salarios caídos, así como la indexación y los intereses moratorios en los términos expuestos en la motiva del presente fallo. TERCERO: No hay condenatoria en costas dados los privilegios aplicables al ente demandado.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISIÓN.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Noveno de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del área Metropolitana de Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de mayo de dos mil nueve (2009). – Años: 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

Abg. A.T.

LA JUEZ

Abg. ADRIANA BIGOTT

LA SECRETARIA