La justicia en el caso de Bárbara González depende de una decisión del Gobierno

Lograr que se haga justicia en los casos de homicidios en Venezuela es una tarea titánica para los familiares de las víctimas, pero el camino se vuelve aún más escabroso cuando el victimario logra huir del país. Esta es la sensación de los familiares de Bárbara Miguel González Camanica, una joven que tenía 26 años de edad cuando fue asesinada por su pareja en El Tigre, en Anzoátegui.El 29 de junio de 2009, Gon zález fue golpeada en la cabeza con un bate. Posteriormente fue rociada con gasolina y prendida en fuego. Murió cinco días después en el Hospital Militar de Caracas Carlos Arvelo. El presunto homicida es Alejandro Iglesias Zurita, de 32 años de edad. Actualmente está preso en Santiago de Compostela, en España, mientras la familia de la mujer espera que se haga justicia.Nosotros sólo queremos sa ber quién nos puede dar orien tación porque no sabemos si se está trabajando el caso. Si las autoridades venezolanas no proceden, este monstruo quedará en libertad, expresó Rosario Camanica, madre de Bárbara González.El calvario de la familia Gon zález Camanica comenzó el día que Bárbara fue quemada. Iglesias la llevó a una clínica privada y el médico que la atendió llamó a la policía porque la versión del hombre no lo convenció. Él primero dijo que ella estaba echando gasolina y se había quemado, pero el doctor no le creyó porque Bárbara estaba completamente desnuda. Después dijo que la había conseguido en la calle y la había auxiliado, pero la policía logró determinar que él la quemó en el apartamento, dijo la madre de la joven.El homicida no fue deteni do y logró salir del país en diciembre de 2009. Después que huyó fue librada una orden de captura internacional y gracias a la alerta roja de Interpol fue aprehendido el 13 de junio de 2010.Un asunto político. El Ministerio Público solicitó ante el Tribunal Supremo de Justicia la extradición de Iglesias, pero la Audiencia Nacional española decidió en febrero de 2012 que sólo entregarían a Iglesias si Venezuela entregaba a ese país en un lapso de 60 días y basándose en el principio de reciprocidad al presunto etarra Arturo Cubillas, que para ese momento era el jefe de seguridad del Instituto Nacional de Tierras.Nosotros lo que queremos es que se haga justicia con la muerte de mi hija, no política.Por su caso han pasado 11 fiscales, y entre ellos el fiscal na cional Luis Palmares, que lejos de ayudarnos lo...

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