Decisión de Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Anzoategui (Extensión Barcelona), de 26 de Julio de 2012

Fecha de Resolución26 de Julio de 2012
EmisorJuzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito
PonenteHelen Palacios García
ProcedimientoParticion Y Liquidacion De Comunidad Concubinaria

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui

Barcelona, veintiséis de julio de dos mil doce

202º y 153º

ASUNTO: BH03-V-2001-000014

Luego de una revisión pormenorizada a las actas que conforman el presente expediente, se observa que este Juzgado, dio por recibida la presente demanda de PARTICION Y LIQUIDACION DE COMUNIDAD CONCUBINARIA, propuesta por la ciudadana K.R., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nº 8.978.220, asistido por la abogada C.M.B., inscrita en el Inpreabogado bajo el nº 80.980, en contra del ciudadano F.J.R.D.., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nº 8.329.171, admitiéndose la misma en fecha 10 de octubre de 1.001, ordenándose la citación del demandado.

En fecha 06 de noviembre de 2001, se libro la respectiva compulsa, declarando el alguacil de este juzgado mediante diligencia de fecha 21 de noviembre de 2001, que el demandado F.J.R.D., se negó a firmar el recibo de citación. Solicitando la parte actora mediante diligencia se librara boleta de notificación a la parte demandada, conforme lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, acodándose la misma en fecha 17/01/2002.

En fecha 17 de enero de 2002, se libro la boleta de notificación, y en fecha 04 de octubre de 2002, el ciudadano Secretario Accidenta, dejo constancia de haber dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 218 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 12/11/2002, la parte demandada, presento, escrito de cuestiones previas opuestas a la demanda.

En fecha 29/11/2002, la parte demandada presento escrito de contestación de la demanda.-

En fecha ¡4/01/2003 la parte actora presento escrito de promoción de pruebas y en fecha 15/01/2003, la parte demandada presentó escrito de promoción de pruebas, Admitiéndose la misma en fecha 03 de febrero de 2003, y se comisionó para su evacuación al Juzgado Distribuidor del Municipio J.A.S.d.E.A.; y ordenándose oficiar al Prefecto y Comandante de la Policía del Municipio Guanta del Estado Anzoátegui, evacuadas las pruebas y vencido el lapso de evacuación de las misma, en fecha 11/11/2004 la apoderada de la parte demandada solicito se dictara sentencia.

EN fecha 21 de junio de 2005 la parte actora solicito se avocara al conocimiento de la presente causa, avocándose la ciudadana Juez al conocimiento de la misma en fecha 29/06/2005, ordenándose en esa misma fecha la notificación de las partes. Se libraron las respectivas boletas de notificación. La parte demandante se notifico mediante diligencia de fecha 06/07/2005 y solicito se notificara a la parte demandada.

En fecha 29 de septiembre de 2006, la parte actora solicito mediante diligencia copia simple del expediente, y se acodaron las mismas en fecha 02/10/2006.

En fecha 22 de Mayo de 2007, el ciudadano alguacil de este Juzgado, mediante diligencia, consigno boleta de notificación firmada por la apoderada de la parte demandada

En fecha 17 de Septiembre de 2007, la parte apoderada actora mediante diligencia notifica que la parte demandante falleció y que a tales efecto consignaría la documentación referente al caso. En fecha 27 de septiembre de 2007, se dictó auto solicitándole a la parte interesada, consignar el acta de Defunción, que acredite el fallecimiento de la parte demandante.

Ahora bien, los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, establecen lo siguiente:

Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención.

También se extingue la instancia:

1°) Cuando transcurrido treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

2°) Cuando transcurrido treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiere cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.

3°) Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.

Artículo 269: La Perención se verificara de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.

A partir de los dispositivos anteriormente transcritos, puede deducirse que la figura procesal de la perención encuentra justificación, por una parte, en el interés del Estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente y de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en administrar Justicia; y por la otra, en la presunción de abandono del procedimiento de la parte sobre quien recae la carga de dar el impulso procesal necesario, vista su inactividad durante el plazo de un (1) año establecido por la ley, lo cual comporta la extinción del proceso.

Ahora bien, de la relación de actos procesales presentada en el capítulo que antecede, se desprende que desde el 27 de septiembre de 2007, fecha en que consta el último acto de procedimiento en la presente causa, ha transcurrido más de un (01) año sin que la parte actora hubiere ejecutado algún acto tendente a la prosecución de la misma.

En este sentido, tanto la doctrina como la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia han concordado en establecer que no todo acto de procedimiento realizado por las partes impide la consumación de la perención de la instancia, sino sólo aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso.

A este respecto, resulta conveniente fijar el concepto de perención y la manera de interrumpir la misma, a la luz de lo que recoge R.H.L.R.e.e.T.I.d. su obra “Código de Procedimiento Civil”:

1.Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes. Perención (de perimire, destruir) de la instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno. La perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso. Toda paralización contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse según se den o no las condiciones que la determinan (…)

El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el procesal, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. (…)

6. Interrupción. Para que se interrumpa la inactividad capaz de producir al año la perención, es menester un acto procesal, o acto de procedimiento inserido en el iter legal, que propenda al desarrollo del juicio; (…) No son actos de esta índole, según la doctrina de CHIOVENDA, los que no tienen influencia alguna inmediata en la relación procesal, aunque puedan estar dirigidos a su fin o influir en el resultado del proceso y por lo mismo puedan estar regulados por la ley procesal, vgr., petición de copias certificadas, otorgamiento de poder apud acta, solicitud del beneficio de justicia gratuita, actuaciones sobre medidas preventivas (…), ni actos no jurídicos realizados por los sujetos procesales, tales como las deducciones doctrinarias de las partes que procesalmente son innecesarias según el principio jura novis curia; ni en fin, los actos jurídicos realizados con motivo del proceso por personas que no son sujetos del proceso: actos de testigos, peritos, etc. (…)

Establecido lo anterior, se hace necesario presentar ciertas consideraciones en relación al momento en que se consuma la perención de la instancia.

En este orden de ideas, se ha señalado que la perención de la instancia opera de pleno derecho, esto es, se verifica desde el momento en que se han cumplido los requisitos para su procedencia -transcurso de un año sin que medie acto de impulso procesal -, razón por la cual se ha reiterado que su declaratoria judicial sólo confirma lo que ya estaba consumado. En esta línea argumental se pronunció la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia Nº 03 de fecha 07 de marzo de 2002, en la cual dejó sentado:

“(…)Ahora bien, tanto la norma derogada como la vigente disponen que la perención se verifica de derecho, esto es: se consuma desde el momento en que han transcurrido los plazos previstos en la ley, y la declaratoria judicial sólo ratifica lo que virtualmente ya estaba consumado. En estos términos, se pronunció la Sala, entre otras, en sentencia de fecha 13 de mayo de 1980, en la cual dejó sentado:

...nuestro derecho procesal sigue en materia de perención el sistema italiano; la perención, conforme al texto del artículo 203 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir, ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, la cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que conforme a la enseñanza de la doctrina, existe aún con antelación a la solicitud de parte en hacerla valer...

. “(Resaltado y negrillas de la Sala).

Es claro, pues, que el ordenamiento jurídico venezolano acoge el sistema italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual ésta opera de pleno derecho y, por tanto, se consuma por el sólo transcurso del tiempo previsto en la ley, y una vez declarada surte efectos no desde esa oportunidad, sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento este que sólo reafirma un hecho ya cumplido (…)

Las anteriores consideraciones cobran importancia en el presente caso, pues producida la inactividad de la parte actora por un lapso superior a un (01) año contado a partir del 27 de septiembre de 2007, hasta la presente fecha, se evidencia la concretización de la perención de la instancia –de pleno derecho- y así se declara.

Como consecuencia de las circunstancias anteriormente expresadas y por cuanto la perención es de estricto orden público y debe ser declarada de oficio dada sus notas características de objetividad e irrenunciabilidad, resulta forzoso concluir que en la presente causa la perención de la instancia se consumó, de pleno derecho. Así se decide.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA PERENCION DE LA INSTANCIA, todo en el juicio PARTICION Y LIQUIDACION DE COMUNIDAD CONCUBINARIA, propuesta por la ciudadana K.R., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nº 8.978.220, asistido por la abogada C.M.B., inscrita en el Inpreabogado bajo el nº 80.980, en contra del ciudadano F.J.R.D.., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad nº 8.329.171.

No hay condenatoria en Costas, por la naturaleza especial del fallo.

Se suspende la medida Preventiva de prohibición de enajenar y gravar decretada en fecha 23 de octubre de 2001.

Regístrese, publíquese y Archívese el expediente.

Dada, firmada y sellada en la sala de audiencias y despacho del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, En Barcelona, a los veintiséis (26) días del mes de julio del de dos mil doce. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.

La Juez provisorio,

Dra. H.P.G.

La Secretaria,

Abg. Marieugelys G.C.

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