Decisión de Juzgado de Municipio Noveno Ejecutor de Medidas de Caracas, de 28 de Enero de 2014
| Fecha de Resolución | 28 de Enero de 2014 |
| Emisor | Juzgado de Municipio Noveno Ejecutor de Medidas |
| Ponente | Adelaida Silva Morales |
| Procedimiento | Disolución De Sociedad |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO NOVENO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO
BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
203º y 154º
PARTE ACTORA: C.K.N., venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V.- 2.941.339.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: R.K. y A.S.M., abogados en ejercicio, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 23.055 y 20.316, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: ASOCIACIÓN CIVIL FONDO DE ASISTENCIA DE PILOTOS DE VIASA (FAPIVA), anteriormente denominada FONDO DE RETIRO DE PILOTOS DE VIASA (REPIVA), inscrita por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, quedando anotado bajo el Nº 32, Tomo 38, Protocolo Primero, Tercer Trimestre de 1970, siendo reformada según consta en Acta de Asamblea de fecha 13 de agosto de 1985, bajo el Nº 45, Tomo 20, Protocolo Primero, Asociación Civil regida por las normas estatutarias dictadas al efecto y protocolizada en la misma Oficina de Registro, el día 20 de octubre de 1992, bajo el Nº 8, tomo 14, Protocolo Primero y por la Ley General de Asociaciones Cooperativas.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: J.G.B.M., J.R.P., J.A.P., R.M.G., P.A.G., A.R.I., A.V. PERDOMO, YASMIL G.G., R.R.R., A.B.A. y L.G.H., abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros.211, 912, 7.802, 8.495, 9.396, 24.219, 31.705, 38.161, 27.296, 1.218 y 18.727, respectivamente.
MOTIVO: DISOLUCIÓN DE CAJA DE AHORRO
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.
EXPEDIENTE ITINERANTE Nº 0903-13
EXPEDIENTE ANTIGUO Nº AH13-M-1997-000002
-I-
SÍNTESIS DE LA LITIS
Se inició el presente proceso en fecha 18 de abril de 1997, mediante demanda que por DISOLUCIÓN DE CAJA DE AHORRO incoara C.K.N., en contra de ASOCIACIÓN CIVIL FONDO DE ASISTENCIA DE PILOTOS DE VIASA (FAPIVA), anteriormente denominada FONDO DE RETIRO DE PILOTOS DE VIASA (REPIVA) (folios 1 al 3). Realizada la distribución de ley, le correspondió el conocimiento de la causa al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, quien admitió la presente demanda mediante auto de fecha 22 de abril de 1997, y ordenó emplazar a la parte demandada (folio 66).
En fecha 20 de junio de 1997, comparecieron los apoderados judiciales de ambas partes y consignaron diligencia en la cual manifestaban de común acuerdo, la suspensión de la causa hasta el 30 de junio de 1997 (folio 76).
En fecha 17 de julio de 1997, compareció la parte demandada y consignó escrito de contestación a la demanda (folios 78 al 89).
En fecha 14 de agosto de 1997, compareció la parte demandada y consignó escrito de promoción de pruebas (folios 99 al 102).
En fecha 19 de septiembre de 1997, compareció la parte actora y consignó escrito de promoción de pruebas (folios 109 y 110).
En fecha 02 de octubre de 1997, se dictó auto en el cual el Tribunal se pronunció sobre las pruebas promovidas por las partes (folio 141).
En fecha 29 de octubre de 1997, compareció la apoderada judicial de la parte demandada y consignó escrito en el cual solicitó Regulación de Competencia (folios 143 y 144).
En fecha 04 de noviembre de 1997, compareció el apoderado judicial de la parte actora y solicitó se desechara el pedimento de la parte demandada, por ser contrario a derecho (folios 147 y 148).
En fecha 17 de diciembre de 1997, la parte demandada consignó escrito de recusación, por lo que el Tribunal en fecha 18 de diciembre del mismo año, dictó auto mediante el cual ordenó la remisión del expediente al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, a los fines de la continuación de la causa, correspondiéndole conocer de la misma al Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien le dio entrada al expediente en fecha 09 de enero de 1998 (folios 153 al 157).
En fecha 29 de enero de 1998, el Tribunal dictó sentencia interlocutoria en la cual declaró Con Lugar la falta de competencia alegada por la parte demandada, y ordenó la remisión del expediente al Juzgado competente correspondiente (folios 169 al 174).
En fecha 17 de febrero de 1998, compareció la parte actora y consignó escrito mediante el cual solicitó regulación de competencia de conformidad con lo establecido en los artículos 69 y 71 del Código de Procedimiento Civil (folios 181 y 182).
En fecha 19 de febrero de 1998, el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, dictó sentencia en la cual declaró Sin Lugar la recusación propuesta por la parte demandada en contra del Juez del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, razón por la cual, se ordenó la remisión del expediente al mencionado Tribunal (folios 185 al 219).
Posteriormente, en fecha 24 de abril de 1998, el apoderado judicial de la parte actora solicitó copias certificadas de la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial (folio 220).
Mediante auto de fecha 30 de julio de 2013, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en acatamiento a la Resolución Nº 2011-0062 de fecha 30 de noviembre de 2011, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se le atribuyó competencia como Juzgados
Itinerantes de Primera Instancia a los Juzgados Segundo, Sexto, Séptimo, Noveno y Décimo de Municipio Ejecutores de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual fue prorrogada mediante Resolución Nº 2012-0033 de fecha 28 de noviembre de 2012, y a la cual se le dio continuidad mediante Resolución Nº 2013-0030 del 04 de diciembre de 2013, emanadas del mismo órgano, y previa revisión del expediente, ordenó la remisión del mismo mediante oficio, a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, siendo que la presente causa se encontraba fuera del lapso legal establecido para el dictamen de la sentencia definitiva (folio 225).
Tal oficio fue emitido con el Nº 13-0825, haciéndole saber a la U.R.D.D. sobre la remisión del expediente.
En fecha 06 de agosto de 2013, mediante Nota de Secretaría, este Juzgado Noveno de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dio cuenta de la entrada del presente expediente, asignándosele el Nº 0903-13, acorde a la nomenclatura llevada por el Tribunal (folio 228).
En fecha 09 de octubre del 2013, se dictó auto en el cual la Juez de este Juzgado se abocó al conocimiento de la causa (folio 229).
A los fines de dar cumplimiento con lo establecido en la Resolución 2012-0033 de fecha 28 de noviembre de 2012, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se prorrogó la competencia de los Juzgados Itinerantes establecida por la Resolución 2011-0062 antes nombrada, se publicó en fecha 30 de octubre de 2013 en el Diario Últimas Noticias Cartel Único de Notificación y de Contenido General, al que se refiere el artículo 2 de la nombrada Resolución 2012-0033, mediante el cual se dio notificación de los abocamientos de causas en los expedientes que se encuentran en estado de sentencia fuera de su lapso natural correspondiente para emitir decisión.
Según consta en auto de fecha 09 de enero de 2014, se ordenó agregar al expediente copia del Cartel publicado en prensa el 30 de octubre de 2013, y del Cartel de Notificación librado por este Juzgado en esa misma fecha, así como su publicación en la página web del Tribunal Supremo de Justicia.
Mediante Nota de Secretaría de éste Juzgado Itinerante de fecha 09 de enero de 2014, se dio cuenta del cumplimiento de las formalidades para las notificaciones de las partes según lo ordenado por la Resolución 2012-0033, con lo que se dejó constancia que los lapsos de reanudación de la causa, de recusación según lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, y de sentencia se comenzarían a contar desde tal fecha.
-II-
MOTIVA
De la revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente expediente, se observa que en virtud de la entrada en vigencia de las Resoluciones Nros. 2011-0062 de fecha 30 de noviembre de 2011, 2012-0033 de fecha 28 de noviembre de 2012 y 2013-0030 de fecha 04 de diciembre de 2013, dictadas por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la cuales se le atribuye a este Tribunal competencia como Juzgado Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, quien suscribe el presente fallo, previo abocamiento efectuado y notificadas ambas partes, por medio de Cartel Único, procede a revisar previamente las actuaciones procesales, con el fin de verificar si en la presente causa se consumó la pérdida del interés procesal de parte de los actores, con lo cual puede devenir en el decaimiento y extinción de la acción.
Estando en la oportunidad procesal correspondiente, habiéndose efectuado previamente una síntesis de los hechos, y remitido previa distribución como ha sido a este Tribunal el conocimiento de las presentes actuaciones, esta Juzgadora pasa a emitir su pronunciamiento con base a las siguientes consideraciones:
El artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra dentro de nuestro sistema judicial el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva al decir:
Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente (…)
Así, la acción como derecho, facultad o poder reconocido Constitucionalmente, deviene del interés de todas las personas de instar al Órgano Jurisdiccional, a fin de que se le tutele su derecho, el cual se materializa con la interposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso hasta obtener una decisión.
La “jurisprudencia normativa” del Tribunal Supremo de Justicia creó la figura del decaimiento de la instancia, el cual ocurre cuando el juicio está paralizado por un lapso mayor al que la ley establece para que se produzca la prescripción o la caducidad de la acción. Es decir, se considera a la prescripción como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, tomando en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda, lo cual es un argumento que tiende a clarificar la relación entre uno y otro lapso, a los fines de establecer si el proceso ha decaído en estado de sentencia por falta de actividad del actor. En sentencias emanadas de la Sala Constitucional caso F.B.A.d. fecha 29 de junio de 2001, caso C.V. y otros de fecha 28 de abril de 2009, precisan la definición de acción y de interés procesal para que pueda poner en movimiento al órgano jurisdiccional.
Así, en la sentencia del 1º de junio de 2001, la Sala Constitucional previó el decaimiento de la instancia por inactividad indicando:
…la Sala considera que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara
. La falta de interés puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe.”
En este sentido, la Sala Constitucional de nuestro M.T., mediante sentencia N° 1.167, de fecha 29 de junio de 2001 (Caso: F.B.A.), precisó la definición de acción, en los términos siguientes:
…La acción es el derecho de las personas a exigir de los órganos jurisdiccionales, mediante el proceso, la resolución de una controversia o de una petición, independientemente de que obtengan o no sentencia favorable. La acción pone en movimiento a la jurisdicción y una de las formas de su extinción es la sentencia que finaliza definitivamente el proceso. Con el ejercicio del derecho de acción se crea en el Estado, por intermedio del órgano jurisdiccional competente, la obligación de prestar la función jurisdiccional…
.
Ahora bien, la Sala Constitucional mediante decisión Nº 416, de fecha 28 de abril de 2009 (Caso: C.V. y otros), indicó:
“El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.
La jurisprudencia normativa
del Tribunal Supremo de Justicia creó la figura del decaimiento de la instancia, el cual ocurre cuando el juicio está paralizado, por un lapso mayor al que la ley establece, para que se produzca la prescripción o la caducidad de la acción.
La extinción del proceso por abandono es de orden público pues ayuda a desbrozar los tribunales de expedientes estáticos que dificultan la dinámica jurisdiccional, reclamada por la garantía constitucional de celeridad y oportunidad de la respuesta del Estado a la acción judicial propuesta. El accionante debe instar el fallo o demostrar interés en él”.
De la anterior trascripción se aprecia que la Sala Constitucional ratifica su criterio con relación al interés procesal y el carácter imperativo de que el mismo se mantenga durante todo el proceso, pues su pérdida puede devenir en el decaimiento y extinción de la acción, por lo cual se observa en la presente causa inactividad de las partes denotando un desinterés procesal.
En este mismo orden de ideas, la “jurisprudencia normativa” también interpretó el artículo 26 constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, estableciendo que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el Juez puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción previa la notificación del actor, en las formas previstas para ello en el Código de Procedimiento Civil, de esta manera se garantiza a las partes el debido proceso y el derecho a la defensa como uno de los pilares de la cultura jurídica.
En el Código Civil venezolano, no existe disposición legal alguna que en forma expresa establezca que la pendencia del juicio constituye una instancia permanente de cobro o reclamo del derecho subjetivo sustancial que se pretende en la demanda, de manera que, si bien la citación para la contestación de la demanda (vocatio in ius) interrumpe la prescripción, no obstante, tal cosa no ocurre cuando el juicio queda paralizado, y por ello se ha de suponer que la paralización que se prolonga por el lapso señalado en las decisiones de la “jurisprudencia normativa”, provoca la extinción del proceso y la extinción de la acción. Por eso que el decaimiento de la instancia puede denominarse también decaimiento de la acción.
Ahora bien, se evidencia de la revisión de las actas que conforman el presente expediente, que la causa se encuentra inactiva desde el 24 de abril de 1998, fecha en la cual el apoderado judicial de la parte actora solicitó copias certificadas de la decisión dictada por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, siendo ésta la última actuación realizada por las partes. En este orden de ideas, entiende esta Juzgadora que las partes han incurrido en la pérdida del interés procesal de la presente causa, ya que como se evidencia en las actas procesales los interesados no cumplieron con su deber de impulsar el procedimiento que versaba sobre la acción interpuesta, a consecuencia de ello sobrevino la extinción de dicha acción, por no verificarse actuación o diligencia alguna que fuere realizada por las partes desde la fecha antes mencionada hasta la actualidad, a pesar de haber sido notificadas por este Juzgado del abocamiento en la presente causa, mediante Cartel Único de Notificación y de Contenido General, librado en fecha 30 de octubre de 2013, publicado en prensa, y en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia, denotándose de forma clara, lacónica e inequívoca una absoluta ausencia de actividad procesal de las partes, por lo que desde el 24 de abril del 1998, hasta la presente fecha, la causa ha sido evidentemente abandonada.
De los razonamientos precedentemente expuestos, visto que la pérdida del interés procesal se produjo en la etapa de sentencia y que rebasa el término de prescripción, concluye esta Juzgadora que en este proceso ha decaído el interés del accionante, lo que se pone de manifiesto tras apreciar su inactividad procesal por un lapso holgadamente superior al de la prescripción del derecho objeto de la pretensión. En consecuencia resulta forzoso para esta Alzada declarar el decaimiento y extinción de la presente acción, por pérdida del interés de las partes en la prosecución de la presente causa. Y así se decide.
-III-
DISPOSITIVA
En vista de los razonamientos antes expuestos, este JUZGADO NOVENO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, pasa a dictar el dispositivo en el presente caso, declarando lo siguiente:
El DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el juicio de DISOLUCIÓN DE LA CAJA DE AHORRO que incoara C.K.N., venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V.- 2.941.339 contra ASOCIACIÓN CIVIL FONDO DE ASISTENCIA DE PILOTOS DE VIASA (FAPIVA), anteriormente denominada FONDO DE RETIRO DE PILOTOS DE VIASA (REPIVA), inscrita por ante la Oficina Subalterna del Segundo Circuito de Registro del Distrito Sucre del Estado Miranda, quedando anotado bajo el Nº 32, Tomo 38, Protocolo Primero, Tercer Trimestre de 1970, siendo reformada según consta en Acta de Asamblea de fecha 13 de agosto de 1985, bajo el Nº 45, Tomo 20, Protocolo Primero, Asociación Civil regida por las normas estatutarias dictadas al efecto y protocolizada en la misma Oficina de Registro, el día 20 de octubre de 1992, bajo el Nº 8, tomo 14, Protocolo Primero y por la Ley General de Asociaciones Cooperativas.
Por la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas.
Déjese copia certificada de esta decisión en el copiador correspondiente, según prevé el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO NOVENO DE MUNICIPIO EJECUTOR DE MEDIDAS E ITINERANTE DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en Caracas, a los veintiocho (28) días del mes de enero de dos mil catorce (2014). Años: 203º de la Independencia y 154º de la Federación.
LA JUEZ TITULAR
Dra. A.C.S.M.
LA SECRETARIA
Abg. BIRMANIA AVERO A
En esta misma fecha siendo la 1:00 p.m., se registró y publicó la anterior decisión.-
LA SECRETARIA
Abg. BIRMANIA AVERO A
Exp. Itinerante Nº: 0903-13
Exp. Antiguo Nº: AH13-V-1997-000002
ACSM/BAA/Z
