Decisión nº 13 de Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de Zulia, de 21 de Enero de 2014
| Fecha de Resolución | 21 de Enero de 2014 |
| Emisor | Juzgado Superior Cuarto del Trabajo |
| Ponente | Mónica Parra de Soto |
| Procedimiento | Recurso Contencioso De Nulidad |
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR CUARTO DEL TRABAJO
DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
En sede Contencioso Administrativa
ASUNTO PRINCIPAL: VP01-N-2014-000006
Maracaibo, Martes veintiuno (21) de Enero de 2014
203° y 154°
ADMISIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES:
Fue recibida la presente demanda con sus anexos en fecha 20 de enero de 2014, proveniente de la UNIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL LABORAL, contentiva del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad incoado por la profesional del derecho V.N.S., en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil HOTEL KRISTOFF C.A., inscrita en los libros del Registro de Comercio llevados por la Secretaría del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 05 de noviembre de 1965, inscrita bajo el No. 63, libro 60, Tomo 1, cuya última modificación por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 19 de agosto de 1987, bajo el Nº 66, Tomo 52-A; en contra del Acto Administrativo contenido en la Certificación de Accidente, número 0268-2013, de fecha 22 de abril de 2013, dictada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL).
En la misma fecha se le dio entrada y estando dentro del término previsto en los artículos 36 y 77 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Juzgado Superior pasa a pronunciarse sobre la admisibilidad de la demanda interpuesta, para lo cual considera:
I
COMPETENCIA:
A los efectos de determinar la competencia de este Juzgado Superior para conocer de la presente demanda de nulidad, resulta necesario hacer las siguientes consideraciones:
En fecha 16 de junio de 2010, entró en vigencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial No. 39.447 de la misma fecha, -reimpresa por error material en la Gaceta Oficial No. 39.451 de fecha 22 de junio del mismo año-, la cual en su articulado no menciona expresamente a qué Juzgados corresponde la competencia para conocer las nulidades de las decisiones o actos administrativos emanados del Instituto Nacional de Previsión, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL). Sin embargo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 27, de fecha 25 de mayo de 2011 (Caso Agropecuaria Cubacana C.A.), determinó que corresponde a los órganos de la jurisdicción laboral conocer y decidir los recursos contenciosos administrativos contenidos en la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo.
Ahora bien, siendo que la Ley en materia Contencioso Administrativa no incluyó dentro de los asuntos que deben conocer los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, las acciones de nulidad contra los actos administrativos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) o de los órganos adscritos al mismo, con ocasión de la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, y en su artículo 25 numeral 3 sólo excluye expresamente de la competencia de los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa el conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, con ocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo (Providencias Administrativas emanadas de la Inspectoría del Trabajo), este Tribunal, atendiendo al criterio citado y de conformidad con lo previsto expresamente en la Disposición Transitoria Séptima de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la cual establece que mientras se crea la Jurisdicción Especial del Sistema de Seguridad Social, corresponde a los Juzgados Superiores con competencia en materia del trabajo, conocer y decidir, en primer grado de jurisdicción, los recursos contencioso administrativos contenidos en la referida Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, dentro de los que se encuentran los actos administrativos dictados por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL); y observando el Tribunal que la presente demanda fue incoada contra un acto administrativo dictado por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Zulia de las correspondientes a la competencia de este Tribunal por el territorio, éste órgano jurisdiccional se declara COMPETENTE para conocer del presente recurso contencioso administrativo de nulidad arriba identificado. ASÍ SE DECLARA.
II
ADMISIBILIDAD:
Revisadas como han sido las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, observa este Tribunal de Alzada que el accionante fue notificado del acto impugnado en fecha 19 de julio de 2013, pudiéndose verificar de las actas procesales, específicamente al folio (74) del expediente, que fue notificada la empresa Hotel Kristoff C.A., por medio del Gerente de Recursos Humanos el ciudadano Gonzalo E, Tello .V, y se aprecia también sello húmedo de la empresa accionante en nulidad.
Así pues, al verificarse que este acto administrativo fue dictado en fecha 22 de abril de 2013, y la notificación del mismo lo fue en fecha 19 de julio de 2013, el recurso fue interpuesto el día 17 de enero de 2014, constatándose igualmente que todas estas fechas son posteriores a la entrada en vigencia de la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa publicada en Gaceta Oficial de fecha 22 de junio de 2010. En virtud de ello en el presente asunto, el lapso de caducidad es de180 días continuos, tal y como lo estableció el órgano administrativo en la certificación objeto de nulidad; por lo que, de un simple cómputo de estos 180 días transcurridos a partir del 19 de julio de 2013, discriminados así:
Mes de Julio: 12 días.
Mes de Agosto: 31 días.
Mes de Septiembre 30 días.
Mes de Octubre 31 días.
Mes de Noviembre 30 días.
Mes de diciembre 31 días.
Mes de diciembre 15 días.
Se evidencia que dicho término se cumplió en fecha 15 de enero de 2014, y la solicitud de nulidad fue interpuesta en fecha 17 de enero de 2014, esto es, 182 días después, transcurriendo en demasía el lapso establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa aplicable en el presente caso.
En con secuencia, debe necesariamente, en el presente caso, declararse la caducidad; pues cuando ésta se consume, parte de la pérdida irreparable de un derecho, por el transcurso del tiempo, sin haberse intentado la correspondiente acción, y se trata de una sanción legal obligatoria, y un lapso que no permite ser interrumpido, siendo su aplicación de orden público cuando es legal, por lo cual, si no se hace uso del derecho en ese lapso, se perderá la posibilidad de ser protegido por la Ley, siendo declarable de oficio al tratarse de una caducidad legal, prevista en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aún cuando los interesados no opongan dicha defensa, pues su establecimiento en norma legal, revela la intención del legislador de mantener la estabilidad de los actos contra los cuales se da la acción o recurso respectivo.
De otra parte, debe observarse que la jurisprudencia y la doctrina patria han estimado que los lapsos de caducidad de fuente legal, tienen siempre una razón de interés público, lo que hace que puedan ser hechos valer en cualquier estado y grado de la causa y aún de oficio por el Juez, y es un lapso extraprocesal, que transcurre indefectiblemente, haya o no actividad jurisdiccional, el cual no puede ser interrumpido, prorrogado, ni suspendido con motivo de las vacaciones judiciales.
La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en este sentido, en sentencia Nº 796 de diciembre 16/2003, cita al autor A.G., quien señala en un trabajo publicado en la “Doctrina de la Procuraduría General de la República, 1972”, página 46, que la norma legal que establece la caducidad de la acción, obedece al criterio del legislador de que, vencido el tiempo señalado por él, ha cesado ya la necesidad de otorgar un derecho a la protección judicial y de que, por tanto, la niega a partir de ese momento, en consecuencia, el Estado por órgano del legislador fija un límite negativo a un derecho público y al correlativo deber de actuación de sus órganos jurisdiccionales, materias que son evidentemente de orden público.
Sin embargo, debe considerar este Juzgado Superior que de conformidad con la doctrina jurisprudencial Contencioso Administrativa (Sala Político Administrativa No. 543 de abril 17/2007, cuando el vencimiento del lapso de caducidad se verificare en un día que no fuese de despacho, “el recurrente dispondrá hasta el día de despacho siguiente a aquel para la interposición del recurso”, por cuanto ello “atiende mejor a la prestación de una justicia más adecuada, permitiendo al justiciable que pueda presentar sus escritos, sin someterse a forzosa inhabilitación”. (Vide en el mismo sentido, fallo No.1200 de julio 4/2007).
También se observa que el lapso para verificar la caducidad en el presente caso se traspone al receso judicial, por lo que esta Juzgadora trae a colación criterio reciente el cual ratifica el criterio pacífico y reiterado, con referencia al tratamiento que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha dado al lapso de caducidad con relación a los actos administrativos de efectos particulares, sentencia de fecha 29 de octubre de 2012, caso: INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO “SANTIAGO MARIÑO”, contra el acto administrativo Nº PA-US/T/040/2011, emitido el 22 de junio de 2011 por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores Táchira, y Municipios Páez y Muñoz del estado Apure, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), con ponencia del Magistrado LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ, donde se dejó sentado:
“…..En este orden de ideas, es preciso señalar que el vencimiento del lapso de caducidad varía, según se computen 180 días, de acuerdo con el lapso contemplado por la Ley vigente, o seis meses, como erradamente informó la Administración con base en una Ley derogada. Sin embargo, visto que lo señalado en el acto administrativo impugnado y en su notificación, acerca del lapso para la impugnación del acto –seis meses en vez de 180 días, indujo al administrado a un error; y tomando en consideración el principio pro actione, en el caso bajo examen sólo podría aplicarse el lapso de caducidad de seis meses.
Por lo tanto, al computar seis meses a partir de la notificación del acto del 23 de junio de 2011, se tiene que el lapso finalizó el 23 de diciembre de 2011, durante las vacaciones decembrinas de los órganos del Poder Judicial, admitiéndose que el recurso de nulidad se interponga el primer día hábil siguiente, conteste con lo previsto en el artículo 200 del Código de Procedimiento Civil.
Con relación a lo anterior, cabe destacar que en fallo Nº 1.501 del 26 de noviembre de 2008 (caso: Banco Occidental de Descuento, Banco Universal, C.A.), la Sala Político Administrativa aseveró que “(…) cuando el lapso legalmente consagrado para la interposición de un recurso contencioso concluya en un día no hábil respecto del tribunal competente para conocer del asunto, esto es, en una fecha en que aquél no dé despacho, el lapso de caducidad en referencia culminará el primer día de despacho siguiente”, precisando que si bien dicho criterio fue sentado en el marco de un recurso contencioso tributario, es aplicable en general a los recursos contencioso administrativos, y además, que el mismo ha sido ratificado por la referida Sala en sentencias Nos 858 y 886 de fechas 5 de abril de 2006 y 30 de julio de 2008, así como por la Sala Constitucional en su decisión Nº 554, publicada el 28 de marzo de 2007. Asimismo, se observa que en sentencia Nº 664 del 23 de mayo de 2012 (caso: A.M.R.Y.), la Sala Constitucional declaró ha lugar la revisión de un fallo, después de constatar que la recurrente presentó recurso contencioso administrativo funcionarial, el día hábil siguiente al vencimiento de las vacaciones judiciales.”
En base a la jurisprudencia analizada, se verifica que al momento de computar el lapso de 180 días se tienen que contar para ello los días de receso judicial. En el caso de autos, habiendo vencido el término para interponer la acción de nulidad contra el acto administrativo el día miércoles 15 de enero de 2014, verificamos que ese día hubo despacho en este Circuito Judicial Laboral, por lo cual, la solicitante debió ejercer el recurso de nulidad el 15 de enero de 2014, y no fue sino hasta el 17 de enero de 2014, que fue interpuesto, tal y como se refleja en el folio (75) del expediente, de allí que en el presente caso, operó la caducidad de la acción, y por tanto, el recurso interpuesto, resulta inadmisible. ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVO:
Por los fundamentos expuestos, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, este Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el ejercicio de sus facultades legales, Administrando Justicia y por autoridad de la Ley, declara:
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- COMPETENTE para conocer el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto por la profesional del derecho V.N.S., en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil HOTEL KRISTOFF C.A.; en contra del Acto Administrativo contenido en la Certificación de Accidente, número 0268-2013, de fecha 22 de abril de 2013, dictada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL).
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- INADMISIBLE el recurso interpuesto, por haber operado la caducidad de la acción.
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- Se ordena la notificación de la Procuradora General de la República, remitiendo copia certificada de la presente decisión.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Déjese copia certificada del presente fallo por Secretaría.
Dada, firmada y sellada en la sala de AUDIENCIAS del JUZGADO SUPERIOR CUARTO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo, a los veintiún (21) día del mes de enero de dos mil catorce (2014). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
LA JUEZ,
M.P.D.S..
LA SECRETARIA,
L.P.O..
En la misma fecha se dictó y publicó el fallo que antecede, siendo las tres y dieciocho de la tarde (03:18 p.m.).-
LA SECRETARIA,
L.P.O..
