Decisión de Juzgado Primero de Juicio del Trabajo de Lara (Extensión Barquisimeto), de 10 de Enero de 2007

En nombre de:

P O D E R J U D I C I A L

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

PARTE DEMANDANTE: P.A.L.B., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V.- 3.430.242, A.A.T., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V.- 1.516.091 y L.B.G., venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V.- 1.540.039.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: I.G.V., MILAGRO ÁGREDA FUCHS E I.F.G.T., mayores de edad, abogados en ejercicio, domiciliados en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, titulares de las cédulas de identidad Nº V.- 23.176.452; V.- 4.737.916 y E.- 81.943.891 respectivamente inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nos. 92.172; 17.766 102.090.

PARTE DEMANDADA: BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL, instituto bancario domiciliado en la ciudad de Caracas constituido originalmente por ante el Juzgado de primera Instancia en lo Civil del Distrito Federal en el tercer trimestre de 1890, bajo el Nº. 33, Folio 36 vto. del Libro Protocolo Duplicado, inscrito en el Registro de Comercio del Distrito Federal, el 2 de septiembre de 1890, bajo el Nº. 56.

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: A.S.G., A.P. y M.S., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo el Nº. 12.373, 38.998 y 52.054 respectivamente.

M O T I V A

Luego de revisar exhaustivamente el presente asunto, el Juzgador ha constatado que se cumplieron plenamente los extremos del debido proceso, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

A continuación, se procede a dictar el fallo escrito, conforme a lo previsto en el Artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Hechos Controvertidos:

La parte actora en el libelo señaló que fueron trabajadores del Banco hasta cumplir con el tiempo del trabajo y edad establecidos en la convención Colectiva para obtener el beneficio convencional del derecho a la jubilación, derecho que data en los diferentes contratos colectivos suscritos entre el Banco y sus trabajadores desde la convención colectiva de 1982 en la Cláusula Especial Tercera, beneficio que se ha reiterado en todo y cada uno de los sucesivos contratos colectivos suscritos hasta la presente fecha, apareciendo en el último contrato colectivo en la cláusula 65.

La parte actora solicitó también que se le declare y pague los derechos propios de jubilación que emanan de la convención colectiva de trabajo vigente en el Banco de Venezuela desde hace mas de 30 años, y consiguientemente, una mesada profesional de jubilación equivalente al salario mínimo urbano decretado por el Ejecutivo Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, mas de tres (3) meses de aguinaldo anual de acuerdo al literal g) de la Cláusula 65 convencional, incrementado de acuerdo a los montos que se pactan en las convenciones colectivas de trabajo entre el BANCO DE VENEZUELA, S.A., BANCO UNIVERSAL, Grupo Santander, y el grupo de sindicatos conformados por el SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL BANCO DE VENEZUELA, FILIALES Y SUBSIDIARIAS (SUNTEBANVENFISU) y los diversos Sindicatos de Trabajadores en los diversos Estados venezolanos, o de acuerdo con los decretos y leyes que se promulguen al respecto.

Finalmente los actores estimaron la demanda en la cantidad de CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE BOLIVARES CON CINCUENTA Y DOS CENTIMOS (Bs. 111.787.029,52).

La empresa demandada, por su parte en la contestación, admitió la relación de trabajo, sin embargo negó que los demandantes hayan prestado servicios laborales ininterrumpidos por mas de 25 años, es decir, hasta cumplir con el tiempo de servicio y edad para optar al beneficio convencional de jubilación; señaló que no es cierto que los actores al finalizar sus respectivas relaciones laborales hayan optado por dicho beneficio.

La demandada admitió que el beneficio de jubilación se establece o negocia en convenciones colectivas desde 1982 así mismo que en el plan de jubilación del banco se establece un pago de aguinaldo para los jubilados y que la cláusula 75 de la convención colectiva del banco contempla que el salario mínimo de sus trabajadores es superior en Bs. 10.000 al salario mínimo urbano nacional, pero que los mismos no le corresponden a los actores.

La demandada negó y rechazo la procedencia de los conceptos y cantidades demandadas y además opuso la defensa de prescripción establecida en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo por haber transcurrido con creces el lapso de un año desde la fecha de terminación de los respectivos servicios hasta la fecha de notificación de la demanda. A tal efecto señaló que el ciudadano P.A.L. terminó su relación el 31-12-1989; A.A.T. lo hizo el 1-1-1991; y L.B.G. finalizó sus labores el 31-2-1994, y que por lo tanto entre éstas fechas y el 8 de agosto de 2007 (fecha de la notificación de la demanda) transcurrió más de un año sin que los trabajadores hubieren realizado acto alguno para interrumpir la prescripción.

Adicionalmente, invocó la prescripción de la acción con fundamento en que si el computo de la prescripción en las demandas reclamando la jubilación, fuese el artículo 1.980 del Código Civil, que establece un lapso de tres años (3) para la prescripción de todo cuanto deba pagarse por año, o por plazos periódicos más cortos. Todo ello, por haber transcurrido más de tres (3) años desde las fechas de terminación de los servicios o relación laboral de los actores y la demandada, hasta la fecha de notificación de la demandada al presente juicio el 8 de agosto de 2007.

Entonces, en el presente asunto se encuentra convenida la existencia de la relación de trabajo, por lo tanto este hecho se encuentra fuera del debate probatorio a tenor de lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo. Así se decide.

La Prescripción:

La parte demandada alegó la prescripción de la acción porque los demandantes terminaron su relación con el banco en 1989, 1991 y 1994 y que por ello no puede concederse el beneficio de jubilación convencional. Los demandantes alegaron en el libelo y posteriormente en la audiencia de juicio la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad del derecho a jubilación.

A los fines de resolver la presente causa, este juzgador ratifica el criterio que en forma constante y reiterada han sostenido los tribunales de juicio de esta Circunscripción Judicial, plasmado entre otras, en la sentencia dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio el 14 de julio de 2006 caso: E.N.L.A. y otros en contra de CANTV, expediente No. KP02-L-2005-1446 en la cual se expresó:

En el caso sub iudice, se observa que el derecho reclamado y atacado como prescrito por la accionada es el de Jubilación, sobre este tópico la Sala de Casación Social, en reiteradas sentencias ha establecido que:

Bajo el título ‘PRESCRIPTIBILIDAD DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA RELACIÓN DE TRABAJO’, se dejó establecido que todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescriben en el lapso de un (1) año computado a partir de la extinción del vínculo de trabajo, con fundamento en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, con excepción de la acción cuya causa sea un accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuyo lapso de prescripción es de dos (2) años, con fundamento en el artículo 62 eiusdem. Que si bien la acción para reclamar lo correspondiente por participación en los beneficios (utilidades) prescribe al año, tal lapso sólo es computable desde el momento en que sea exigible dicho derecho. Y finalmente respecto del lapso de prescripción de la acción para demandar la jubilación, la Sala precisó que, disuelto el vínculo de trabajo y optando el demandante por la jubilación especial, manifestando que su voluntad al momento de escoger estuvo viciada, la acción para reclamar su reconocimiento, al pagarse ésta por períodos menores al año, se rige por el artículo 1.980 del Código Civil.

(Sentencia del 07-11-2001).

La Jubilación es un derecho humano que el Estado debe garantizar, formando esto parte de una política integral de Seguridad Social, consagrado así en el texto Constitucional, de lo cual este Juzgador no tiene lugar a dudas, empero, también debe dejarse claro que, ese Derecho Constitucional se obtiene a través del cumplimiento de unas condiciones previamente fijadas, o por una ley como en el caso de la Ley Orgánica del Trabajo, o a través de unas convenciones colectivas, suscrita entre las partes de acuerdo a la ley ya señalada.

En el caso que nos ocupa, se puede apreciar, que la convención colectiva celebrada entre las partes, y por lo tanto de carácter vinculante para ambas, plantea en su articulado, las posibles formas de jubilación a las que pueden optar los trabajadores sujetas a ésta, hallándose entre éstas formas, tanto la jubilación normal que por derecho le corresponde a todo aquel trabajador, que cuya edad sea superior a los 50 años si es mujer, y 55 años si es hombre, siempre que hubiera prestado el servicio a la empresa de forma ininterrumpida, según lo establece los supuestos de la convención señalada, la cual, una vez cumplido los requisitos por el trabajador, y solicitada por este en su momento oportuno, la adquiere de mero derecho, que sería el caso en el cual, tal derecho una vez activado, adquiere la Tutela Constitucional, convirtiendo tal derecho en imprescriptible.

Ahora bien, en el caso de marras, se aprecia, que ninguno de los trabajadores, accionantes, cumplió con el esquema planteado por la convención colectiva, que le trajese como consecuencia la imprescriptibilidad de su derecho, sino que, por el contrario, los mismos, se acogieron a la bonificación especial establecida en la contratación colectiva (anexo c), como lo fue, la aceptación de la totalidad de las acreencias laborales y una indemnización adicional como lo prevé el postulado de la convención colectiva en lo que respecta a la jubilación especial, lo que aceptaron en forma opcional, pudiendo éstos, haberse abstenido de percibir las indemnizaciones allí señaladas y, esperar a cumplir con las formalidades de la jubilación normal, haberla activado, lo que les hubiese otorgado el carácter constitucional, incluyendo la imprescriptibilidad como ya se dijo anteriormente.

En este sentido, se aprecia que, los actores aquí demandantes, solo cumplían con los requisitos para optar a la jubilación especial, la cual al serle presentada, en sus dos (2) alternativas como ya se indicó, optaron por la primera de ellas, es decir recibir la totalidad de su prestación de antigüedad y demás beneficios legales y contractuales contemplados en la Convención Colectiva, más cualquier indemnización adicional que pudo corresponderle si fuere el caso, como ellos mismos los sostienen en su escrito libelar, en virtud de ello, tendrían que demostrar los actores, durante el desarrollo del debate, que optaron a esa opción alternativa, bajo cualquiera de las circunstancias a que hace referencia el artículo 1.146 del Código Civil venezolano, vale decir, que su consentimiento estuvo viciado por error excusable, o fue arrancado con violencia o sorprendido por dolo.

Así pues, se tiene que los trabajadores, comparecieron ante la instancias administrativa correspondiente, como lo fue la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, en una forma voluntaria, de mutuo acuerdo con el patrono, fracturando la relación laboral de mutuo consentimiento, vale decir cumpliendo con los postulados a que se refiere las convención colectiva en lo que respecta a la jubilación especial, dejando claro, que, a pesar de que le llaman jubilación especial, era optativo del trabajador, es decir, no se trataba de un derecho adquirido como en el caso de los trabajadores que cumplían con la jubilación normal, asociado a ello, lo hicieron ante una institución pública, en presencia de funcionario público con competencia para ello.

En este orden de ideas, tenemos que, al encontrarnos en presencia de derechos admitidos y percibidos por los trabajadores, bajo la modalidad de jubilación especial opcional, pues por supuesto, que desde que feneció el nexo laboral, indefectiblemente comenzó a transcurrir el lapso de prescripción establecido en el Artículo 1.980 del Código Civil; en virtud de esto, para decidir el Juzgador observa el contenido y alcance de normas que fundamentan la prescripción:

El Artículo 1.980 del Código Civil establece:

Artículo 1.980 “Se prescribe por tres años la obligación de pagar los atrasos del precio de los arrendamientos, de los intereses de las cantidades que los devenguen, y en general, de todo cuanto deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos.”

Por su parte el Artículo 1.969 del Código Civil establece:

Artículo 1.969. “Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación.

Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial. Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez; a menos que se haya efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso (Subrayado agregado).”

Analizados los Artículos precedentes, y descendiendo a los documentos probatorios, se desprende de autos que la relación laboral culminó en los años 1996,1997, 1.999 y 2001, admitido esto por ambas partes, la introducción de la demanda ocurrió el Dos (02) de Agosto de 2.005, verificado esto, se evidencia de autos, que la notificación de la parte demandada se llevó a cabo el 25 de Enero de 2.006 (folio 111), tal como se desprende de la misma, fue certificada por la secretaria del Tribunal de Sustanciación en esa misma fecha; una vez determinados estos hechos, se procede a enmarcarles dentro de los supuestos establecidos en las normas ut supra descritas. En este sentido, el Tribunal debe aplicar la norma prevista en el artículo 1.980 del Código Civil, por tratarse del pago de un concepto como es la pensión de jubilación, que por su naturaleza debe pagarse por períodos menores al año y, siendo que, el vínculo laboral, con los actores, el más cercano, culminó en el año 2001 y, siendo que la demanda fue presentada en fecha 02 de Agosto de 2.005, se puede apreciar que, transcurrió con creces el plazo establecido en la norma señalada, de igual forma, ocurrió con la notificación del demandado la cual se verificó en una oportunidad posterior al vencimiento del lapso de prescripción al cual se refiere el mencionado artículo anteriormente citado.

Visto esto, y por cuanto la parte actora no cumplió en forma precisa con los extremos del Articulo 1980 del Código Civil, que tal como se explico, se aplica en este caso de forma supletoria, todo esto asociado a que el demandado alego la prescripción de la demanda en su Escrito de Contestación, oportunidad procesal para oponerla como defensa de fondo, este Juzgador se ve forzosamente obligado a declarar Con Lugar la prescripción de la acción alegada por la demandada y por lo tanto se abstiene de pronunciarse sobre los demás hechos controvertidos en la presente causa, asimismo, y por cuanto la presente causa fue resuelta de Mero Derecho se abstiene de pronunciarse y valorar el resto de los medios probatorios que cursan en autos. Así se decide.-

La anterior decisión fue confirmada por el Juzgado Superior Primero del Trabajo de esta Circunscripción Judicial el 03 de noviembre de 2006, expediente No. KP02-R-2006-992, contra la misma la parte demandante anunció recurso de casación que en fecha 24 de abril de 2007 bajo el No. 770 se decidió sin lugar y la sala se fundamentó, entre otras, en la sentencia No. 142 del 29 de mayo de 2000, caso H.A.C. contra Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CANTV que estableció:

Los artículos 61 y 62 de la Ley Orgánica del Trabajo establecen que todas las acciones provenientes de la relación de trabajo (tales como prestaciones sociales, diferencia en las mismas, conceptos de salario, horas extras, días domingos, feriados, etc.) prescribirán al cumplirse un año contado desde la terminación de la prestación de los servicios (Artículo 61), y para reclamar indemnizaciones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, la acción prescribirá al cumplirse dos años contados a partir de la fecha del accidente o constatación de la enfermedad. (Artículo 62). Igualmente, el artículo 63 señala el tiempo de un año contado a partir que se haga exigible el beneficio de las utilidades, para que prescriban las acciones tendientes al reclamo respectivo. El artículo 64 eiusdem, establece los cuatro casos en los cuales se interrumpe la prescripción de la acción y en el último de ellos se remite a las causas señaladas en el Código Civil. En consecuencia, las acciones derivadas de la relación de trabajo prescriben al año, con las excepciones señaladas anteriormente y la acción para demandar el beneficio de la jubilación prescribe en el término que precisa la Sala a continuación:

(Omissis)

Considerando ahora la materia relativa al lapso para prescribir el derecho a la jubilación, la doctrina y alguna jurisprudencia, una vez que se adquiere derecho a la misma, han considerado tres opciones: que tal derecho prescribe a los 10 años, por ser una acción personal (artículo 1977 C.C.); que prescribe a los 3 años, por consistir su cumplimiento en un pago periódico menor al año (artículo 1.980 C.C.); o que prescribe al año, conforme lo prevé la ley especial sustantiva, por ser su causa un vínculo de trabajo (artículo 61 L.O.T.). Analicemos de seguidas estas posiciones:

(Omissis)

Las acciones personales son aquellas que derivan de las obligaciones de crédito. Todas las acreencias de un trabajador respecto de su patrono son obligaciones de crédito, de allí que se califiquen como acciones personales.

(Omissis)

Disuelto el vínculo de trabajo en virtud de haber adquirido y habérsele reconocido al trabajador su derecho a la jubilación, ya entre las partes, jubilado y ex patrono, media un vínculo de naturaleza no laboral, que se califica en consecuencia como civil, lo que hace aplicable el artículo 1.980 del Código Civil, que señala que prescribe a los 3 años todo cuanto debe pagarse por años o por plazos periódicos mas (sic) cortos, y así lo entiende y decide esta Sala de Casación Social.

En sintonía con lo expuesto, la más destacada doctrina nacional ha puntualizado que, de conformidad con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, el lapso general de prescripción de las acciones provenientes del contrato de trabajo es de un (1) año contado desde la terminación de la prestación de los servicios; no obstante, dicha disposición no resulta aplicable a la situación del jubilado, pues en el momento de hacerse exigible el derecho a cobrar cada una de las pensiones mensuales ya ha terminado, obviamente, la prestación de servicios. Entonces, no se trata de que sea imprescriptible la acción, sino de que su prescripción, a falta de disposición expresa de la legislación especial, se rige por las reglas de derecho común, concretamente, por el artículo 1980 del Código Civil, que establece la prescripción de tres (3) años de todo cuanto deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos. (Subrayado de esta decisión).

En lo que concierne al error de interpretación del artículo 1980 del Código Civil, el cual fue aplicado para la resolución de la controversia, estima la Sala pertinente transcribir parcialmente la recurrida en lo que al respecto atañe:

Disuelto el vínculo de trabajo, y siendo que la pretensión del actor se traduce en el reconocimiento al derecho de jubilación especial, media un vinculo (sic) de naturaleza no laboral, por cuanto se ha extinguido la relación laboral ordinaria, dando paso a un vinculo (sic) jurídico especial como consecuencia de la primera y en cuyo caso aplican reglas particulares (…), por ejemplo en sentencia de fecha 04 de julio de 2002, (caso CANTV) de la Sala de Casación Social.

Cabe señalar que en diferentes decisiones dictadas por esta Sala de Casación Social, al tocarse el tema de la prescripción de las acciones derivadas de la relación de trabajo, se ha dejado claro que, todas las acciones derivadas de la relación laboral prescriben en el lapso de un (1) año computado a partir de la extinción del vínculo de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, con excepción de la acción de indemnización por accidente de trabajo o enfermedad profesional, cuyo lapso de prescripción es de dos (2) años (artículo 62 eiusdem); sin embargo, en cuanto al lapso de prescripción para demandar el reconocimiento de la jubilación, se ha precisado que, disuelto el vínculo de trabajo si el trabajador manifiesta que su voluntad al momento de escoger entre las opciones en que se presenta el beneficio de la Jubilación Especial estuvo viciada, la acción para reclamar su reconocimiento, al pagarse ésta por períodos menores al año, se rige por el artículo 1.980 (sic) del Código Civil.

Para el caso del lapso de prescripción aplicable al derecho de jubilación pretendido, resulta inpretermitible (sic) acudir a la norma especialísima contenida en el artículo 1.980 (sic) del Código Civil, que señala que prescribe a los tres años todo lo que deba pagarse por años o por plazos periódicos más cortos, y así lo entiende y es el criterio de la Sala de Casación Social (…).

De la precedente transcripción, la Sala constata que la recurrida, en estricta sujeción al criterio pacífico y reiterado sostenido en cuanto al lapso de prescripción respecto al derecho a solicitar la jubilación, determinó que a la misma se le otorga el tratamiento de las reglas del derecho común previsto en el artículo 1980 del Código Civil, relativas a las prescripciones breves, con lo cual resulta improcedente la denuncia en referencia, toda vez que dicha norma ha sido aplicada según la doctrina de esta Sala.

La parte actora en la audiencia de juicio señaló que no se reclamó antes el derecho a la jubilación porque no existía la sentencia de la Sala de Casación Social y era una cantidad irrisoria. Al respecto, la demandada indicó que los actores cobraron al momento de egresar montos superiores a los legales, y que éstos se llamaron pagos adicionales.

1. - Entonces, visto el criterio trascrito y los dichos de las partes, en el presente caso los demandantes no fundamentan su acción en haber actuado bajo error, dolo o violencia, vicios que pudieran afectar el consentimiento. Igualmente se constata en la convención colectiva correspondiente al año 1985 y las sucesivas que el derecho de jubilación no opera ipso facto, sino que el trabajador “podrá optar a la jubilación o ser jubilados por el banco”. (Cláusula sesenta y nueve); se trata de una opción dada al trabajador, una situación que depende de su voluntad manifestada en forma libre, deliberada y consciente; y, como ya se dijo, no existe prueba en autos que los acuerdos celebrados con el banco para poner fin a las relaciones de trabajo en las fechas indicadas hubiesen afectado la voluntad de los trabajadores.

   Los pronunciamientos nacionales e internacionales sobre la jubilación como derecho de trabajadores sólo ésta referido a aquellos que emanan de la seguridad social de Ley; los establecidos de manera obligatoria por estatutos o convenciones colectivas y cuando ha sido conferida al trabajador, por lo que no encaja en el presente asunto la procedencia de la jubilación convencional, que no es obligatoria para el empleador, sino que es alternativa y que evidentemente no fue concedida porque el trabajador aceptó una prestación sustitutiva, cuya validez jurídica no ha sido discutida en este juicio.

   Entonces, si la fuente del plan es convencional y opcional, no le son aplicables los principios establecidos por la jurisprudencia de la Sala Constitucional y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia para las jubilaciones de origen legal y de carácter obligatorio; ni tampoco es asimilable a la condición de aquellos a quienes se les otorgó el beneficio de jubilación por vía contractual y tienen derecho a que la pensión se ajuste al salario mínimo.

   Con fundamento en lo anteriormente expuesto, el Juzgador concluye que el beneficio de jubilación que aquí se discute no está revestido de la protección del orden público, porque el cuerpo normativo que lo prevé le dio carácter opcional y por ello está sujeto a las normas ordinarias sobre prescripción (un año); pero una vez concedido el beneficio de la jubilación, el derecho a reclamar las pensiones atrasadas prescribe a los tres años, según la regla especial del Código Civil. Así se establece.-

2. - El Artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo establece lo siguiente:

   Artículo 64. La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe:

   1. Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes;

   2. Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público;

   3. Por la reclamación intentada por ante una autoridad administrativa del Trabajo. Para que la reclamación surta sus efectos deberá efectuarse la notificación del reclamado o de su representante antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes; y

   4. Por las otras causas señaladas en el Código Civil.

   Por su parte el Artículo 1.969 del Código Civil establece:

   Artículo 1.969. Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquiera otro acto que la constituya

   en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial. Para que la demanda judicial produzca interrupción, deberá registrarse en la Oficina correspondiente, antes de expirar el lapso de la prescripción, copia certificada del libelo con la orden de comparecencia del demandado, autorizada por el Juez; a menos que se haya

   efectuado la citación del demandado dentro de dicho lapso.

   Los trabajadores demandantes terminaron las relaciones de trabajo en los años 1989, 1991, 1994 y no consta en autos medios donde se evidencien los mecanismos interruptivos de la prescripción entre éstas fechas y la notificación de la presente demanda (el 08 de agosto de 2007) por lo que éste Juzgador le resulta evidente que las pretensiones de obtener la jubilación y demás ajustes solicitados por los actores prescribieron. Así se establece.-

   Por todos los razonamientos expuestos se declara con lugar la prescripción alegada por la demandada y en consecuencia sin lugar la demanda. Así se establece.-

   Finalmente por cuanto la presente causa se resolvió de Mero Derecho, el Juzgador se abstiene de pronunciarse y valorar el resto de los medios probatorios que cursan en autos. Así se decide.-

   D I S P O S I T I V A

   Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, el Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE:

PRIMERO

Con Lugar la prescripción de las pretensiones alegada por la demandada y en consecuencia sin lugar la demanda.

SEGUNDO

No hay condenatoria en costas, conforme a lo dispuesto en el Artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Dictada en Barquisimeto, el día jueves 10 de enero de 2008, años 197° y 148° de la Independencia y de la Federación, respectivamente.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.

Abogado J.M.A.C.

JUEZ

Abg. ROSALUX GALÍNDEZ

SECRETARIA

En esta misma fecha se publicó la anterior sentencia, a las 3:20 p.m.

Abg. ROSALUX GALÍNDEZ

SECRETARIA

JMAC/njav