Decisión nº 235 de Juzgado Tercero Juicio para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo. Extensión Maracaibo. de Zulia (Extensión Maracaibo), de 11 de Agosto de 2006

Invocó el mérito favorable de las actas procesales.

Esta invocación tiene vinculación con los principios adquisición procesal y comunidad de la prueba, según los cuales, todo cuanto se afirme, se aprehenda, se exhiba, y en general todas aquellas pruebas aportadas en causa pertenecen al proceso y no a las partes, por lo que, las mismas serán utilizadas para demostrar las pretensiones y excepciones, sin importar la persona de su promovente, en función de la justicia pretendida concretada en la sentencia de mérito. Así se decide.

Prueba Instrumental y de Exhibición:

Promueve los presentes medios instrumentales de conformidad con lo establecido en los artículos 77 y 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en los siguientes términos:

• Original de carta de despido, constante de 01 folio útil, signado con la letra “A” de fecha 15-08-2001, dicha prueba tiene por objeto demostrar que la co-demandada INSUCA, despidió a su representado, sin alegar alguna causa justificada.

• Original de liquidación final de relación de trabajo, constante de un folio útil, signada con la letra “B”, de fecha 15-08-2001, emitida por la co-demandada INSUCA, en la cual consta lo siguiente: motivo por despido, cargo radiólogo II y monto a cobrar. Esta prueba tiene por objeto demostrar su representado dolosamente por la co-demandada, por un último monto de liquidación final de relación de trabajo.

• Transacción, efectuada ante la Inspectoria del Trabajo de Maracaibo del Estado Zulia, suscrita por la accionada INSUCA, en su nombre representante estatutarios y los trabajadores que conforman el contingente laboral o nómina de la misma, asimismo, recibida y homologada por el funcionario, esta prueba consta de 07 folios útiles, signada con la letra “C”.

• Notas de los estados financieros reapresados 31-12-1998, realizada por la accionada INSUCA, esta prueba tiene por objeto demostrar que la co-demandada, mantiene relaciones con la industria petrolera y que su nomina de trabajadores goza de la Convención Colectiva Petrolera. esta prueba consta de 01 folio útil, signada con la letra “D”.

• Registro Auxiliar de contratistas de PDVSA, de fecha 02-11-2001, Esta prueba tiene por objeto demostrar el hecho de que la co-demandada, se encuentra inscrita en el denominado Registro, cono contratista, realizando obras y servicios para la misma empresa, consta de 10 folios útiles signado con la letra “E”.

• Copia Fotostática de certificados de cursos y prácticas expedido por Petróleo de Venezuela, CIED, de fecha 24-05-1999 y 24-05-2001, constante de un 01 folio útil, signado con la letra “F”.

• Copia fotostática de certificados de cursos y prácticas, expedido por PDVSA, CIED, de fecha 1.998 y 2.000 a nombre del ciudadano LARRY JOSÈ PEREZ.

• Copia Fotostática, de certificados de cursos y practicas expedido por PDVSA, CIED, de fechas 1.998, 1.999 y 2.000, consta de cuatro 04 folios útiles, signados con la letra “G”.

En cuanto a las instrumentales A y B promovidas por el accionante, por tratarse de documentos privados promovidos en original en virtud de que la anterior instrumental al no ser impugnadas, desconocidas, ni cuestionada, bajo ninguna forma en derecho, de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el tribunal le otorga valor probatorio y eficacia jurídica en cuanto a su contenido, es decir, se observa que la co-demandada INSUCA, prescindió de los servicios del ciudadano LARRY JOSÈ PÈREZ RAMIREZ sin alegar causa justificada, en la instrumental “B” se observa que el ciudadano C.S., obtuvo un su salario de Bs.10.491,84, y su retiro fue por despido así como los conceptos laborales y las cantidades canceladas por la patronal. Así se decide.

En relación a las instrumentales signadas con las letras C, D, E, F y G por ser presentadas en copias simples, observa este sentenciador, que al tratarse de unas copias simples de documentos públicos administrativo y documentos privados, que los mismos no fueron tachados ni cuestionados bajo ninguna forma en derecho, se tienen por fidedigna las referidas copias fotostáticas, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 77 y 78 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En todo caso serán analizadas conjuntamente con las demás probanzas a los efectos de elaboración de las pertinentes conclusiones. Así se decide.

Ahora bien con respecto ala exhibición solicitada, considera este sentenciador, que al no ser exhibida en la audiencia de juicio., esto constituye una presunción grave de que el instrumento se encuentra o ha estado en poder del empleador, por lo que, al no aparecer de autos prueba alguna que desvirtué dicha presunción, se tiene como exacto el texto del documento, tal como aparece de la copia presentada por el solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con lo dispuesto en el artículo 82 eiusdem; sin embargo, “el contenido de dicho instrumento jamás podría constituir prueba de hechos. Así se decide.

Prueba de Informe, de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en los siguientes términos:

• Oficiar a la Inspectoria el Trabajo de Maracaibo del Estado Zulia, a los efectos de que informe sobre la transacción realizada por la co-demandada INSUCA y los trabajadores que laboran en la misma y se sirva remitir copias certificada de dicha transacción, esta prueba de informe tiene por objeto demostrar que la accionada INSUCA, cancela el salario y las prestaciones sociales conforme la Convención Colectiva Petrolera, asimismo que su representado se encuentra dentro de la orbita contractual petrolera.

• Oficiar al Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, a los efectos de que se sirva expedir copia certificada de la primera pieza que conforma l expediente No.27457, tomo 69 A, No.26, de fecha 08/11/1985, de la co-demandada INSUCA, esta prueba de informe tiene por objeto demostrar que la accionada INSUCA, tiene relaciones con la Convención Colectiva Petrolera.

Con respecto a esta prueba este sentenciador no la valoras por no constar en actas las resultas de los informes solicitados y en consecuencias carecen de valor probatorio. Así se decide.

DE LA PARTE CO-DEMANDADA SOCIEDAD MERCANTIL INSPECIONES UNIDAS, C.A., (INSUCA)

Promovió de conformidad con lo dispuesto en el articulo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo, instrumento en copia fotostática, constante de cuatro 04 folios útiles, signado con la letra “B” y que consiste en una transacción celebrada, de fecha 28-02-1994.

Con respecto a esta instrumental, observa este sentenciador, que al tratarse de una copia simple de un documento público administrativo, y que el mismo no fue tachado ni cuestionado bajo ninguna forma en derecho se tiene por fidedigna las referidas copias fotostáticas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Promovió de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, prueba de informe a los fines de que se oficie a la co-demandada PDVSA Occidente, con el objeto de que informe al Tribunal sobre los siguientes particulares. 1) Si en la Convención Colectiva de la Industria Petrolera, vigente para la fecha 15-08-2001 y en las anteriores Convenciones Colectivas a esa fecha se encontraban incluidas los trabajadores denominados Radiólogos operadores de equipos de Ganmagrafia. 2) si los trabajadores denominados radiólogo operadores de equipos de Ganmagrafia se encuentra incluidos en la actualidad en la Convención Colectiva de la Industria Petrolera. 3) En caso de ser afirmativa la respuesta al particular segundo, informar específicamente a partir de cual Convención Colectiva de la Industria Petrolera fueron incluidos los trabajadores denominados Radiólogos operadores de equipos de Ganmagrafia. 4) Si en los pliegos de licitaciones de fecha anterior al 15-08-2001 de trabajos relacionados con Inspecciones de Ganmagrafia a los trabajadores denominados Radiólogos operadores de equipos de Ganmagrafia los regía la Ley Orgánica del Trabajo o la Convención colectiva de la Industria Petrolera.

Observa este sentenciador que la Sociedad Mercantil PDVSA Occidente remitió el informe solicitado, en dicho informe se evidencian los hechos siguientes: 1.- Que la Convención colectiva vigente para el día 15-08-2001, es decir la correspondiente al periodo 2000-2002, se establece, los exámenes médicos a los cuales deben someterse ese tipo de personal, pero no los incluyen en el tabulador de actividades e igual aplica incluso para la convención colectiva vigente en el periodo anterior, 1997-2000, 2.- Se incluye a los trabajadores que laboren en actividades de gammagrafia industrial y con exposición directa a radiaciones ionizantes; 3.- Que es a partir de la Convención Colectiva vigente a partir del día 21.01-2005, que dichos trabajadores se equiparan a tabulador petrolero. Razón por la cual de conformidad con lo dispuesto en el articulo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal la aprecia en todo su valor probatorio y eficacia jurídica para probar los hechos antes referidos. Así se establece.-

DE LA PARTE CO-DEMANDADA

PDVSA PETRÓLEO S.A.

Invocó el mérito favorable y el principio de la comunidad de la prueba que se desprende de las actas procesales. Esta invocación tiene vinculación con los principios adquisición procesal y comunidad de la prueba, el merito de esta prueba ya fue establecido en el análisis del escrito de prueba de la parte accionante y se da aquí por reproducido. Así se decide.

CONCLUSIONES

En virtud, de las probanzas aportadas por las partes del presente procedimiento, procede ahora este Juzgador a efectuar ciertas consideraciones sobre los puntos controvertidos, como consecuencia jurídica del contradictorio utilizado por las partes.

Este Tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y conforme al criterio jurisprudencial dictado por la Sala de Casación Social, en la citada sentencia Nº 41 de fecha 15/03/2.000, y ratificado por la misma Sala, en sentencia Nº 366 de fecha 09 08 2000, señala que por presunción establecida en la Ley, si en el proceso queda demostrada la relación laboral, es al patrono a quien le corresponde la carga de la prueba, en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo, que tengan conexión con la relación laboral, máxime en los casos en que el patrono reconoce dicha relación laboral.

En este sentido, al haber un reconocimiento expreso de las Co-demandadas en relación a la prestación personal del servicio por cuanto el accionante alega que los servicios que prestaba la Sociedad Mercantil INSPECCIONES UNIDAS (INSUCA), eran en beneficio y provecho de la Sociedad Mercantil PDVSA Petróleo y Gas, S.A, argumentando además la existencia de la Conexidad y la inherencia conforme a lo establecido en el articulo 54 y 57 de la Ley Orgánica del Trabajo, por cuanto la Sociedad Mercantil INSUCA efectuó una serie de obras o proyectos que realizo en Beneficio de la Industria Petrolera.

Alega el demandante que trabajó para la demandada desde el día 15 de Junio de 1996 hasta el 15 de Agosto del 2001, como Radiólogo II devengando un salario básico de (Bs.10.491). Reclama el demandante unas diferencias sobre prestaciones sociales derivadas de la Convención Colectiva Petrolera, pues, estima que la misma le es aplicable por lo que reclama la diferencia por los conceptos adeudados la cantidad de Bs.- 40.354.001,80.

Del estudio de las pruebas aportadas por las partes, este operador de justicia estima que el acta de Transacción consignada por el demandante en su cláusula primera se desprende el objeto social de la demandada, dedicándose esta a las labores de inspecciones radiográficas, industriales de tubería, ultrasonido, control de calidad, ultrasonido, servicios de hidrojet, argumentado además que dicha empresa igualmente prestaba servicios mayormente a cualquier otra persona natural o jurídica.

Considerando entonces este Tribunal, que el accionante de autos desempeñaba las funciones propias de Radiólogo II, donde su actividad era de Inspección, reparación de mantenimiento de equipos Industriales, fiscalización de obras de Ingeniería entre otros.

El articulo 42 y 45 de la Ley orgánica del Trabajo establece:

Artículo 42. Se entiende por empleado de dirección el que interviene en la toma de decisiones u orientaciones de la empresa, así como el que tiene el carácter de representante del patrono frente a otros trabajadores o terceros y puede sustituirlo, en todo o en parte, en sus funciones.

Artículo 45. Se entiende por trabajador de confianza aquel cuya labor implica el conocimiento personal de secretos industriales o comerciales del patrono, o su participación en la administración del negocio, o en la supervisión de otros trabajadores.

Al respecto, ha señalado la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, Sentencia No. 294 del 13/11/2001 determino: "(...) que la determinación de un trabajador como de dirección o confianza debe orientarse conforme a las funciones y actividades que este desarrolla, como del cargo que ejerce, y que de manera explicita aparecen enunciados en las referidas normas. No hay duda, con relación al ámbito de aplicación subjetivo de las convenciones colectivas de trabajo, que las partes que celebren las mismas, pueden excluir a los empleados de dirección y trabajadores de confianza, según lo prevé el artículo 509 de la Ley Orgánica del Trabajo. Sin embargo, la diatriba se encamina en determinar, quienes realmente desarrollan actividades que se puedan catalogar como propias de empleados de Dirección o trabajadores de Confianza. Tal categorización, sin duda alguna obedece a una situación de hecho, más no de derecho.

En efecto, es la Ley Orgánica del Trabajo la que instruye en el articulo artículo 47,: "La calificación de un trabajador como de dirección, confianza, inspección o vigilancia, dependerá de la naturaleza real de los servicios prestados, independientemente de la denominación que haya sido convenida por las partes o de la que unilateralmente hubiese establecido el patrono". (Negritas y Subrayado de la Sala). Como se podrá entender, es el principio de la realidad de los hechos el que opera al momento de verificar la condición de un trabajador como de Dirección o Confianza, y no la calificación que convencional o unilateralmente se le confiera.

Ante tal postulado, será en definitiva la naturaleza real del servicio prestado, lo que determine la condición de dichos trabajadores, y esto sólo se podrá verificar adminiculando las funciones, actividades y atribuciones que legalmente definen a los mismos, con las que efectivamente estos desarrollan, independientemente de la denominación del cargo o puesto de trabajo."

Por lo que considera este sentenciador que entre las funciones que realiza el accionante se encuentra inspeccionar y fiscalizar, servicios de Inspección, reparación y mantenimiento de equipos industriales, obras de Ingeniería Civil, su actividad reúne las características propias de un Empleado de dirección y confianza por lo que podía ser despedido por la accionada a tenor de lo establecido en el articulo 112 de la Ley Orgánica del trabajo, más aún del acta de Transacción agregada por el actor se desprende que la empresa y las partes admitieron que los servicios que realizaba era bajo la denominación de “Servicios Profesionales”, como puede leerse en la cláusula tercera de la referida acta de Transacción, que a tenor señala “ los servicios prestados por la Empresa son calificados como “Servicios Profesionales” y por lo tanto excluidas de las cláusulas contenidas en la Contratación Colectiva Petrolera debiendo regirse por las Estipulaciones de la Ley Orgánica del Trabajo y por lo tanto inaplicable la Convención Colectiva Petrolera por disposición expresa de la cláusula tercera, la cual señala:

Están cubiertos por esta Convención todos los trabajadores de la Empresa comprendidos en las denominadas Nómina Diaria y Nómina Mensual Menor; no así aquellos que realmente desempeñen los puestos o trabajos contemplados en los Artículos 42, 45, 47, 50 y 510 de la Ley Orgánica del Trabajo, que pertenecen a la categoría conocida en la Industria Petrolera como Nómina Mayor, quienes serán exceptuados de la aplicación de la presente Convención. No obstante esta excepción, los trabajadores de la Nómina Mayor no serán afectados en los derechos sindicales que les consagra la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento. En este sentido, no podrán ser impedidos si esa fuere su voluntad, de participar en las actividades sindicales del Sindicato Petrolero en la región donde efectúan sus labores.

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Es bien, sabido y así lo ha asentado la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia que las Convenciones Colectivas son aquellas que se celebra a través de un acuerdo voluntario entre uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, y uno o varios patronos o sindicatos o asociaciones de patronos, con la finalidad de establecer : las condiciones conforme a las cuales se deba prestar un trabajo; los derechos, y las obligaciones que corresponden a cada una de las partes, constituyendo verdaderos cuerpos normativos y por tal razón las estipulaciones en ellas contenidas se convierten en cláusulas obligatorias conforme a lo establecido en el artículo 508 de la Ley Orgánica del Trabajo. Así Se Decide.-

En cuanto al campo subjetivo de aplicación de la Convención Colectiva, el artículo 509 de la Ley Orgánica del Trabajo, estableció las estipulaciones contenidas en las referidas Convenciones Colectivas beneficiarán a todos los trabajadores de la empresa, establecimiento o explotación, aún cuando ingresen con posteridad a su celebración y conforme al mismo artículo, las partes podrán exceptuar de su aplicación a las personas a que se refieren los artículos 42 y 45 eiusdem.

Al verificarse entonces que el actor estaba exceptuado del contexto de aplicación de la Convención Colectiva Petrolera, ningún beneficio ni reclamación por diferencia salarial reclamado puede prosperar con sustento a ello y con fundamento en ello puede ser declarada procedente, por lo tanto las diferencias por prestaciones sociales e indemnizaciones calculadas con base a las mencionadas diferencias salariales tampoco pueden prosperar en derecho todo de conformidad con los criterios Jurisprudenciales de la Sala de Casación Social contenida en las sentencias de 11 de agosto de 2005 (caso: F.A. contra Camco de Venezuela) y de 02 de agosto de 2005 (caso L.P. contra Maersk Drilling Venezuela), y la del de la 2004 (caso E.Á. contra Abbott Laboratorios. En consecuencia, se declara Sin Lugar la demanda que por cobro de diferencias de prestaciones sociales y otros conceptos conforme a la Convención Colectiva Petrolera. Así se decide.

De la misma forma este sentenciador debe igualmente señalar que si bien es cierto que las Convenciones Colectivas forman parte del “IURA NOVIT CURIA”, conforme a la sentencia No.-2.361 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de fecha 03 de Octubre del 2002 no es menos cierto que debe haber discutida en la etapa cognoscitiva del Proceso, sin embargo la sala Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia en fecha RC325 de fecha 15 de Mayo del 2003, determino que las Convenciones Colectivas constituían documentos Públicos, es por ello que este Juzgador con fundamento en lo establecido en el articulo 60 de la Ley Orgánica del Trabajo y el Principio “IURA NOVIT CURIA” , establece que de un estudio minucioso a la Convención Colectiva Petrolera vigente para el momento de la Relación de trabajo que mantuvo el trabajador con la demandada de autos, aprecia la existencia de un Tabulador de cargos, en el cual no se desprende el cargo ni el salario que reclama el accionante, para que le sea aplicada dicha Convención Colectiva Petrolera, y no habiendo aportado prueba alguna capaz de probar sus argumentos, es por lo que este Operador de Justicia considera que las funciones son propias de un trabajador de Nomina Mayor y por lo tanto excluido de la aplicación de las estipulaciones de la Convención Colectiva. Así Se Decide.-

En lo pertinente al Daño Moral reclamado por el actor ha sido pacifica y reiterada la doctrina y la Jurisprudencia de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia que quien alega el Abuso del Derecho toda vez que el hecho ilícito derivado del 1.185 del Código Civil, correspondiéndole la carga de la prueba a la parte demandante y no habiendo demostrado tal conducta ilícita el accionante por parte de la patronal, al a.e.J.l. probanzas aportadas, como tampoco demostró los hechos constitutivo de ese supuesto abuso del derecho alegado por el accionante, el cual se encuentra tipificado en el segundo parágrafo del Articulo 1.185, es criterio jurisprudencial de vieja data del año de 1955 y se considera que “es necesario precisar cuando se ha hecho uso racional de un derecho, y cuando se ha abusado de ese mismo derecho, o expresado en los propios términos de la Ley, cuando el Ejercicio del derecho, excede los limites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual ha sido conferido ese derecho; puede decirse que se trata de dos derechos en conflicto…en relación a lo antes narrado observa este jurisdicente, de que en el presente juicio nada de esto ocurrió.

Debe además dejarse establecido igualmente que el Daño Moral es cualquier acto contrario al ordenamiento jurídico vigente), generado por la intención, la imprudencia, la negligencia, la impericia, mala fe, abuso de derecho e inobservancia del texto normativo por parte de una persona (agente) que tiene como contrapartida una responsabilidad a favor de otra persona (víctima o perjudicado) por una conducta contraria a derecho. Así pues, lo antijurídico es todo acto, hecho o conducta que es contrario o violatoria del ordenamiento legal.

En este sentido, se entiende por daño moral el sufrimiento o afección de tipo emocional psíquico o espiritual, no patrimonial que experimenta una persona como consecuencia de un hecho ilícito imputable a otra. Aquellos derechos inherentes a la personalidad de un ser humano, como son el honor, la vida entre otros, son derechos subjetivos tutelados por la normativa vigente en el derecho positivo. El daño moral afecta o lesiona esos derechos subjetivos, circunstancias estas que el actor no ha probado en el curso del presente procedimiento.

El artículo 1.185 del Código Civil, norma cardinal y subsidiaria de toda la responsabilidad consagrada en ese texto sustantivo y en las leyes especiales, se desprenden tres elementos básicos que le dan existencia al hecho ilícito: el daño, la culpa y la relación de causalidad entre la culpa y el daño y el artículo 1.196 eiusdem, se reitera esa reparación del daño moral.

Ahora bien, es sabido que para la procedencia de este concepto la parte actora debe probar con fundamento en lo establecido en el artículo 1.354 eiusdem, los extremos que conforman el hecho ilícito que le imputa a la patronal, bien si se tratara de un infortunio laboral (accidente laboral) o bien el hecho generador del Daño, que se produzca por la intención, negligencia o imprudencia de la empleadora, o por abuso de Derecho, o por el incumplimiento a las normas.

De recorrido del juicio se desprende que la carga de la prueba impuesta al demandante por la jurisprudencia, parte que alega el hecho ilícito no ha sido probado en las actas por el accionante de autos, por lo este Operador de Justicia declara Improcedente el Daño Moral generado por el Abuso del Derecho, toda vez que no se cumple con lo preceptuado en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 Código de Procedimiento Civil. Así Se Decide.

DISPOSITIVO

Por los razonamientos anteriormente vertidos, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:

1. - Se declara SIN LUGAR la Defensa de Fondo Opuesta por la Accionada relativa a la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, sobre el derecho a la pretensión por Cobro de Diferencia de Prestaciones Sociales incoada por el accionante.

2. -SIN LUGAR la pretensión por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES incoada por el ciudadano L.J.P.R., en contra de la sociedad Mercantil INSPECCIONES UNIDAS, CA (INSUCA y PDVSA PETROLEO Y GAS, S.A, esta ultima en su condición de solidaria ambas partes plenamente identificadas en las actas procesales.

3. - No hay condenatoria en Costa dada la Naturaleza del Fallo.

4. - Se ordena la Notificación del ciudadano Procurador General de la República de la sentencia proferida por este Tribunal.

Déjese copia certificada por secretaría del presente fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

PUBLÍQUESE y REGISTRESE.

Dada firmada y sellada en la Sala del Despacho del TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DE RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Maracaibo a los Once (11) día del mes de Agosto del año Dos mil Seis (2006). Años 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

El Juez,

Dr. L.S.C.

La Secretaría,

En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil de este Tribunal a las puertas del Despacho, y siendo laS Dos y media de la tarde (02:30 p.m.), anotada bajo el No. 221-06.-

La Secretaria,

Exp. 13.424