Decisión de Juzgado de Municipio Segundo Ejecutor de Medidas de Caracas, de 26 de Marzo de 2013

La cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 3.200.000,oo), según la reconversión de la moneda actual la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS BOLIVARES con 00/100 (Bs. 3.200,oo), que comprende el capital adeudado en los pagarés Nros. 14753, 14849, 14985 y 15064 marcados en autos con las letras “B””C””D” y “E” respectivamente.

La cantidad de SETENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE BOLIVARES CON ONCE CENTIMOS (Bs. 75.111,11,oo ) según la reconversión de la moneda actual la cantidad de SETENTA Y CINCO BOLIVARES CON ONCE CENTIMOS (Bs. 75,11,oo) que corresponden a los intereses de mora causados en el pagaré, desde el 10 de julio de 1.993, hasta el 23 de julio de 1993, calculados a la tasa variable del Banco Central de Venezuela, especificados asi: a) pagaré Nº 14753: desde el 10/07/93, al 23/07/93, 13 días, a la tasa de 65%, Bs. 23.472,22; según la reconversión de la moneda actual la cantidad de VEINTITRES BOLIVARES CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 23,47), b) pagaré Nº 14849: desde el 10/07/93, al 23/07/93, 13 días, a la tasa de 65%, Bs. 16.430,56; según la reconversión de la moneda actual la cantidad de DIECISEIS BOLIVARES CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS (Bs. 16,43) c) pagaré Nº 14985: desde el 10/07/93, al 23/07/93, 13 días, a la tasa de 65%, Bs. 23.472,22; según la reconversión de la moneda actual la cantidad de VEINTITRES BOLIVARES CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 23,47) y d) pagaré Nº 15064: desde el 10/07/93, al 23/07/93, 13 días, a la tasa de 65%, Bs. 11.736,11; según la reconversión de la moneda actual la cantidad de ONCE BOLIVARES CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 11,74) y en caso de que los demandados formularen oposición al presente procedimiento y el juicio continuare por el procedimiento ordinario, igualmente demando los intereses de mora que se sigan venciendo a partir del veinticuatro (24) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993), hasta la total cancelación de la obligación.

La suma de TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL VEINTICINCO BOLIVARES CON CUATRO CENTIMOS (Bs. 3.127.025,04) según la reconversión de la moneda actual la cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTISIETE BOLIVARES CON TRES CÉNTIMOS, (Bs. 3.127,03) que corresponden al sobregiro en la Cuenta Corriente Nº 60-11911-5, mencionada anteriormente e indicado su contrato en autos marcado con la letra “G”.

La suma de SESENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS BOLIVARES CON DIECINUEVE CENTIMOS (Bs. 62.106,19), según la reconversión de la moneda actual la cantidad de SESENTA Y DOS BOLIVARES CON ONCE CENTIMOS (Bs. 62,11), correspondiente a los intereses causados en la cuenta corriente antes mencionada, calculados a la tasa variable del Banco Central de Venezuela, especificados así: desde el doce (129 de julio de mil novecientos noventa y tres (93) veintitrés (23) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993), 11 días a la tasa del 65% Bs. 62.106,19, según la reconversión de la moneda actual la cantidad de SESENTA Y DOS BOLIVARES CON ONCE CENTIMOS (Bs. 62,11), y en caso de que los demandados formularen oposición y el mismo continuare por los trámites del procedimiento ordinario, demando los intereses de mora que se sigan venciendo en el sobregiro a la tasa del Banco Central de Venezuela.

De igual forma, en caso de que los demandados formulen oposición, la accionante solicitó al Tribunal se sirva practicar la experticia complementaria del fallo a fin de determinar la indexación que pudiera producirse sobre el monto adeudado calculado desde la fecha en que se introdujo la demanda hasta que se haya efectuado el pago de la deuda, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

La parte demandada por su parte, por medio de su Defensor Judicial, ciudadano R.R.C., venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio e inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 31.763, en la oportunidad de dar contestación a la demanda, posterior a la oposición que hiciera al procedimiento intimatorio en fecha veinte (20) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995); lo hizo en los siguientes términos: negó, rechazó y contradijo la demanda, en todas y cada una de sus partes, igualmente el Defensor Judicial señaló que en fecha nueve (09) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995), envió telegrama urgente con acuse de recibo del Instituto Postal Telegráfico a los ciudadanos H.A.S.R. y YADIÑA PIÑERO, (fiadores), así como a la Sociedad Mercantil TUBERIAS E IMPORTACIONES, COMPAÑÍA ANONIMA (TUBIMPOR, C.A.), en la persona de su Presidente: C.H.A.S.R., identificado en autos. (folios 118, 120 y 121).

Abierta la causa a pruebas, sólo la parte actora hizo uso de ese derecho, promoviendo el Mérito Favorable de los Autos en todo lo que la pueda favorecer, en este respecto, el tribunal considera procedente hacer algunas precisiones: Si bien esta fórmula es frecuentemente utilizada en la práctica forense por un importante número de abogados litigantes, debe destacarse que nuestro sistema probatorio está regido por una serie de principios entre los que se encuentra el de la comunidad de la prueba, también denominado principio de adquisición procesal, que según explica el autor colombiano J.P.Q., se traduce en el “…resultado de la actividad probatoria de cada parte, se adquiere para el proceso y ésta (la parte) no puede pretender que solo a ella beneficie. No se puede desistir de la prueba practicada; no se puede estar tan solo a favor de la declaración de un testigo, ya que ésta afecta conjuntamente a las partes, tanto en lo favorable como en lo desfavorable. En otras palabras, este principio consiste en que las pruebas son sustraídas a la disposición de las partes, para pertenecer objetivamente al proceso…”. En este mismo sentido el tratadista S.S.M., citando al autor I.A.S., con respecto a este principio, nos dice: “…principio de adquisición en virtud del cual las pruebas, una vez recogidas, despliegan su eficacia a favor o en contra de ambas partes, sin distinción entre la que las ha producido y las otras”. El Juez puede y debe utilizar el material probatorio prescindiendo de su procedencia…”. Lo anterior implica que, al decidir la controversia, el sentenciador no sólo va a apreciar lo favorable de las pruebas producidas por cada parte, sino que tiene que apreciarlas en su totalidad en virtud al principio de la exhaustividad procesal que el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil también consagra, tanto lo favorable como lo desfavorable que puede contener la prueba con respecto a todas las partes involucradas en la controversia, y no solo apreciar lo favorable de una prueba con relación a la parte que la incorporó al proceso, respetando así los principios de adquisición procesal y el de unidad de la prueba. Siendo ello así, es inoficioso entrar a establecer y valorar el “merito favorable de autos”, pues tal expresión forense no es ni medio, ni fuente ni tipo probatorio alguno, susceptible de apreciación particular y, así se declara.

III

Siendo la oportunidad de ley para dictar sentencia, el Tribunal pasa a realizarlo en los siguientes términos:

Con relación a los requisitos del pagaré los artículos 486 y siguientes del Código de Comercio, establecen lo siguiente:

Artículo 486: “… Los pagarés o vales a la orden entre comerciantes o por actos de comercio por parte del obligado, deben contener:

La fecha.

La cantidad en número y letras.

La época de su pago.

La persona a quien o a cuya orden deben pagarse.

La exposición de si son por valor recibido y en qué especie o por valor en cuenta…” .

Artículo 487: “….Son aplicables a los pagarés a la orden, a que se refiere el artículo anterior, las disposiciones acerca de las letras de cambio sobre:

Los plazos en que vence.

El endoso.

Los términos para la presentación, cobro o protesto.

El aval.

El pago.

El pago por intervención.

El protesto.

La prescripción…”.

Artículo 488: “… El portador de un pagaré protestado por falta de pago tiene derecho a cobrar de los responsables:

El valor de la obligación.

Los intereses desde la fecha del protesto.

Los gastos del protesto.

Los intereses de éstos desde la demanda judicial.

Los gastos judiciales que hubiesen desembolsado…”.

Por otra parte, la doctrina patria al estudiar la normativa citada ha expresado que “... el pagaré es un título por medio del cual una persona (emitente o librador) se obliga a pagar a la orden de otra persona (tomador o beneficiario) una cantidad de dinero en una fecha determinada. El pagaré es una promesa de pago y siendo un título «a la orden» es transmisible por medio del endoso. El pagaré en Venezuela tiene dos limitaciones: 1. es un título entre comerciantes; o 2. por actos de comercio por parte del obligado. (...) En Venezuela sólo está reglamentado el pagaré a la orden entre comerciantes o por actos de comercio de parte de quien suscribe el pagaré.” (M.H., A.. Curso de Derecho Mercantil. Tomo III. Los Títulos Valores; cuarta edición segunda reimpresión. UCAB, Caracas, Venezuela 2002, pp. 1939 y 1940.)…”.

De acuerdo a la doctrina y la norma antes citada, el pagaré consignado en autos y objeto de la presente acción llena los extremos de ley e implica una obligación por parte de la demandada.

Es de indicar que no consta en autos que la parte demandada haya aportado al proceso prueba alguna que demostrara sus afirmaciones en lo que respecta al cobro de bolívares, lo que implica que no dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil, que señala:

… Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación…

.

En ese sentido, nuestro autor patrio R.H. La Roche, en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil, señala: “…Nuestro Código acoge la antigua máxima romana incumbit probatio qui dicit, no qui negat, al prescribir que cada parte debe probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Pero esa formula es de todo punto de vista inconveniente. Según enseña mejor doctrina, la negación o afirmación puede ser simple modalidad de redacción. La circunstancia de afirmar o negar un hecho no altera la mayor o menor posibilidad de su prueba; un hecho negativo concreto puede probarse, en tanto una afirmación indefinida … no puede probarse. La doctrina más exacta sobre la carga de la prueba es esta: Corresponde la carga de probar un hecho a la parte cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como presupuesto necesario, de acuerdo con la norma jurídica aplicable; o, expresada de otra manera, a cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal … Esta regla es tan cabal y amplia que obvia todo distingo entre prueba de obligaciones (Art. 1.354 CC) y prueba de hechos en general, cuyas normas ha juntado el legislador en este nuevo artículo 506…”.

Asimismo, la Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 30 de mayo de 2006, expediente No. 2002-000729, con ponencia del Magistrado A.R.J., dejó establecido lo siguiente:

… En relación con la regla de la carga de la prueba, establecida en el artículo 1354 del Código Civil, se consagra allí un principio sustancial en materia de onus probandi, según el cual, quien fundamente su demanda o su excepción en la afirmación o negación de un hecho, está obligado a suministrar la prueba de la existencia o no existencia del hecho. Con lo cual, cuando el demandado alega hechos nuevos en la excepción, tocará a él la prueba correspondiente.

De tal manera que, desde el punto de vista procedimental, el legislador ha acogido de manera expresa, el aforismo “reus in excipiendo fit actor” referido al principio general según el cual: “corresponde al actor la carga de la prueba de los hechos que invoca en su favor y corresponde al demandado la prueba de los hechos que invoca en su defensa”.

En este orden de ideas, la Sala, en sentencia No. 389 de fecha 30 de noviembre de 2000, al interpretar el sentido y alcance de la regla de distribución de la carga de la prueba, estableció: “…Al respecto, esta S. observa que el artículo en comento se limita a regular la distribución de la carga de la prueba, esto es, determina a quién corresponde suministrar la prueba de los hechos en que se fundamente la acción o la excepción, de allí que incumbe al actor probar los hechos constitutivos, es decir, aquellos que crean o generan un derecho a su favor y se traslada la carga de la prueba al demandado con relación a los hechos extintivos, modificativos e impeditivos ya que éste puede encontrarse en el caso de afirmar hechos que vienen a modificar los del actor, a extinguir sus efectos jurídicos o a ser un impedimento cuando menos dilatorio para las exigencias de los efectos...”.

Del análisis efectuado al material probatorio traído a los autos, observa quien aquí sentencia: que los documentos pagarés signados con los Nros: 14753, 14849, 14985 y 15064, emitidos en fechas: 31/10/91, 02/12/91, 06/02/92 y 13/03/92 respectivamente, el contrato de fianza signado con el Nº 426073 el cual se evidencia en autos marcado con la letra “F” y el contrato de cuenta corriente, signado con el Nº 60-11911-5, señalado en los autos con la letra “G”, donde se establecen una serie de cláusulas, determinándose en una de ellas que se consideraría sobregirada la cuenta, cuando hubiera pagado cheques girados sobre fondos no disponibles o sobre cheques depositados que todavía no hubieran sido cobrados o hechos efectivos, todo lo cual se evidencia del estado de cuenta corriente marcado en autos con la letra “H”. Que dichos pagarés, contrato de fianza y de cuenta corriente, no fueron desconocidos, ni impugnados de modo alguno por la parte demandada, por lo que este Tribunal le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 1.363 del Código Civil y en el art. 444 del Código de Procedimiento Civil, desprendiéndose de las mismas que el BANCO LATINO C.A., actualmente absorbido por el FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS, realizó un Contrato de Fianza, en la cual el demandado se obligó a pagar los pagarés a su vencimiento, según las especificidades antes descritas, cuyo monto se demanda. Siendo ello así, observa quien aquí sentencia que la actora probó el vencimiento de los pagarés el cual dicho instrumento tiene la cláusula “sin aviso” y “sin protesto”, así como el contrato de fianza y cuenta corriente, deuda que reclama y que la misma se encuentra vencida, generando por tanto intereses con ocasión de los instrumentos y como quiera que la parte demandada por su parte no demostró haber cumplido con su obligación de pago, encuentra esta juzgadora procedente la acción intentada a tenor de lo establecido en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la parte demandada en la oportunidad de ley no enervó la pretensión de la actora, como tampoco demostró nada que le favoreciera, limitándose solamente a rechazar, negar y contradecir la demanda. Y ASI SE DECIDE.

IV

En fuerza de los razonamientos antes expuestos este Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: CON LUGAR la demanda interpuesta por la Sociedad Mercantil BANCO LATINO C.A., absorbida por el FONDO DE PROTECCIÓN DE GARANTÍA DE DEPOSITOS Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE) contra la Sociedad Mercantil TUBERIAS E IMPORTACIONES, COMPAÑÍA ANONIMA (TUBIMPOR, C.A.) en las personas de su Presidente: C.H.A.S.R. y la ciudadana YADIÑA BEATRIS PIÑERO MARQUEZ, todos plenamente identificados al inicio del presente fallo. En consecuencia se condena a la parte demandada a cancelar la cantidad de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS BOLIVARES CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs 6.464.242,34) actualmente según la reconversión monetaria SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLIVARES CON VEINTICUATRO CENTIMOS (Bs. 6.464,24), suma ésta que comprenden las siguientes cantidades:

La cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 3.200.000,oo), según la reconversión de la moneda actual la cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS BOLIVARES con 00/100 (Bs. 3.200,oo), que comprende el capital adeudado en los pagarés Nros. 14753, 14849, 14985 y 15064.

La cantidad de SETENTA Y CINCO MIL CIENTO ONCE BOLIVARES CON ONCE CENTIMOS (Bs. 75.111,11) según la reconversión de la moneda actual la cantidad de SETENTA Y CINCO BOLIVARES CON ONCE CENTIMOS (Bs. 75,11,oo ) que corresponden a los intereses de mora causados en el pagaré, desde el diez (10) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993), hasta el veintitrés (23) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993), calculados a la tasa variable del Banco Central de Venezuela, más los intereses de mora que se sigan venciendo a partir del veinticuatro (24) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993) hasta la total cancelación de la obligación.

La suma de TRES MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL VEINTICINCO BOLIVARES CON CUATRO CENTIMOS (Bs. 3.127.025,04) según la reconversión de la moneda actual la cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTISIETE BOLIVARES CON TRES CÉNTIMOS, (Bs. 3.127,03) que corresponden al sobregiro en la Cuenta Corriente Nº 60-11911-5.

La suma de SESENTA Y DOS MIL CIENTO SEIS BOLIVARES CON DIECINUEVE CENTIMOS (Bs. 62.106,19), según la reconversión de la moneda actual la cantidad de SESENTA Y DOS BOLIVARES CON ONCE CENTIMOS (Bs. 62,11), correspondiente a los intereses causados en la cuenta corriente antes mencionada, calculados a la tasa variable del Banco Central de Venezuela, desde el doce (12) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993) al veintitrés (23) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993) a la tasa del 65%, más los intereses de mora que se sigan venciendo en el sobregiro hasta la total cancelación de la obligación.

se ordena practicar experticia complementaria del presente fallo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.

De conformidad con el artículo 274, se condena en costas a la parte demandada, por haber resultado vencida en el presente juicio.

P., regístrese, notifíquese, y déjese copia certificada de esta decisión en el copiador correspondiente, según prevé el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Segundo de Municipio Ejecutor de Medidas e Itinerante de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción judicial del área Metropolitana

de Caracas. Años: 202° de la Independencia y 154° de la Federación, a los veintiséis (26) dias del mes de marzo de dos mil trece (2013).

LA JUEZA TEMPORAL,

ABG. AMARILIS NIEVES BLANCO EL SECRETARIO ACCIDENTAL,

Abg. A.A.

En esta misma fecha siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) se publicó, registró y agregó al expediente la anterior decisión.

EL SECRETARIO ACCIDENTAL,

Abg. A.A..

Asunto Antiguo: AH1C-V-1995-000013

Asunto Nuevo: 12-0025

ANB/LZ/Naranjo.-