Decisión nº 094 de Corte de Apelaciones Sala 2 de Zulia, de 25 de Marzo de 2004

Los artículos 202 y 207 del Código Orgánico Procesal Penal, establecen lo siguiente:

Artículo 202. Inspección. Mediante la inspección de la policía o del Ministerio Público se comprobará el estado de los lugares públicos, cosas, rastros y efectos materiales que existan y sean de utilidad para la investigación del hecho, o de la individualización de los partícipes en él.

De ello se levantará un informe que describirá detalladamente esos elementos y, cuando fuero posible, se recogerán y conservarán los que sean útiles.

(…)

Artículo 207. Inspección a vehículos. La policía podrá realizar la inspección de un vehículo, siempre que haya motivo suficiente para presumir que una persona oculte en él objetos relacionados con un hecho punible. Se realizará el mismo procedimiento y se cumplirán iguales formalidades que las previstas para la inspección de personas.

Ahora bien, observa la Sala, del contenido de las actas que rielan en la presente causa, mediante copias simples consignadas por el Ministerio Público, que en el presente caso, el vehículo objeto de inspección por parte de funcionarios policiales, se encontraba a disposición del Ministerio Público, y que el mismo estaba estacionado en “el estacionamiento posterior interno de la División de Investigaciones Penales” del Departamento de Avalúos y Experticias de la Policía Regional del Estado Zulia, tal y como consta del acta de fecha 12-02-2004, referida a la Inspección Ocular efectuada por los funcionarios Inspector H.F. y Oficial Segundo E.Q.. En consecuencia, lo argumentado por la defensa respecto de que: “para la practica de la inspección, debe solicitarse la presencia de quien la habite o se encuentre en el lugar donde se efectúa, en el presente caso, como se trata de un bien-objeto, la persona indicada debe ser quien la posea, o cuando esté ausente, a su encargado, y a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad, prefiriendo familiares del primero, y si la persona que presencia el acto es el imputado y no está presente su defensor, será otra persona quien lo asista”, tal situación no es aplicable al caso de autos, toda vez que el vehículo objeto de la inspección, no se encontraba en manos de su propietario, o de algún detentador, sino que se encontraba a disposición del Ministerio Público, y el Legislador estableció el requerimiento citado por la recurrente, en el caso que la inspección se realizara en un momento determinado en el cual estando poseyendo el mismo, la autoridad requiriera inspeccionarlo, por haber indicios o sospechas de que en el mismo se encuentran ocultos objetos relacionados a un hecho punible. En el caso sub judice, lo que se practicó sobre el vehículo fue una inspección ocular, es decir, una diligencia de investigación ordenada por el titular de la acción (Fiscal del Ministerio Público), quien es a su vez el director de la investigación penal en esta Fase; por tanto, no son aplicables para este tipo de diligencias investigativas, las disposiciones contenidas en el artículo 202 (norma genérica y rectora) y en el artículo 207 (norma específica referida a inspección de vehículo) del Código Orgánico Procesal Penal; por lo que en tal virtud no le asiste la razón a la recurrente en cuanto al punto denunciado.

Ahora bien, del análisis realizado a las actas, especialmente al acta de inspección del vehículo, se constata que la inspección realizada por los funcionarios policiales actuantes, cumple con los requisitos procedimentales previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, y su proceder en modo alguno vulnera el derecho a la defensa, denunciado como violado por la recurrente, toda vez que tal y como acertadamente lo estableció el Tribunal A quo en su decisión, se trata de las investigaciones preliminares para el esclarecimiento de los hechos. Así tenemos que el artículo 283 del Código Orgánico Procesal Penal le establece al Ministerio Público que: “cuando de cualquier modo tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de acción pública, dispondrá que se practiquen las diligencias tendientes a investigar y hacer constar su comisión, con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la responsabilidad de los autores o demás partícipes, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración”; de todo lo cual se evidencia, que fue exactamente lo que se efectuó en el presente caso, con la inspección aludida.

Como corolario de lo anteriormente expuesto, quiere traer a colación esta Sala, al autor C.E.M.B., en su Obra “El Proceso penal Venezolano, M.T.-Práctico”, el cual en el punto referido a los “Requisitos de la actividad probatoria”, referido a las Inspecciones, dejo establecido lo siguiente:

(…) A hora bien, en primero lugar, cabe observar que ha sido con la denominación de “inspección ocular” como tradicionalmente se ha conocido esta prueba, (…) denominación por lo demás impropia, habida consideración que la inspección no está limitada a la percepción visual, pues, igualmente se vale de los demás sentido a los fines de su realización, según el objeto de la misma, por lo que igualmente podrán ser verificados ruidos, olores o cualquier otro hecho, circunstancia o situación perceptible por los sentidos. (…)

De acuerdo, pues, (…) podemos definir la inspección como el acto procesal mediante el cual se deja constancia a través de la percepción como el acto procesal mediante el cual se deja constancia a través de la percepción sensorial, de las circunstancias o el estado de lugares, cosas, personas, huellas, rastros y otros efectos materiales que sean de utilidad para la investigación del hecho o la individualización de los partícipes del mismo. De este acto se levantará un acta o informe de todo cuanto se observare, se hiciere o expusiere con relación al objeto de la inspección, y, cuando fuere posible, se recogerán y conservarán los efectos materiales que existan y demás elementos que sean de utilidad, sin adelantar opinión ni formular apreciaciones que requieran conocimientos periciales, por lo que el funcionario actuante no podrá, por tanto, afirmar, por ejemplo, que la mancha observada es sangre o que la sustancia localizada es cocaína o los fragmentos vegetales son marihuana, por ser tales precisiones materia propia de los respectivos dictámenes periciales.

En consecuencia, concluyen los miembros de este órgano colegiado, que en el presente caso, no se observan las violaciones denunciadas por la defensa, respecto del acta de inspección de fecha 12-02-2004 referida a la Inspección Ocular efectuada por la Policía Regional del Estado Zulia, División de Investigaciones Penales, Departamento de Avalúos y Experticias, suscrita por los funcionarios Inspector H.F. y Oficial Segundo E.Q.; por lo que, lo procedente en el presente caso es DECLARAR SIN LUGAR la denuncia interpuesta por la defensa, y como efecto de ello la solicitud de nulidad absoluta de la misma Y ASÍ SE DECIDE.

Respecto a los denunciado por la defensa, referido a que no existen elementos de convicción suficientes en contra de su defendido toda vez que no puede atribuírsele la participación, sólo por el dicho de uno de los coimputados y por el reconocimiento del vehículo propiedad del mismo, hecho por la víctima; observa la Sala que consta en actas copia simple del acta de presentación de imputados de fecha 11 de Febrero de 2004, en la cual se realizó el acto de presentación del ciudadano DEMNISON R.P., el cual en su declaración dejó sentado entre otras cosas lo siguiente:

“Mi participación en el hecho fue haber sabido que el niño se encontraba en mi casa y no haber participado a los cuerpos de seguridad, ellos llevaron al niño a mi casa, el señor W.G., A.G., R.B. y R.L., a ellos yo los conozco por medio de W.G., y a Wilmer lo conocía por un trabajo de electricidad, que le hice y nos hicimos amigos, yo después me entere que el andaba en malos pasos en atracos, robos y otras cosas, Wilmer me hablo de meter una mercancía en mi casa, por que en mi casa estaba yo solo por que mi esposa se había ido (…) yo posteriormente me reuní con los señores que antes mencione (W.G., A.G., A.G., R.B. y R.L.) y le preguntaba que era la mercancía pero ellos, no concretaba que era, siempre me decían la mercancía, la mercancía, después yo finalmente les entrego las llaves de mi casa, se las entregue específicamente a wilmer, pero por curiosidad yo me regreso a la casa, y me consigo al niño, con los ojos tapados y con el e.W.G., R.B. y R.L., y habían dos personas mas dentro de un carro pero no las logre ver, en ese momento el señor ROBERT se va de una vez, el carro arranco y ya yo había visto al niño y yo de una vez empiezo a discutir con WILMER, por la presencia del muchachito y de una vez le especifique que me sacara el niño de mi casa, y le dije que como me iba a echar esa vaina, que no sabia el, en el problemon en el que me estaba metiendo, y entonces el trató de tranquilizarme, pero como no pudo tranquilizarme llamo a ROBERT por teléfono y me cito que me fuera a integración comunal porque ellos estaban de guardia, porque ellos son Policías Regionales, cuando llegue al sitio donde estaba ROBERT el trató de tranquilizarme y me decía que me quedara tranquilo que los cobres ya se lo iban a dar, pero como vio que yo no cedía, que no me tranquilizaba, el opto por amenazarme de muerte, me dijo que yo ya estaba metido en el paquete, que si los denunciaba, la casa era mía, que ya eso era prueba suficiente para que me juzgaran igual que a ellos, y al caer preso que me diera por muerto, ya que ellos tenían familia detenida en el centro de arrestos y detenciones preventivas el marite y en la cárcel de sabaneta, por el mismo delito de secuestro, que ellos se encargarían de callarme, en eso me pidieron dos días, para que sacaran al niño de mi casa y yo accedí, (…) me entero por los medios de comunicación que me habían allanado la casa, que habían matado a dos personas, a W.G. y A.G. y que habían recuperado al niño, de allí yo perdí el contacto con ellos, y como ya yo sabia que estaba involucrado en el problema, le pedí a unos (sic) de los muchos que estaban también involucrado en el secuestro, que se llama MARVIN que me consiguiera dinero para pagarle a un abogado que me iba a presentar ante la policía, y se los dije varias veces, y la respuesta que obtuve de ellos fue, que nos encontrábamos en un sitio, para que habláramos, en un centro de telecomunicaciones, en integración comunal, entonces yo me presenté y después de haber estado ahí media hora llegó un sujeto y me disparó tres veces, logrando darme en tres oportunidades, de ahí me hospitalizaron, y cuando después me recuperé , recibí una llamada a mi celular, y reconocí la voz de R.B., y me dijo que había fallado una vez y que la segunda no fallaba, y de hay (sic) no he vuelto tener contacto con ellos hasta la fecha, contacto con los funcionarios que participaron el secuestro. Así mismo quiero manifestar, que yo me di cuenta de los detalles del secuestro a medida que pasaron los días que el niño estuvo en la casa y las reuniones que ellos hicieron, y como participaron cada uno de ellos, bueno MARVIN y LEANDRO alias “Cochinito”, fueron los que se vistieron de estudiantes para agarrar al niño en el colegio y a ellos se les puede conseguir en integración comunal, (…)A.G. y W.G., se encargaron de cuidar al niño en la casa, R.B., fue el planeo todo y daba las órdenes, y les decían a los demás como salían las cosas, y R.L. siempre andaba con Robert y conocía todos los detalles del secuestro. (…) y quiero aclarar que para eso ellos (WILMER, ROBERTH, RONAL, ALEJANDRO, y MARVIN) se reunieron como cinco o seis veces más o menos en el CENTRO HIPICO EL COPAL, que ahí se juega billar, y yo siempre estaba ahí cuando ellos llegaban a su reunión (Omissis) PRIMERA: ¿Diga usted, cómo supo que las personas mencionadas como R.B. y R.L., eran funcionarios de la Policía Regional? CONTESTO: “Porque en mas de una ocasión los vi uniformados”.(…) TERCERA:¿Diga usted, si al verlos uniformados les llegó a manifestar o preguntar algo sobre su labor de funcionario’ CONTESTO: “No, solo supe que trabaja en la Brigada Especial por el tipo de uniforme”. (…) OCTAVA: ¿Diga usted, si antes del presente hecho conocía a los mencionados R.B. y R.L.? CONTESTO: “NO, como dije los conocí en el COPAL por medio de WILMER” (Omissis)”

Así mismo, consta en actas, ACTA DE RUEDA DE RECONOCIMIENTO realizada en fecha 13 de Febrero del presente año, por el Tribunal A quo, en la cual participó el imputado R.B., actuando como testigo reconocedor la ciudadana BRINEY E.G., quien al ponérsele de manifiesto una fila de individuos, que de izquierda a derecha quedó conformada por los ciudadanos: 1) D.M., 2) R.B.M., 3) WALTER NUÑEZ, 4) E.J., 5) A.M., al ser interrogada si en la mencionada fila se encontraba la o las personas a las cuales se refería en su exposición, y de ser así manifestar su posición, la misma contestó: “EL NÚMERO DOS, IBA Y LLEGABA AL NEGOCIO EL COPAL, JUGABA CABALLOS, POOL, SE SENTABA EN LA MESA Y LLEGABA SOLO EN UN ZEPHYR VERDE, ES TODO”.

Por otra parte, se observa que en el acta de presentación de imputados, objeto del recurso de apelación, el imputado R.B., manifestó:

El miércoles de esta semana estaba de servicio en mi comando, en la dirección general a las cinco de la tarde de ese día se presentaron el inspector H.S., y el oficial Primero A.D., y nos notificaron de la orden de aprehensión , que salió de aquí del Juzgado y nos explicaron que nosotros nos encontrábamos incursos en el delito de secuestro, yo le dije que no se de donde sale esa orden de aprehensión y que no tenía conocimiento de lo que ellos me estaban informando, le dije que me permitieran ubicar a mi jefe inmediato el comisario A.M., jefe de la Brigada especial, es la unidad donde me encuentro adscrito, el comisario se apersonó y hablo con los referidos oficiales y ellos le plantearon la situación y el comisario nos informó que en esos momentos nos encontrábamo0s a la orden de esa Fiscalía, permanecimos en el comando como hasta las diez de la noche, hora en que nos trasladaron a la División de Investigaciones Penales, de la policía regional, fuimos reseñados y posteriormente fuimos traslados a la Dirección General, permanecimos hasta el día de hoy donde fuimos trasladados a este Juzgado. (…)OTRA. Diga usted si vendió un vehículo de su propiedad recientemente, a que persona y por cual motivo. CONTESTÓ: Vendí el vehículo al Oficial Segundo de la Policía Regional L.U., el 28 de Noviembre del año pasado, con la finalidad de adquirir un vehículo modelo mas nuevo. OTRA. Diga usted si en el transcurso de la última semana del mes de octubre del año pasado específicamente a partir del día 23 dio prestado el vehículo de su propiedad a otra persona. CONTESTO: No. OTRA. Diga usted, si cuando vendió el vehículo se hizo todo el trámite legal para su traspaso. CONTESTO: No se hizo trámite legal porque el funcionario comprador carecía de dinero para realizar el documento notariado hicimos un documento privado donde quedamos conforme donde el recibía el vehículo y yo el dinero. OTRA. Diga usted si al funcionario a quien le vendió el vehículo le ha informado sobre la retención del vehículo y sobre alguna inspección o experticia que le hayan realizado al mismo, en caso positivo exprese si le manifestó haber estado presente en tales diligencias de investigación. CONTESTO. El día de ayer me informó que el vehículo le había sido detenido, llevado a la sede de Investigaciones Penales, me informó que observó a varias personas en compañía de funcionarios de Investigaciones Penales, que se encontraba observando el vehículo pero no que no presenció ningún tipo de experticia. OTRA. Diga usted, en qué lugar y haciendo qué se encontraba el día 23-10-2003. CONTESTO. Me encontraba de servicio en la sede de la Brigada especial durante 36 horas ese es nuestro horario 36 por 36, es decir día y medio laborando y día y medio descansando. OTRA. Diga usted, donde estaba el vehículo que entonces era de su propiedad, ese día 23-10-03. CONTESTO. En el estacionamiento de la dirección General. OTRA. Diga usted, si hay personas que puedan dar fe de que tanto usted como el vehículo entonces de su propiedad se encontraban en la sede de la Brigada Especial de la Policía Regional. CONTESTO. Si el oficial mayor de servicio por la Brigada especial de apellido RUBIO, y el Oficial segundo A.C., quien se encontraba laborando como recorrida por la misma Unidad la Brigada Especial. (…) Diga usted, cuando adquirió el vehículo Ford Fairmont y que color tenía cuando lo adquirió. CONTESTO. Aproximadamente dos años y es de color verde, y lo vendí de ese mismo color que lo compre.- OTRA: Diga usted si compro otro vehículo después que vendió el anterior, en caso positivo diga las características? CONTESTO: si compre otro vehículo marca Ford zephyr año 81 y es verde turquesa. (…)OTRA: diga usted, si llegó a visitar un sitio denominado Peña Hípica El Copal. CONTESTO: No.- OTRA: Diga usted, si conoce de la existencia de ese sitio. CONTESTO: Si conozco de la existencia del sitio por que en el expediente vi la dirección y ubique el sitio, y queda por Nasa de la Zona Industrial. OTRA: Diga usted si le gusta jugar caballos. CONTESTO: Nunca he jugado caballos, he llegado a veces en oportunidades a ingerir licor en esos sitios por que tengo compañeros que si juegan caballos. (…) OTRA: Diga usted si cuando vendió el vehículo Ford Fairmont, poseía y le funcionaba el aire acondicionado. CONTESTÓ: dos días antes de la negociación, aproximadamente lleve a reparar el compresor del aire acondicionado de dicho vehículo el cual no quedo en perfectas condiciones y se lo notifique al oficial que me compró el vehículo después de adquirir el vehículo, el me informa que el aire acondicionado no había funcionado.- (Omissis)

Observa la Sala, que la A quo en su decisión establece que existen en actas elementos de convicción que comprometen la responsabilidad del imputado R.B., ya que la víctima en la presente causa, al serle expuesto el vehículo propiedad (para el momento de la comisión del delito) del imputado ut supra señalado, éste lo reconoció en su parte interna, manifestando que se trataba del segundo vehículo donde lo introdujeron al ser trasbordado el día que fue objeto del secuestro; así mismo manifiesta la A quo en la recurrida, que toma en consideración la declaración realizada por el co-imputado DEMNISON R.P. en fecha 11 de Febrero del presente año, así como también tomó en consideración la magnitud del daño causado, la entidad del delito y la pena que podría llegar a imponerse.

Ahora bien, quiere dejar sentado este Tribunal de Alzada que, si bien es cierto, que toda persona a quien se le atribuya la participación en un hecho punible, tiene derecho a permanecer en libertad durante su proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez en cada caso. En tal sentido, esas excepciones a la libertad, surgen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, cuando existan fundados elementos en su contra de la comisión de un delito, así como el temor fundado de la autoridad de su voluntad de no someterse a la persecución penal. En consecuencia, estas dos condiciones constituyen el fundamento del derecho que tienen el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado. Al respecto, el autor J.R.L., en su Obra “Código Orgánico Procesal Penal”; establece lo siguiente:

(Omissis)… Esa facultad es otorgada nuevamente al juez, el cual debe decretar la privación judicial preventiva de libertad del imputado si se acredita la existencia de los tres supuestos que trae la norma, estos son concurrentes, de manera que, si faltare alguno, el juez no podrá decretar la privación de libertad…(Omissis)

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En sentencia N° 673 de fecha 07 de Abril de 2003, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia del Magistrado Ivan Rincón Urdaneta, se dejó establecido lo siguiente:

(Omissis) El Código Orgánico Procesal Penal en su título I regula las fases del proceso penal entre las cuales se encuentra la fase preparatoria, cuya finalidad no es más que practicar las diligencias necesarias tendentes a determinar si existen razones para proponer la acusación contra una persona y pedir su enjuiciamiento o sobreseimiento, según el caso.

En dicha fase, la medida más importante que se puede decretar, entre otras, es la privación judicial preventiva de libertad del imputado si se verifica la existencia de los requisitos concurrentes que para tal fin establece el Código Orgánico Procesal Penal (Omissis)

(El subrayado es de la Sala).

El Título VIII del Código Orgánico Procesal Penal establece las medidas de coerción personal; y específicamente en el Capítulo III se establece la privación judicial preventiva de libertad. Al respecto, señala el artículo 250, lo siguiente:

Artículo 250. Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita;

2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;

3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

(Omissis) En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad (Omissis)

.La negrillas son de la Sala.

Puede observarse, que en el presente caso se encuentran dados los tres supuestos que establece la norma para la procedencia de la medida otorgada, toda vez que se trata de la presunta comisión del delito de SECUESTRO previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal que prevé una pena de presidio de diez a veinte años; así mismo existen en actas los elementos de convicción necesarios para presumir la participación del imputado de autos en la comisión del mismo, y por otra parte, concurre la presunción legal del peligro de fuga, en función de la pena que pudiere llegar a imponerse, igualmente se encuentra comprobado que el imputado de autos es un funcionario activo de la Policía Regional del Estado Zulia, y es el caso que el Ministerio Público señala que “esta incurso en el supuesto previsto en el ordinal 2° del artículo 252 del mencionado Código, y puede influir para que coimputados, testigos, víctimas o expertos, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducir a otros a realizar esos comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia”, y por otra parte y no menos importante, se determina el daño social causado, toda vez que el secuestro constituye un delito permanente, de carácter complejo, pues afecta dos valores jurídicos: la propiedad y la libertad individual; se trata así mismo de un delito doloso, de acción pública, y que fue cometido en perjuicio de un menor de edad y visto que, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, la protección a la víctima, y por otra parte, la Ley Orgánica para la protección del Niño y del Adolescente establece en su artículo 8° el principio del Interés Superior del Niño, como principio de obligatorio cumplimiento, que establece la necesidad de equilibrio entre las exigencias del bien común y los derechos y garantías del niño y del adolescente, que en los casos en los cuales se presenten conflictos entre derechos e intereses, prevalecerán los de éstos; lo procedente en el presente caso, es CONFIRMAR el decreto de privación judicial preventiva de libertad dictada al ciudadano R.B.M., en fecha 13 de Febrero de 2004, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. Y ASÍ SE DECIDE.

En consecuencia, en virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, concluyen los miembros de esta Sala que lo procedente y ajustado a Derecho, es declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesta por la Abogada en ejercicio T.T. VILCHEZ (INPRE N° 98.633) obrando con el carácter de defensora del imputado R.B.M. y consecuencialmente CONFIRMA la decisión dictada en fecha 13 de Febrero de 2004, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en la cual en el acto de presentación de imputados, decretó la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD a los ciudadanos L.E.B. titular de la Cédula de Identidad N° 16.987.304 y R.B.M. titular de la Cédula de Identidad N° 12.441.568, y así mismo decreta MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD a los imputados M.D.J.C. titular de la Cédula de Identidad N° 15.406.624 y R.L.T. titular de la Cédula de Identidad N° 14.135.714, a quienes el Ministerio Público les atribuye la presunta comisión del delito de SECUESTRO previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, cometido en perjuicio de la adolescente ************. QUEDA ASÍ CONFIRMADA, LA DECISIÓN RECURRIDA. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por los fundamentos anteriormente expuestos, esta SALA Nº 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesta por la Abogada en ejercicio T.T. VILCHEZ (INPRE N° 98.633) obrando con el carácter de defensora del imputado R.B.M. y consecuencialmente CONFIRMA la decisión dictada en fecha 13 de Febrero de 2004, dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en la cual en el acto de presentación de imputados, decretó la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD a los ciudadanos L.E.B. titular de la Cédula de Identidad N° 16.987.304 y R.B.M. titular de la Cédula de Identidad N° 12.441.568, y así mismo decreta MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD a los imputados M.D.J.C. titular de la Cédula de Identidad N° 15.406.624 y R.L.T. titular de la Cédula de Identidad N° 14.135.714, a quienes el Ministerio Público les atribuye la presunta comisión del delito de SECUESTRO previsto y sancionado en el artículo 462 del Código Penal, cometido en perjuicio de la adolescente *****************. QUEDA ASÍ CONFIRMADA, LA DECISIÓN RECURRIDA.

Publíquese, regístrese en el libro respectivo, déjese copia certificada en archivo, remítase la presente causa al Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en la oportunidad legal correspondiente.

LOS JUECES DE APELACIONES,

DRA. I.V.D.Q..

Juez Presidente.

DRA. S.M.R.D.. J.J. BARRIOS. LEÓN

Juez de Apelación (S) Juez Ponente

EL SECRETARIO,

ABOG. H.E.B..

En la misma fecha se publicó la anterior decisión y se registró bajo el Nº 094-04 del libro copiador de Autos llevado por esta Sala en el presente mes y año, se compulso por Secretaría copia certificada en archivo.

EL SECRETARIO,

ABOG. H.E.B..