Decisión de Superior Civil Mercantil Transito y Trabajo de Aragua, de 20 de Octubre de 2011

Las presentes actuaciones se contraen, al Recurso de Hecho interpuesto por el abogado S.A. MAGALLANES, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 36.212, en su carácter de apoderado Judicial de los ciudadanos C.A.M.R. y L.O.M.R., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-3.744.893 y V-5.265.179, respectivamente, contra el auto que negó oír la apelación (folio 09) interpuesta contra el auto de fecha 13 de junio de 2011 (folios 28 y 29), dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, mediante el cual ordenó suspender temporalmente el presente juicio, hasta que haya constancia en autos de haberse tramitado por ante el Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda, el procedimiento que resulte idóneo en este caso, según lo descrito en el referido decreto-ley.

El presente Recurso de Hecho fue presentado ante la secretaría de éste Tribunal, en fecha 20 de julio de 2011 (Folios 01 al 05 con sus vueltos), constante de (01) pieza de nueve (09) folios útiles y se le dio entrada a éste Tribunal en fecha 29 de julio de 2011, según nota suscrita por la secretaría del despacho (Folio 10).

Luego, en fecha 04 de agosto de 2011, por auto dictado por ésta Alzada, fue admitido y se fijó el lapso de cinco (05) días de despacho siguientes, para que la parte recurrente consignaran a los autos las copias certificadas de lo que considere conducente, así mismo, se fijó la oportunidad para dictar la decisión respectiva, conforme a lo establecido en el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil (Folio 11).

En fecha 08 de agosto de 2011, el Abogado S.A. MAGALLANES LOBO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 36.212, en su carácter de apoderado Judicial de la parte actora, mediante escrito consignó las copias certificadas en la presente causa (folio 12 y su vuelto).

2. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

   Siendo la oportunidad para dictar el pronunciamiento de ley y constando en autos las copias certificadas para formalizar el presente recurso de hecho, éste Tribunal, pasa a decidir en los términos siguientes:

   El artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, establece lo concerniente al ejercicio del Recurso de Hecho, contemplando lo siguiente: “(…) Negada la apelación, o admitida en un sólo efecto, la parte podrá recurrir de hecho dentro de los cinco días, más el término de la distancia, al Tribunal de Alzada, solicitando que se ordene oír apelación o que se admita en ambos efectos y acompañara copias de las actas del expediente que crea conducentes y las que indique el juez si este lo dispone así (…)” (Subrayado de esta Juzgadora).

   De lo anteriormente trascrito se desprende, que para la tramitación del presente recurso, es necesario que se cumpla con los siguientes parámetros:

   1) Que debe interponerse, ante el Tribunal Superior respectivo, a quien compete decidir si es o no admisible la apelación que se propone, contra la decisión del Juez de la Primera Instancia que niega la apelación o la admite en un sólo efecto, cuando ha de admitirse en ambos efectos.

   2) Una vez interpuesto el recurso, el Tribunal Superior lo dará por presentado, aún cuando no se acompañen con el escrito, las copias certificadas, y decidirá dentro de los cinco (5) días de despacho, contados desde la fecha en que se haya introducido, o desde la fecha en que consten las copias de las actas conducentes si el recurso se hubiere introducido sin las mismas, como lo indica el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.

   En cuanto a la existencia en los autos de las copias certificadas, se evidenció que este requisito sine qua non, fue cumplido por la parte recurrente, por lo que ésta Juzgadora considera suficiente el escrito contentivo del recurso de hecho, presentado por los recurrentes para formarse criterio sobre el asunto que debe resolver éste Juzgado Superior. Y así se establece.

   Ahora bien, quien juzga observa, que la parte recurrente a través de escrito contentivo del recurso de hecho, presentado ante ésta Alzada, en fecha 20 de julio de 2011, el cual riela a los folios uno (01) al folio cinco (05) con sus vueltos del expediente, señaló lo siguiente:

   …En el presente caso surge como UNA (01) “INCIDENCIA”, DEBÍA y CORRECTAMENTE PROPICIADA, en “PLENA FASE DE EJECUCION”, derivada del presente “RECURSO DE HECHO” PROPUESTO, de modo que al “NEGARSE” “OIR EN UN

   (01) SOLO EFECTO

   la mencionada APELACION se trata de “UNA MATERIA INCIDENTAL”, que ocasiona UN (01) “GRAVAMEN IRREPARABLE”, a mis poderdantes. TENIENDO en CONSECUENCIA, LÓGICA y NECESARIA, “REVISION POR EL JUZGADO DE ALZADA”, a través del respectivo MEDIO DE GRAVAMEN…

   Por manera, que conforme se ha EXPLICADO la referida APELACION de fecha 29 DE JUNIO DE 2011 FUE FORMULADA tanto TEMPESTIVAMENTE, atendiendo que la CAUSA se ENCONTRABA PARALIZADA DESDE el pasado día 22 de OCTUBRE DE 2010 (…)” (Sic).

   En éste sentido, analizados los argumentos expuestos por el recurrente, ésta Juzgadora observó de las copias certificadas presentadas, las siguientes actuaciones:

   - Que en fecha 04 de marzo de 1997, fue interpuesta libelo de demanda por el Abogado S.A. MAGALLANES LOBO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 36.212, en su carácter de apoderado Judicial de los ciudadanos C.A.M.R. y L.O.M.R., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-3.744.893 y V-5.265.179, respectivamente (folios 13 al 21).

   - Que en fecha 13 de junio de 2011, consta auto dictado por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, mediante la cual suspende temporalmente el presente juicio, en acatamiento a lo establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, hasta que haya en materia de hábitat y vivienda, el procedimiento que resulte idóneo en este caso, según lo descrito en el referido decreto-ley (folios 40 al 41).

   - Que en fecha 29 de junio de 2011, mediante escrito presentado por el Abogado S.A. MAGALLANES LOBO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 36.212, en su carácter de apoderado Judicial de la parte demandada, apeló del auto de fecha 13 de junio de 2011 dictado Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua (folios 42-43 y vto.).

   - Que en fecha 13 de julio de 2011, consta auto dictado por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, mediante el cual declaró improcedente la apelación interpuesta por el Abogado S.M.L., en contra del auto de fecha 13 de junio de 2011, dictado por el Tribunal up supra señalado, en razón de la entrada en vigencia del Decreto con Rango Valor y Fuerza de ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas (Folio 44).

   Ahora bien, después de una minuciosa revisión a las actas procesales traídas a los autos por la parte recurrente, considera ésta Superioridad necesario traer a colación, el contenido del auto de fecha 13 de julio de 2011, donde el Tribunal A-Quo negó a oír la apelación intentada por el recurrente (Folio 44), objeto del presente recurso de hecho, y se observa lo siguiente:

   …Vista la apelación interpuesta en fecha 29 de junio de 2011, por el abogado en ejercicio S.A. MAGALLANES LOBO (…) actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, contra el auto dictado en fecha 13 de junio de 2011, este Tribunal declara improcedente dicho recurso, en virtud de la entrada en vigencia del Decreto con Rango Valor y Fuerza de ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en fecha 6 de mayo de 2011, bajo el N° 39668(…)

   (Sic).

   En este orden de ideas, observa ésta Juzgadora, que el presente Recurso de Hecho, signado con el Nº RH-16.962-11, interpuesto por la parte actora en fecha 20 de Julio de 2011, versa contra un auto de fecha 13 de julio de 2011, el cual declaró improcedente la apelación propuesta en fecha 29 de junio de 2011, contra un auto dictado en fecha 13 de Junio de 2011, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el cual suspendió temporalmente el presente juicio, hasta que haya constancia en autos de haberse tramitado por ante el Ministerio con competencia en materia de hábitat y vivienda, el procedimiento que resulte idóneo en este caso, según lo establecido en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda.

   De lo anterior, se aprecia que el recurrente difiere de lo señalado por el Juez A Quo, en el auto de fecha 13 de Junio de 2011, por cuanto a criterio del recurrente constituye una flagrante violación del Régimen procesal ordinario así como del propio Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda (sic), ya que el juicio esta referido a la partición y liquidación de comunidad hereditaria.

   Ahora bien, esta Juzgadora constata que el Tribunal A Quo ordenó suspender la causa temporalmente, en virtud de la entrada en vigencia del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda, sin embargo; en el caso particular se observa que tal actuación podría causar un gravamen irreparable a las partes si se verificare que la causa no encuadra dentro de los parámetros del decreto ley para que la misma sea suspendida, situación ésta, que debe ser dilucidada por el Tribunal de Alzada mediante la revisión del referido auto que suspende el juicio.

   Asimismo, consta que el Juez A Quo declaró improcedente la apelación argumentando que dicho recurso era improcedente, debido a la entrada en vigencia de la referida ley. En este sentido, cabe destacar que del estudio y consideración del referido auto de fecha 13 de junio de 2011, se verificó que efectivamente con la suspensión decretada pudiese causarse un gravamen irreparable, y en atención a lo establecido en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe escucharse el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandada, con la finalidad que en el Tribunal de Alzada exponga los alegatos que a bien considere ejercer y constatándose que el auto dictado por el Tribunal de la causa de fecha 13 de junio de 2011, no es un auto de mera sustanciación o de mero trámite, ya que paraliza el curso de la causa, que en el caso en particular podría causar alguna lesión o gravamen de carácter material y jurídico a las partes, es por lo que, debe ser escuchada la apelación efectuada por el apoderado judicial de la parte demandada. Y así se decide.

   En éste orden de ideas, considera necesario quien decide, traer a colación el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece el principio de la recurribilidad del fallo, en el numeral 1º, cuando señala:

   …La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley…

   (Subrayado el Tribunal).

   En relación a este principio de la recurribilidad del fallo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 14 de marzo de 2000, con ponencia del Magistrado MOISÉS TROCONIS VILLARREAL, expediente No.00-581, analizó los términos en que esta redactado éste principio en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, cuando asentó lo siguiente:

   …Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en la Constitución y la ley (artículo 49, numeral 1). Esta disposición se halla precedida por otras, según las cuales, la defensa es derecho inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso (artículo 49, numeral 1, encabezamiento), y la justicia, así como la preeminencia de los derechos humanos, forman parte de los valores superiores del ordenamiento jurídico (artículo 2).

   La consideración en conjunto de las disposiciones que anteceden autoriza a reconocer que, si bien el derecho a la defensa forma parte del radical derecho a la justicia, si bien el derecho a recurrir del fallo forma parte del derecho a la defensa, y si bien éste es inviolable en todo estado y grado del proceso, la Constitución y la ley pueden limitar, por excepción, el citado derecho a recurrir del fallo. Sería el supuesto de la negativa a oír recurso que contempla el ya citado artículo 185, último aparte, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, supuesto constitutivo de una limitación excepcional al ejercicio del derecho a la defensa, así como a la via expansiva del radical derecho a la justicia.

   4. Sin embargo, sobre la base de la preeminencia de los derechos humanos, reconocida como valor superior del ordenamiento jurídico, la Constitución de la República declaró que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional; que prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por la Constitución y la ley; y que son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

   Según las disposiciones previstas en el artículo 8, numerales 1 y 2 (literal h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Venezuela (G.O. N° 31.256 de fecha 14.06-77), “ 1.- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2.- Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”.

   (omisis) Por las razones expuestas, esta Sala reconoce y declara, con fundamento en la disposición prevista en el artículo 23 de la Constitución de la República, que el artículo 8, numerales 1 y 2 (literal h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, forma parte del ordenamiento constitucional de Venezuela; que las disposiciones que contiene, declaratorias del derecho a recurrir del fallo, son más favorables, en lo que concierne al goce y ejercicio del citado derecho, que la prevista en el artículo 49, numeral 1, de dicha Constitución; y que son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.…

   (Sic) (Negrillas y Subrayado de ésta Alzada)

   Bajo estas premisas, y de la transcripción de ésta sentencia se observa, que el análisis dado a la misma, obedece al hecho qué el artículo 8, numerales 1 y 2 (literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, forma parte del ordenamiento constitucional de Venezuela; que las disposiciones que contiene, declaratorias del derecho a recurrir del fallo, son más favorables, en lo que concierne al goce y ejercicio del citado derecho, que esta previsto en el artículo 49, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y que son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público y tomando en consideración que en el caso particular estamos en presencia de un recurso de hecho contra el auto dictado por el A-Quo, en fecha 13 de Julio de 2011, referido a la improcedencia del recurso de apelación formulado por el Abogado S.M.L., apoderado judicial de los ciudadanos C.A.M.R. y L.O.M.R., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-3.744.893 y V-5.265.179, respectivamente en contra del auto de fecha 13 de junio de 2011, el cual pudiera causar gravamen irreparable a las partes, es por lo que, esta Superioridad considera que debe oírse en un solo efecto dicho recurso por las razones y motivos a.a.

   En virtud de lo antes expuesto, se puede concluir que procede en el presente caso el recurso de hecho, de acuerdo al análisis hecho del artículo 49 Constitucional, en concordancia con el artículo 8, numerales 1 y 2 (literal h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Venezuela, siendo que en el caso de marras se violó el principio de la doble instancia, y la recurribilidad del fallo, contemplado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y así se establece.

   Es por ello, que siendo el recurso de hecho la garantía procesal de la apelación, ella debe asegurar el cumplimiento de las reglas de admisión de la misma en todos sus aspectos, no cabe duda, que la hipótesis que configura el recurso de hecho, es la manera de resguardar el derecho, cuando el Tribunal de instancia infringió las reglas pertinentes a la apelación. Por lo tanto, existe razón jurídica para que sea escuchado el referido medio de impugnación y es por lo que ésta Alzada, visto los hechos antes analizados y demostrado como está en las presentes actuaciones, el cumplimiento de los presupuestos contenidos en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, antes señalado y verificado en autos que el recurso de hecho fue propuesto de forma tempestiva, constando en los autos las copias certificadas requeridas para que ésta Superioridad se forme un criterio sobre el asunto, y aunado al hecho, que el auto impugnado (de fecha 13 de junio de 2011), es de aquellos autos de los cuales se debe permitir una revisión en grado superior (apelación), señala ésta Juzgadora, que es procedente el presente Recurso de Hecho, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 8, numerales 1 y 2 (literal h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita y ratificada por Venezuela. En tal sentido, considera quien decide, que lo más ajustado a derecho es, que el Tribunal A-quo, escuche la apelación interpuesta por el hoy recurrente de hecho en un solo efecto. Y así se decide.

   Por las razones de hecho, de derecho y Jurisprudencial antes expuestas, considera ésta Juzgadora, que a fin de garantizar el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso, previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el principio de la doble instancia a la parte recurrente, el presente Recurso de Hecho debe ser declarado CON LUGAR y en consecuencia debió ser oído, en un solo efecto el recurso de apelación ejercido contra el auto de fecha 20 de junio de 2011, por el abogado S.A. MAGALLANES LOBO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 36.212, en su carácter de apoderado judicial los ciudadanos C.A.M.R. y L.O.M.R., venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° V-3.744.893 y V-5.265.179, respectivamente, por lo que, se ordena oír en un solo efecto, el recurso de apelación formulado en fecha 29 de junio de 2011, de conformidad a lo establecido en los artículos 49 numeral 1 Constitucional, artículo 8 numerales 1 y 2 (literal h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concordancia con el artículo 291 del Código de Procedimiento Civil, en contra del auto de fecha 13 de junio de 2011. Y Así se decide.

3. DISPOSITIVA

   Con fundamentos de hecho, de derecho y Jurisprudencial anteriormente descritos, éste Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, declara: