Decisión nº 195 de Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz de Bolivar (Extensión Puerto Ordaz), de 8 de Abril de 2014
| Fecha de Resolución | 8 de Abril de 2014 |
| Emisor | Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo. Extensión Puerto Ordaz |
| Ponente | Rene Lopez |
| Procedimiento | Nulidad De Acto Administrativo |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio Laboral de Puerto Ordaz
Puerto Ordaz, ocho de abril de dos mil catorce
203º y 155º
ASUNTO PRINCIPAL : FP11-N-2014-000010
ASUNTO : FH16-X-2014-000021
En el juicio relativo al recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por la ciudadana L.J.M.L., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-4.006.375; asistida por el abogado F.M.F., inscrito en el INPREABOGADO bajo el número 66.814, contra el acto administrativo de efectos particulares emanada de la División de Personal de la Zona Educativa del Estado Bolívar suscrita por el Director General Oficina de Recursos Humanos del Ministerio Popular para la Educación; según Resolución No. 157 de Fecha 30 de Septiembre de 2013.
Se inicia la presente causa mediante escrito presentado por la ciudadana L.J.M.L., asistida por el abogado F.M.F. mediante el cual ejerce recurso contencioso administrativo de nulidad, conjuntamente con solicitud de medida de amparo cautelar de suspensión de efectos, contra el acto administrativo de efectos particulares emanada de la División de Personal de la Zona Educativa del Estado Bolívar, mediante la cual se estableció de oficio el beneficio de jubilación por haber cumplido 25 años de servicios en la administración pública.
En tal sentido argumentó: que la División de Personal de la Zona Educativa del Estado Bolívar suscrita por el Director General Oficina de Recursos Humanos del Ministerio Popular para la Educación le concedió a la actora el beneficio de nulidad con un 65% del salario integral devengado, tomando como base la convención colectiva del 1993-1993 suscrito por el Ministerio de Educación y FERAEDUCACIONALES. Por ello fundamentó el recurso de nulidad en los artículos 8, 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; y los artículos 9, 18 ordinal 5to, 19 ordinal 1 y 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos; artículos 25, 26, 49 literales 1, 3 y 8, 51, 89 numerales 1, 2 y 3, 138, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículo 509 del Código de Procedimiento Civil y artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En virtud de ello denuncian violación del principio de globalidad de le decisión o incongruencia negativa, vicio de falso supuesto de hecho y derecho, vicio de abuso de poder y vicio de inconstitucionalidad derivadas de una parcial apreciación de las pruebas, de los hechos y una evidente e inadecuada aplicación e interpretación del derecho.
Conjuntamente con el recurso de nulidad del acto administrativo, la parte recurrente solicitó medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado, en base a las siguientes consideraciones:
que la aplicación por parte del organismo de la Resolución de fecha 30-09-2013. trae unas consecuencias inmediatas a mi persona ya que desde el 30-209-2013 quedé excluida de la nómina de personal activo sin recibir hasta la presente fecha los beneficios socio-económicos correspondientes, y que el beneficio de jubilación no le beneficia como fue consagrado en la convenciones colectivas del trabajo sino que lo perjudica ya que quedó fuera del listado de personal activo, y no se le paga ningún tipo de percepción con carácter salarial o no, además que la jubilación la hacen de oficio y no lo podían hacer, aduciendo que se le otorgó el 65% cuando debió ser del 100%, y por ello pide se suspenda los efectos de la resolución hasta que dure el presente juicio
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MOTIVA
El Poder cautelar que fue otorgado por el legislador al Juez, va de la mano con la preservación de la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia; en el entendido de que los Tribunales de la República deben garantizar el cumplimiento de tales postulados desde la presentación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia definitivamente firme, y para ello, disponen del poder cautelar, concebido como la potestad de decretar a solicitud de las partes, medidas de tipo asegurativas tendientes al logro de la efectividad de la sentencia definitivamente firme y evitando con ello que resulte ilusoria la misma.
El poder cautelar de este Tribunal está representado no sólo en la potestad para decretar las medidas cautelares que le son solicitadas por las partes, sino también en la potestad de negar tales pedimentos, cuando a juicio del Juez, no estén cumplidos los presupuestos procesales contenidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil y, que son aplicados por analogía a instancia del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
El artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece respecto de los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, lo que a continuación se transcribe:
Artículo 104: A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso.
En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante.
En relación con los requisitos para declarar procedente la medida cautelar de suspensión de efectos administrativos, la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 01038 de 21 de octubre de 2010, expediente 2009-0769, estableció lo siguiente:
Así, ha sido criterio reiterado de este Alto Tribunal, que la suspensión de efectos de los actos administrativos, como antes se indicó, constituye una medida preventiva típica del contencioso administrativo, mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del auto, porque ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso.
En este sentido, debe el Juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente.
Por tanto, la medida preventiva de suspensión de efectos procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio, y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable; significa entonces que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción grave del derecho que se reclama, a lo cual hay que agregar, conforme a lo dispuesto en el antes citado artículo 104 de la novísima Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la adecuada ponderación de los “intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego”.
En efecto, el correcto análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada requiere además de la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, ésta, la presunción grave de buen derecho, es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso. En consecuencia, revisadas las normas supra transcritas, constata la Sala que el referido principio se encuentra en las exigencias, tanto del artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, como del aparte 21 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, para acordar la suspensión de efectos.
Así, de la sentencia trascrita se desprende que para acordar o decretar las medidas cautelares que estime pertinentes, el Juez contencioso administrativo, debe velar porque su decisión se fundamente no solo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente, que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable; y, de conformidad con el artículo 104 de la Ley Orgánica de Jurisdicción Contencioso Administrativa, ponderar los intereses públicos generales y colectivos concretizados y las gravedades en juego; pudiendo exigir garantías suficientes para el otorgamiento de la medida en las causas de contenido patrimonial.
Por otro lado el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, establece lo siguiente:
Artículo 69. Admitida la demanda, el Tribunal podrá de oficio o a instancia de parte, realizar las actuaciones que estime procedentes para constatar la situación denunciada y dictar medidas cautelares. La oposición a la medida cautelar será resuelta a la mayor brevedad.
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La norma cuya reproducción antecede, establece la posibilidad que tiene el Juzgado de acordar medidas cautelares, previa verificación de la situación acusada, y que conlleve a decretar dicha medida de carácter preventivo.
En concordancia con la disposición normativa que antecede, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece:
Artículo 585. Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.
La referida norma, establece dos requisitos esenciales para que la procedencia de una medida cautelar, siendo estos el fumus boni iuris y el periculum in mora, esto es, la presunción del derecho que se reclama y el peligro que quede ilusoria la ejecución del fallo por la demora de éste. De allí, y la atención al contenido del artículo 69 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es preciso que el Juzgado verifique la situación que denuncia la parte solicitante, y conforme al artículo 585 de nuestra Ley Adjetiva Civil venezolana, se constate la existencia de los requisitos que señala dicha norma, todo a los efectos de poder dictar una medida cautelar.
En relación a los precitados requerimientos, la jurisprudencia de este Tribunal Supremo de Justicia, especializada en la materia contenciosa administrativa, ha señalado:
Con referencia al primero de los requisitos fumus boni iuris, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.
En cuanto al segundo de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. (Sentencia de la Sala Político Administrativa N° 769 de fecha 8 de junio de 2011).
Señalado lo anterior, observa este juzgador que la parte actora solicita la suspensión de los efectos del acto recurrido, indicando como sustento de ello que la decisión administrativa la perjudica, con lo cual, ya está partiendo de un alegato que desvirtúa el requerimiento cautelar, toda vez, que la calificación que está haciendo del acto recurrido corresponde resolverla al Juzgado en la decisión definitiva que dicte sobre el mérito de la controversia planteada.
Por ello, mal podría el Juzgado acordar una medida de suspensión de efectos, sobre la base de la calificación que hace la recurrente del acto administrativo, por cuanto ello sería un pronunciamiento adelantado sobre el fondo de la pretensión. Así se establece.
De igual forma, la parte actora señala como requisito del perículum in mora, que la jubilación fue otorgada de oficio y por un moto del 65 % y no del 100%, sin determinar cuáles son las situaciones o supuestos que conllevan una sentencia definitivamente firme que no le sea favorable.
A los efectos de demostrar los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, la parte recurrente consignó copia de la resolución administrativa número 157 de fecha 30-09-2013.
La jurisprudencia ha dejado sentado que debe existir una estricta sujeción entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante produzca en los autos, a fin de demostrar los requisitos establecidos por la ley para otorgar la medida, de manera que no basta con invocar el peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino además acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el Juez, al menos, una presunción grave de la presencia de dicho peligro.
Del análisis de las pruebas y de los hechos alegados, no observa este juzgador que se hayan demostrado hechos concretos que lleven a presumir seriamente la existencia de violación o amenaza de los derechos constitucionales alegados, ni que exista un posible perjuicio real y procesal para el recurrente, razón por la cual, no se cumplió con los requisitos de demostrar de la presunción de que exista riesgo de un daño irreparable ni del buen derecho que asiste al recurrente; y, en consecuencia se declara improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos del acto administrativo solicitada. Así se declara.
DECISIÓN
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Tercero de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR la solicitud de la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo dictado por la División de Personal de la Zona Educativa del Estado Bolívar suscrita por el Director General Oficina de Recursos Humanos del Ministerio Popular para la Educación la Inspectoría del Trabajo de Guasipati, Estado Bolívar.
Regístrese, publíquese y déjese copia en el compilador respectivo.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Puerto Ordaz, con sede en el Palacio de Justicia de Ciudad Guayana, en Puerto Ordaz, a los diez 08 días del mes de Abril de 2014.- 203º de la Independencia y 155º de la Federación.-
EL JUEZ
Abg. RENE ARTRO LOPEZ RAMO
EL SECRETARIO
En esta misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia, siendo las once minutos de la mañana (11:00 A.M.).-
EL SECRETARIO
