Decisión de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Tachira (Extensión San Cristóbal), de 14 de Agosto de 2006

Se inicia la presente causa mediante escrito recibido por Distribución contentivo de demanda intentada por la Abogado Audrys R.S.M., inscrita en el inpreabogado bajo el N° 84.815, apoderada judicial del ciudadano J.L.C.M., quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 9.214.553, domiciliado en Carrera 25 N° 9-63, Barrio Obrero Municipio P.M.M., San C.E.T., por Reivindicación.

En dicho libelo narra:

DE LOS HECHOS

Que en fecha 29 de diciembre de 1.998, el ciudadano J.L.C.M., adquirió según documento Autenticado por ante la Notaria Pública Tercera de San C.E.T., bajo el N° 20, Tomo 154, de los Libros de Autenticaciones llevados por ante esa Notaria, posteriormente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio San Cristóbal, en

fecha 28 de diciembre de 1.999, bajo el N° 41; Tomo 017, Protocolo Primero; Folios 1 al 4; correspondiente al cuarto trimestre, todos los derechos y acciones con reserva del derecho de usufructo uso y habitación para la ciudadana C.d.C.M.d.C., sobre una finca agrícola compuesta de terreno propio con casa para habitación, cultivos de café, pastos y frutos menores, ubicada en la aldea La Potrera, Parroquia P.M.M.d.M.S.C., Estado Táchira.

Que el mismo se encuentra alinderado de la siguiente manera: NORTE: Con propiedades de M.M., en el lote N° 1 a partir de un mortiño se sigue en línea recta, a encontrar con una piedra marcada con el N° 1 y una flecha pasando por una hilera de piedras, marcada con los números 2,3 y 4 de la piedra marcada con el N° 1 y la flecha lindando con pertenencias de Díaz Torrealba, se sigue a encontrar una piedra con el N° 2 y una cruz, se sigue en línea recta al encontrar un curva y una piedra marcada con una cruz y de aquí a encontrar una piedra marcada con el N° 4, una flecha y una “C” de este lindero y de este punto en adelante linda con propiedades de M.M. en el N° 2, del punto anterior en línea recta a encontrar la piedra con el N° 60 por la cara Norte, una cruz por la cara sur y un N° 1 por la cara superior, en este lindero pasando por una hilera de piedras, marcadas cada con una cruz; SUR: Partiendo de una piedra fija marcada con el N° 1 que esta en la margen derecha de la quebrada la Bermeja se sigue aguas arriba en todo su curso y extensión hasta encontrar los nacientes de dicha quebrada; esta quebrada separa terrenos de la sucesión Rivera y de terrenos baldíos; OESTE: Propiedad de M.M., en el lote N° 1, en una extensión de 91 metros, contados a partir de la piedra que se encuentra en la margen derecha de la quebrada La Bermeja, marcada con el N° 1 piedra esta tomada como punto de partida al determinar el lindero sur sigue en línea recta en dirección al norte a en el mortiño antes citado y ESTE: Los nacientes de la Quebrada la Bermeja que en la cabecera de estos terrenos bajan a formar dicha quebrada. y según documento protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público de los Municipios San Cristóbal y Tórbes del Estado Táchira en fecha 19 de Febrero de 2.001, bajo el Nº 3, Tomo 011, Protocolo I, folios 1/3, correspondiente al Primer Trimestre del año 2001, renuncia total y absolutamente al derecho de usufructo y habitación, sobre los derechos y acciones por parte de la Ciudadana C.d.C.M.d.C., anteriormente identificados, a favor de su mandante el Ciudadano J.L.C.M., con lo cual se termina de adquirir la plena titularidad del inmueble anteriormente identificado.

Que dicho inmueble desde hace aproximadamente 2 años ha sido desposeído materialmente sin el consentimiento del ciudadano J.L.C.M. por los Ciudadanos J.D.M.M. y N.d.C.M. y por el grupo familiar de estos, no permitiendo a J.L.C.M. poseer lo que por ley y derecho le corresponde; por lo que J.D.M.M. y N.d.C.M., permanecen en el mismo de manera irregular en virtud de que se han negado a desalojar dicho inmueble, a pesar de que se les ha manifestado de diversas maneras que el inmueble lo requiere su mandante.

Que el ciudadano J.D.M.M. interpuso Interdicto de A.P., por ante el extinto Juzgado Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, el cual declara sin lugar la querella interdictal a la posesión, e igualmente ordena levantar la medida de amparo a la posesión decretada a favor del ciudadano J.D.M.M., dictada por auto de 27 de noviembre de 2001.

En consecuencia demanda a J.D.M.M. y N.d.C.M., previamente identificados para:

“PRIMERO: Que este tribunal declare que mi mandante el ciudadano J.L.C.M., es propietario del Inmueble pormenorizado en este libelo.

El artículo 548 del Código Civil establece que:

El propietario de una cosa tiene el Derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador, salvo las excepciones establecidas por las leyes.

Si el poseedor o detentador después de la demanda judicial ha dejado de poseer la cosa por hecho propio, está obligado a recobrarla a su costa por cuenta del demandante; y, si así no lo hiciere, a pagar su valor, sin perjuicio de la opción que tiene el demandante para intentar su acción contra el nuevo poseedor o detentador.

Para que se produzcan los efectos que la Ley le atribuye a la Confesión Ficta, la norma contenida en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, regula la confesión ficta exigiendo dos requisitos: 1) que la petición del demandante no sea contraria a derecho y 2) que nada probare que le favorezca. En cuanto, al segundo requisito, como se dijo anteriormente supone una situación particular, que consiste en la no contestación de la demanda en el plazo establecido para el demandado.. Caso en el cual el demandado puede presentar pruebas que contradigan las presentadas por el actor. Esta disposición jurídica da una nueva oportunidad al demandado confeso para que promueva las contra – pruebas de los hechos alegados en el libelo de la demanda”. ( Subrayado de este Tribunal, Sentencia de la Sala de Casación Civil del 05 de Abril de 2000, O.P.T., Tomo 4, año 2000, Pág. 434).

En relación con el segundo punto contenido en el artículo 362. La expresión “Si nada probare que le favorezca” ha dado lugar a discusión doctrinaria al respecto. Se ha sostenido tradicionalmente que al demandado le es permitida la prueba que tienda a enervar o paralizar la acción intentada, es decir, la contra prueba de los hechos alegados por el actor, demostrar que ellos son contrarios a derecho.- En cambio no le es permitida la prueba de aquellos hechos constitutivos de excepciones que han debido alegarse en la contestación de la demanda. Pero una última doctrina expuesta por el comentarista patrio A.R.R., sostiene que el beneficio legal otorgado debe entenderse en sentido amplio y no restringido, dada la situación de gravedad en que se encuentra el demandado. Considera la Sala, que la oportunidad que concede la Ley al demandado de comparecer al juicio y dar contestación a la demanda, es única y no puede posponerse para otra oportunidad. La no comparecencia del demandado al acto de contestación de la demanda lo coloca en una situación de rebeldía frente a la Ley. Ésta todavía le da una oportunidad de probar algo que le favorezca, pero no en forma amplia, pues entonces se estaría en presencia de una nueva oportunidad para contestar la demanda, lo cual colocaría en desigualdad a la parte contraria.- La Sala considera que el concepto “Si nada probare que le favorezca” debe ser interpretada en sentido restrictivo, no amplio”. (Sala de Casación Civil, Sentencia

Nº 106 del 27/04/2001, publicada en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia. (Subrayado del Tribunal).

La doctrina, tanto nacional como internacional han coincidido en establecer que la reivindicación es la más importante de las acciones reales y la fundamental y más eficaz defensa de la propiedad, así mismo han indicado que para que proceda la acción reivindicatoria, es necesario por una parte, que el actor sea propietario y demuestre la misma, mediante justo título y por la otra parte, que el demandado sea poseedor o detentador.

Así mismo, G.C. define a la reivindicación como la “Recuperación de lo propio, luego del despojo o de la indebida posesión o tenencia por quien carecía de derecho de propiedad sobre la cosa...”.

Por su parte nuestra legislación Civil indica en el encabezamiento del artículo 548, que “El propietario de una cosa tiene derecho de reivindicarla de cualquier poseedor o detentador...”.

De lo transcrito podemos concluir entonces, que es requisito sine qua non, para que proceda la acción de reivindicación, que ésta sea realizada por el propietario, en contra del poseedor o detentador, y que se demuestre esa propiedad mediante justo título, pero ¿qué debemos entender por justo título?. En cuanto a esto, la doctrina y la jurisprudencia han sido contestes en admitir que la propiedad sólo se demuestra mediante documento que acredite la misma, debiendo cumplir dicho documento con las formalidades de Ley que le permitan gozar de autenticidad necesaria; por lo que en tal sentido, "En el caso de autos, al tratarse de la reivindicación de un bien inmueble, el medio idóneo para probar el derecho de propiedad sobre dicho inmueble ante el poseedor, necesariamente tiene que ser título registrado”. (Sentencia del 16 de marzo de 2000, Sala de Casación Civil).

En tal sentido, habiendo demostrado el solicitante de la reivindicación por justo título la propiedad, es decir, habiendo

demostrado mediante documento de propiedad, adquirido el 29 de diciembre de 1.998, según documento Autenticado por ante la Notaria Pública Tercera de San C.E.T., bajo el N° 20, Tomo 154, de los Libros de Autenticaciones llevados por ante esa Notaria, posteriormente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio San Cristóbal, en fecha 28 de diciembre de 1.999, bajo el N° 41; Tomo 017, Protocolo Primero; Folios 1 al 4; correspondiente al cuarto trimestre, por medio del cual demuestra ser el único propietario y al no haber sido tachado el referido documento por el demandado, el mismo da plena fe y por lo tanto surte todos sus efectos jurídicos, que en materia de reivindicación es la prueba genuina. Y ASÍ SE DECIDE.

Así pues, cumplidos los presupuestos fácticos requeridos para la procedencia de la acción reivindicatoria, los cuales a saber son: I.) el ejercicio de la acción reivindicatoria II.) por quien es el propietario, III.) en contra de un poseedor o detentador y IV.) que por lo demás, dicho derecho de propiedad se probó por documento fehaciente que según la doctrina y la jurisprudencia debe ser documento de propiedad debidamente autenticado y protocolizado para que surta sus efectos legales, sólo resta, a este órgano jurisdiccional declarar la reivindicación, claro está, salvo las excepciones establecidas por las leyes, como así lo establece el artículo 548 del Código de Procedimiento Civil.

Por demás el demandado no pudo comprobar su posesión legítima.

Es por los argumentos anteriormente expuestos que este Juzgado debe declarar la Confesión Ficta de la parte demandada. Así se decide.

Partiendo del contenido del precepto transcrito, dicha acción se ha definido como aquella que puede ejercer el propietario que no posee contra el poseedor que no puede alegar un título jurídico como fundamento de su posesión, y su finalidad no es otra que recuperar la posesión sobre la cosa de la que el actor se vio despojado y obtener la declaratoria del derecho de propiedad discutido por el poseedor ilegítimo. De modo que corresponde al actor la carga de probar su derecho de propiedad así como la posesión por parte del demandado sobre el bien inmueble objeto de su pretensión; faltando lo primero el demandante sucumbirá en el juicio aun cuando el accionado no demuestre su derecho sobre la cosa. Asimismo, debe resaltarse que si la adquisición del inmueble es derivada, el interesado deberá exhibir el título por el cual adquirió dicho bien y justificar, igualmente, el derecho del transfirente, dado el principio conforme al cual nadie puede transferir más derechos de los que realmente tiene.

La procedencia de la acción vendrá determinada, entonces, por la comprobación de las circunstancias siguientes:

a. El derecho de propiedad o dominio del actor (reivindicante).

b. El hecho de encontrarse el demandado en posesión de la cosa que pretende reivindicarse.

c. Que se trate de una cosa singular reivindicable.

d. Que exista una identidad entre el bien cuyo dominio se pretende y el que detenta el demandado.

(Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los diecinueve (19) días del mes de junio del año dos mil seis (2006. Nº 01558.)

1. - Referente al primer extremo, es decir la demostración del actor sobre la propiedad de la cosa para que proceda la acción reivindicatoria, es necesario que el actor sea el propietario y que lo demuestre mediante justo título, debiéndose analizar que se debe entender por justo título.

   A tal efecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia han sido contestes en admitir que ese justo título que acredite la propiedad del bien inmueble, debe cumplir con ciertas formalidades de ley que le permita gozar de la autenticidad necesaria. Así, con relación a esta formalidad, el artículo 1920 del Código Civil, en su numeral primero establece:

   Además de los actos que por disposiciones especiales estén sometidos la formalidad del registro, deben registrarse

   :

1. -Todo acto entre vivos, sea a título gratuito, sea a título oneroso, traslativo de propiedad de inmuebles o de otros bienes o derechos susceptibles de hipoteca.

   Por su parte, el artículo 1924 ejusdem (transcripción parcial) establece que:

   Los documentos, actos y sentencias que la Ley sujeta a las formalidades del registro y que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún efecto contra terceros…..

   Por lo que, de lo que infiere de la lectura de tales artículos, es requisito sine qua non, para que el documento que acredite la propiedad goce de la autenticidad necesaria, que el mismo sea registrado, ya que, de no estar registrado surtirá efecto entre las partes, mas no contra los terceros.

   Al respecto, en sentencia en la Sala de Casación Civil de fecha 16 de marzo del 2000, Ramírez & Garay, Tomo CLXIII, y ratificada en sentencia del 17 de septiembre del 2003, Ramírez & Garay, Tomo CCIII, el máximo tribunal, señaló:

   ”…En el caso de autos, al tratarse de la reivindicación de un inmueble, el medio idóneo para probar el derecho de propiedad sobre dicho inmueble ante el poseedor, necesariamente tiene que ser el título registrado, ya que siendo el terreno propiedad Municipal se presume que las construcciones existentes sobre él, fueron hechas a sus expensas y le pertenecen, mientras no conste lo contrario, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros….”

   Pasa entonces el Tribunal a a.s.s.v.e. el presente caso el primer elemento de los mencionados, relativo al derecho de propiedad o dominio sobre el bien objeto de la pretensión reivindicatoria, y al respecto observa que el demandante ha demostrado su justo título la propiedad, es decir, mediante documento de propiedad, del inmueble adquirido el 29 de

   diciembre de 1.998, según documento Autenticado por ante la Notaria Pública Tercera de San C.E.T., bajo el N° 20, Tomo 154, de los Libros de Autenticaciones llevados por ante esa Notaria, posteriormente protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro Público del Municipio San Cristóbal, en fecha 28 de diciembre de 1.999, bajo el N° 41; Tomo 017, Protocolo Primero; Folios 1 al 4; correspondiente al cuarto trimestre, por medio del cual demuestra ser el único propietario de todos los derechos y acciones que sobre dicho inmueble restaban por vender.

   Las anotadas circunstancias impiden dar por demostrado el requisito concerniente a la existencia de una cosa singular reivindicable y, por ende, al derecho de propiedad del actor, pues no existiendo un objeto individualizado mal podría determinarse sobre qué recae el derecho real cuyo reconocimiento se pretende.

2. - De igual forma se desprende de las probanzas traídas a los autos, identidad entre el bien objeto de reivindicación y aquél sobre el cual se pretende la reivindicación; esto es, que la cosa que se pretende reivindicar sea la misma materialmente, que la cosa que posee la parte demandada en reivindicación sea la misma. Ello no fue contradicho ni probado en contrario por la parte demandada.

3. - De otra parte también ha habido cabal identificación de la cosa: una finca agrícola compuesta de terreno propio con casa para habitación, cultivos de café, pastos y frutos menores, ubicada en la aldea La Potrera, Parroquia P.M.M.d.M.S.C., Estado Táchira; alinderado de la siguiente manera: NORTE: Con propiedades de M.M., en el lote N° 1 a partir de un mortiño se sigue en línea recta, a encontrar con una piedra marcada con el N° 1 y una flecha pasando por una hilera de piedras, marcada con los números 2,3 y 4 de la piedra marcada con el N° 1 y la flecha lindando con pertenencias de Díaz Torrealba, se sigue a encontrar una piedra con el N° 2 y una cruz, se sigue en línea recta al encontrar un curva y una piedra marcada con una cruz y de aquí a encontrar una piedra marcada con el N° 4, una flecha y una “C” de este lindero y de este punto en adelante linda con propiedades de M.M. en el N° 2, del punto anterior en línea recta a encontrar la piedra con el N° 60 por la cara Norte, una cruz por la cara sur y un N° 1 por la cara superior, en este lindero pasando por una hilera de piedras, marcadas cada con una cruz; SUR: Partiendo de una piedra fija marcada con el N° 1 que esta en la margen derecha de la quebrada la Bermeja se sigue aguas arriba en todo su curso y extensión hasta encontrar los nacientes de dicha quebrada; esta quebrada separa terrenos de la sucesión Rivera y de terrenos baldíos; OESTE: Propiedad de M.M., en el lote N° 1, en una extensión de 91 metros, contados a partir de la piedra que se encuentra en la margen derecha de la quebrada La Bermeja, marcada con el N° 1 piedra esta tomada como punto de partida al determinar el lindero sur sigue en línea recta en dirección al norte a en el mortiño antes citado y ESTE: Los nacientes de la Quebrada la Bermeja que en la cabecera de estos terrenos bajan a formar dicha quebrada.

   Entonces ha quedado demostrado, que una vez el demandante probó ser el propietario del bien inmueble sobre el cual se solicita su reivindicación, lo cual hizo mediante justo título, probado que ha

   quedado que existe un inmueble susceptible de reivindicar y probado como así quedó, que el referido inmueble está siendo poseído ilegítimamente por los demandados, no resta otra obligación por parte de este órgano jurisdiccional que ordenar la reivindicación del mismo, todo esto con el único propósito de salvaguardar por sobre todas las cosas, el derecho de propiedad alegado; es decir, ordenar la reivindicación del inmueble. Así se decide.

   Por último, observa el Tribunal que la parte actora solicita por separado en el presente juicio de Reivindicación, lo siguiente: